TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 295/2015 - L

Sucre: 4 de Mayo 2015

Expediente: CB- 48- 10 S

Partes: Ministerio Publico c/ F.C.P.   

Proceso: Infraccional

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 164 a 165,interpuesto por Mario Colque Rosales y Marcelina Poma de Colque en representación de su hijo F.C.P.contra el Auto de Vista de fecha 15 de diciembre de 2009, de fs. 161 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda delaCorte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso Infraccional,seguido por elMinisterio Publico en contra del menor F.C.P., Auto de concesión de fs. 167, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La suscrita Juezde Partido primerode la Niñez y Adolescencia del Cercado, haciendo uso de las atribuciones que la Ley le confiere en nombre de la nación FALLA declarando al adolescente F.C.P., autor de la infracción del art. 308 Bis. delCódigo Penal (violación de niño, niña y adolescente), disponiendo lo siguiente: 1.- Se le aplica al adolescente infractor la medida socio educativa de privación de libertadpor el tiempo de tres años a ser cumplida en el Centro para Adolescentes Infractores de la Ley; 2.- Dando curso a lo solicitado por el Ministerio Publico y en función del art. 234 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el art.15 num. 6) de la ley de seguridad ciudadana, se revoca la medida sustitutiva de órdenes de presentación aplicada al adolescente por la detención preventiva en el Centro para Adolescentes Infractores a la; 3.- Encontrándose el adolescente privado de libertad podrá ejercer su derecho a recibir instrucción escolar para cuyo fin se recomienda al responsable de dicho centro adoptar las medidas pertinentes; 4.- Se comisiona al Equipo Técnico del Centro, brindar orientación sexual y en las áreas que así lo requiera el infractor, sometiéndole a terapia psicológicas conforme a las recomendaciones de las psicólogas del Equipo Interdisciplinario del Juzgado y de la fiscalía, haciéndose extensible a sus progenitores.

Contra dicha Sentencia Mario Colque Rosales y Marcelina Poma de Colque en representación de su hijo F.C.P.,interponen recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista de fecha 15 de diciembre de 2009, de fs. 161 y vta., por el cual CONFIRMO la Sentencia apelada,Resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Mario Colque Rosales y Marcelina Poma de Colque en representación de su hijo F.C.P.,el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.-Acusa al Auto de Vista, sobre las irregularidades cometidas en la tramitación del proceso, no tomando en cuenta,al que se acusó como infractor fue a Carlos Colque Poma y no a F.C.P., obteniendo conocimiento sobre este aspecto los Tribunales de instancia no dieron pronunciamiento alguno.

2.- Denuncia también que el Tribunal de alzada no considero en lo más mínimo una correcta valoración de las pruebas de descargo, sobre todo el certificado emitido por el Director de la unidad Educativa Bárbara Lamas de fecha 03 de febrero de 2009, otorgado por el Director Juvenal Troncoso Torrico, que acredita que F. C. P., se encuentra regularmente registrado y asistiendo a clases.

3.- El Auto de Vista recurrido, infringió normas jurídicas en el considerando segundo y en el por tanto,vulnerando de esta manera el art. 59 de la C.P.E., como también el art. 317 del Código Niño, Niña y Adolescente.

Por lo que concluye solicitando ANULE OBRADOS O CASE el Auto de Vista de fecha 15 de diciembre de 2009.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el marco del recurso y en virtud de que en el caso de Autos, se encuentra involucrado un menor de edad cuyo interés superior es prioritario, corresponde realizar las siguientes consideraciones previas.

Conforme establece la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, suscrita por Bolivia el 8 de marzo de 1990, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los Órganos Legislativos, deben considerar con carácter primordial el interés superior del niño; por su parte el art. 60 de la Constitución Política del Estado establece: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del intereses superior del niño, niña y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

1.- Con respecto al primer punto, donde los recurrentes acusan al Auto de Vista, que incurrió en las irregularidades cometidas en el desarrollo del proceso y de las normas jurídicas vigentes, no tomando en cuenta que al que se acusó como infractor fue a Carlos Colque Poma y no a F.C.P., de esta manera los Tribunales de instancia no dieron un pronunciamiento, al respecto se debe puntualizar, si bien los Tribunales de instancia a momento de tomar conocimiento de la presente causa no tomaron en cuenta este aspecto, fue porque en primera instancia, la denuncianteRoxana Dávila Quispe de Barco, lo identifico como Juan Carlos ColquePoma (ver fs. 1 y 2), y no como F.C.P., es en ese sentido que se desarrolló el proceso sin que ninguna de las partes haga el reclamo oportuno, dejando convalidar toda actuación, sin embargo pese a ese defecto, el que no consigne el nombre completo no deja de ser menor infractor, tomando en cuenta que una vez presentado el certificado de nacimiento fue identificado como F.C.P., no existiendo vicio de nulidad en el curso de la demanda, no obstante elloel nombre completo del menor infractor se puede modificar o enmendar aun durante la ejecución de Sentencia conforme lo determina el art. 83 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto su reclamo carece de fundamento.

2.- Con respecto al Segundo punto los recurrentes y representantes del menor F.C.P., señalan que el Tribunal de alzada, no dio una correcta valoración de las pruebas de descargo, sobre todo el certificado emitido por el Director de la unidad Educativa Bárbara Lamas de fecha 03 de febrero de 2009, otorgado por el Director Juvenal Troncoso Torrico, que acredita que Francisco Colque Poma se encuentra regularmente registrado y asistiendo a clases.

Previamente debemos, enfatizar que el art. 221 del Código Niño, Niña y Adolescente, considera como "infracción" y no como "delito" a la conducta tipificada en la ley penal, en la que incurre como autor o partícipe un adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social. El art. 222 del citado Código, establece que la responsabilidad social se aplicará a los adolescentes comprendidos desde los 12 años hasta los 16 años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes penales especiales, siendo pasibles a las medidas socio-educativas señaladas en ese Código

En el caso de Autos, el presunto infractor a la fecha de sucedido los hechos por los cuales se le acusa, era menor de 16 años, por tanto fue sometido a un proceso especial, por la infracción de Violación, Niño, Niña o Adolescente, donde se ha establecido la participación y la responsabilidad que emerge por la comisión de la infracción es de carácter social y no penal, siendo pasible a medidas socio-educativas que refiere el art. 222 del Código Niño, Niña y Adolescente.

El objetivo principal delaLey 2026fue regular el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la Sociedad deben garantizar a todo Niño, Niña o Adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia, conforme se establece en el art. 1 dela norma citada, por ello las disposiciones contenidas en el mismo, consideradas de orden público y de aplicación preferente conforme determinaba el art. 3 del mismo Código.

En ese marco y conforme a lo establecido en los arts. 5 y 6 del Código Niño, Niña y Adolescente, se debe tener presente que los mismos gozan de la protección de Estado y es deber velar por el interés superior de éstos, de ahí que el motivo que impulsó al legislador para excluirlos de la normativa penal, ha sido precisamente en protección integral de estos.

En el caso en cuestión, el Tribunal de alzada ha razonado en el sentido de; “Que al imponer la sentencia la condena de privación de libertad, no está atentando  ni privando al adolescente de su derecho  de recibir  una educación  durante el tiempo  que este recluido, porque el Art. 252 del Código Niño, Niña y Adolescente, señala durante el periodo de privación de libertad, inclusive de la detención  preventiva, son obligatorias las actividades pedagógicas…el derecho a seguir educándose por parte del adolescente está garantizado”. Por lo que al asumir tal determinación el Ad quem, compulsando cada una de las pruebas dispone el “arresto domiciliario” de 18 meses conforme los arts.237-3 a) y 247 del Código Niño, Niña y Adolescente medidaadecuada y favorable para el menor infractor, de esta manera no se está vulnerando sus derechos ni garantías, siendo aplicadas correctamente por los Tribunales de instancia,conforme el art. 59 de la Constitución Política del Estado, no vulnerando la libertad del menor infractor, tampoco norma legal, por lo que su reclamo no es evidente.

3.- Refiriéndonos al punto tres, y hacer alusión a lo que determina el art. 237 del Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley 2026), norma vigente al momento de haberse producido la infracción motivo del caso de Autos, contempla dentro de estas medidas socio-educativas a la privación de libertad en centros especializados, la misma está sujeta a principios de brevedad, excepcionalidad y respeto a la condición del menor infractor en el hecho del que se le acusa, aplicable como medida socioeducativa excepcional, según el art. 317 de la Ley 2026 que establece los fundamentos para dictar la resolución, dispuestos como a continuación se tiene1.- La respuesta que se dé a la infracción será siempre proporcional a las circunstancias y necesidades del adolescente y a la gravedad de la infracción. En todo caso considerará preferentemente el interés superior del adolescente; 2.- Las restricciones a la libertad personal del adolescente se reducirán al mínimo posible; 3.- Solamente se impondrá la privación de libertad personal en los casos previstos por ese Código y siempre que no haya otra medida más adecuada por aplicarse”.

Al respecto de la revisión de los datos que cursan en obrados, se advierte la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del menor F.C.P., quien fue procesado mediante la vía Infraccional, tipificada en el art. 308 Bis del Código Penal, perpetrada en contra del menor D.B.D., proceso sustanciado en primera instancia por la Juez de Partido Primero de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Cochabamba.

La Sentencia de fs. 139 a 141 y vta., a tiempo de declarar probada la acusación formulada por el Ministerio Público contra F.C.P., dispuso la medida socio-educativa de privación de libertad del adolescente por el tiempo de tres años en el Centro para Adolescentes e Infractores, fallo que fue confirmado en segunda instancia, con la modificación de imponer al adolescente F.C.P., “arresto domiciliario” por el tiempo de 18 meses en el domicilio de su hermano Álvaro Colque Poma, de acuerdo a los arts. 237-3 a) y 247 del Código Niño, Niña y Adolescente.

Establecido lo anterior, corresponde ahora referirnos, ala infracción determinada en el art. 308 Bis del Código Penal para determinar los elementos que hacen al mismo, que se aplicó la medida socio -educativa de arresto domiciliario de 18 meses, porque según concluyo el Ad quem, “…si bien existen manifestaciones de arrepentimiento por parte del adolescente y de desconocimiento de la responsabilidad contraída por sus actos debido a su escasa instrucción y por provenir de una familia con escasa educación, sin embargo la inferior ha hecho una correcta compulsa de todos los antecedentes del proceso, de los informes elaborados por el equipo interdisciplinario del Juzgado y la necesidad de que el infractor reciba una terapia psicológica acorde a sus requerimientos, que le permitan hacer conciencia y que le permita insertarse en la sociedad con pleno conocimiento del bien y el mal”, razonamiento contemplado dentro el marco de la Ley.

Concluyendo de esta manera que el Tribunal de Alzada absolvió de manera fundamentada todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, ya que la misma fue llevada conforme normaba la Ley Nº 2026,por lo que sus reclamos, vienen siendo infundados.  

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 271 num. 2)  y el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación, en el fondo interpuesto por Mario Colque Rosales y Marcelina Poma de Colque en representación de su hijo  F.C.P.,de fs. 164 a 165  contra el Auto de Vista de fecha 15 de diciembre de 2009, de fs. 161 y vta., Sin Costas por no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Tercero