TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo:260/2015

Sucre:14 de abril 2015

Expediente: CB  5  15  S

Partes:Dory Elena Jiménez Prudencio. c/ Herederos de José Ustáriz Ramírez,

los señores: Freddy,Carmen y Olma Ustáriz Peña y contra presuntos

interesados.

Proceso:Nulidad de Contrato de compra-venta, cancelación totalde registros y

gravámenes y devolución de propiedad.

Distrito:Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 376 a 378 vta., interpuesto por Dory Elena Jiménez Prudencio contra el Auto de VistaNº 160/2014 de 08 de julio de 2014 que cursa de fs. 372 a 373 vta., emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de Nulidad de Contrato de compra-venta, cancelación total de registros y gravámenes y devolución de propiedad seguido por Dory Elena Jiménez Prudencio en contra de Herederos de José Ustáriz Ramírez, los señores: Freddy, Carmen y Olma Ustáriz Peña y contra presuntos interesados, la contestación de fs. 383 y vta., la concesión de fs. 397, los antecedentes del proceso, y;


C0NSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabambadictó Sentencia Nº 267/2012 de 25 de septiembre de 2012 que cursa de fs. 324 a 334, por la que declara:1. Improbada la demanda de fs. 36 a 40. 2. Probada la excepción de falta de acción y derecho invocada por el Defensor de Oficio de los demandados losHerederos de José Ustáriz Ramírez de nombres Carmen Ustáriz Peña, Freddy Ustáriz Peña y Olma Ustáriz Peña y presuntos interesados, por memorial de fs. 59-61, declarando innecesario pronunciarse sobre el resto de las excepciones perentorias opuestas.


Resolución que es apelada por la parte actoraDory Elena Jiménez Prudencio mediante memorial de fs. 337 a 340 y vta., ypor el codemandado Freddy Ustáriz Peña por memorial de fs. 351 a 352, que merece el Auto de Vista Nº 160/2014de 08 de julio de 2014 que cursa de fs. 372 a 373 y vta., que anula obrados con reposición hasta fs. 62 inclusive, disponiendo que la Juez de la causa antes del pronunciamiento del Auto de relación procesal, se pronuncie respecto a la litis consorcio pasivo necesario de acuerdo a los fundamentos de la resolución.Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por laactoraDory Elena Jiménez Prudencio, que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone la recurrente:

En el fondo.-


Haciendo reminiscencia de los antecedentes de la presente causa señala lo siguiente:


1. De los alcances de la medida preparatoria de declaración jurada:


Denuncia que el Auto de Vista recurrido señala que la medida preparatoria de declaración jurada de Rolando Quiroga Rivas, debe entenderse como un elemento de inclusión de éste en la demanda en calidad de litisconsorcio pasivo, y que al no haberlo hecho, se ha degenerado el proceso.


Con relación a lo señalado, transcribiendo el art. 319 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, refiere que el objetivo de la medida preliminar era determinar si se debía o no incluir en el proceso al señor Rolando Quiroga Rivas, y como quiera que el indicado bajo juramento señaló que no tuvo ninguna participación en la minuta de 06 de octubre de 1992, es más la propiedad ya la consideraba como transferida a su favor, se llega a concluir que los señores Vocales interpretaron erróneamente el art. 319 inc. 1) en relación al art. 67 ambos del Código de Procedimiento Civil, ya que en virtud de la declaración jurada, se considera que no era necesario ingresar en juicio con el señor Rolando Quiroga Rivas, no siendo aplicable al presente caso los precedentes de los Autos Supremos citados, ya que los mismos hacen referencia a que debe incluirse a las partes contratantes en la demanda de nulidad de contrato en calidad de litisconsorcios pasivos, pero en ninguno de esos casos existía previamente una medida preliminar de declaración jurada prestada por una de las partes contratantes.

2. De la procedencia de la nulidad de obrados:

Acusa que el Auto de Vista señala que de acuerdo a lo establecido en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil en relación al art. 119 de la Constitución Política del Estado, se ha generado un vicio de nulidad que ha vulnerado el derecho fundamental de Rolando Quiroga Rivas a la defensa y el debido proceso, por lo que corresponde anular obrados para sanear la causa.

La Ley del Órgano Judicial en su art. 17, regula que la nulidad de obrados solo procede en los casos determinados expresamente por ley o cuando la irregularidad haya sido reclamada oportunamente en la tramitación de la causa. Por otra parte, el Código Procesal Civil pone en vigencia anticipada los arts. 105 al 109 que en suma dispone que las autoridades judiciales, solo pueden declarar la nulidad de un acto procesal, cuando dicha nulidad este expresamente determinado por ley o cuando haya sido reclamada oportunamente, y más concretamente en segundo instancia, cuando conste el reclamo de nulidad en el recurso de apelación.

Todo ello lleva a concluir, que los señores Vocales aplicaron indebidamente el art. 252 del “Código Procesal Civil”, ya que dicho artículo habla de la nulidad de oficio en recursos de casación y no en recursos de apelación; por otra parte no existe una disposición legal que señale expresamente la nulidad de obrados por la no incorporación al litisconsorcio pasivo a una de las partes contratantes, lo que significa que los señores Vocales han violado el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, y los arts. 105-I, 106-I y 108-I del Código Procesal Civil.

3. Perjuicio extremo por la nulidad de obrados:

Refiere que el proceso ha sido iniciado en fecha 18 de mayo de 2006, y se pretende anular nuevamentecon el Auto de Vista de 08 de julio de 2014, siendo éste proceder violatorio de los principios de celeridad, protección oportuna y pronta por parte de los jueces y tribunales y que se encuentran contenidos en el art. 2 inc. 7 de la ley del Órgano Judicial y art. 115 de la Constitución Política del Estado; en suma de confirmarse la nulidad de obrados ello no solo implicaría la perdida de ocho años de proceso, sino que implicaría la perdida de ocho años de gastos económicos, y la necesidad de seguir gastando para recuperar su propiedad que fue ilegalmente transferida.

Por los fundamentos expuestos, de acuerdo a los arts. 271 inc. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil solicita casar el Auto de Vista recurrido, pidiendo “resolver el recurso de apelación” de fecha 03 de octubre del 2012 con pronunciamiento de responsabilidad y multa a los Vocales.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.La normativa preceptuada por el art. 106 de la Ley Nº 439 en concordancia con el art. 17 de la Ley Nº 025 establecen la obligación de los Tribunales del examen de oficio de las actuaciones procesales, en ese antecedente corresponde considerar si la nulidad de obrados dispuesta por el Ad quem se enmarca a lo establecido por nuestro ordenamiento legal vigente y los principios que rigen las nulidades procesales.

1.1. La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 de la Ley Nº 439, establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso.

Asimismo, en mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación y de acuerdo al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante; a este respecto, la Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde se ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o Primera instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o Primera instancia…". Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. 

1.2. En la especie, el Ad quem en el tercer considerando del Auto de Vista recurrido, como fundamento para disponer la nulidad de obrados indica quecorrespondía al Juez de la causa en conocimiento de la demanda, integrar de oficio a las partes que intervinieron en su celebración, pues solo así, la Sentencia sería útil en derecho y surtiría válidamente sus efectos respecto a todos los legitimados, al no haber obrado de esa manera el Juez A quo soslayó su función de director del proceso y permitió que la causa se desarrolle con un vicio de nulidad por lo que el Tribunal se ve obligado a anular obrados en resguardo del debido proceso, a fin de que la causa se sustancie con la participación de todas aquellas personas que pudieran verse afectadas con la Sentencia que se pronuncie, nos referimos a Rolando Quiroga Rivas que aparece en el documento cuestionado de nulo como vendedor, para precautelar el derecho a la defensa; por lo que concreta que de soslayarse el análisis del instituto del litisconsorcio a la presente causa, se generaría inseguridad jurídica respecto a la cosa juzgada, consiguientemente integrar a la litis a Rolando Quiroga Rivas, no solo era obligación del juez sino también de la parte actora; en base a esos fundamentos procedió de oficio a anular obrados hasta fs. 62 inclusive, disponiendo que el Juez de la causa antes del pronunciamiento del Auto de relación procesal, se pronuncie respecto a la litis consorcio, por cuyo motivo no se pronunció respecto a la apelación interpuesta tanto por la parte actora así como por la parte demandada.

No obstante, de la revisión de las infracciones acusadas por las partes recurrentes, conforme se evidencia también del segundo considerando de la resolución de alzada de fs. 372 a 373 y vta., se conoce que ninguna de ellas ha solicitado la nulidad de obrados porhaberse soslayado el instituto del Litis consorcio, tampoco por falta de citación al garante de evicción. De donde se infiere que el Ad quem al anular obrados hasta el auto de relación procesal, no ha fundado su decisión en petitorio expreso de las partes.

1.3.Ahora bien, el fundamento del Ad quem para disponer la nulidad de obrados se basa esencialmente en la falta de conformación del “litis consorcio pasivo necesario”. Al respecto el art. 67 del Código de Procedimiento Civil al referirse al litisconsorcio preceptúa que: “Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez”; por su partela doctrina clasifica al litis consorcio en activo, pasivo, mixto, necesario y facultativo, correspondiendo a efectos del presente caso relievar las dos últimas clasificaciones referidas, respecto a los cuales el tratadista Enrique Lino Palacios en su obra “Derecho Procesal Civil” Tomo III, indica que: “El litisconsorcio es facultativo cuando su constitución obedece a la libre y espontánea voluntad de las partes, y es necesario cuando la pluralizada de sujetos se halla impuesta por la ley o por la naturaleza de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión procesal”, ampliando el criterio referido manifiesta: “Existe litisconsorcio necesario cuando la eficacia de la sentencia se halla subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal sea propuesta por varias personas, o frente a varias personas, o, simultáneamente, por o frente a varias personas”.En cuanto al litisconsorcio facultativo, indica que éste, “…se caracteriza por el hecho de responder a la libre y espontánea voluntad de las partes que intervienen en el proceso. Por lo tanto, no viene impuesto por la ley o por la naturaleza de la situación jurídica controvertida, sino que se halla autorizado por razones de economía procesal y de certeza en la aplicación del derecho, es decir, respectivamente, sea para evitar la dispersión de la actividad procesal o el pronunciamiento de sentencias contradictorias”.

 
1.4.En el caso de autos, del contrato de compra-venta de 6 de octubre de 1992 que fue objeto de nulidad a través de la demanda por parte de la hoy recurrente, se infiere que se trata de una minuta de transferenciade lote de terreno, con reconocimiento de firmas por ante el Juez de Mínima Cuantía, que realizó Rolando Quiroga Rivas en favor de José Ustariz Ramírez, documento que se halla registrada en Derechos Reales conforme se conoce de fs. 12 y 198 a 199.

 
Luego de interposición la demanda y con el correspondiente juramento de desconocimiento de domicilio se procede a citar a los demandados herederos de José Ustáriz Ramírez, de nombres: Freddy, Carmen y Olga Ustáriz Peña y a presuntos interesados, mediantes edictos de ley (fs. 50, 51 y 55), sin embargo una vez cumplido con el principio de publicidad y comunicación en el presente caso, al no haber comparecido a asumir defensa en el término de ley los referidos demandados, se designa defensor de oficio, emperoéste último en el ejercicio del derecho a la defensa tenía como una de las alternativas el de hacer valer la excepción de evicción conforme señala el art. 627 del Código Civil y pedir primeramente que se llame en la causa al vendedor para que se integre al proceso y asuma defensa a favor del comprador, toda vez que en la cláusula cuarta del contrato se establece de manera expresa las garantías de evicción y saneamiento que otorgaRolando Quiroga Rivas a favor de José Ustariz Ramírez, empero en el presente caso al contestar a la demanda y no hacer uso del artículo referido,se decidió ejercer la defensa de manera directa sin la intervención del vendedor Rolando Quiroga Rivas.

 
Si la parte demandada habría optado por hacer valer la excepción de evicción estamos frente a la necesidad de conformar el litis consorcio facultativo con el referido vendedor y no así el litisconsorcio necesario como incorrectamente lo entiende el Ad quem, toda vez que el primero se constituye precisamente como consecuencia de la sola voluntad de la parte litigante que tiene la facultad de pedir o no la conformación del litis consorcio conforme se tiene expuesto en la cita doctrinaria precedentemente señalada, por eso se denomina facultativo. Empero la parte demandada, resolvió no hacer uso de esa opción o alternativa que la ley le otorga cual es la excepción de evicción y decidió asumir defensa sin la intervención del vendedor, descartándose de esta manera la conformación del litis consorcio facultativo.


En cambio, el litis consorcio necesario extrañado por el Ad quem podría justificarse siempre y cuando la demanda de nulidad hubiere sido interpuesta por el comprador suscribiente del contrato o sus herederos, caso en el cual sí habría sido necesaria la intervención en el proceso en calidad de litis consorcio necesario de la otra parte contratante que es Rolando Quiroga Rivas; aspecto que no ocurre en el caso de autos toda vez que es una tercera persona, que viene a ser la ahora recurrente, que no forma parte del documento contractual, quien interpuso la demanda de nulidad de dicho contrato de transferencia, con el objeto de atacar al derecho adquirido por la parte demandada, descartándose de esta manera la conformación del litis consorcio necesario.

 
Por otra parte, se debe tener presente que de acuerdo al art. 194 del adjetivo civil, la Sentencia solo comprende a las partes que intervienen en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas; en el caso presente, como consecuencia de la emisión de la Sentencia de primera instancia, ésta no genera directamente ningún efecto contra Rolando Quiroga Rivas, en consecuencia los fundamentos vertidos por el Tribunal de Alzada para disponer la nulidad de obrados hasta el estado del Auto de relación procesal a ésta altura del proceso no tienen la trascendencia debida.


De donde se infiere que el Ad quem, al haber decidido a través del Auto de Vista anular obrados hasta el estado de calificación del proceso con el fundamento de que el “A quo se pronuncie respecto a la litis consorcio pasivo necesario”, por lo que considera innecesario resolver laapelación deducida por las partes, resulta siendo incorrecta, en consecuencia los agravios de forma y de fondo corresponden ser resueltos por el Tribunal de Alzada en el marco de sus facultades y atribuciones establecidas, en estricta aplicación de la ley y del recurso de apelación interpuesto tanto por la parte demandante así como por la parte demandada.

1.5.Si bien la Ley faculta a los jueces y tribunales actuar de oficio en determinados casos, pero esa actuación debe ser dentro de los límites que establece la propia Ley; en el caso presente, el Ad quem en su labor fiscalizadora incurrió en exceso al disponer la nulidad de obrados hasta el Auto de relación procesal, decisión que no se justifica, por el contrario se encuentran al margen de los alcances que disponen los arts. 16 y 17-III de la Ley 025 del Órgano Judicial, aspecto que además va en contra de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia.

Por lo que en conclusión podemos referir que el Tribunal de Alzada al disponer la nulidad de obrados, ha infringido la normativa precedentemente señalada, vulnerando también de esta manera el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, lo que corresponde ser enmendado por este Máximo Tribunal.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme al art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.


2. Finalmente, al haberse emitido una resolución anulatoria por parte del Ad quem, de manera aclaratoria debemos indicar que contra esa resolución anulatoria, únicamente corresponde la interposición del recurso en la forma y no en el fondo, lo que impide a este Tribunal Supremo ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo interpuesto.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) y art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de VistaNº 160/2014 de 08 de julio de 2014, cursante de fs. 372 a 373 vta., y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva lasapelaciones interpuestas con la pertinencia del art. 236 de la norma Adjetiva Civil.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero