TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 259/2015

Sucre: 14 de Abril 2015

Expediente:LP6 15 S

Partes:Luís Aguilera Enríquez por Wilson Henry, Oscar Luís, Javier, Sonia

Eugenia Aguilera Alcón, y Juana Lucila Alcón deAguilera c/ Honorable

Alcaldía Municipal de La Paz

Proceso:Nulidad de documento

Distrito:La Paz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 322 a 323 y vta., interpuesto porCarmen Alejandra Castro Arteaga por el Gobierno Autónomo Municipal de La Pazcontra el Auto de Vista Nº S-375/2014 de 12 de octubre de 2014 cursante de fs. 318 a 320, pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Nulidad de documento, seguido por Luís Aguilera Enríquez por Wilson Henry, Oscar Luís, Javier, Sonia Eugenia Aguilera Alcón, y Juana Lucila Alcón de Aguileraen contra de laHonorable Alcaldía Municipal de La Paz actualmente Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la respuesta al recurso de fs. 327 a 328 y vta.,la concesión de fs. 330, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Décimo Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, dictóSentencia N° 258 de 12 de agosto de 2013,cursante de fs. 275 a 277y vta., declarando Probada lademanda de fs. 8 ampliada a fs. 62 a 64, interpuesta por Luís Aguilera Enríquezcomo apoderado legal de sus hijos Wilson Henry, Oscar Luís, Javier, Sonia Eugenia y Juana Lucila Aguilera Alcón; disponiendo en consecuencia: 1) Declarar nula y sin valor legal alguno la Escritura Pública Nº 9/76 de la Notaría de Fe Pública del ex Notario Fidel Zumaran, 2) Se dispone la cancelación de la matrícula Nº 2010990114749 registro correspondiente a la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz,y3) Se dispone la rehabilitación de la partida 864, fs. 889 del libro “C” del año 1958 a nombre de Clotilde Alcón en toda la superficie original. Asimismo, declara improbada en su totalidad la demanda reconvencional deducida por la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz interpuesta por memorial de fs. 77 a 78 y vta.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por la parte demandada Carmen Alejandra Castro Arteaga por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por escrito de fs. 286 a 290 y vta., que mereció el Auto de Vista Nº S-375 de 12 de octubre de 2014, cursante de fs. 318 a 320, que Confirma la Sentencia apelada y el Auto complementario de fs. 280. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandada Carmen Alejandra Castro Arteaga por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone la parte recurrente:

1.Acusa Interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley:

Refiere que el art. 549 inc. 1) y 553 del Código Civil, según el Código Civil comentado y concordado por el Tratadista Carlos Morales Guillen, quien respecto al inc. 4) señala: 1.- “No se ha acreditado la falta de objeto cierto que forme la materia de la obligación, para anular el contrato, una vez que siendo el objeto de la convención el bien inmueble, específicamente determinado en ésta, con existencia real y física, dentro del comercio humano, lícito y jurídicamente posible hay evidencia de la existencia de objeto cierto (G.J. Nº 1602, p. 115)”. Como se establece, el error esencial en el cual apoyan su pretensión y acción está referido a la naturaleza u objeto del contrato, lo que quiere decir que el objeto sea cierto, de existencia evidente, lícito, dentro del comercio humano y específicamente determinado (el predio de 30 mts.2 existe, está dentro del comercio humano por ser lícito y jurídicamente posible de transferencia a favor de la Alcaldía).

El tratadista Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, en su pág. 393 a 394 al respecto establece que existen tres posibilidades: que verse sobre la naturaleza, la persona o cualidades esenciales del objeto, es decir nos referimos al error que recae sobre la persona en cuanto a que se trataría sobre la identidad del individuo físico, es decir sobre la identidad de las personas, que no cree sea el caso.Si nos referimos al error en el objeto sería el que recae sobre las cualidades fundamentales de la cosa, su existencia, identidad, cantidad, extensión. Entonces al haber suscrito la Escritura Pública Nº 009/2006 de la cual demandan la nulidad debía existir un error en la cosa cedida (30 mts2) en cuanto a su existencia (existía y existe), identidad (cesión gratuita de 30 mts.2 y sus construcciones del terreno de propiedad de Clotilde Alcón Nº 380 de la calle Sagárnaga a favor de la Alcaldía), cantidad y extensión (30 mts.2); entonces, según lo precedentemente establecido se tiene que la pretensión de la demanda carece de justificación legal para declararla probada, por cuanto todos los elementos del objeto están enmarcados dentro de los lineamientos legales y declararla probada es señalar que faltaban algunos de los requisitos señalados líneas arriba. Por cuanto, si sobre el objeto, la cesión efectuada no tiene ninguno de los errores señalados anteriormente y pedir tutela jurídica alegando que la Alcaldía a tiempo de la cesión conocía que se trataba de un bien constituido en monumento nacional por la arquitectura que presenta es caer en una observación de tipo subjetiva, por cuanto es alegar que los funcionarios municipales actuaron de mala fe lo que no es correcto ya que según el informe DPTN/UPTN Nº C 15872009 de fecha 28 de septiembre de 2009 (30 años después de la cesión) que la autoridad consideró como prueba de cargo establece en la última parte de sus conclusiones que la Oficialía Mayor de Culturas solicitará (a futuro) al Honorable Consejo Municipal que mediante Ordenanza específica se reconozca al inmueble con la categoría B. Entonces lo que se debió demandar era la ausencia de causa del contrato, ya que de no mediar la ampliación de la vía (Calle Sagárnaga), la señora Clotilde Alcón jamás habría firmado una cesión a favor de la alcaldía, por cuanto éste era el fin mediato para la suscripción del contrato y ante ese error en la pretensión de la acción en el caso de Autos debe corresponder declararla improbada.

De lo expuesto se establece también que tampoco ha existido una vulneración en el consentimiento de la cedente ya que, no hubo error, dolo o violencia a tiempo de realizar la cesión, por lo que suscribió un protocolo ante Notario de Fe Pública para proceder la alcaldía a la inscripción en Derechos Reales por lo que al carecer de pretensión la demanda como presupuesto procesal básico de la misma no existe efecto de ser tutelado por autoridad jurisdiccional. Por cuanto además el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se halla sobradamente consolidado ya que se encuentra hace más de 30 años con registro en Derechos Reales y fallar en contra es desconocer el derecho propietario municipal paceño por lo que su Sentencia es gravosa ya que se trata de un bien de dominio público no corresponde declararla probada.

Por lo que debió demandarse la nulidad del contrato por falta de causa del contrato por cuanto como se señaló líneas arriba la causa para la formulación del contrato se originó en la ampliación de la calle Sagárnaga y por cuanto además el art. 519 del Código Civil establece que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y no puede ser disuelto.

Por lo expuesto, y de conformidad con los arts. 250, 253 nums. 1 y 3, 254 en sus nums. 1 y 4, 255, 257, 258, 260, 271 nums. 3 y 4 todas del Código Civil y Código de Procedimiento Civil, solicita que este Tribunal Case el Auto de Vista recurrido, para que deliberando en el fondo, declare en su lugar improbada la demanda de nulidad de documento.

CONSIDERANDO III:                                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.Sobre interpretación errónea y aplicación indebi da de la Ley:

De manera preliminar corresponde referir que la parte actora fundamentó su pretensión principal de nulidad en la causal 4) del art. 549 del Código Civil, es decir: “Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato”, concretando los Tribunales de instancia “en error esencial sobre el objeto del contrato”; no obstante la parte recurrente vincula su infracción de“interpretación errónea y aplicación indebidaal inc. 1) y 4) del art. 549 y 553 del sustantivo civil”. Por lo mismo y en función a las infracciones denunciadas en el recurso de casación al estar las mismas relacionadas se hace necesario realizar las siguientes consideraciones:

1.1.El art. 519 del Código Civil preceptúa que “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo y por las causas autorizadas por ley”.

Nuestra normativa sustantiva civil en el art. 549señala los casos de nulidad del contrato indicando que el mismo será nulo: 1) Por faltar en el contrato, el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. 3) Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. 4) Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. 5) En los demás casos determinados por ley.

En interpretación de la doctrina, la invalidez de los actos vía nulidad importa, una sanción legal con la cual el contrato pierde sus efectos en virtud de una causa originaria, es decir establecido en su celebración, referida también como ineficacia estructural, infiriendo tres características de la sanción: a) la nulidad debe ser expresa, b) deja sin sus efectos propios, y, c) su causa es contemporánea a la celebración del acto, es decir es un vicio congénito.

1.2.Ahora bien, centrando nuestro análisis sobre la nulidad por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato, debemos referir que la doctrina ha concretado que el “error es el conocimiento equivocado de una cosa o de un hecho, basado en la ignorancia o en el incompleto conocimiento de la realidad de esa cosa o de ese hecho o de la norma jurídica que lo regula y puede recaer bien sobre la declaración de la voluntad, bien sobre la formación o sobre el contenido de la misma (Navarro Romero, Juan María, “Comentarios al Código CivilEspañol”, Edit. Bosch, Madrid España, 1979, Tomo II, Pag. 555)”.

El Tratadista Carlos Morales Guillen, en su obra “Código Civil Concordado y Anotado”, Tomo I, Cuarta edición, Edit. Gisbert, La Paz-Bolivia, 1994, Pag. 656, anota que “el error esencial llamado también error-obstáculo, impide la formación del consentimiento o concurso de voluntades, debido a que las partes no están de acuerdo sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad del objeto, de tal manera que hacen sus respectivas manifestaciones de voluntad, pensando que celebran contratos diferentes, o bien que se refieren a cosas distintas, lo cual impide que se forme el contrato…”.

Respecto a lo anterior,este Tribunal en los Autos Supremos Nº 272/2012 de 20 de agosto y Nº 046/2012 de 07 de marzo, ha razonado que “El error vicio según el Código Civil, puede ser esencial (art. 474), sustancial (art. Art. 475), o de cálculo (art. 476)…De lo manifestado precedentemente se establece que el error esencial se da cuando éste recae sobre: a) la naturaleza del contrato; b) el objeto del contrato.El error sobre la naturaleza del contrato se da cuando las partes creen celebrar contratos distintos, es decir cuando ambas tienen en mente negocios jurídicos distintos, ejemplo una tiene en mente la venta de un bien y la otra tiene en mente recibir el bien en donación, en ese caso las voluntades en lugar de integrarse se distancian pues ambas partes tienen en mente la celebración de un contrato distinto al que la otra concibe.El error sobre el objeto del contrato, es el denominado error in corpore que recae sobre la identidad del objeto o de la cosa, así por ejemplo una de las partes tiene en mente la venta de un inmueble ubicado en una determinada zona y la otra concibe la compra de un bien ubicado en una zona distinta, en cuyo caso no se produce la integración de las voluntades para dar nacimiento al consentimiento” (las negrillas y subrayado son nuestras).

En el caso de Autos, el objeto del contrato se encuentra perfectamente identificado en el contrato de 31 de octubre de 1975 con la cesión de 30 m2 de terreno y construcciones de la casa Nº 380 de la calle Sagárnaga de la ciudad de La Paz con destino al ensanche de la mencionada vía pública que efectúa Clotilde Alcónen favor de laHonorable Alcaldía Municipal; por lo mismo al existir en el convenio la identidad del objeto ha concurrido la integración de las voluntades y se ha dado nacimiento al consentimiento,de donde se conoce que no concurre en la especie el error esencial sobre el objeto de contrato, porque el objeto se encuentra debidamente identificado.

1.3.No obstante ello, en aplicación del principio “iurianovit curia” cuya aplicación consagra la doctrina y la jurisprudencia, y en virtud al cual, el juez no está vinculado al planteo jurídico de la demanda y por el contrario se encuentra en la libertad y obligación de resolver conforme al derecho que según él corresponde, resulta necesario precisar quedela cláusula primera del contrato de 31 de octubre de 1975, inserto en la Escritura Pública Nº 9/76 de fecha 07 de enero de 1976 (fs. 5 a 6 y vta.), se evidencia que Clotilde Alcón (abuela y madre de los demandantes) en su calidad de propietaria del bien inmueble Nº 380 de la calle Sagárnaga de la ciudad de La Paz, con registro en Derechos Reales bajo la partida Nº 127, fojas 567, Libro B, de 1956, cede gratuitamente 30 m2 de terreno y construcciones en favor de la Honorable Alcaldía Municipal con destino al ensanche de la mencionada vía pública. En la cláusula segunda del mismo contrato, se hace constar que laHonorable Alcaldía Municipal de La Paz, mediante Resolución Nº 1743/75 de 7 del mes en curso, que se inserta, acepta la anterior cesión, comprometiéndose a demoler la parte afectada del inmueble y consiguiente traslado de los escombros, encomendándose este trabajo al Departamento de Vías Urbanas.

Dela Resolución Municipal Nº 1743/75 de fecha 07 de octubre de 1975, inserta en la Escritura Pública supra referida, se conoce que en consideración alinforme Nº698/75 de la Dirección de Vías Urbanas y Expropiaciones se establece que la afectación del inmueble para el ensanche de la indicada calle alcanza a 30 m2 de terreno de propiedad de Clotilde Alcón, con destino al ensanchamiento de la calle Sagárnaga de esa ciudad, disponiéndose la extensión por el departamento legal de la correspondiente Escritura Pública, así como por la Dirección de Vías Urbanas se proceda a la demolición de la parte afectada y a la traslación de los escombros poniendo en línea municipal el referido bien inmueble, firmando las Autoridades Municipales al final del mismo.

Del detalle precedentemente efectuada se evidencia que la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz ha inducido a Clotilde Alcón a la cesión efectuada en su favor, toda vez que haafectadoparte del bien inmueble de su propiedad en la superficie de 30 m2 de terreno, precisamente en la parte frontal que da a la calle Sagárnaga, con destino al ensanchamiento de la misma, constituyéndose ésta afectación el motivo determinante de la liberalidad.

1.4.De la relación jurídica precedentemente referida se tiene que se ha suscrito un contrato de donación, al respecto el art. 655 del Código Civil preceptúa que “La donación es el contrato por el cual una persona, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación”.

Wilfredo Cervantes Ortíz, en su libro “Manual de Contratos”, Edit. “Tupac Katari”, Sucre-Bolivia, 2005, Pag. 140, refiere que el contrato de donación es un “contrato de carácter solemne por el cual una persona denominada donante por espíritu de liberalidad y de manera espontánea, procura el enriquecimiento, transfiriendo la propiedad de un derecho propio (bien mueble o inmueble), o renuncia a un derecho o asume una determinada obligación a título gratuito a favor de otra persona denominada donatario quien la acepta sin contraprestación alguna”, salvo el caso de la donación con carga o condicional.

El mismo autor al referirse a los tipos de donación hace referencia a la donación con carga,conceptualizando que “es aquella por el cual el donante expresa su espíritu de liberalidad, donando un bien mueble o inmueble al donatario, pero imponiendo una carga u obligación con la finalidad de que la cumpla dentro de los límites del valor del bien donado…”.

En relación a lo anterior Rubén H. Compagnucci De Casoen su obra “El Negocio Jurídico”, Edit. ASTREA, Buenos Aires-Argentina, 1992, Pag. 481, al referirse al modo o cargo concreta que: “El modo llamado también cargo, es una obligación accesoria que se impone al adquiriente de un derecho. Esta obligación importa una restricción y limitación a ese derecho, y se da en interés del instituyente o de un tercero”.

Cariota Ferrara, señalado por el mismo autor, dice: “Es una disposición o cláusula en la que se establece a cargo de una persona que se beneficia por testamento o donación la obligación de observar un determinado comportamiento; usar de una cierta manera de la cosa que se adquiere; realizar una prestación a favor del benefactor o de sus herederos o de un tercero”.

El cargo como una obligación sui generis, se constituye en un dar, hacer o no hacer (omisión) que debe cumplir el obligado. “El cargo tiene un carácter doble, por su naturaleza constituye una obligación y, como tal, su cumplimento puede ser exigido, incluso coercitivamente, y al mismo tiempo es una obligación accesoria al derecho que adquiere el destinatario de una liberalidad, esté no puede adquirir la liberalidad sin asumir la obligación en que consiste el cargo

De las definiciones precedentemente desarrolladas se puede extraer que el modo es siempre una obligación a cumplir por quien recibe el beneficio principal, y como nota característica que se da en los negocios a título gratuito.

En ese antecedente, en el caso de Autosdel contratodecesión gratuita que efectúa Clotilde Alcón de 30 m2 de terreno y construcciones de su propiedad en favor de la Honorable Alcaldía Municipal,se tiene como carga o modo de ésta última instituciónla demolición de las construcciones ubicadas en dicho predio con destino al ensanchamientode la calle Sagárnagade la ciudad de La Paz.

1.5.Ahora bien, en el referido contrato de fecha 31 de octubre de 1975,el modo o cargo del convenio en relación al obligado tendía ala demolición de las construcciones y el consiguiente ensanchamiento de la vía pública; empero, ella no puede efectivizarse, porque conforme se concluye en el informe pericial de fs. 231 a 244: “al ser éste inmueble catalogado como patrimonial, al haber sido ratificada la anulación de los trazos viales de ésta calle, el inmueble en cuestión no puede ser demolido, por lo tanto no habrá dicho ensanche de vía por parte de la Alcaldía de La Paz”, lo que se ratifica con la certificación de fs. 3, el informe de fs. 205 a 209, el acta de inspección ocular de fs. 247 a 249, corroborada por la fotografía de fs. 61 y certificado de fs. 299, de donde se concreta que la Honorable Alcaldía Municipal actual Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz, no podrá cumplir con su obligación accesoria de demolición de la parte frontal cedida, el traslado de los escombros y el ensanchamiento de la calle Sagárnaga de la ciudad de La Paz, toda vez que el predio donado por propia disposición municipal se constituye en bien patrimonial, en consecuencia el cargo se torna de imposible cumplimiento. 

Respecto a lo anterior Luís María Rezzónico, en su obra“Estudio de las Obligaciones en nuestro Derecho Civil”, Volumen 1, Edit. Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1961, Pag. 580 a 581, al referirse a los cargos imposibles, ilícitos o inmorales concreta:“Si las prestaciones que constituyen los cargos fuesen imposibles, ilícitos o inmorales, “no valdrá el acto en que fuesen impuestos…”.

Asimismo, nuestro sustantivo civil en el art. 676 establece que “La carga ilícita o imposible se considerará no puesta; más si ella ha constituido el motivo determinante de la liberalidad, la donación es nula”.

Jorge JoaquinLlambias en su obra “Tratado de Derecho Civil”, Parte General, Tomo II,Edit. Encuadernación Latino América S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2009, Pag. 336, al referirse a los efectos propios del cargo, por razón del carácter accesorio del cargo, concreta: “Pero, en cambio, si no se trata de la extinción del cargo, sino de su nulidad, por ser la prestación imposible, ilícita o inmoral, entonces esa nulidad se comunica todo el acto, y consiguientemente a la adquisición del derecho principal. Es lo que dispone el art. 564 haciendo una aplicación del principio general expuesto en el art. 526. Esta solución se justifica, porque resultando el cargo de un acto jurídico único, el vicio del cargo contamina originariamente a todo el acto, y por consiguiente al derecho principal que proviene de ese acto”.

Por su parte Carlos Morales Guillen, en su obra “Código Civil Concordado y Anotado”, Tomo I, Cuarta edición, Edit. Gisbert, La Paz-Bolivia, 1994, Pag. 951 a 952, trayendo a colación el Principio General:“Donatarios non debetremaneredamnificatus” = (El donatario no debe resultar perjudicado). M. Puigarnau, comenta que la “La sanción de inoperancia o de nulidad, según los casos previstos, para carga ilícita, se ajusta a las reglas generales de los arts. 485, 489 y 490”(del Código Civil).

1.6. Habiéndose establecido en el presente caso de autos que la afectación al bien inmueble de propiedad de la donante ha provocado la cesión de la parte frontal del bien inmueble de su propiedad en la superficie de 30 m2 de terreno que da a la calle Sagárnaga, con destino al ensanchamiento de la misma, constituyéndose ésta afectación el motivo determinante de la liberalidad, asimismo que la carga o modo de la Honorable Alcaldía Municipal es la demolición de las construcciones ubicadas en dicho predio con destino al ensanchamiento de la calle Sagárnagade la ciudad de La Paz, que empero ella es de imposible cumplimiento toda vez que el predio donado por propia disposición municipal que es de conocimiento publico se constituye en bien patrimonial; en consecuencia corresponde remitirnos en la especie alos arts. 485 y 489 del Código Civil.

El art. 485 del Código Civil al referirse a los requisitos del objeto del contrato especifica que “Todo contrato debe tener un objeto posible, lícito y determinado o determinable”.

En relación al requisito de objeto posible, debemos referir que en el presente caso concurre la imposibilidad jurídica, toda vez que se pretende adquirir derecho propietario sobre un predio declarado patrimonial que no puede ser demolido o alterado en su parte frontal en franco desconocimiento de las propias leyes municipales que declaran bien patrimonial al mismo.

De donde se concreta que la falta de los requisitos señalados para el objeto por el art. 485: posibilidad, licitud y determinabilidad, produce la nulidad del contrato conforme prescribe el art. 549 num. 2) del Código Civil.

Asimismo el art. 489 del sustantivo civil refiere que “La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa”.

Según la doctrina más difundida, causa es el fin inmediato y determinante que han tenido en mira las partes contratantes, es la razón directa y concreta de la celebración del acto jurídico y precisamente por ello resulta que la contraparte, no puede ignorarla. Por ejemplo, en los contratos onerosos, la causa del contrato será la contraprestación del otro o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. En los convenios gratuitos, será el propósito de beneficiar a una determinada persona.

En el caso de Autos la causa del contrato tendía al beneficio de la colectividad con el ensanchamiento de la vía pública; sin embargo no puede efectivizarse por el carácter patrimonial del bien inmueble que ha sido declarado por ley municipal, lo que no permite que la contraprestación de la parte demandada sea cumplida, porque esta no puede efectivizar la demolición de las construcciones existentes y cumplir con el ensanchamiento de la vía pública, sin alterar las buenas costumbres y al orden público establecido, de consiguiente la causa del presente contrato se torna en ilícita.

De donde se infiere que la causa ilícita prevista por el art. 489 del sustantivo civil, produce la nulidad del contrato conforme dispone el art. 549 num. 3) del Código Civil.

Por las razones expuestas se concluye que los Tribunales de instancia aunque con otros fundamentos han acogido correctamente la pretensión principal de la parte actora, toda vez que los hechos expuestos en la demanda principal se subsumen a las causales de nulidad precedentemente desarrolladas.

Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en el fondo, de fs. 322 a 323 y vta., interpuesto por Carmen Alejandra Castro Arteaga por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que recurre del Auto de Vista Nº S-375 de 12 de octubre de 2014 cursante de fs. 318 a 320, pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas, por tratarse de entidad municipal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero