TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                        S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 269/2015 - L

Sucre: 24 de abril 2015

Expediente: LP - 05 - 11 - S

Partes: Sociedad de Abogado Consultores Multidisciplinarios (SACM)  c/

            Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Proceso: Cumplimiento de contrato y pago de honorarios

Distrito: La Paz.


VISTOS.- El recurso de casación en el fondo de fs. 1414 a 1420, interpuesto por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de sus representantes legales, contra el Auto de Vista Nº 318/2010 de 12 de octubre de 2010, emitido por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso de cumplimiento de contrato y pago de honorarios, seguido por la sociedad Civil de Abogados Consultores Multidisciplinarios (SACM) contra Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el auto de concesión del recurso de fs. 1434, los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I                                                        

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz,  pronunció Sentencia de fecha 16 de agosto de 2006, cursante a fs. 734 a 741, por el que se declaró PROBADA la demanda principal y la segunda ampliación (se tenga por cumplidas y ejecutadas todas las prestaciones) e IMPROBADA la primera ampliación (el pago del 50% por concepto de honorarios de mandataria) al igual que la demanda reconvencional sobre pago de daños y perjuicios.

Apelada la Sentencia por la entidad Estatal a través de su representante legal, se concedió el recurso al igual que las apelaciones concedidas en efecto diferido (Resoluciones Nº 25/2005 por la que se desestimó la declinatoria de competencia; Nº 53/2005 por la que se declaró improbada las excepciones de incompetencia e impersonería en el demandante; 291/02, por el que se dejó sin efecto los otrosí 1º y 2º de la providencia de fs. 374; auto y providencia de 16 de septiembre de 2005; providencia de 12 de octubre de 2005; Auto de 21 de octubre de 2005, auto de 22 de noviembre de 2005), en cuyo mérito la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia del Departamento de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 318/2010 de 12 de octubre de 2010, cursante a fs. 1384 1387, REVOCO la resolución Nº 53/2005 de fecha 09 de febrero de 2005 declarando probada la excepción de incompetencia de fs. 200 a 2004, sin pronunciarse sobre los otros recursos interpuestos.

Resolución de alzada que es impugnada por Marcelo David Canseco Fuentes, Andrea Cecilia Reque Carranza y Silvana Karina Escobar Martínez en representación de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a través del recurso de casación en el fondo de fs. 1414 a 1420, y que es motivo de autos.


CONSIDERANDO II                                                                           DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Luego de la exposición de los antecedentes del proceso, el recurrente en forma por demás confusa, desordenada y reiterada acusa los siguientes agravios.

1.-Acusa la vulneración de los arts. 397.II del Código Civil, debido a que pese a que el Auto de Vista revocó la resolución Nº 53/2005 de 09 de febrero del 2005, declarando probada la excepción de incompetencia, sin embargo no consideró la prueba de reciente obtención, consistente en: contrato de prestación de servicios, constitución de la sociedad que tiene una duración de solo cinco años, cronograma de pagos, comprobantes de pago a SACM,  por la cual  YACIMIENTOS demostró haber pagado a la parte actora el  monto de $us. 770.147,68, que supera el monto demandado, cumpliendo de su parte con la carga de la prueba conforme prevé art. 1283 del Código Civil y 375 de su Procedimiento, que hacen a la procedencia del recurso de casación en el fondo conforme dispone el art. 253 núm. 3) del adjetivo Civil.

2.- Que la resolución recurrida no se pronunció respecto a las otras apelaciones deducidas y concedidas, vulnerando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, vulnerando el derecho a la defensa y seguridad jurídica.

3.- Que YPFB, no puede continuar pagando honorarios a favor de una Sociedad inexistente, cuya personería se cuestiona debido a que dicha sociedad fue constituida por el plazo de 5 años y la misma no acreditó su reconstitución por todos los socios fundadores, que hacen a la impersonería en la parte demandante.

4.-  Que la sentencia y el Auto de Vista con las resoluciones dictadas están obligando a la empresa estatal al pago de sumas de dinero que superan aun el monto demandado, en franca vulneración al art. 31 de la Ley 1178.

Concluye solicitando se anule el Auto de Vista, hasta que dicho tribunal emita un pronunciamiento de fondo de conformidad a lo dispuesto por los arts. 250, 253-1) y 3), 258-2), 271-3, 275-1) y 257 del Código de Procedimiento Civil.


CONSIDERANDO III.                                                        

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De los antecedentes se tiene que el presente proceso versa sobre cumplimiento de “contrato de prestación de servicios profesionales y/o iguala profesional”, suscrito el 02 de julio de 2002, entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Sociedad Civil de Abogados Consultores Multidisciplinarios (SACM), para la atención y patrocinio en la vía judicial de procesos civiles y coactivos de la entidad estatal ya sea como que está institución actué como sujeto activo o pasivo, contrato en el que esencialmente se pactó porcentajes de pago a favor de SACM por el trabajo requerido, aspectos que denotan ante todo que nos encontrándonos frente a un contrato.

Dentro de ese marco, en forma general se puede señalar que el contrato es un acuerdo de voluntades del que nacen obligaciones de contenido patrimonial, normado por la Ley y con consecuencias jurídicas; esta conceptualización nos permite realizar una precisión en función a los sujetos que intervienen en la relación contractual y el tipo de legislación que le es aplicable; es así que se tienen, los contratos privados, donde los sujetos intervinientes persiguen intereses particulares y sus obligaciones y derechos se mantienen en un plano horizontal por la prestación recíproca que emana del contrato, relación contractual propia del derecho privado, que se encuentran regulados ordinariamente por el Código Civil; por otra parte se encuentran los contratos administrativos, donde interviene el Estado como parte contratante, mediante instituciones que componen la Administración Pública, relación contractual que se ve compelida a la satisfacción de necesidades de carácter público y su regulación pertenece al Derecho Administrativo.

La distinción de estas dos formas contractuales no puede tomarse a la ligera, puesto que cada uno cumple objetivos específicos y distintos, asimismo, en caso de controversia, la jurisdicción a la cual están sometidos son diferentes. El contrato de carácter privado, es el medio más común del relacionamiento obligacional entre las personas, lo que no implica que éste modo contractual sea una regla constante, más aún cuando existe relaciones contractuales donde participa el Estado. Es basto el estudio que se ha realizado del contrato privado, por lo que sobraría un análisis al respecto, entonces, fijaremos nuestra atención en los contratos de orden administrativo, por las peculiaridades y efectos que contiene.

El Contrato Administrativo, como una forma de contrato que realiza la Administración Pública con particulares se encuentra ligado a las necesidades de la sociedad; el conglomerado social para satisfacer sus necesidades públicas, requirió el aumento de obras y la adquisición de bienes y servicios, por lo que el contrato privado, origen del contratoadministrativo, alteró sus obligaciones, características y alcances jurídicos, hasta adoptar una forma alterna y adecuada a la necesidad de la Administración, ésta es la génesis del contrato administrativo.

Precisando los elementos y características propios de éste tipo contractual, el A.S. No. 405 de 1ro de noviembre de 2012 delineó línea jurisprudencial bajo éste razonamiento: "El autor Mariano Gómez González, define a los contratos administrativos como: "...todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estado, de la Provincia o del Municipio".

León Duguit, afirma que: "No hay diferencia en cuanto al fondo, entre un contrato civil y otro administrativo, lo que da a un contrato el carácter administrativo y fundamenta la competencia de los tribunales administrativos, es la finalidad del servicio público en vista de la cual se celebra".

Alfonso Nava Negrete señala que: "El contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público".

Elizabeth Iñiguez de Salinas define al contrato administrativo como: "el acuerdo de voluntades generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen con otro órgano administrativo o con un particular o administrado para satisfacer finalidades públicas".

En general podemos decir que hay contrato administrativo cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial. De esta manera habrá contratos administrativos en el ámbito de los cuatro órganos que conforman el poder estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

Al respecto el art. 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza.".

Siguiendo ese mismo orden el art. 32 del D.S 29190 establecía que "los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría, son de naturaleza administrativa".

Por su parte el D.S. 181 de 28 de junio de 2009, al respecto en su art. 85° prevé “(Naturaleza) Los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa”.

En ese sentido, podemos destacar como elementos generales de todo Contrato Administrativo: la existencia de un acuerdo de voluntades, la concurrencia de la Administración como una de las partes, la generación de obligaciones entre el contratista y la Administración, la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público -adquisición de bienes y servicios-. Siendo los principales rasgos característicos de estas formas contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiesta en las condiciones del contrato; el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se manifiesta en las denominadas cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común, a través de las cuales a la entidad pública contratante se le reconoce una serie de prerrogativas que no ostentan los particulares y, que tienen como fundamento la prevalencia no solo del interés general sino de los fines estatales. Estos fines e intereses permiten a la administración guardarse prerrogativas o poderes de carácter excepcional propias solo de los órganos estatales, como son, el poder de control, de interpretación unilateral, poder de modificación unilateral del contrato cuando lo impone el interés público, poder de terminación, entre otros, a través de las cuales se manifiesta su rol de administrador y protector de los intereses públicos, que solo pueden ser ejercidos por la administración."

En el marco de lo expuesto, no debe quedar duda sobre la existencia y aplicación del contrato administrativo, donde sobresale la característica de la participación del Estado (Administración Pública) como parte contratante, participación que realiza como ente de derecho público y no privado; la Teoría de la Doble Personalidad del Estado, base para el entendimiento de que el Estado participaba en los contratos como un privado quedó superado por el impulso doctrinal moderno, bajo ese sustento, Elizabeth Iñiquez de Salinas (Contratos Administrativos- Ponencias Tribunal Constitucional de 24 de agosto de 2005) asevera: "Históricamente el Estado en ejercicio de su poder soberano imponía en toda circunstancia su voluntad y era inconcebible la igualdad entre las partes y el respeto riguroso a los pactos suscritos con particulares. Más tarde, el Estado o la Corona ante la creciente necesidad de prestación de servicios por los particulares, y no pudiendo contratar con ellos en ejercicio de su poder, creo la ficción de que lo hacía como un particular con otro particular para que se encargue de los actos de gestión, con una personalidad diversa a la del poder público"; razonamiento confirmado por el estudioso Roberto Dromi (Derecho Administrativo, 2006, pág. 472) que señala: "La personalidad del Estado es una. No tiene una doble personalidad, pública o privada, que le posibilite celebrar contratos administrativos y contratos, civiles, comerciales, sujeto a regímenes especiales. El Estado tiene una sola personalidad, que es publica, aunque su actividad pueda en algunas oportunidades estar regulada por el Derecho Privado". De lo señalado, podemos concretar que el Estado, o las personas públicas que la componen, actúa siempre como persona de derecho público, aunque algunos de sus actos, puedan ser regidos por el derecho privado, lo que no significa que se despoje de su poder público y se le atribuya una personalidad privada.

La doctrina propia del Derecho administrativo, orienta también, que la regulación específica del contrato administrativo, está enmarcada bajo dos parámetros:

1.- El procedimiento de contratación, regido al componente de control del gasto público y la igualdad entre particulares a contratar.

2.- Las estipulaciones nacidas de la seguridad del interés público, al momento de asegurar el cumplimiento del objeto de la contratación, regido por la posición dominante del Estado en la relación contractual. (imperium).

En nuestro ordenamiento jurídico, con la vigencia de la actual Constitución Política del Estado en su art. 179.I ha sido reconocida las jurisdicciones especializadas al margen de las ya existentes, sin embargo su funcionamiento no pudo consolidarse de manera plena por falta de una ley específica que la regule, tan solo se emitieron disposiciones legales transitorias sobre esta materia como la Ley Nº 212 del 23 de diciembre del 2011, la misma que en su art. 10.I asigna competencia a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para el conocimiento de las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como jurisdicción especializada”.

Con posterioridad, con la vigencia de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 (también de carácter transitoria), se crea en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y en los Tribunales Departamentales de Justicia, las Salas en Materia Contenciosa Administrativa estableciendo sus atribuciones conforme se encuentra descrito en sus art. 2 y 3, aspecto que debe ser tomado en cuenta por las partes litigantes a la hora de acudir a las instancias correspondientes a hacer valer sus pretensiones.

Consiguientemente, son los indicados Tribunales y en esas instancias a quien la ley atribuye competencia para ejercer la jurisdicción contencioso-administrativa y conocer las causas a que se refieren los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil, en tanto la misma no sea regulada por ley especial; la primera citada norma legal hace referencia a los casos en que exista controversia emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, sin embargo esta última previsión, no debe ser interpretada de manera limitativa, en sentido de hacer mención únicamente a los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo comprendido éste solo en su nivel central, por el contrario la misma debe ser interpretada en un sentido amplio, pues, como se analizó inicialmente, el contrato de naturaleza administrativa es el parámetro que debe tenerse en cuenta a efectos de habilitar la jurisdicción especializada contencioso-administrativa, concluyendo que habrá contrato administrativo en la esfera de los cuatro Órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), entidades públicas con plena autonomía y en si en la esfera de toda entidad estatal sujeta a la Ley Nº 1178, pues en esos ámbitos del Estado se desarrolla una función Administrativa y existe el interés público, siendo el objeto directo de la contratación la que determina la naturaleza administrativa del contrato.

Estando debidamente asignada por ley (aunque de manera transitoria), la competencia para el conocimiento y resolución de todo litigio emergente de la interpretación controvertida y de la ejecución de los contratos administrativos a determinadas instancias del Órgano Judicial con carácter especial; resulta contrario a las reglas de competencia jurisdiccional someter esas controversias a los Jueces ordinarios de materia civil o comercial, lo que encontraría sanción en lo previsto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado que establece que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

En el caso de autos, se tiene que la pretensión de la parte actora radica en solicitar el cumplimiento de “contrato de prestación de servicios profesionales y/o iguala profesional”, suscrito el 02 de julio de 2002, entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Sociedad Civil de Abogados Consultores Multidisciplinarios (SACM), evidenciándose en principio que nos encontramos frente a un contrato administrativo por la concurrencia en su suscripción de una entidad de orden estatal; cuyo objeto es la atención y patrocinio en la vía judicial de procesos civiles y coactivos de dicha entidad-, es decir el objeto del presente contrato es la prestación de servicios a favor de la entidad estatal (YPFB), contrato que es resultado de un proceso administrativo de contratación vía excepción autorizada por R.A. Nº 021/01 de 12 de abril de 2001, aprobada por la Presidencia Ejecutiva de Y.P.F.B en cumplimiento a la R.S. Nº 216145 referente a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que tiene directa relación con lo dispuesto por el art. 47 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental que dispone: “…son contratos administrativos aquellos que se refieren a la contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”; del mismo modo el art. 85 del D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009 señala: “Los contratos que suscriben las entidades pública para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa”, por su parte la Ley Nº 1178 y la norma que regula el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, sitúa a los contratos de prestaciones de servicios a la administración pública, como un contrato administrativo, sea cual fuere la modalidad de servicio que se presente.

En ese orden, siendo que el contrato base de la demanda es sobre la prestación de servicios profesionales, realizado bajo la modalidad de contratación por excepción en beneficio de una entidad pública, cuya finalidad es asumir defensa del patrimonio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que viene a ser de interés público, se tiene que dicho contrato es de naturaleza administrativa que se halla comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº1178 de Administración y Control Gubernamental, regido a la vez por Normas Básicas del sistema de Administración de Bienes y Servicios en los aspectos de su ejecución y resultados, los cuales deben ser resueltos ante la jurisdicción contenciosa especializada.

Sin que el hecho de que la parte actora persiga el pago de honorarios profesionales que aparentemente estaría pendiente de pago, le quite el carácter administrativo, por consiguiente cualquier discrepancia emergente de aquel contrato, debe ser dilucidada por y ante la jurisdicción especializada.

Si bien las partes, consintieron en la competencia del Juez ordinario en lo civil para la sustanciación de la presente causa, debe tenerse presente que la prórroga de competencia sólo opera en razón de territorio mas no en razón de materia, por ser esta de orden público, bajo sanción de nulidad como lo establecía la Ley de Organización Judicial Nº 1455 vigente al momento de la interposición de la presente demanda, y actualmente en la Ley 025 del Órgano Judicial.

En consecuencia éste Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, sin realizar consideraciones en torno al recurso planteado, en aplicación del art. 252 del Adjetivo civil y 106.I del Código Procesal civil,, emite resolución en la forma determinada por el art. 271 inc. 3) del mismo cuerpo normativo.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 122 de la Constitución Política del Estado y de los Arts. 252 y 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición, debiendo la parte actora accionar su derecho ante el órgano jurisdiccional competente.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley N° 025, notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Tercero