TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L 




Auto Supremo: 275/2015 - L

Sucre: 29 de abril de 2015

Expediente:         O-16-11-S

Partes: Sociedad Industrial “NUEVO MILENIO” S.R.L.  c/ H. Alcaldía

            Municipal de Huanuni. 

Proceso: Ordinario, pago de saldos adeudados.

Distrito: Oruro.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Hilarión Achacollo  Martínez Alcalde Municipal de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, cursante a fs. 548 a 549 y vlta.   contra el Auto de Vista N° 027/2011 de 21 de febrero de 2011 de fs. 543 a 545 de obrados, emitida por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Oruro, dentro del proceso ordinario seguido por la Sociedad Industrial “NUEVO MILENIO S.R.L.” contra la H. Alcaldía Municipal de Huanuni, la respuesta al recurso, la concesión de fs. 558, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Ordinario de Sentencia en lo Penal, Liquidador de la  Niñez y Adolescencia, Trabajo y Seguridad Social de las Provincias Pantaleón Dalence y Poopó del Departamento de Oruro pronunció sentencia Nº 118/2010 de 29 de octubre de 2010, cursante a fs. 505 a 511 por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 326 a 327 en todas sus partes, improbada la demanda reconvencional de fs. 342 a 345, en su mérito dispone que la H. Alcaldía Municipal de Huanuni  proceda el pago a favor de la Sociedad Industrial “Nuevo Milenio” S.R.L.  la suma de Bs. 1.196.324.97/100 en el 3ro día bajo alternativa de ley, con el consiguiente resarcimiento del lucro cesante y daño emergente que por daños y perjuicios se averiguara en ejecución de sentencia.

Contra esa Sentencia de primera instancia  el apoderado de la H. Alcaldía Municipal de la localidad de Huanuni, dentro del plazo legal interpone recurso de apelación.

Concedido el indicado recurso y remitido el mismo ante la instancia competente, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Oruro, mediante Auto de Vista N°027/2011 de 21 de Febrero de 2011 confirmo la sentencia en todas sus partes, con  costas.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, la entidad demandada interpuso  recurso de casación y nulidad en la forma y en el fondo, conforme consta de fs. 548 a 549 y vlta., mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.-El recurrente manifiesta que el hecho de que el juez de la causa haya resuelto una inexistente excepción de falta de personería en la actora, pronunciándose sobre la defensa de fondo de falta de legitimación de obrar  o impersonería de la demandante ha anticipado criterio y que este aspecto es resuelto por el Tribunal de segunda instancia con el criterio de que este hecho no ha sido reclamado oportunamente y que si creía la Alcaldía de que había prejuzgamiento podía haber solicitado la recusación del juez, que este aspecto fue planteado como defensa de fondo y que obligaba a los Vocales a pronunciarse si la apoderada de la entidad actora tenía o no legitimación y personería para obrar en el presente proceso, conculcándose la disposición del art. 236 del Codigo de Procedimiento Civil, y que en ello consiste la violación y errónea interpretación.

2.-Que, la Sentencia no habría cumplido con el mandato del art. 192 del Codigo de Procedimiento Civil, al no haberse realizado una valoración detallada de la prueba documental y que este actuar se ha vulnerado el art. 1311 del Código Civil, validando indebidamente documentos que carecen de valor probatorio, por lo que en conclusión y por lo expuesto pide casación y nulidad total en la forma y en el fondo en consecuencia se anule el Auto de Vista y ordene a los vocales dicten otro Auto de Vista ciñéndose en cuanto a su pronunciamiento a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

De la revisión del cuaderno procesal corresponde señalar que en el campo del derecho privado el contrato resulta la principal fuente generadoras de obligaciones, empero no solo los particulares crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales por medio de los contratos, también la Administración Pública lo hace, generando relaciones jurídicas bilaterales patrimoniales que, cuando tienen por objeto un fin público, ingresan a la categoría de los llamados contratos administrativos.

Para el autor Miguel Ángel Bercaitz, citado por Juan Carlos Cassagne, en la obra "Contratos Administrativos": El contrato no es una figura exclusiva del Derecho Privado, existe también el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de Derecho Privado, pero con elementos diferentes que derivan de su contenido, de su fin, de los intereses distintos que afecta y de su régimen jurídico propio.

La teoría del contrato administrativo ha surgido como una necesidad impuesta por la realidad. Se trata sencillamente de ciertas relaciones entre la Administración y los particulares nacidas por aplicación de una técnica contractual y cuyo régimen, sin embargo, difiere sensiblemente del aplicable a los contratos civiles.”. (Fernando Garrido Falla en “Tratado de Derecho Administrativo” Vol. II,  Pag.37).

Entre el contrato de naturaleza privada y el de naturaleza administrativa existen puntos comunes, pero las diferencias justifican la separación de los regímenes jurídicos a los que se en encuentran sometidos unos y otros; de hecho, el estudio pormenorizado de la materia podría inducirnos a sostener la existencia de más diferencias que semejanzas.

Rafael Bielsa en su obra “Principios de Derecho Administrativo”, señala: “Es contrato administrativo el que la Administración celebra con otra persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública”, el citado autor considera que: “(…) en todo contrato administrativo deben concurrir los siguientes elementos esenciales: a) Uno de los sujetos de la relación jurídica es la Administración pública (Estado, provincia, comuna o entidad autárquica) obrando como tal, es decir, como entidad de derecho público. b) El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública; por ejemplo, un servicio público propio, un empleo público, una obra pública (de interés general o colectivo), etc.

En ese mismo sentido, para el autor Mariano Gómez González, contratos administrativos son: "todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estado, de la Provincia o del Municipio".

De lo expuesto diremos que estamos frente a un contrato administrativo cuando: a) al menos una de las partes que interviene en su celebración es la Administración Pública  (elemento subjetivo); b) cuando el objeto sobre el que versa  se encuentra directamente relacionado con la satisfacción de necesidades de carácter público servicio o interés público- (elemento objetivo), elemento objetivo que resulta importante para la comprensión de la presente resolución.

En nuestra legislación el art. 47 de la Ley 1178, reconoce la naturaleza administrativa de los contratos que suscriben las entidades de la Administración Pública que están sujetas a esa norma matriz de control, en ese sentido, en su parte final dispone que: " … son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza ...", de acuerdo a ello revisten naturaleza administrativa, por atribución legal, aquellos contratos que tengan por objeto directo: 1)  la ejecución de obras, 2) la provisión de materiales, bienes y servicios. Esto no quiere decir que éstos sean los únicos contratos de naturaleza administrativa, pero si son los únicos que expresamente se encuentran calificados como administrativos por la ley, en razón del objeto sobre el que versan, siendo la propia ley la que abre la posibilidad de que existan otros contratos administrativos en razón de su naturaleza, es decir a su directa vinculación con el interés o servicio público.

La diferencia entre el contrato administrativo y el privado, es de trascendental importancia a la hora de delimitar el régimen jurídico que resulte aplicable al negocio a celebrar o en la ejecución del contrato, más aún en el orden jurisdiccional competente para conocer de las controversias que surjan entre las partes, esto por razón de la especialidad.

El Órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de estos litigios, emergentes de contratos administrativos no puede ser confundido con el mismo operador judicial que atienda los litigios de índole privada, para el mismo nos permitimos citar el aporte doctrinario de Rafael Bielsa quien señala: “El conocimiento y decisión de todo litigio sobrevenido en la ejecución (o interpretación controvertida) de los contratos administrativos corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo. El fundamento y justificación de esta competencia está en el objeto del contrato administrativo, es decir, en el grado de interés público que el contrato contiene”  también señala comenta que: “Es contrario al principio de la competencia jurisdiccional someter a tribunales civiles o comerciales las contiendas surgidas en la ejecución o cumplimiento de un contrato administrativo. Tanto por el objeto (ratione materiae) como por ser parte la Administración pública (ratione personae), la competencia debe ser de los tribunales contencioso-administrativos (…)”.

Corresponde también señalar que la jurisdicción contenciosa, identificada como una jurisdicción especializada, no es un tema nuevo en nuestra legislación, para ello nos permitimos señalar que en la Constitución Política del Estado de 1967 en el art. 127 num. 8, ya se señalaba entre las atribuciones de la Corte Suprema, la de conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo, y de las demandas contencioso administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo, dicho texto fue mantenido en la reforma de la Constitución de 1994 en cuyo art. 118 num. 7 se llegó a mantener el referido texto; también el texto fue introducido en el art. 55 num. 10 de la Ley Nº 1455 de 18 de febrero de 1993. También el Código de Procedimiento Civil, vigente desde el 2 de abril de 1976, describe en sus arts. 775 y 778 la vía para el conocimiento de las causas contenciosas emergentes de contratos, negociaciones o concesiones del Poder ejecutivo y las causas contenciosas-administrativas, serán presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, esto quiere decir que el conocimiento y resolución de las causas contenciosas emergentes de los contratos de la Administración Pública (entendida así de acuerdo a su interpretación extensiva) resulta ser competencia del Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia).

Posteriormente la nueva y actual Constitución Política del Estado Plurinacional, tan solo refirió en el art. 179 la existencia de jurisdicciones especializadas conforme a ley, empero de ello hasta que el legislador elabore esa jurisdicción especializada se promulgó la ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de en cuyo art. 10 se señaló lo siguiente: “I. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada…”, hasta esa fecha los aspectos contenciosos emergentes de los contratos administrativos debían ser conocidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pues la ley les atribuía esa competencia, para resolver las controversias emergentes de los contratos administrativos, por lo que las causas ingresadas a los tribunales ordinarios juzgados civiles- ya se encontraban con vicio de procedimiento, pues estos operadores judiciales no tenían la facultad de resolver controversias emergentes de contratos administrativos de “interés público”, esa facultad estaba atribuida a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia); consiguientemente, se concluye que si el operador judicial en materia civil hubiera sustanciado la controversia de contratos administrativos de “interés público”, ha viciado todo el procedimiento.

Posteriormente, se dicta la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, cuyo objeto de acuerdo al primer articulado- es la de crear en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y de los Tribunales Departamentales de Justicia, Salas especializadas en materia contenciosa y contenciosa-administrativa, norma legal que describe la calidad de los procesos a ser sustanciados en las Salas especializadas tanto del Tribunal Supremo como en los Tribunales Departamentales, describiendo el procedimiento a seguir y la forma de impugnación, también en la ley de referencia se señaló que los procesos en trámite seguirán siendo de conocimiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al art. 6, dicha disposición no debe ser confundida con el resto de los procesos sustanciados ante operadores judiciales en materia civil (que se encuentran viciados de nulidad por el factor de competencia), ya que el legislador tan solo refirió a los procesos que se encuentran sustanciando en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y no a los que se encuentran tramitando en juzgados en materia civil, que en cualquier caso la vía correcta de sustanciación  -de las causas ahora analizadas- corresponderá ser corregida.

El Contrato de provisión de desayuno escolar de 25 de marzo de 2008 que cursa a  fs. 411 a 423 base de la demanda que nos ocupa, fue suscrito entre el Gobierno Municipal de Huanuni como Entidad Pública y la entidad demandante Empresa Sociedad Industrial “Nuevo Milenio” S.R.L.  tiene por objeto la provisión del desayuno escolar para la gestión 2008 conforme indica su Cláusula Cuarta, el mismo que es resultado de un proceso administrativo de contratación por excepción con el presupuesto del Plan Operativo Anual, cuyo marco legal fue establecido dentro del art. 33 de la Ley 1178, Art. 8 incs. H de la Constitución Política del Estado y el D.S. No. 20190 de 27 de agosto de 2007 (SIC), según Resolución Administrativa 024/06 establecidas en el Texto Ordenado del D.S. No. 27328 de 31 de enero de 2004 y su Reglamento, consiguientemente se trata de un Contrato Administrativo que tiene por finalidad la prestación de un servicio de interés público, el mismo que se halla comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental; correspondiendo la solución de controversias emergentes de este tipo de contratos administrativos, ser dilucidada ante la jurisdicción contenciosa.

En base a los antecedentes expuestos el sub lite, se advierte que el Juez civil operador judicial que tramitó la causa- no tenía la competencia para el conocimiento y resolución de la controversia, cuando en esa oportunidad el mismo debió ser sustanciado ante la Sala Plena de la Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia), sin embargo de ello la nueva disposición Ley N° 620- dedujo nuevos lineamientos para el conocimiento y resolución de los litigios emergentes de la contienda de los contratos administrativos de “interés público”, por lo que al evidenciar que el Juez de Partido en lo Civil tramitó la causa sin competencia corresponde reorientar la vía que corresponde a esa contienda, con la anulación de obrados, cuyo criterio ya fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia N° 0060/2014 de 03 de enero, por lo que la parte actora deberá reconducir su pretensión ante uno de los operadores judiciales descritos en los arts. 2 o 3 de la  mencionada Ley N° 620.

Correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el art. 271 num. 3), con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados, sin reposición hasta el proveído de fecha 3 de Diciembre de 2009 cursante a fs. 328 vlta., debiendo la parte formular su acción en la vía que corresponda, sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Tercero