TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 279/2015 - L

Sucre: 29 de Abril 2015

Expediente:         B-13-10-S

Partes: SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOSc/Empresa Constructora

AMEL Ltda.

Proceso: Resolución de Contrato

Distrito: Beni


VISTOS: El recurso de casación en el fondo, interpuesto por el representante legal de la Empresa “AMEL LTDA”, cursante a fs. 271 a 274 y vta.,contra el Auto de Vista N°069 de 09 de Agosto de 2010 de fs. 251 a 252, emitida por la Sala Civil delaentonces Corte Superior de Distrito de Trinidad-Beni, dentro del proceso de resolución de contrato seguido por el Servicio Prefectural de Caminos del Departamento del Beni contra la  Empresa Constructora AMEL Ltda,la respuesta al recurso, la concesión de fs. 288, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Terceroen lo Civil y Comercial de la Ciudad de Trinidad del Departamento de BenipronuncióSentenciaNº 008 de 26 de febrero de 2010, cursante a fs. 225 a 230 y vta., declaró probada en parte la demanda respecto de la resolución de contrato y probada parcialmente respecto del pago de daños y perjuicios que se reputa como la multa  cobrada limitándose la misma en el 10% máximo de la suma no ejecutada y calculada en el último considerando, es decir en el monto de Bs. 42.967.31 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 31/100 BOLIVIANOS), quedando un saldo a favor del contratista por volúmenes ejecutados restando la multa señalada del monto total de Bs. 56.368.52 (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 52/100 BOLIVIANOS), es decir un total de Bs. 13.401.21 (TRECE MIL CUATROCIENTOS UNO 21/100 BOLIVIANOS) e improbada la reconvención en cuanto a la pretensión de cumplimiento de contrato y entrega de los montos adeudados, debiendo únicamente reconocerse a favor del contratista la suma de Bs. 13.401.21 (TRECE MIL CUATROCIENTOS UNO 21/100 BOLIVIANOS) por volúmenes ejecutados descontado las multas por incumplimiento. Debiendo proceder a la cancelación del saldo por concepto de volúmenes ejecutados y material entregado, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, sin costas por tratarse de doble proceso.

Contra esa Sentencia de primera instanciaAlvaro Marcelo Velasco Guzmán, Director Técnico del SEPCAM-BENI, dentro del plazo legal interpone recurso de apelación.

Concedido el indicado recurso y remitido el mismo ante la instancia competente, la Sala Civil de la Corte Superior de Distrito de la entonces Corte Superior de Distrito de la ciudad de Trinidad del Departamento de Beni, mediante Auto de Vista N°069 de 09 de Agosto de 2010confirmo parcialmente la Sentencia, declarando probada en parte la demanda, respecto a la resolución del contrato y parcialmente respecto al pago de daños y perjuicios por multa que debe pagar la Empresa demandada establecida en Bs. 407.645,784, como resultante del 10% del monto de Bs. 4.640.143,04 señalado en el cuadro de fs. 44 por días de retraso, deduciendo Bs. 56.368,52 por concepto de volúmenes ejecutados por encima del monto cancelado, y probada en parte la reconvención respecto a volúmenes ejecutados, deducidos del monto señalado precedentemente. Sin costas.

Ante la determinación adoptada por el Ad quem, Alberto Melgar Villarroel, representante legal de la Empresa “AMEL LTDA.”interpuso recurso de casación, conforme consta de fs.271 a 274 y vta., mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.-Recurso de Casación.Señala que en fecha 3 de enero de 2007, el Servicio Prefectural de Caminos del Beni como contratante y la Empresa AMEL LTDA., como contratista, mediante escritura pública No. 181/2007, suscribieron un contrato de obra de construcción del camino vecinal San Ramón, San Joaquin, Bella Vista, contrato que entre otros acuerda en la clausula tercera que el cronograma de trabajos será ejecutado, dentro del plazo de ciento cincuenta días a partir de la fecha en la que el supervisor expida la orden de proceder y que el SEPCAM Beni jamás demostró con documentación o prueba de alguna naturaleza  el inicio mediante la orden de proceder, por otro lado la misma clausula establece que la orden de proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo, aspecto incumplido en el presente contrato y que de los antecedentes se tiene también que los volúmenes ejecutados son mucho mayor que los montos desembolsados donde el propio SEPCAM establece que la empresa ha ejecutado volúmenes mayores a los cancelados, existiendo un superávit de Bs. 56.368,62 a favor de la empresa contratista, aspecto que además es reconocido por el Auto de Vista impugnado; de la prueba aportada tanto por el contratante como por la empresa contratista, se puede evidenciar que se acredita judicialmente la existencia de causas de fuerza mayor y que se debería valorar la buena fe en el cumplimiento del contrato, pues el contratista elabora una obra cumpliendo especificaciones técnicas y que la calidad de la obra ha sido óptima, y que se ha cumplido con la finalidad del proyecto, que la paralización de la obra se ha debido precisamente al incumplimiento del actor en los desembolsos y a los fenómenos naturales como causal de fuerza mayor, es decir que el Auto de Vista ha vulnerado de manera expresa el art. 577 y 578 del Código Civil.

Menciona además en el punto relación de derecho, incorrecta o indebida aplicación del art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, ya que en su criterio el Auto de Vista no cita norma alguna, para modificar el entendimiento de la Sentencia de fs. 225 a 230 y vta., ya que la Resolución ahora recurrida le falta argumentación y exhaustividad cuando razonablemente el juez de instancia aplica la equidad al concluir que ambas partes habrían generado y sido causantes del incumplimiento del contrato, que del mismo modo la Sala Civil de la R. Corte Superior de Justicia del Beni es incongruente, cuando reconoce de manera expresa la existencia de causales de fuerza mayor que impidieron el cumplimiento del contrato, pero sin embargo por encima de ese reconocimiento aplican la multa sin contextualizar las normas citadas, que así mismo el Auto de Vista a aplicado incorrectamente la ley al no aplicar lo dispuesto por los arts. 577 y 578  del Código Civil, por lo que pide se Case el Auto de Vista y se confirme la Sentencia.

2.- Recurso de Nulidad. El recurso de apelación de fs. 235 a 237, realiza únicamente una relación procedimental en contra de la Sentencia y no cumple con la exigencia del art.227 del Código de Procedimiento Civil, no contiene una denuncia de los agravios sufridos ni menciona o indica cual es la incorrecta aplicación o interpretación de la ley por lo que la competencia del Tribunal Superior de apelación no se encuentra abierta como manda el art. 236 del  C.P.C., que la apelación de fs. 236 a 237 lo único que hace es referirse al valor probatorio del documento que origina el contrato, es decir cita los arts. 1286,519 y 534 del Código Civil, sin señalar en que ha consistido el agravio por parte del Juez A quo, sobre dicha normativa y que el apelante incumplió flagrantemente el requisito de procedencia del recurso de apelación y al no contener fundamentación de agravios impedía que el Tribunal de Alzada se pronuncie sobre dicho recurso, teniendo la obligación de declararlo improcedente; en esa línea pide que se disponga la nulidad del Auto de Vista, declarando la consiguiente ejecutoria de la sentencia.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión de los antecedentes corresponde señalar que en el campo del derecho privado el contrato resulta la principal fuente generadoras de obligaciones, empero no solo los particulares crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales por medio de los contratos, también la Administración Pública lo hace, generando relaciones jurídicas bilaterales patrimoniales que, cuando tienen por objeto un fin público, ingresan a la categoría de los llamados contratos administrativos.

Para el autor Miguel Ángel Bercaitz, citado por Juan Carlos Cassagne, en la obra "Contratos Administrativos": El contrato no es una figura exclusiva del Derecho Privado, existe también el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de Derecho Privado, pero con elementos diferentes que derivan de su contenido, de su fin, de los intereses distintos que afecta y de su régimen jurídico propio.

La teoría del contrato administrativo ha surgido como una necesidad impuesta por la realidad. Se trata sencillamente de ciertas relaciones entre la Administración y los particulares nacidas por aplicación de una técnica contractual y cuyo régimen, sin embargo, difiere sensiblemente del aplicable a los contratos civiles.”. (Fernando Garrido Falla en “Tratado de Derecho Administrativo” Vol. II,  Pag.37).

Entre el contrato de naturaleza privada y el de naturaleza administrativa existen puntos comunes, pero las diferencias justifican la separación de los regímenes jurídicos a los que se encuentran sometidos unos y otros; de hecho, el estudio pormenorizado de la materia podría inducirnos a sostener la existencia de más diferencias que semejanzas.

Rafael Bielsa en su obra “Principios de Derecho Administrativo”, señala: “Es contrato administrativo el que la Administración celebra con otra persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública”, el citado autor considera que: “(…) en todo contrato administrativo deben concurrir los siguientes elementos esenciales: a) Uno de los sujetos de la relación jurídica es la Administración pública (Estado, provincia, comuna o entidad autárquica) obrando como tal, es decir, como entidad de derecho público. b) El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública; por ejemplo, un servicio público propio, un empleo público, una obra pública (de interés general o colectivo), etc.

En ese mismo sentido, para el autor Mariano Gómez González, contratos administrativos son: "todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estado, de la Provincia o del Municipio".

De lo expuesto diremos que estamos frente a un contrato administrativo cuando: a) al menos una de las partes que interviene en su celebración es la Administración Pública  (elemento subjetivo); b) cuando el objeto sobre el que versa  se encuentra directamente relacionado con la satisfacción de necesidades de carácter público servicio o interés público- (elemento objetivo), elemento objetivo que resulta importante para la comprensión de la presente Resolución.

En nuestra legislación el art. 47 de la Ley 1178, reconoce la naturaleza administrativa de los contratos que suscriben las entidades de la Administración Pública que están sujetas a esa norma matriz de control, en ese sentido, en su parte final dispone que: " … son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza ...", de acuerdo a ello revisten naturaleza administrativa, por atribución legal, aquellos contratos que tengan por objeto directo: 1)  la ejecución de obras, 2) la provisión de materiales, bienes y servicios. Esto no quiere decir que éstos sean los únicos contratos de naturaleza administrativa, pero si son los únicos que expresamente se encuentran calificados como administrativos por la ley, en razón del objeto sobre el que versan, siendo la propia ley la que abre la posibilidad de que existan otros contratos administrativos en razón de su naturaleza, es decir a su directa vinculación con el interés o servicio público.

La diferencia entre el contrato administrativo y el privado, es de trascendental importancia a la hora de delimitar el régimen jurídico que resulte aplicable al negocio a celebrar o en la ejecución del contrato, más aún en el orden jurisdiccional competente para conocer de las controversias que surjan entre las partes, esto por razón de la especialidad.

El Órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de estos litigios, emergentes de contratos administrativos no puede ser confundido con el mismo operador judicial que atienda los litigios de índole privada, para el mismo nos permitimos citar el aporte doctrinario de Rafael Bielsa quien señala: “El conocimiento y decisión de todo litigio sobrevenido en la ejecución (o interpretación controvertida) de los contratos administrativos corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo. El fundamento y justificación de esta competencia está en el objeto del contrato administrativo, es decir, en el grado de interés público que el contrato contiene”  también comenta que: “Es contrario al principio de la competencia jurisdiccional someter a tribunales civiles o comerciales las contiendas surgidas en la ejecución o cumplimiento de un contrato administrativo. Tanto por el objeto (rationemateriae) como por ser partela Administración pública (rationepersonae), la competencia debe ser de los tribunales contencioso-administrativos (…)”.

Corresponde también señalar que la jurisdicción contenciosa, identificada como una jurisdicción especializada, no es un tema nuevo en nuestra legislación, para ello nos permitimos señalar que en la Constitución Política del Estado de 1967 en el art. 127 num. 8, ya se señalaba entre las atribuciones de la Corte Suprema, la de conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo, y de las demandas contencioso administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo, dicho texto fue mantenido en la reforma de la Constitución de 1994 en cuyo art. 118 num. 7 se llegó a mantener el referido texto; también el texto fue introducido en el art. 55 num. 10 de la Ley Nº 1455 de 18 de febrero de 1993. También el Código de Procedimiento Civil, vigente desde el 2 de abril de 1976, describe en sus arts. 775 y 778 la vía para el conocimiento de las causas contenciosas emergentes de contratos, negociaciones o concesiones del Poder ejecutivo y las causas contenciosas-administrativas, serán presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, esto quiere decir que el conocimiento y resolución de las causas contenciosas emergentes de los contratos de la Administración Pública (entendida así de acuerdo a su interpretación extensiva) resulta ser competencia del Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia).

Posteriormente la nueva y actual Constitución Política del Estado Plurinacional, tan solo refirió en el art. 179 la existencia de jurisdicciones especializadas conforme a ley, empero de ello hasta que el legislador elabore esa jurisdicción especializada se promulgó la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de en cuyo art. 10 se señaló lo siguiente: “I. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada…”, hasta esa fecha los aspectos contenciosos emergentes de los contratos administrativos debían ser conocidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pues la ley les atribuía esa competencia, para resolver las controversias emergentes de los contratos administrativos, por lo que las causas ingresadas a los tribunales ordinarios juzgados civiles- ya se encontraban con vicio de procedimiento, pues estos operadores judiciales no tenían la facultad de resolver controversias emergentes de contratos administrativos de “interés público”, esa facultad estaba atribuida a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia); consiguientemente, se concluye que si el operador judicial en materia civil hubiera sustanciado la controversia de contratos administrativos de “interés público”, ha viciado todo el procedimiento.

Posteriormente, se dicta la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, cuyo objeto de acuerdo al primer articulado- es la de crear en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y de los Tribunales Departamentales de Justicia, Salas especializadas en materia contenciosa y contenciosa-administrativa, norma legal que describe la calidad de los procesos a ser sustanciados en las Salas especializadas tanto del Tribunal Supremo como en los Tribunales Departamentales, describiendo el procedimiento a seguir y la forma de impugnación, también en la ley de referencia se señaló que los procesos en trámite seguirán siendo de conocimiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al art. 6, dicha disposición no debe ser confundida con el resto de los procesos sustanciados ante operadores judiciales en materia civil (que se encuentran viciados de nulidad por el factor de competencia), ya que el legislador tan solo refirió a los procesos que se encuentran sustanciando en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y no a los que se encuentran tramitando en juzgados en materia civil, que en cualquier caso la vía correcta de sustanciación  -de las causas ahora analizadas- corresponderá ser corregida.

El Contrato de obra para la Construcción del camino vecinal San Ramón-San Joaquín-Buena Vista Nº 181 de 3 de enero de 2007 que cursa a  fs. 1 a 20 base de la demanda que nos ocupa, fue suscrito entre el Servicio Departamental de Caminos del Beni (SEPCAN-BENI) como Entidad Pública y la entidad demandada Empresa Constructora AMEL Ltda, tiene por objeto la ejecución de la obra “Construcción Camino Vecinal San Ramón-San Joaquín-Buena Vista” conforme indica su Cláusula Segunda, el mismo que es resultado de un proceso administrativo de contratación por excepción según Resolución Administrativa 024/06 establecidas en el Texto Ordenado del D.S. No. 27328 de 31 de enero de 2004 y su Reglamento, consiguientemente se trata de un Contrato Administrativo que tiene por finalidad la prestación de un servicio de interés público, el mismo que se halla comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental; correspondiendo la solución de controversias emergentes de este tipo de contratos administrativos, ser dilucidada ante la jurisdicción contenciosa.

En base a los antecedentes expuestos el sub lite, se advierte que el Juez civil operador judicial que tramitó la causa- no tenía la competencia para el conocimiento y resolución de la controversia, cuando en esa oportunidad el mismo debió ser sustanciado ante la Sala Plena de la Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia), sin embargo de ello la nueva disposición Ley N° 620- dedujo nuevos lineamientos para el conocimiento y resolución de los litigios emergentes de la contienda de los contratos administrativos de “interés público”, por lo que al evidenciar que el Juez de Partido en lo Civil tramitó la causa sin competencia corresponde reorientar la vía que corresponde a esa contienda, con la anulación de obrados, cuyo criterio ya fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia N° 0060/2014 de 03 de enero, por lo que la parte actora deberá reconducir su pretensión ante uno de los operadores judiciales descritos en los arts. 2 o 3 de la  mencionada Ley N° 620.

Correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el art. 271 num. 3), con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULAobrados sin reposición hasta el Auto de fecha 28 de octubre de 2008 cursante a fs. 42, debiendo la parte formular su acción en la vía que corresponda.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17 parágrafos IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

En cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo IV del Art. 17 de la Ley No. 025, se notifique con la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Tercero