TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 274/2015 - L

Sucre: 29 de abril 2015

Expediente:         LP-105-10-S

Partes: Prefectura Del Departamento De La Paz. c/ Consorcio GMI S.A.-PROFIN

            Consultores S.A.

Proceso: Resolución de Contrato.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por la Asociación Accidental GMI S.A.-PROFIN Villarroel, cursante de fs. 610 a 618 contra el Auto de Vista N°160/2010/ de 10 de mayo de 2010 de fs. 605 a 606 vlta. de obrados, emitida por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de la ciudad de La Paz, dentro del proceso de resolución de contrato por incumplimiento, resarcimiento de daños y perjuicios seguido por la Prefectura del Departamento de La Paz contra el consorcio GMI PROFIN Consultores S.A. Ltda., la respuesta al recurso, de fs. 630 a 634 la concesión de fs. 635, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Noveno en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Paz pronunció Sentencia Nº 275/2009 de 8 de diciembre  de 2009, cursante de fs. 523 a 530vlta., en la que declaró improbada la demanda de fs. 180-184, subsanada a fs. 185-186, e improbada la demanda reconvencional de fs. 292-305 y fs. 306 interpuesta por la Asociación Accidental GMI S.A., PROFIN S.A., disponiendo además que se eleve en consulta la presente resolución de conformidad al art. 197 del Código de Procedimiento Civil.

Contra esa Sentencia de primera instancia la Prefectura del Departamento de La Paz, dentro del plazo legal interpone recurso de apelación.

Concedido el indicado recurso y remitido el mismo ante la instancia competente, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de La Paz, mediante Auto de Vista N°160/2010 de 10 de Mayo de 2010 anula obrados hasta fs. 326, disponiendo que el Juez A-quo regularice el proceso de acuerdo a los datos del mismo y a las normas legales que rigen la materia, por presentación de prueba extemporanea.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, la Asociación Accidental GMI-S.A. PROFIN, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, conforme consta de fs.610 a 618, mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.-Auto de Vista ultra petita, el recurrente manifiesta que con gran preocupación y extrañeza han leído el contenido el Auto de Vista pronunciado por esa sala ya que se pronuncian sobre hechos jamás observados por las partes, vulnerando lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil  y el art. 15 de la L.O.J. por el que se dispone la nulidad de obrados, que la resolución ha sido emitido con vehemente extra limitación de pedidos, amen que el argumento utilizado para anular obrados es falso y contrario a la ley, atenta contra el debido proceso e incumple elementales principios procesales, por lo que pide se anule el Auto de Vista sin reposición y declare la ejecutoria de la resolución de primera instancia.

2.-Casación en el fondo señala que existe una equivocación en la apreciación el auto que califica el proceso por parte de los Vocales ya que hacen observaciones que no corresponden, es así que dichas autoridades cometieron un grave error a tiempo de apreciar la prueba, ya que notificadas las partes con el Auto que fija los puntos de hecho a probar ninguna de ellas observó, objeto o impugnó la calificación del proceso y mucho menos los puntos que cada quién debería probar, consecuentemente tanto el Auto de calificación como cada uno de los puntos a probarse quedó consolidado y aprobado sin observación alguna y que este aspecto estuviera convalidado por las partes, que la equívoca interpretación que se hizo en el Auto de Vista a tiempo de evaluar los antecedentes y evidencia una vulneración al principio procesal de preclusión , pues no es posible anular una o varias etapas procesales  que se han cumplido con el consentimiento, participación y sin la objeción de las partes, lo que da lugar a aceptar la casación en el fondo, toda vez que los extremos antes probados desbaratan una vez más la aseveración del Auto de Vista referente a que el Juez A quo actuó “intrapetita” y enervan la errada aseveración inherente a que el juzgador de primera instancia, hubiera negado la posibilidad a la Prefectura de La Paz a probar alguno de los puntos fijados en el Auto de calificación; que los vocales esgrimen que el art. 15 de la L. O. J. les faculta a verificar si durante la tramitación de la causa se observaron las normas inherentes al proceso y los plazos, sin señalar específicamente que plazo se habría incumplido ni determinar que norma habría sido equivocadamente aplicada u omitida y que los extremos antes citados, acreditan la viabilidad del recurso de casación en el fondo.

3.-Recurso de casación en la forma, señala que se ha violado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues el mismo de manera obligatoria establece que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación y de Autos se evidencia que la Prefectura del Departamento de La Paz, jamás objeto, impugno o apelo el auto de calificación del proceso, por lo que la resolución recurrida ha vulnerado el principio de congruencia, que este principio debe circunscribirse a las partes intervinientes, al objeto o petición y a los fundamentos concretos en litigio y que los Vocales a tiempo de pronunciar el ilegal fallo extralimitándose en sus aseveraciones  se alejaron de la realidad y vulneraron varias veces citado principio de congruencia, que se violo también el inciso 3ero. del art. 3 del Código de Procedimiento Civil, ya que los jueces están en el ineludible deber de tomar las medidas necesarias para asegurar la igualdad efectiva de las partes y que esta violación conlleva una violación al límite de la potestad jurisdiccional que marca el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, delimitando los alcances de la apelación y el radio de acción sobre el que debe actuar el Tribunal de Alzada; que se ha violado también el art. 251 del Código de Procedimiento Civil, y el art. 247 de la L. O. J. ya que en lugar de dar cumplimiento a la obligación de subsanar los vicios procedimentales y de pronunciarse resolviendo necesariamente el fondo de la causa apelada, contravienen el ordenamiento legal y violan las formas esenciales del proceso, pues disponen una innecesaria nulidad de obrados retrotrayendo el trámite a una instancia ya superada y echando por la borda cinco años de actividad judicial, que así mismo se ha violado el art. 1283 del Código Civil que señala que la carga de la prueba corresponde a quien pretende en juicio un derecho y debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión y que el auto de vista infringe la citada norma y mal podían sujetarse a la determinación del art. 15 de la L.O.J. y de aplicar de oficio lo que limitativamente manda el art. 252 concordante con el art. 90 ambos del Codigo de Procedimiento Civil, que consecuentemente se han violado los principios de trascendencia, convalidación, protección, especificidad, economía y celeridad y que existiendo en el Auto de Vista violaciones a las formas esenciales del proceso, incumplimiento de los arts. 3, 90, 227, 236,251 del Código de Procedimiento Civil, arts. 15 y 247 de la L. O. J. y 1283 del Código Civil errores in procedendo por lo que solicitan que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista y deliberando en el fondo confirme la Sentencia de primera instancia.





CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

De la revisión de antecedentes corresponde señalar que en el campo del derecho privado el contrato resulta la principal fuente generadoras de obligaciones, empero no solo los particulares crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales por medio de los contratos, también la Administración Pública lo hace, generando relaciones jurídicas bilaterales patrimoniales que, cuando tienen por objeto un fin público, ingresan a la categoría de los llamados contratos administrativos.

Para el autor Miguel Ángel Bercaitz, citado por Juan Carlos Cassagne, en la obra "Contratos Administrativos": El contrato no es una figura exclusiva del Derecho Privado, existe también el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de Derecho Privado, pero con elementos diferentes que derivan de su contenido, de su fin, de los intereses distintos que afecta y de su régimen jurídico propio.

La teoría del contrato administrativo ha surgido como una necesidad impuesta por la realidad. Se trata sencillamente de ciertas relaciones entre la Administración y los particulares nacidas por aplicación de una técnica contractual y cuyo régimen, sin embargo, difiere sensiblemente del aplicable a los contratos civiles.”. (Fernando Garrido Falla en “Tratado de Derecho Administrativo” Vol. II,  Pag.37).

Entre el contrato de naturaleza privada y el de naturaleza administrativa existen puntos comunes, pero las diferencias justifican la separación de los regímenes jurídicos a los que se en encuentran sometidos unos y otros; de hecho, el estudio pormenorizado de la materia podría inducirnos a sostener la existencia de más diferencias que semejanzas.

Rafael Bielsa en su obra “Principios de Derecho Administrativo”, señala: “Es contrato administrativo el que la Administración celebra con otra persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública”, el citado autor considera que: “(…) en todo contrato administrativo deben concurrir los siguientes elementos esenciales: a) Uno de los sujetos de la relación jurídica es la Administración pública (Estado, provincia, comuna o entidad autárquica) obrando como tal, es decir, como entidad de derecho público. b) El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública; por ejemplo, un servicio público propio, un empleo público, una obra pública (de interés general o colectivo), etc.

En ese mismo sentido, para el autor Mariano Gómez González, contratos administrativos son: "todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estado, de la Provincia o del Municipio".

De lo expuesto diremos que estamos frente a un contrato administrativo cuando: a) al menos una de las partes que interviene en su celebración es la Administración Pública  (elemento subjetivo); b) cuando el objeto sobre el que versa  se encuentra directamente relacionado con la satisfacción de necesidades de carácter público servicio o interés público- (elemento objetivo), que resulta importante para la comprensión de la presente resolución.

En nuestra legislación el art. 47 de la Ley 1178, reconoce la naturaleza administrativa de los contratos que suscriben las entidades de la Administración Pública que están sujetas a esa norma matriz de control, en ese sentido, en su parte final dispone que: " … son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza ...", de acuerdo a ello revisten naturaleza administrativa, por atribución legal, aquellos contratos que tengan por objeto directo: 1)  la ejecución de obras, 2) la provisión de materiales, bienes y servicios. Esto no quiere decir que éstos sean los únicos contratos de naturaleza administrativa, pero si son los únicos que expresamente se encuentran calificados como administrativos por la ley, en razón del objeto sobre el que versan, siendo la propia ley la que abre la posibilidad de que existan otros contratos administrativos en razón de su naturaleza, es decir a su directa vinculación con el interés o servicio público.

La diferencia entre el contrato administrativo y el privado, es de trascendental importancia a la hora de delimitar el régimen jurídico que resulte aplicable al negocio a celebrar o en la ejecución del contrato, más aún en el orden jurisdiccional competente para conocer de las controversias que surjan entre las partes, esto por razón de la especialidad.

El Órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de estos litigios, emergentes de contratos administrativos no puede ser confundido con el mismo operador judicial que atienda los litigios de índole privada, para el mismo nos permitimos citar el aporte doctrinario de Rafael Bielsa quien señala: “El conocimiento y decisión de todo litigio sobrevenido en la ejecución (o interpretación controvertida) de los contratos administrativos corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo. El fundamento y justificación de esta competencia está en el objeto del contrato administrativo, es decir, en el grado de interés público que el contrato contiene”  también señala comenta que: “Es contrario al principio de la competencia jurisdiccional someter a tribunales civiles o comerciales las contiendas surgidas en la ejecución o cumplimiento de un contrato administrativo. Tanto por el objeto (rationemateriae) como por ser partela Administración pública (rationepersonae), la competencia debe ser de los tribunales contencioso-administrativos (…)”.

Corresponde también señalar que la jurisdicción contenciosa, identificada como una jurisdicción especializada, no es un tema nuevo en nuestra legislación, para ello nos permitimos señalar que en la Constitución Política del Estado de 1967 en el art. 127 num. 8, ya se señalaba entre las atribuciones de la Corte Suprema, la de conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo, y de las demandas contencioso administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo, dicho texto fue mantenido en la reforma de la Constitución de 1994 en cuyo art. 118 num. 7 se llegó a mantener el referido texto; también el texto fue introducido en el art. 55 num. 10 de la Ley Nº 1455 de 18 de febrero de 1993. También el Código de Procedimiento Civil, vigente desde el 2 de abril de 1976, describe en sus arts. 775 y 778 la vía para el conocimiento de las causas contenciosas emergentes de contratos, negociaciones o concesiones del Poder ejecutivo y las causas contenciosas-administrativas, serán presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, esto quiere decir que el conocimiento y resolución de las causas contenciosas emergentes de los contratos de la Administración Pública (entendida así de acuerdo a su interpretación extensiva) resulta ser competencia del Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia).

Posteriormente la nueva y actual Constitución Política del Estado Plurinacional, tan solo refirió en el art. 179 la existencia de jurisdicciones especializadas conforme a ley, empero de ello hasta que el legislador elabore esa jurisdicción especializada se promulgó la ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 en cuyo art. 10 se señaló lo siguiente: “I. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada…”, hasta esa fecha los aspectos contenciosos emergentes de los contratos administrativos debían ser conocidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pues la ley les atribuía esa competencia, para resolver las controversias emergentes de los contratos administrativos, por lo que las causas ingresadas a los tribunales ordinarios juzgados civiles- ya se encontraban con vicio de procedimiento, pues estos operadores judiciales no tenían la facultad de resolver controversias emergentes de contratos administrativos de “interés público”, esa facultad estaba atribuida a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia); consiguientemente, se concluye que si el operador judicial en materia civil hubiera sustanciado la controversia de contratos administrativos de “interés público”, ha viciado todo el procedimiento.

Posteriormente, se dicta la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, cuyo objeto de acuerdo al primer articulado- es la de crear en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y de los Tribunales Departamentales de Justicia, Salas especializadas en materia contenciosa y contenciosa-administrativa, norma legal que describe la calidad de los procesos a ser sustanciados en las Salas especializadas tanto del Tribunal Supremo como en los Tribunales Departamentales, describiendo el procedimiento a seguir y la forma de impugnación, también en la ley de referencia se señaló que los procesos en trámite seguirán siendo de conocimiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al art. 6, dicha disposición no debe ser confundida con el resto de los procesos sustanciados ante operadores judiciales en materia civil (que se encuentran viciados de nulidad por el factor de competencia), ya que el legislador tan solo refirió a los procesos que se encuentran sustanciando en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y no a los que se encuentran tramitando en juzgados en materia civil, que en cualquier caso la vía correcta de sustanciación  -de las causas ahora analizadas- corresponderá ser corregida.

El Contrato de Consultoría para la elaboración del estudio de factibilidad y diseño final del mejoramiento vial Unduavi-Chulumani de 5 de marzo de 1997 que cursa a  fs. 124 a 129 base de la demanda que nos ocupa, fue suscrito entre la Prefectura del Departamento de La Paz y el Consorcio GMI PROFIN CONSULTORES S.A., tiene por objeto la “ejecución de los trabajos de Estudio de Factibilidad y Diseño Final del mejoramiento vial Unduavi Chulumani” conforme indica su Cláusula Segunda, el mismo que es resultado de un proceso administrativo de contratación siguiendo las normas establecidas en la Resolución Suprema 216145 referentes a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, consiguientemente se trata de un Contrato Administrativo que tiene por finalidad la prestación de un servicio de interés público, el mismo que se halla comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental; correspondiendo la solución de controversias emergentes de este tipo de contratos administrativos, ser dilucidada ante la jurisdicción contenciosa.

En base a los antecedentes expuestos, el sub lite se advierte que el Juez civil operador judicial que tramitó la causa- no tenía la competencia para el conocimiento y resolución de la controversia, cuando en esa oportunidad el mismo debió ser sustanciado ante la Sala Plena de la Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia), sin embargo de ello la nueva disposición Ley N° 620- dedujo nuevos lineamientos para el conocimiento y resolución de los litigios emergentes de la contienda de los contratos administrativos de “interés público”, por lo que al evidenciar que el Juez de Partido en lo Civil tramitó la causa sin competencia corresponde reorientar la vía que corresponde a esa contienda, con la anulación de obrados, cuyo criterio ya fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia N° 0060/2014 de 03 de enero, por lo que la parte actora deberá reconducir su pretensión ante uno de los operadores judiciales descritos en los arts. 2 o 3 de la  mencionada Ley N° 620.

Correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el art. 271 numeral 3), con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados sin reposición hasta el Proveído de fecha 18 de Junio de 2010 cursante a fs. 184 vlta., sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Tercero