TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                          S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 255/2015                                                                                     Sucre: 14 de Abril 2015                                

Expediente: CB 19 15 S

Partes: Hilaria Fernández vda. de Gonzales c/ Banco Mercantil S.A.

Proceso: Nulidad de escritura y otros

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación de fs. 312 a 316, formulado por Banco Mercantil Santa Cruz S.A., contra el Auto de Vista signado con Ptda. Nº 177 Libro N° 197 de 25 de julio de 2014 que cursa de fs. 306 a 309, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso de nulidad de Escritura Pública y otros seguido por Hilaria Fernández vda. de Gonzales en contra de Banco Mercantil y otros, la concesión de fs. 330, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Sexto en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, pronuncia la Sentencia Nº 47 cursante de fs. 223 a 228, de 17 de mayo de 2010, declarando probada la demanda de fs. 23 a 24 ampliada a fs. 65, improbadas las excepciones perentorias opuestas por los demandados contra la demanda principal, declarando nula la Escritura Pública Nº 264 de 9 de abril de 1992, suscrito por el Juez Quinto de Partido en lo Civil en favor del Banco Mercantil S.A., disponiendo también la cancelación de la partida Nº 987 del Libro de Propiedades de la Provincia Chaparé en fecha 24 de abril de 1992 en la oficina de Derechos Reales, la nulidad del protocolo que corresponde a la E. P. Nº 264 de 9 de abril de 1992.

Resolución que al ser apelado, fue resuelto mediante Auto de Vista de fs. 306 a 309 que confirma la Sentencia apelada,  fallo que a su vez es recurrida de casación objeto de estudio.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurso de casación se encuentra puntualizado, en la que se indica elementos fácticos y la presunta infracción de normas conforme a lo siguiente:

1.- En cuanto a la acusación relativa a que toda Resolución debe contener decisiones precisas sobre el objeto demandado conforme a los arts. 190 y 192 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, que solo corresponde a los sujetos procesales, en la que refiere a los sujetos procesales del proceso de nulidad contenido en el documento de fs. 11 a 16, en la que el Banco no es el demandado, acusando colusión de la familia Fernández-Sejas, que el préstamo hipotecario es un acto comercial conforme al art. 1330 del Código de Comercio.  

Refiere que el Auto de Vista, en los puntos 2 y 3 del segundo considerando, señala que la Sentencia que anula la venta de terrenos alcanza al préstamo hipotecario del Banco, por ser un contrato accesorio de lo principal, refiere que toda Sentencia debe contener disposiciones expresas, positivas y precisas, conforme al art. 109 y 192 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, para efectos de su ejecución conforme a los arts. 194 y 514 del mismo cuerpo legal.

Señala que la Sentencia de 30 de octubre de 1992 (fs. 11 a 16) registrada en Derechos Reales el 19 de enero de 1993, que declaró probada la demanda de  y declaró la nulidad de la venta realizada por Tomás Fernández a Dominga Fernández de Moller en 10 de enero de 1984 y dispuso la cancelación en la oficina de Derechos Reales, en el cual el Banco no fue demandado y su hipoteca no su objeto de cancelación, por ello considera que el Auto de Vista es erróneo porque el Banco no fue demandado y el contrato de préstamo hipotecario no es contrato accesorio del contrato de venta anulado; así el Auto de Vista no se dio cuenta de la colusión entre la familia Fernández-Sejas, que tiene el propósito de perjudicar al Banco.

Señala que el contrato de préstamo es un de carácter comercial, autónomo e individual como señalan los arts. 1330 del Código de Comercio y siguientes, en cambio la compraventa en un contrato civil, empero este no comprende ni alcanza al crédito bancario.

2.- En el punto 4 del considerando segundo, se indica que si en la Sentencia que el Banco no es parte en el proceso, empero estando ejecutoriada no se puede impugnar sino vía recurso de revisión; sostiene que la Sentencia hubiera referido que resulta nulo cualquier acto o contrato que haya realizado la falsa propietaria Dominga Fernández de Moller, que es una frase aislada que el Ad quem la trata de convertir en cosa juzgada, reclama que su crédito hipotecario no ha sido demandado de nulidad, incidiendo que para la fecha de suscripción del crédito hipotecario registrado en la oficina de Derechos Reales no existía la nulidad del título de propiedad del inmueble hipotecado, por ello su derecho es válido conforme al art. 1330 del Código de Comercio y art. 1287 del Código Civil.

En el punto 5 de fs. 308 del segundo considerando se habla de la ganancialidad, que no interesa para la finalidad del presente recurso. 

3.- En los puntos 6 y 7 del Auto de Vista, se fundamenta en sentido de que el registro de bienes no rige para este caso por no tratarse de un mejor derecho de propiedad, pues el registro de los actos y contratos se aplica en función a la seguridad jurídica, así el art. 1538 del Código Civil, así el contrato de la entidad financiera y Pablo Germán Moller y Dominga Fernández de Moller data de 5 de septiembre de 1989 registrado en Derechos Reales el 22 de septiembre de 1989, sobre el cual se ejerció el derecho de persecución que fue objeto de ejecución forzosa habiéndose extendido la Escritura Pública de 9 de abril de 1992 registrada en derechos reales el 24 de abril de 1992, conforme a los arts. 1360, 1470 del Código Civil,  y 42 de la ley Nº 1760, que fueron válidas porque fue otorgada por el propietario aparente que hubiera sido, mientras no se declare su nulidad de acuerdo al art. 546 y 1372 del Código civil, no afectando a los derechos de la entidad recurrente, ninguna enajenación ni vicios de nulidad anteriores a la adjudicación judiciales del inmueble como señala el art. 1470 y 1485 del mismo cuerpo legal. 

Señala que la Sentencia anulatoria en que se basa en presente proceso data de 30 de octubre de 1992 registrada el 19 de enero de 1993, frente al contrato de préstamo hipotecario y adjudicación judicial que son anteriores a dicha Sentencia, por ello acusa infracción de los art. 546, 1360, 1372, 1470, 1474 y 1485 del Código Civil y 42 de la ley Nº 1760.

Asimismo señala que el Auto de Vista, señala que en contra de la Sentencia del proceso ordinario procede el recurso de revisión previsto en el art. 297 del Código de Procedimiento Civil, y se contradice cuando las decisiones del proceso ejecutivo pueden ser revisadas  conforme al art. 28 de la ley N° 1760 en el plazo de seis meses, sujeto a caducidad dan do lugar a su ejecutoria sustancial  e irrevisable, por lo que no procede otra acción u otra vía conforme a lo establecido en el art. 1318-3) 1319 y 1451 del Código Civil, por lo que la entidad financiera ha sido sorprendida con la referida Sentencia, tramitada en colusión de la familia Fernández-Sejas, por lo que acusa violación de los arts. 1318-3), 1319, 1451, 1485 del Código Civil,  297, 490 y 545 del Procedimiento civil y art. 28 de la Ley N° 1760.

4.- En los puntos 8 y 9 del segundo considerando del Auto de Vista, señalan que la excepción de prescripción solo puede oponerse al primer momento de su presentación en el juicio y no en apelación como lo hizo el Banco; arguye que la excepción sea liberatoria o adquisitiva puede ser opuesta como previa o perentoria, también como pretensión o medio de defensa radical que resuelve por ello las leyes sustantiva y adjetiva permiten que la misma sea planteada en cualquier etapa del proceso aún en ejecución de sentencia como señala el art. 1492 y 1497 del Código Civil y 344 de su adjetivo; pues el Auto de Vista reconoce que desde el préstamo hipotecario, a la citación con la demanda transcurrieron mas de 13 años, desde la venta judicial y que se ha acreditado las prescripciones ordinaria y extraordinaria conforme a los arts. 134, 138, 1492, 1497 del Código Civil, y 344 de su procedimiento.

Por lo que solicita que se case el Auto de Vista y se declare improcedente o improbada la demanda y su aclaración y probadas las excepciones perentorias o alternativamente se declare probas las excepciones perentorias de prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- Respecto a la acusación relativa a que la Sentencia debe contener decisiones expresas, positivas y precisas sobre lo demandado conforme al art. 190 y 192 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, que comprende a los sujetos procesales que intervinieron en el proceso conforme a los arts. 194 y 514 del mismo cuerpo legal, refiriendo que en el proceso de nulidad cuyas copias cursan de fs. 11 a 16 la entidad financiera ni el préstamo hipotecario no fueron demandados, pues la pretensión de la Familia Fernández-Sejas es colusoria, siendo el préstamo un acto comercial conforme art. 1330 del Código de Comercio, deduciendo que se ha quebrantado el art. 190, 192, 194 y 514 del Código de Procedimiento Civil y art. 1330 del Código de Comercio.

Sobre dicha acusación se dirá que en relación a las normas procesales y la forma de haber acusado los arts. 190, 192, 194 y 514 del Código de Procedimiento Civil, se encuentran orientados a la forma de las Resoluciones, lo que quiere decir que es una acusación de forma; lo propio ocurre con acusar el art. 194 y 514 del mismo cuerpo legal cuyos artículos señalan el alcance de la Sentencia y sobre la ejecución de las Sentencias pronunciadas por los operadores judiciales, esto quiere decir que el contenido resulta ser formal. Ahora si la entidad financiera pretendía acusar normas de índole procesal, en la que se cuestiona la forma de las Resoluciones, sobre los alcances de la Sentencia y respecto a la forma de ejecutar la Sentencia, debió formular dichas acusaciones dentro de un recurso de casación en la forma, mecanismo de impugnación que puede analizar la forma procesal,  y no mediante un recurso de casación en el fondo, cuyo recurso verifica el mérito de las decisiones evacuadas por los operadores de instancia.

Por otra parte, en cuanto a la infracción del art. 1330 del Código de Comercio en sentido de que el préstamo hipotecario es un acto comercial autónomo e individual, se debe indicar que la Sentencia de grado no llegó a anular precisamente “el préstamo de dinero suscrito entre el Banco Santa Cruz S.A y Dominga Fernández de Moller, sino que anuló la venta judicial efectuada en proceso de ejecución.

2.- Respecto a la violación del art. 297 del Código de Procedimiento Civil, en sentido de que la entidad recurrente no acusó de infringida dicha norma, acusa que en la fecha de celebración de crédito hipotecario registrado en la Oficina de Derechos Reales no existía la nulidad del título propietario, por ello refiere que su título es perfecto y válido conforme al art. 1330 del Código de Comercio y 1287 del Código Civil.

Se debe indicar que el Tribunal de alzada no podía haber manifestado la vía de impugnación mediante la revisión extraordinaria del proceso (refiriéndose a la sentencia de 30 de octubre de 1992), pues en su calidad del Tribunal de alzada tan solo correspondía absolver los puntos acusados en el recurso de apelación respecto a este proceso y no activar o reconocer el mecanismo de impugnación de revisión de Sentencia, cuando el trámite y admisión de dicho medio de impugnación corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Por otra parte, en cuanto a los arts. 1330 del Código de Comercio, dicha norma señala lo siguiente: “(Concepto) El préstamo de dinero, como una forma del mutuo, es un contrato por el cual el prestatario se obliga a devolver al Banco prestamista una suma igual a la recibida de éste en los plazos estipulados y, además, a pagarle los intereses convenidos…” la norma descrita hace referencia al contrato de préstamo de dinero asignándole un concepto a ese contrato, consiguientemente en la presente causa, técnicamente no se ha afectado el “préstamo de dinero”, siendo el mismo de acuerdo a su naturaleza un contrato principal, empero de ello el recurrente no hizo alusión al contrato accesorio, pues la norma de referencia solo hace referencia al contrato principal de préstamo de dinero y no así respecto a un contrato accesorio como el de garantía, por lo tanto deduciendo con precisión que “el préstamo de dinero” (contrato principal) no ha sido afectado, se entiende que dicha norma no ha sido conculcada, pues de la revisión del recurso no guarda un exquisito tecnicismo como para ingresar en otra consideración que no sea la del contrato principal de préstamo de dinero, ya que la entidad recurrente aludió individualmente el art. 1330 del Código de Comercio, así también en cuanto al contrato principal de préstamo de dinero no se evidencia infracción del art. 1297 del Código Civil; También debe constar que las normas de referencia no precautelan específicamente una hipoteca, como entiende la entidad recurrente, en vista de que hizo alusión a un “crédito hipotecario”. Por último el aspecto de la ganancialidad, no es parte del thema decidendum, por ello inviable a considerar dicho aspecto.

3.- En cuanto a la acusación de que la entidad financiera hubiera celebrado un contrato de préstamo de dinero con los esposos Moller-Fernández, con garantía hipotecaria de la esposa que fue registrado en la oficina de Derechos Reales el 22 de septiembre de 1989 fs. 84, que fue sujeto a ejecución forzosa por la que se procedió a la venta judicial de la garantía y adjudicado la entidad financiera, que fue registrado el 24 de abril de 1992, conforme el art. 1360, 1470 del Código Civil y art. 42 de la Ley Nº 1760, siendo la venta forzosa válida mientras no se declare su nulidad citando los arts. 546 y 1372 del Código Civil, no afectando a los derechos del recurrente vicios de nulidad anteriores a la adjudicación conforme al art. 1470 y 1485 del Código Civil, señalando que la nulidad del primer proceso civil de nulidad de contrato la Sentencia fue registrada en Derechos Reales el 30 de octubre de 1992, siendo el préstamo anteriores a dicha nulidad, por ello acusa violación de los arts. 546, 1360, 1372, 1470, 1474 y 1485 del Código Civil y 42 de la Ley Nº 1760.

Sobre dicha infracción corresponde señalar que, pese a que la inscripción de la hipoteca aludida por la entidad recurrente hubiera sido efectuada con antelación del registro de la Sentencia que declaró la nulidad, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: primero que el art. 547 num. 1) del Código Civil, respecto al efecto retroactivo de la nulidad señala lo siguiente: “…1) Las obligaciones incumplidas se extinguen; pero si el contrato ya ha sido cumplido total o parcialmente, las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido. Sin embargo, si el contrato es anulado por incapacidad de una de las partes, ésta no queda obligada a restituir lo recibido más que en la medida de su enriquecimiento…”, esto implica que por el efecto de la nulidad declarada las obligaciones contraídas se extinguen y con ella obviamente también se extinguen los derechos adquiridos; siendo así que por el efecto de la primera resolución judicial en el que Dominga Fernández de Moller perdió su derecho de propiedad y para el caso presente, por ese efecto retroactivo también conlleva la nulidad de los posteriores actos, consiguientemente al no encontrase en el patrimonio de Dominga Fernández de Moller, el inmueble rematado y adjudicado, ya no podía efectuarse el remate de dicho inmueble, por ello es que la nulidad declarada afecta a todos los siguientes actos o contratos que nacieron a raíz de ese contrato declarado nulo, deduciendo que el vicio contractual resulta ser genético, al ser así todo lo que nació o desglosó a raíz de ese contrato nulo, también resulta ser nulo, salvo los casos en los que se haya operado la prescripción adquisitiva, para el cual la nulidad ya no tiene efecto, pues pese de la imprescriptibilidad de la nulidad, también se debe considerar que por el transcurso del tiempo podía generarse el nacimiento de otros derechos, como es el de la adquisición de la propiedad por vía de usucapión.

Por otra parte, en cuanto a que se hubiera vulnerado el art. 1485 del Código Civil, dicho texto refiere lo siguiente: “(Nulidad de los actos ejecutivos) No es oponible al adjudicatario o al asignatario la nulidad de actos ejecutivos que hayan precedido a la adjudicación o  asignación, excepto el caso de colusión con el acreedor ejecutante. Los otros acreedores no están obligados a restituir lo recibido por efecto de dichos actos ejecutivos…”, la norma refiere a que en caso de que el proceso ejecutivo haya sido anulado total o parcialmente no afectará la venta judicial efectuada y no perjudicará al adjudicatario (tercero adquiriente), esto quiere decir que para aplicar la norma en cuestión la nulidad debe ser exclusiva del proceso ejecutivo en el que se haya efectuado la venta judicial; empero, no refiere para nada a cerca de una nulidad del contrato o una nulidad del antecedente dominial del titular de la garantía, pues esta al ser un vicio genético identificado en el título del propietario que otorgó la garantía, no se encuentra respaldada por la protección que señala el art. 1485 del Código Civil, al ser esta norma exclusiva para la nulidad de los actos ejecutivos. Debe considerase también que para el caso de que el adjudicatario (entidad financiera recurrente) haya sufrido la evicción de la cosa adjudicada, tiene la vía expedita para reclamar por la restitución del precio de la venta, conforme señala el art. 1480 del Código Civil, norma que precautela los derechos del adjudicatario eviccionado.

Por otra parte, en cuanto a la acusación de haberse vulnerado el art. 546 del Código Civil, se dirá que la norma refiere a que la nulidad debe ser verificada judicialmente, al efecto corresponde señalar que en la causa se ha declarado la nulidad del testimonio de la venta judicial; asimismo en cuanto al art. 1360 del mismo cuerpo legal, que señala sobre la constitución de la hipoteca, la norma de referencia tan solo da la forma de la constitución de la hipoteca, que no tiene vinculación con el efecto de la nulidad que fue deducido en la presente causa; asimismo corresponde señalar que el art. 1470 del Código Civil, solo refiere del objeto del embargo y de la venta forzosa, que no tiene relación con el efecto que la nulidad declara respecto a los contratos; sobre el art. 1474 del mismo cuerpo legal, la norma tiene el siguiente texto: “(Enajenaciones del bien embargado) No tienen efecto, en perjuicio del acreedor embargante ni de los acreedores que intervinieron en la ejecución: 1) Las enajenaciones del bien embargado. 2) Las enajenaciones de muebles o inmuebles sujetos a registro hechas antes del embargo pero inscritas después, ni las de otros muebles si el adquirente no ha tomado posesión de ellos con anterioridad al embargo...”, la norma acusada de infringida refiere a las transferencias generadas sobre el bien embargado, no aplicable al caso de Autos, pues en la presente Litis se debate la nulidad de la venta judicial, por existir vicio genético en el antecedente dominial del propietario que otorgó la propiedad en calidad de garantía y posteriormente dicha garantía fue rematada; asimismo en cuanto a la infracción del art. 42 de la Ley N° 1760, que refiere a la adjudicación en favor del ejecutante en caso de ausencia de postores en un trámite de remate, no tiene relación con el efecto retroactivo de la nulidad.

4.- En cuanto a la acusación de que el Auto de Vista haya orientado a que el proceso ordinario puede ser impugnado por la entidad financiera mediante un recurso extraordinario de revisión de Sentencia, se ha indicado que el Tribunal no puede efectuar tal orientación, en vista de que es el Órgano pertinente (Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia) quien emite las resoluciones en sentido de admitir o rechazar las pretensiones sobre revisión extraordinaria de Sentencia, por ello no corresponde pronunciarse sobre la violación del art. 297 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo en cuanto, a que la revisión del proceso ejecutivo se encuentra sujeto a plazo de caducidad y que pasado el plazo no procede otra vía conforme a la presunción de verdad jurídica y la cosa juzgada; se debe indicar que la presente litis no es un proceso en el que se ha ordinarizado el proceso ejecutivo, sino que la presente causa, versa sobre la nulidad de la venta judicial, por considerar que el antecedente dominial de la propietaria y garante hipotecaria, contenía el vicio de nulidad (vicio genético), por ello al no ser el presente proceso uno de ordinarización del proceso ejecutivo, no se evidencia la violación del art. 1318 num. 3) del Código Civil que refiere a la presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario), tampoco existe infracción del art. 1319 y 1451 del Código Civil, referida a la cosa juzgada ya que en la presente causa en forma específica no se atacó la Sentencia del proceso ejecutivo, sino que se atacó la nulidad de la venta judicial, por considerar que el antecedente dominial de la constitución de la garantía (derecho propietario de la garante y propietaria) contenía vicio de nulidad (vicio genético).

5.- Sobre la excepción perentoria de prescripción, corresponde señalar que la entidad recurrente formuló las excepciones de  prescripción ordinaria y quinquenal, basada en el art. 344 del Código de Procedimiento Civil y art. 1497 del Código Civil, esto quiere decir que formuló una excepción basada sobre cuestiones de hecho.

Al efecto corresponde diferenciar lo que constituye una excepción perentoria de una pretensión de prescripción adquisitiva, la primera resulta ser el mecanismo procesal por el cual el litigante puede extinguir la acción intentada en su contra, estas excepciones pueden ser de diferente índole, la doctrina maneja como excepciones perentorias clásicas a la prescripción (liberatoria), la cosa juzgada, el pago, la falta de legitimación pasiva, y otras, que se encuentran orientadas a extinguir la acción formulada en contra del demandado.

Asimismo se dirá que en ejecución de Sentencia también se pueden presentar excepciones perentorias sobrevinientes, esto quiere decir que sobrevengan en el tiempo y sobre lo decidido en el proceso, estas resultan ser de especial tratamiento, el ejemplo clásico resulta ser el pago.

Ahora la excepción perentoria sobreviniente de prescripción adquisitiva, fue formulada en recurso de apelación, sobre la misma corresponde distinguir de acuerdo a la concepción clásica que deviene del Código Civil abrogado que clasificadas a las excepciones como prescripción liberatoria (que extingue las obligaciones) y la prescripción adquisitiva (que otorga el derecho de propiedad por inacción del derecho del propietario), la que actualmente es conocida en nuestro sistema como el instituto de la usucapión (decenal o quinquenal), no se denomina como “prescripción quinquenal u ordinaria”, se denomina “usucapión quinquenal” como uno de los modos de adquirir la propiedad, ahora si bien el art. 136 del Código Civil señala aplicar los términos de la prescripción en cuanto a las reglas de la suspensión y interrupción de los términos de la prescripción, no debe ser confundida con la aplicación del art. 1497 del mismo cuerpo legal, en cuanto a la posibilidad de formular la prescripción en cualquier tiempo, la norma se refiere a la prescripción (liberatoria) propiamente dicha y no así a la usucapión (que antes se denominaba prescripción adquisitiva), pues la regla contenida en el art. 136 del sustantivo de la materia es claro al señalar que solo son aplicables a la usucapión las reglas de la suspensión e interrupción de la prescripción y no otras disposiciones, como confunde el recurrente; de esa manera, si la entidad financiera pretendía usucapir la misma debió haber formulado su pretensión al momento de contestar la pretensión principal.

Por otra parte, se debe señalar que la entidad recurrente, en el recurso de apelación (fs. 256) formuló la excepción de prescripción de carácter sobreviniente, en la que arguye haberse operado tanto la prescripción quinquenal y prescripción decenal, las mismas resultan ser modos de adquirir la propiedad, que no tiene carácter sobreviniente en la causa litigada en los términos del art. 344 del Código de Procedimiento Civil, no pudiendo alegarse que las mismas puedan ser formuladas en cualquier etapa del proceso, alegando el art. 1497 del Código Civil -pues como se dijo- dicha norma es aplicable solo a la prescripción liberatoria, la cual, sí debe formularse en el primer escrito, sea como excepción previa (en caso de oponer excepciones previas), o como excepción perentoria (en caso de no haber formulado excepciones previas), o en el primer escrito de apersonamiento en caso de no haber comparecido al proceso; consiguientemente no se evidencia haberse infringido el art. 1497 del Código Civil y 344 de su procedimiento.

También corresponde señalar que las acusaciones sobre la infracción de los arts. 134, 138, 1492 del Código Civil, no corresponde ser absueltas en vista de que las pretensiones de usucapión quinquenal o decenal no han sido sustanciadas, siendo impertinentes al caso de Autos conforme a la fundamentación expuesta en los párrafos precedentes.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo en base al art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2.010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 312 a 316, formulado por Banco Mercantil Santa Cruz S.A., contra el Auto de Vista signado con Ptda. Nº 177 Libro N° 197 de 25 de julio de 2014 que cursa de fs. 306 a 309, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorario del abogado de la actora en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero