TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 289/2015 L

Sucre: 30 de abril 2015                                                        

Expediente:         CB-32-10-S                                                                

Partes: Bernardino Meruvia Lazarte  c/Lupe Sistina Camacho Quiroga.        

Proceso: Divorcio.                                                                

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: Los recursos de casación, de fs. 588 a 590 y vlta. y el de fs. 595 y vlta., interpuesto por Lupe Sistina Camacho Quiroga y Bernardino Meruvia Lazarte, ambos contra el Auto de Vista de fecha 4 de enero de 2010, cursante de fs. 582 a 583, pronunciado por la Sala Civil Primera dela entontes Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de divorcio, seguido por Bernardino Meruvia Lazarte contra Lupe Sistina Camacho Quiroga; la concesión de fs. 601 vlta.; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:                                                

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez Quinto de Partido de Familia de la Capital, emitió la Sentencia de fecha 30 de enero de 2008, cursante de fs. 549 a 551 y vlta., declarando PROBADA la acción reconvencional  por la causal del art. 130 num. 4) del Código de Familia, así como las excepciones, en consecuencia declaró disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Bernardino Meruvia Lazarte y Lupe Sistina Camacho Quiroga, ordenando la cancelación de la partida matrimonial respectiva, asimismo, dispuso que en ejecución de Sentencia se expidan los correspondientes testimonios de rigor, entre las medidas complementarias dispuso se mantenga la asistencia familiar provisional fijada de Bs. 1500 a favor de la señora Lupe Sistina Camacho Quiroga la misma que deberá seguir pasando Bernardino Meruvia Lazarte, determinación que la tomó en aplicación del art. 143 del Código de Familia, sobre los bienes muebles e inmuebles dispuso que los mismos se determinaran en ejecución de sentencia en un 50% para cada una de las partes, previa acreditación de la ganancialidad de los mismos.

Contra la referida Sentencia, Bernardino Meruvia Lazarte, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 554 a 556.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Primera dela entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, emitió Auto de Vista de fecha 4 de enero de 2010, cursante de fs. 582 a 583, mediante el cual se ANULO obrados hasta fs. 245 inclusive,sin costas.

Resolución que dio lugar alos Recursos de Casación interpuesto porambas partes, los que se pasan a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:                                                                

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del recurso de casación interpuesto por Lupe Sistina Camacho Quiroga:

En la forma:

Solicita que la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que la Sala Civil Primera remita el proceso a la Sala Civil Segunda para que sea esa Sala la que dicte el Auto de Vista conforme a los datos del proceso en razón a que la Sala Civil Primera habría perdido competencia.

Señala que la vocal relatora del Auto de Vista recurrido es la misma que intervino en la suscripción del decreto de Autos de 19 de abril de 2008 y la nota sellada con el título de “carga procesal acumulada”, figura que considera la recurrente no existiría en nuestra economía procesal y que pese a esa nota que señalaría que los vocales de la Sala Civil Primera fueron cesados temporalmente en sus funciones, denuncia que la vocal que suscribió el decreto de Autos nunca fue suspendida ni cesada en sus funciones pues resulta ser ella la relatora del Auto de Vista recurrido.

Acusa que contra el Auto de Vista no se interpuso ninguna apelación que anule obrados hasta fs. 245 vlta., por lo que considera que el Tribunal de Apelación otorgó más de lo pedido por el apelante, quien sobre ese aspecto no emitió pronunciamiento alguno y tampoco reclamó oportunamente ante la Juez inferior.

En base a esos antecedentes solicita que este Máximo Tribunal con o sin reposición se devuelvan actuados al Tribunal Inferior para que subsanen la falta incurrida en el Auto de Vista  y fallen según corresponda a derecho.

En el fondo:

1. Denuncia la infracción del art. 227 del Código de Procedimiento Civil porque el Auto de Vista no se circunscribiría a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación.

2. Acusa que la Resolución de segunda instancia no contiene decisiones expresas, positivas y precisas, pasando por alto el Auto de Vista cursante de fs. 471 y 542 que fueron dictados por la misma Sala Civil Segunda, sala que anularía obrados hasta fs. 245 inclusive.

3. Aduce que a tiempo de dictarse el Auto de Vista de fs. 471 debió anularse obrados hasta fs. 245 y no así como lo hicieron hasta fs. 453.

4. Denuncia que el demandado pudo interponer recurso de reposición y al no haber ejercido ese derecho este precluyó  y prueba de ello sería que en las dos apelaciones no reclamó ninguno de esos incidentes expresando su conformidad con la asistencia familiar.

5. Acusa que la Sala Civil Primera extendió testimonio de la Sentencia de divorcio y posteriormente esa resolución de primera instancia  fue anulada por el Auto de Vista de fs. 471, hecho que infringiría el art. 515 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, incurriendo consiguientemente en error de hecho y de derecho.

Por lo expuesto, la recurrente solicita casar el Auto de Vista e imponiendo sanciones se ordene se dicte nuevo resolución que confirme la Sentencia de primera instancia.

Del recurso de casación de Bernardino Meruvia Lazarte

En el Fondo:

Denuncia que cuando planteó recurso de apelación lo hizo con referencia  únicamente a la pensión que ilegalmente se le habría fijado sin considerar que Lupe Sistina Camacho Quiroga sería abogada con oficina bien establecida, sin embargo, señala que el Auto de Vista saliendo de ese marco anuló obrados hasta fs. 245, aspecto que no habría sido compulsado debidamente por el Tribunal de Alzada, pues al ser la misma vocal la relatora tanto del Auto recurrido como de uno anterior que también fue anulatorio, ésta debió compulsar dichas violaciones en el primer Auto de Vista, pues dicho extremo señala el recurrente que le ocasionaría perjuicios más aun en su condición de adulto mayor.

Asimismo, acusa que la Asistencia Familiar debió cesar conforme lo establece el art. 389 del Código de Familia pues la beneficiaria con la asistencia familiar tendría una situación económica solvente.

En base a esos antecedentes solicita se emita Auto Supremo casando el Auto de Vista de fecha 04 de enero de 2010 y deliberando enel fondo se disponga la cesación de la asistencia familiar a favor de Lupe Sistina Camacho Quiroga.


CONSIDERANDO III:                                                

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del recurso de casación interpuesto por Lupe Sistina Camacho Quiroga:

En el caso de Autos la recurrente interpuso recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, sin considerar que ante una resolución anulatoria de obrados únicamente procede el recurso de casación en la forma, pues al no haberse resuelto el fondo del litigio no es posible plantear recurso de casación en el fondo, consecuentemente corresponde a este Tribunal Supremo ingresar a considerar los agravios de forma que fueron denunciados por la recurrente.

En ese entendido debemos señalar que en la actualidad rige un nuevo régimen de nulidades procesales en la que no resulta suficiente que se produzca un mero vicio procedimental para declarar la nulidad, toda vez que la nulidad por la sola infracción de una forma procedimental resulta insustancial,pues lo que en la actualidad interesa es si se ha transgredido efectivamente las garantías del debido proceso que afecten la igualdad y el derecho a la defensa de las partes o si atentan el orden público, pues solo en esas circunstancias será justificada la nulidad procesal, de ahí que los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 y arts. 105 y 109 del Nuevo Código Procesal Civil en vigencia anticipada, con la finalidad de materializar los principios de celeridad, eficiencia y eficacia entre otros que hoy rigen la administración previstos en la Constitución Política del Estado, es que se pretende revertir el antiguo sistema formalista dejando de lado aquellas viejas prácticas en las que predominaban las nulidades que a veces resultaban innecesarias ocasionando únicamente retardación de justicia en desmedro del mundo litigante, extremo que como se señaló con este nuevo sistema que rige las nulidades se pretende revertir.

Asimismo, corresponde señalar que antes de emitir una resolución anulatoria se debe tomar en cuenta una serie de principios procesales como el de especificidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto, preclusión, etc., procurando siempre la conservación de los actos procesales y la continuidad de la tramitación del proceso hasta su conclusión conforme lo establece el art. 16 de la Ley 025, siendo consecuentemente la nulidad una excepción de ultima ratio.

De ahí que, si bien el art. 106 del Código Procesal Civil y en su momento el art. 252 del Código de Procedimiento Civil así como el art. 17.I) de la Ley Nº 025 facultan al superior en grado la revisión de oficio del proceso, este hecho no implica que se declare la nulidad por supuestos vicios o infracciones que resultan intrascendentes o que no fueron reclamadas oportunamente, sino que permiten que esta facultad revisora esté destinada a la verificación de un evidente estado de indefensión de las partes o el atentado al orden público, casos en los cuales amerita declarar la nulidad como ya se señaló anteriormente.

En el caso de autos, el Tribunal Ad quem anuló obrados con el fundamento de que, ante la petición de Bernardino Meruvia sobre rebaja de asistencia familiar y cesación de dicho beneficio a favor de su esposa, la juez de primera instancia habría incumplido con el procedimiento que debía seguirse ante dichas solicitudes, las que consistirían en correr traslado a la demandada y escuchar su pronunciamiento sobre las peticiones referidas y con respuesta o sin ella abrir termino incidental de prueba para averiguar la situación o capacidad económica del obligado, y la necesidad de asistencia de la beneficiaria, para recién sobre esa base fijar o cesar la pensiónalimenticia equitativa y justa, y toda vez que no se obró de esa manera, considerando que se incurrió en omisión inexcusable que significaría vicios de nulidad, anuló obrados hasta fs. 245 inclusive; en razón a esa determinación asumida por los de Alzada corresponde señalar que, Bernardino Meruvia Lazarte cuando interpuso recurso de apelación, lo hizo únicamente sobre la determinación asumida en sentencia en la cual el A quo dispuso que éste asista a su esposa con una pensión mensual de Bs. 1.500.-, expresando consiguientemente su conformidad con las demás determinaciones. Por lo tanto el hecho de que se haya anulado obrados hasta fs. 245, donde cursa decreto en el que el Juez A quo, dando respuesta al memorial de fs. 242 a 244 y vlta. en el que Bernardino Meruvia solicitó la rebaja del monto de la asistencia familiar a favor de sus hijos así como la pensión fijada provisionalmente a favor de su esposa a una cifra mínima, señaló que al ser sus hijos mayores de edad el trámite de la asistencia familiar debía ser ventilada ante el Juzgado de Instrucción de Familia, resulta ser Ultra Petita, pues conforme a la revisión del recurso de apelación, Bernardino Meruvia, que en este caso sería el afectado con la omisión de dicha tramitación por la cual el Auto de Vista anuló obrados hasta fs. 245, en ningún de sus agravios hizo mencionó ese aspecto, que como se señaló anteriormente éste únicamente recurrió en apelación sobre el inciso a) de la parte dispositiva de la sentencia donde semantiene la asistencia familiar a favor de su esposa en el monto de Bs. 1.500.-, determinación que habría sido tomada en aplicación del art. 143 del Código de Familia; por ende, se advierte que el afectado con el supuesto incumplimiento en el procedimiento ante la petición de rebaja de asistencia familiar, no reclamó oportunamente este hecho y tampoco lo hizo en su recurso de apelación, renunciando tácitamente a esa pretensión de rebaja, mas al contrario al haber recurrido en apelación sobre otro aspecto diferente al hecho por el cual el Auto de Vista anuló obrados convalido el mismo, máxime si en una anterior oportunidad ante la emisión de la Sentencia de primera instancia, Bernardino Meruvia también recurrió en apelación contra la sentencia únicamente en la parte que se le asignó asistencia familiar a la ahora recurrente, situación en la cual el mismo Tribunal de Alzada anuló la sentencia de primera instancia por existir un error de forma en el nombre del actor, por lo tanto resulta inaceptable que el Tribunal de Alzada en esta oportunidad y con otro tipo de argumento anule obrados hasta fojas anteriores a las que anuló obrados en una primera oportunidad y por aspectos diferentes, los cuales debieron ser observados en el primer Auto de Vista.

Consecuentemente,se concluye que la decisión asumida por el Ad quem de anular obrados hasta fs. 242 no se justifica por ningún motivo y solo se retrotrae el proceso ocasionando innecesariamente demora judicial en la resolución de los conflictos, ya que este proceso se viene tramitando desde el año 2006, y toda vez que el mismo ya fue anulado anteriormente, corresponde fallar en la forma prevista en los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

Del recurso de Casación en el fondo de Bernardino Meruvia Lazarte.

En razón al carácter anulatorio que conlleva el recurso de casación en la forma que fue planteado por Lupe Sistina Camacho Quiroga, ya no corresponde considerar el recurso de casación de Bernardino Meruvia Lazarte, máxime si éste ante el Auto de Vista anulatoriointerpone de manera errónea recurso de casación en el fondo solicitando se case el Auto de Vista recurrido, cuando por la vasta jurisprudencia pronunciada por este Tribunal Supremo se estableció que ante una resolución anulatoria únicamente deviene el recurso de casación en la forma.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista de fecha 4 de enero de 2010, cursante de fs. 582 a 583, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entontes Corte Superior de Justicia de Cochabamba,y dispone que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo y en atención al recurso de apelación, pronuncie nueva Resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, Resolviendo conforme a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

No siendo excusable el error, se impone multa de un día de haber a los Vocales suscriptores del Auto de Vista recurrido a ser descontado de sus haberes por la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Tercero