TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 270/2015 - L

Sucre: 24 de abril 2015

Expediente:         CB-62-10-S

Partes: Empresa SERINCO S.R.L. representada por Carlos Gualberto Rico

            Soliz  c/ Honorable Alcaldía Municipal de Quillacollo.

Proceso: Resolución de contrato, pago por las prestaciones ejecutadas y

              resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 1712 y vta., interpuesto por Carla Lorena Pinto Bustamante en representación de la Honorable Alcaldía Municipal de Quillacollo, contra el Auto de Vista de fecha 29 de mayo de 2010, cursante a fs. 1703 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de Resolución de contrato, pago por las prestaciones ejecutadas y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por la Empresa SERINCO S.R.L. representada por Carlos Gualberto Rico Soliz Premoldeados MAC S.R.L. contra la Honorable Alcaldía Municipal de Quillacollo; la concesión de fs. 1716; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de fecha 31 de enero de 2007, cursante de fs. 1669 a 1674 vta., declarando IMPROBADAS las excepciones de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho y de causa legitima opuestas contra la demanda, PROBADA la excepción de ilegalidad, opuestas contra la acción reconvencional, PROBADA la demanda ordinaria principal, sin cotas por ser juicio doble e IMPROBADA la reconvención; en consecuencia resolvió los contratos suscritos entre SERINCO y la Alcaldía Municipal de Quillacollo, suscritos el 29 de septiembre de 1995 y 15 de abril de 1997, este último mediante Escritura Pública Nº 661/97 otorgado por ante Notario de Gobierno de la ciudad de Cochabamba, declarando extinguidas las obligaciones incumplidas; del mismo modo determinó que habiéndose cumplido el contrato parcialmente las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido, por lo que determino que en ejecución de sentencia se determine el importe de las prestaciones legítimamente ejecutadas por SERINCO, así como los daños y perjuicios a pagarse por la Alcadia demandada.

Contra la referida Sentencia, Ruth Mireya Antezana Vargas en calidad de apoderada del Honorable Alcalde Municipal de Quillacollo Dr. Ricardo Mercado Mercado, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 1691 a 1692.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, emitió Auto de Vista de fecha 29 de mayo de 2010, cursante a fs. 1703 y vlta., mediante el cual ANULO el auto de concesión del recurso de apelación de fs. 1694 vlta., y a mayor abundamiento declaró ejecutoriada la sentencia de fecha 31 de enero de 2007, sin costas.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación interpuesto por Carla Lorena Pinto Bustamante en representación de la Honorable Alcaldía Municipal de Quillacollo, el mismo que se pasa a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Denuncia que el Auto de Vista fue pronunciado de manera subjetiva sin ningún fundamento de hecho y de derecho, pues considera que lo señalado en dicho Auto, de que no se habría cumplido con los requisitos establecidos en el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, no resulta evidente, toda vez que en su recurso de apelación habría denunciado que no se habría valorado ni efectuado un análisis objetivo de los elementos de prueba aportados y que dicho extremo vulneraría los arts. 191, 192 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, asimismo, señala que denunció la inobservancia del art. 197 del mismo cuerpo legal; en base a esas consideraciones la recurrente denuncia que estableció claramente el agravio que sufrió el Municipio de Quillacollo y al haber sido el Auto de Vista anulatoria, vulneraría el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, la parte recurrente solicita se case el Auto de Vista recurrido y se subsanen las leyes conculcadas por el Tribunal Ad quem.


CONSIDERANDO III:                                                

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En el marco del recurso y de la revisión de obrados, corresponde establecer los siguientes aspectos:

El art. 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza...", así también el autor Rafael Bielsa en su obra “Principios de Derecho Administrativo” señala: “Es contrato Administrativo el que la Administración celebra con otra persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública”, acotando que “…todo contrato administrativo deben concurrir los siguientes elementos esenciales A) Uno de los sujetos de la relación jurídica es la Administración pública (Estado, provincia, comuna o entidad autárquica) obrando como tal, es decir, como entidad de derecho público. B) El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública; por ejemplo, un servicio público propio, un empleo público, una obra pública (de interés general o colectivo), etc.”.

Criterio similar expone Roberto Dromi al señalar que: “La caracterización del contrato administrativo resulta: a) del objeto del contrato, es decir, las obras y los servicios públicos cuya realización y prestación constituyen precisamente los fines de la Administración; b) de la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la función administrativa, y c) de las prerrogativas especiales de la Administración en orden de su interpretación, modificación y resolución”.

En este contexto, este Tribunal Supremo ha caracterizado como elementos generales de todo Contrato Administrativo: la existencia de un acuerdo de voluntades, la concurrencia de la Administración como una de las partes, la generación de obligaciones entre el contratista y la Administración, el acuerdo de voluntades se forma para la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público. Siendo los principales rasgos característicos de estas formas contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiesta en las condiciones del contrato; las formas solemnes en el procedimiento de contratación; el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se manifiesta en las denominadas cláusulas exorbitantes, por guardarse prerrogativas propias de los órganos estatales, como son, el poder de control, poder de modificación unilateral del contrato, entre otras, manifestación expresa de su papel protector de los intereses públicos.

Otra de las particularidades de los contratos administrativos es que se diferencian con los contratos civiles en virtud de que los contratos civiles las partes tienen igualdad de condiciones pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebran conforme lo establece el art. 454 del Código Civil en cambio en los contratos administrativos " ...el principio de la autonomía de la voluntad de las partes queda subordinado al interés público, por lo que no existe igualdad jurídica..." (Elizabeth Iñiguez de Salinas), no cuentan con igualdad y la Administración Pública puede unilateralmente modificar o extinguir cualquier contrato administrativo a diferencia del particular que no cuenta con dicha facultad.

Otra de las diferencias es que en los contratos regidos por el derecho privado, hay intereses privados entre las partes firmantes, en cambio en los contratos administrativos la Administración procura la satisfacción del interés público

Por otra parte se debe señalar que la Constitución Política de Estado Plurinacional, así como la Ley del Órgano Judicial, reconocen y regulan las jurisdicciones especializadas y dentro de ellas a la jurisdicción contencioso administrativa, desarrollada y regulada por la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, al igual que la Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990; así también, el Código de Procedimiento Civil en su art. 775 dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia…”, precepto normativo que tenía relación con lo normado en la anterior Constitución que también atribuía la competencia emergente de la contención de los contratos administrativos a la Extinta Corte Suprema de Justicia, que actualmente se encuentra regulada por la Ley Nº 620  de 29 de diciembre de 2014, cuyo objeto “es crear en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y en los Tribunales Departamentales de Justicia, Salas en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa.”, estableciendo sus atribuciones y competencias para la sustanciación de causas en sus art. 2 y 3,  además en su art. 6 que los procesos en curso, archivados y los presentados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán siendo de competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, aspecto que no debe ser confundido por las partes, ya que dicho precepto normativo sólo hace referencia a los procesos que se tramitan en Sala Plena y no así a los que de manera viciada se tramitaron en la jurisdicción ordinaria Civil, casos en los que corresponderá iniciar la correcta sustanciación en la vía que corresponde por ley.

En ese entendido, en el caso de autos, Carlos Gualberto Rico Soliz  en representación de SERINCO S.R.L., por memorial cursante de fs. 444 a 445 y vlta., interpuso en la vía ordinaria civil demanda de resolución de los contratos suscritos entre SERINCO y la Alcaldía Municipal de Quillacollo, los que datan de fechas 29 de septiembre de 1995 y 15 de Abril de 1997 que cursa en la Escritura Pública Nº 661/97 extendida por el Notario de Gobierno de la ciudad de Cochabamba y que a la vez contiene la ratificación del primer contrato, asimismo, demandó el pago de las prestaciones ejecutadas por SERINCO S.R.L., resarcimiento de daños y perjuicios y costas, pretensionesque fundamentó aduciendo que la Alcaldía de Quillacollo a través de la licitación pública Nº 60/95 convocó a consultoras nacionales para que realicen la ejecución del Proyecto de Catastro Urbano de la ciudad de Quillacollo, proyecto que fue adjudicado a favor de la empresa SERINCO S.R.L., por lo que en fecha 29 de septiembre de 1995 se suscribió el respectivo documento de prestación de servicios en instrucción minutaria, en el que se estableció que la empresa realizaría el Catastro Urbano de la ciudad de Quillacollo y que el mismo se ajustaría a los términos de referencia y metodología que iban hacer preparadas por la municipalidad; de igual modo, señala que se pactó que la ejecución del trabajo tendría un costo de $394.667.- y una duración de 8 meses computables a partir de la fecha del desembolso del anticipo convenido del 10%, el que debía entregarse a la firma del contrato, sin embargo manifiesta que el mismo jamás fue entregado por la Alcaldía de Quillacollo. De igual modo señala que en fecha 07 de noviembre de 1995 la empresa SERINCO S.R.L recibió un adelante del anticipo de $us. 19.733.- equivalente al 5% del contrato original y que sobre dicha base comenzaron a realizar sus labores aunque no a plenitud por el bajo importe. Posteriormente señala que ante el cambio en la administración del Municipio de Quillacollo y de diversas controversias como la falta de suscripción del protocolo del contrato primigeneo, se arribó a un acuerdo con la Alcaldía el que se materializó con la suscripción de la Escritura Pública 661/97 de 15 de abril de 1997 en la que además de ratificar el documento firmado y de ser una instrucción minutaria, elevarlo a la categoría de contrato, se estipuló que SERINCO efectué una disminución del precio global en la suma de $us. 19.733,35 y a la vez se estableció un cronograma de pagos para proseguir con el proyecto y el pago de $us. 30.000.- a la firma del contrato, empero, señala que una vez más la Alcaldía incumplió con el contrato porque no se hizo entrega de dicho importe y tampoco cubrió nada adicional, pese a eso, manifiesta que la empresa SERINCO realizó una gran cantidad de labores para las que fue contratado pero que el incumplimiento de la Alcaldía imposibilitaron la ejecución de su labor.

En base a lo expuesto supra, corresponde referirnos al contrato de fecha 29 de septiembre de 1995 y el de 15 de abril de 1997 que cursa este último en la Escritura Pública Nº 661/97 y que a la vez contiene la ratificación del primer contrato, sobre prestación de servicios para la Realización del Catastro Urbano de la ciudad de Quillacollo, de los cuales se deduce: la existencia de un acuerdo de voluntades entre la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de Quillacollo y SERINCO S.R.L.; la concurrencia de la Administración Pública como una de las partes que en el caso concreto viene hacer la Alcaldía de Quillacollo; la generación de obligaciones entre la consultora y la Administración pactada en la prestación de servicios para la Realización del Catastro Urbano de la Ciudad de Quillacollo, dicho contrato fue suscrito en el entendido de que la Alcaldía al tener como una de sus principales  fuentes de ingresos la recaudación impositiva de predios y construcciones que se hallan en su jurisdicción, y siendo que la recaudación no se realizaba en forma eficiente por carecer de un catastro moderno y actualizado, toda vez que solo un pequeño porcentaje de los aproximadamente 15.000 predios se encontraban registrados en su catastro, se vio la urgente necesidad de realizar un catastro completo de la ciudad; en base a esas consideraciones es que se deduce el carácter del interés público de dicha prestación.

En cuanto a la finalidad que llevó a las partes a suscribir el contrato de prestación de servicios con el objeto de realizar el Proyecto de Catastro Urbano de Quillacollo, este no resulta privado ya que la recaudación de los impuestos del total de los predios y construcciones serán empleados en beneficio de la colectividad (Quillacollo).

De esta manera, en razón a lo establecido precedentemente, se concluye que tanto el contrato de fecha 29 de septiembre de 1995 y el de 15 de abril de 1997 que cursa este último en la Escritura Pública Nº 661/97 y que a la vez contiene la ratificación del primer contrato ya señalado suscrito entre la Alcaldía de Quillacollo y la empresa SERINCO S.R.L., que son base del litigio resultan ser por su naturaleza contrato administrativo sujeto a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público, que está orientado a la satisfacción del interés público, sin que ello suponga sacrificar los principios de justicia y equidad al que todo Estado debe enmarcarse, razón por la que este tipo de contratos están sujetos al derecho administrativo.

De lo expuesto supra se establece que las normas Constitucionales anteriores y actuales así como la normativa que rigen la materia, no confirieron ni confieren a la jurisdicción ordinaria Civil la competencia para la tramitación de contención derivada de contratos administrativos ni actos administrativos, precisamente por la naturaleza de estos; por lo que los jueces de instancia al haber conocido y sustanciado en la vía ordinaria la presente causa obraron sin competencia en razón de la materia, siendo la misma de orden público determinada por ley, de observancia y cumplimiento obligatorio, por consiguiente sus actuaciones encuentran viciadas de nulidad.

Por lo expuesto precedentemente corresponde emitir fallo en base a los arts. 271 num. 3) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 274 del Código de Procedimiento Civil y art. 106 del Código Procesal Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición y dispone que la parte actora acuda ante la jurisdicción competente, conforme a la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014.

Sin responsabilidad por ser excusable.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Tercero