TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                           S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 250/2015                                                                 Sucre: 14 de abril 2015                

Expediente: SC2 15 S                                                            Partes: Blanca Lucia Saucedo Núñez. c/ Robert Vaca Zelaya y Elda Romero Vda. 

           de Cortez.        

Proceso: Reivindicación, desocupación y entrega de inmueble pago de daños y

              perjuicios, acción negatoria, lucro  cesante y daño emergente.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 467 a 470, interpuesto por Robert Vaca Zelaya y recurso de casación de fs. 473 a 475 interpuesto por Elda Romero Vda. de Cortez, contra el Auto de Vista de fecha 23 de septiembre de 2014 de fs. 463 a 464 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios, acción negatoria, lucro cesante y daño emergente; seguido por Blanca Lucia Saucedo Núñez contra Robert Vaca Zelaya y Elda Romero Vda. de Cortez; la respuesta al recurso de fs. 481 a 488; el Auto de concesión de fs. 480; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Blanca Lucia Saucedo Núñez, por memorial de fs. 78 a 79 y vta., adjuntado las literales de fs. 1 a 77, interpone en la vía ordinaria demanda de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios, acción negatoria, lucro cesante y daño emergente, ante el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital contra Robert Vaca Zelaya y Elda Romero Vda. de Cortez, argumentando ser propietaria del bien inmueble ubicado en la zona Norte, UV. 70, Mz. 21, lote Nº 29 con una superficie de 490.50 m2 de la ciudad de Santa Cruz, inscrita en oficinas de Derechos Reales bajo la partida computarizada Nº 010354127 de fecha 9 de diciembre de 1998, actualmente bajo la matricula Nº 7011990053170, mismo que lo adquirió del Comité Sindical de Trabajadores de la División Santa Cruz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Refiere que los detentadores precarios con apoyo político habrían logrado que el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante Ordenanza Municipal Nº 015/98 de 15 de mayo de 1998 declare de necesidad y utilidad pública y consiguiente expropiación los terrenos comprendidos en la UV.70, Mz.19, 20, 21, 23 y 25 del Barrio Willy Bendeck, otorgándoles el plazo no mayor a un año para la cancelación del valor del terreno; sin embargo habiendo transcurrido el tiempo establecido no se cumplió con la cancelación dispuesta por la Ordenanza Municipal referida.

En tal circunstancia, la demandante solicitó a la H. Alcaldía Municipal de Santa Cruz la reversión del bien en cuestión, a cuyo efecto fue emitida la Ordenanza Municipal Nº 408/2003 de fecha 23 de noviembre de 2003, misma que determinó textualmente en su artículo primero “Reviértase a dominio originario de BLANCA LUCIA SAUCEDO NUÑEZ el lote de terreno de 490.50 m2 de superficie, lote Nº 29, manzana 21 de la UV.70 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, manteniéndose inalterable en lo demás, la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015/98 DE 15 DE MAYO DE 1998, PROMULGADA EN FECHA 19 DEL MISMO MES Y AÑO”. Amparada la demandante en dicha Ordenanza Municipal, señala ser nuevamente titular y legitima propietaria del lote de terreno descrito anteriormente, al efecto interpuso la presente acción en contra de personas que se encontrarían detentando el lote de terreno de su propiedad.

Citados los demandados; Elda Romero Vda. de Cortez contesta la demanda fuera del término previsto por ley, motivo por la cual es rechazada. Y Robert Vaca Zelaya contesta y opone excepciones oportunamente.

Sustanciado el proceso la Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, mediante Sentencia Nº 69/2013 de 11 de noviembre de  2013 cursante de fs. 420 a 423, declaró probada la demanda de fs. 78 a 79 y vta., e improbada la demanda reconvencional, disponiendo que los demandados entreguen el inmueble a su propietaria en el plazo de 15 días de ejecutoriada la sentencia.      

Contra esa resolución de primera instancia y auto aclarativo, los demandados Elda Romero Vda. de Cortez y Robert Vaca Zelaya, interpusieron recurso de apelación de fs. 438 a 440 y vta., y a fs. 454 a 457 respectivamente; en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 23 de septiembre de 2014, cursante de fs. 463 a 464, confirma la Sentencia apelada de fecha 11 de noviembre de 2013, modificando únicamente la forma de ejecución de la misma; resolución recurrida en casación por los demandados, cursante de fs. 467 a 471 (Robert Vaca Zelaya) y fs. 473 a 475 (Elda Romero Vda. de Cortez), mismos que se pasan a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación en la forma y en el fondo interpuesto por Robert Vaca Zelaya, se tiene lo siguiente:

En la forma:

1.- Violación del art. 90 del Código de Procedimiento Civil y 131 de la Ley de Municipalidades, con relación al art. 254 Inc. 4) y 7) del C.P.C. El recurrente alega infracción a las normas citadas, en el entendido de que; en todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles debe citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva, en función a los intereses municipales para constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad. En el presente caso no se habría citado con la demanda al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, pese a haber un antecedente de expropiación del lote de terreno de la actora.

2.- Violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, mismo que establece que la Sentencia recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas. Al efecto refiere que la Sentencia y menos el Auto de Vista impugnado hubieran tomado en cuenta ni considerado que la actora no ofreció su prueba respecto de los cuatro punto fijados en el Auto de relación procesal, tampoco se habría hecho referencia a las pruebas ofrecidas y producidas por su parte.

3.- Violación del art. 192 del Código de Procedimiento Civil, establece que la Sentencia y el Auto de Vista deberían contener un análisis y evaluación fundamentada de la prueba, situación que no se hubiera dado en el  caso que nos ocupa, reitera que el  Auto de Vista impugnado no habría analizado la prueba ofrecida y producida  de su parte, textualmente señala “no dice nada de la prueba aportada de mi parte simplemente la ignora pero confirma la sentencia”.

4.- Violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, manifiesta que la Sentencia de segunda instancia debería ser congruente y fundamentada respecto de los agravios expuestos en el recurso de apelación. Acusa que Auto de Vista sería incongruente, al no haber respondido a todos los puntos solicitados en la apelación, reitera la no valoración de pruebas, de su demanda de usucapión, rechazo de la prueba de la actora, misma que no hubiera demostrado los cuatro puntos fijados en el Auto de relación procesal.

En el fondo:

1.- Acusa violación del art. 1453 del Código Civil con relación al art. 253 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil. Señala que la disposición legal citada, respecto de la acción de reivindicación estaría reservada al propietario que ha perdido la posesión, en el presente caso la demandante no habría probado fehacientemente que tiene la calidad de propietaria del inmueble en cuestión, señala que si bien adjuntó documentación antigua de inscripción de derecho propietario, sin embargo no se habría considerado la certificación emitida por Derechos Reales, misma que acreditaría que la demandante no cuenta con registro de inmueble alguno en Derechos Reales, de acuerdo a los sistemas: Wang y Temis, prueba que no fue objetada por la demandante.

2.- Denuncia violación del art. 1454 del Código Civil. Disposición que establece la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria, “salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad en virtud de la usucapión”, al haberse reconvenido por usucapión el recurrente alega que habría probado su posesión. Reiterando una vez más que la demandante en el transcurso del proceso no probó los puntos fijados en el Auto de relación procesal.

3.- Violación del art. 1455 del Código Civil. Acción Negatoria que está reservada a la propietaria, en este caso incide en la actora no habría acreditado su calidad de propietaria del inmueble.

4.- Violación del art. 138 del Código Civil, referida a la adquisición del bien por la sola posesión continuada de más de diez años, alega haber demostrado vivir junto a su familia en el lote de terreno objeto de Litis  hace 20 años atrás, de forma quieta, pacifica e ininterrumpida, sin que nadie le hubiera perturbado su posesión. Transcribe el Auto Supremos 28/2013 de 06 de febrero de 2013.

5.- Acusa violación del art. 1283 del Código Civil y art. 375 del Código de Procedimiento Civil, señalando que la demandante tenía la carga de la prueba; sin embargo no se habría probado ninguno de los cuatro puntos fijados en el Auto de relación procesal, más aún cuando su prueba fue rechazada.

6.- Violación de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, señala el Tribunal Ad quem habría incurrido en error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, al considerar los documentos de fs. 2 a 4 de data antigua, como verdad absoluta sin tomar en cuenta el informe de Derechos Reales de fs. 135 de obrados.

Por lo expuesto, habiendo incurrido en violación expresa de normas procesales y sustantivas, pide a este Tribunal Supremo de Justicia, anule obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto case el Auto de Vista impugnado, deliberando en el fondo declare improbada la demanda principal y probada la reconvencional.

Recurso de casación en la forma interpuesto por Elda Romero Vda. de Cortez, se tiene lo siguiente:

En la forma:

1.-Alega nulidad por Sentencia extrapetita, señala que la Juez de Primera Instancia al haber declarado probada la demanda en todas sus partes, es decir “la reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios, acción negatoria, lucro cesante, daño emergente”, ello implicaría que en ejecución de sentencia la actora podría pedir el pago de daños y perjuicios declarados probados en sentencia, no correspondiendo el mismo debido a que la demandante habría retirado esta pretensión (daños y perjuicios) por memorial de 06 de junio de 2007, situación que fue impugnada en apelación, al efecto el Tribunal de Alzada absolvió refiriendo que la parte dispositiva de la sentencia “es la que genera las consecuencias jurídicas, y en ella no consta que se hubiese condenado al pago de daños y perjuicios”, consideración errada a criterio de la recurrente, pues la Juez de la causa no solo declaro probado el petitum de pago de daños y perjuicios, sino que en los considerandos fundamenta la validez de este extremo de la demanda. En consecuencia la resolución de segunda instancia resultaría pobre en su motivación y alejada de la vedad, vulnerando de esta forma el principio de congruencia, por lo que el Tribunal de Alzada debió anular la Sentencia.

2.- Nulidad por Sentencia extrapetita, en el petitorio de la demanda la actora formuló acción de “reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios, acción negatoria, lucro cesante, daño emergente”, en el presente caso se advierte que no fue admitida la demanda de acción negatoria, por lo que la parte demandada solo tendría la obligación de responder sobre los extremos que fueron admitidos por la Juez de la causa, en el caso de autos la Juez A Quo en Sentencia declaró probada la acción negatoria, irregularidad impugnada en apelación; al respecto el Tribunal Ad quem manifestó  que “al no haber sido admitida en la demanda no debió pronunciarse en sentencia, considerando un reclamo irrelevante porque el pronunciamiento no causa  efecto alguno a los demandados quienes de acuerdo a los antecedentes carecen de documentación”. La recurrente considera que si causa efectos negativos la declaración de acción negatoria probada, ya que en ejecución de sentencia la demandante podría pedir el resarcimiento de daños y perjuicios.

3.- Nulidad por falta de citación al Alcalde Municipal de Santa Cruz, alega ser procedente el recurso de casación en la forma contra la Sentencia o Auto recurrido cuando se hubiera dictado, faltando alguna diligencia o tramite declarados esenciales, falta expresamente penada con nulidad por ley. Al haberse reconvenido por usucapión correspondía dar cumplimiento al art. 131 de la ley 2028 (Ley de Municipalidades). En el presente caso era obligación del Juez Ad Quem sanear el proceso sobre este vicio de nulidad; sin embargo no lo hizo a tiempo de dictar el Auto de Vista, más al contrario el Tribunal de Alzada indico que la recurrente carecía de legitimación activa al no contar con poder expreso para representar a dicha autoridad.

Por todo lo expuesto y amparada en el art. 254 Inc. 4) del Código de Procedimiento Civil pide a este Tribunal Supremo anular el proceso hasta el vicio más antiguo, por haber la sentencia dado más de lo pedido por las partes y sea conforme lo establecen el art. 190 y 192 del Código Adjetivo de la Materia.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En sujeción a los argumentación deducidos en el recurso de casación en la forma y en el fondo por Robert Vaca Zelaya, será pertinente considerar primero los agravios de  forma, en razón a que si fueran evidentes los mismos y la consecuencia fuera por anular el Auto de Vista o de lo obrado hasta el vicio procesal denunciado y evidenciado, de ser así resultaría innecesario ingresar a analizar el recurso de fondo.

 
Recurso de Robert Vaca Zelaya

En la forma:

1.- En cuanto a que existiría violación del art. 90 del Código de Procedimiento Civil y 131 de la Ley de Municipalidades, en el entendido de que en dicha norma legal disponía la citación al Gobierno Municipal. En el caso que nos ocupa, de la revisión de obrados se tiene que el Juez de Primera Instancia mediante Auto de 10 de enero de 2009 de fs. 193 vta., ordenó la citación al H. Alcalde Municipal de Santa Cruz en la persona del Ing. Percy Fernández Añez, citación efectuada por el oficial de diligencias del juzgado, saliente fs. 195, ello demuestra haber dado cumplimiento a la precitada norma; es decir se procedió a citar a la autoridad edilicia con la finalidad de no afectar bienes de dominio municipal, no habiendo comparecido a asumir defensa, debido a que estamos frente a una propiedad privada conforme se tiene demostrado por documentación cursante de fs. 16 a 24 consistente en pago de impuestos y certificado catastral emitidos por la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz.

2.- En cuanto a la vulneración del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, refiere que la actora no habría producido prueba respecto de los cuatro puntos fijados en el auto de relación procesal y menos se mencionó la prueba ofrecida y producida por su parte.

En el caso que nos ocupa, el Juez de Primera Instancia a tiempo de emitir la sentencia ha considerado y valorado la prueba documental adjunta a la demanda, con la que demostró ser titular  del derecho sobre el inmueble objeto de la acción, así como también fueron consideradas las pruebas producidas por el recurrente; habiendo llegado los jueces de instancia a la convicción de que esta prueba era insuficiente para probar la posesión alegado por el demandado, en el entendido de que la actora siempre estuvo en defensa de su propiedad, no siendo evidente el agravio denunciado.

3.- Acusa violación del art. 192 del Código de Procedimiento Civil, reiterando los argumentos ya referidos, señala que tanto la Sentencia como el Auto de Vista no hubieran analizado y evaluado las pruebas concretamente las suyas. Al respecto ya nos referimos precedentemente en la respuesta al agravio 2 de recurso de casación en la forma interpuesta por Robert Vaca Zelaya, sin embargo cabe aclarar que el mismo mediante memorial de fs. 229 ofreció prueba documental y testifical, las mismas que reiteramos fueron valoradas de acuerdo a ley, llegando la Juez de Primera Instancia a la conclusión de que el demandado hoy recurrente no probado tener derecho alguno sobre el terreno objeto de Litis, resultando ser un detentador de la cosa, aspecto que fue impugnado en apelación y confirmado por Auto de Vista de 23 de septiembre de 2014 de fs. 463 a 464,   concretamente en el último parágrafo del considerando II.- apelación de Robert Vaca Zelaya, señalando textualmente “la Juez A quo fue explicita y convincente al concluir que la demandante estuvo en una permanente lucha por defender su derecho de propiedad, realizando cuanta acción judicial o administrativa le permitió el ordenamiento jurídico, es decir que en ningún momento dejo de ejercer la posesión civil emergente de su calidad de propietaria; por lo que resulta correcta la conclusión de que Robert Vaca Zelaya no es poseedor sino detentador”.

4.- Al agravio denunciado en el recurso de casación, acusa violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, falta de congruencia y fundamentación, señala que el Auto de Vista no se habría pronunciado sobre todos los puntos apelado. De la revisión del recurso de apelación se tiene que Robert Vaca Zelaya en resumen presenta tres agravios: 1) Rechazo de proposición de prueba de cargo 2) Inexistencia de Títulos en Derechos Reales a nombre de la demandante 3) Puntos de hecho probados por el demandando; supuestamente no absueltos por el Tribunal de Alzada, situación que no es evidente, ya que el Auto de Vista a fs. 463 y vta., absuelve todos y cada uno de los agravios denunciados en apelación, indicado al primero que si bien fue rechazada la prueba de cargo ofrecida por la demandante; sin embargo fue admitida y valorada la prueba  pre constituida; al segundo, señala que ninguna certificación puede equipararse ni prevalecer ante la contundencia de un título de propiedad inscrito en Derechos Reales y al tercero, señala que el apelante no habría probado posesión pacifica al estar la demandante en constante lucha judicial por recuperar su bien. Consiguientemente  se evidencian los agravios denunciados.

Por las razones expuestas, este Tribunal concluye que son infundados los agravios de forma deducidos por la parte recurrente.

En el Fondo:

A tiempo de responder al Recurso de fondo es necesario realizar algunas precisiones conceptuales inmersas en este proceso. El art. 105 del Código Sustantivo de la materia, faculta a todo propietario, usar, gozar y disponer del bien; sin embargo en el caso de autos la actora al encontrarse impedida de ejercer estos derechos por personas ajenas que se encontrarían detentando su propiedad sin derecho alguno y con la finalidad de recuperar su bien, con las facultades conferidas por ley interpuso acción reivindicatoria en contra de los ahora recurrentes al amparo del art. 1453 del Código Civil, alegando la misma poseer título de propiedad y perdida la posesión. Del análisis de obrados se evidencia que la demandante habría acreditado su derecho propietario conforme a ley, en merito a la prueba documental adjunta a su demanda.

Si bien la Ordenanza Municipal Nº 015/98 de 15 de mayo de 1998 de fs. 29-30, dispuso la expropiación de terrenos en favor de asentamientos humanos con viviendas consolidadas entre las cuales se encontraba el lote de terreno de la demandante; sin embargo no es menos cierto haberse emitido una posterior Ordenanza Municipal signada con el Nº 408/2003 de 26 de noviembre de 2003 de fs. 27-28, mediante la cual se revirtió a dominio originario de Blanca Lucia Saucedo Núñez el lote de terreno de 490.50 m2, lote Nº 29, Mz. 21 de la UV. 70 de la ciudad de Santa Cruz.

El derecho real es una situación de poder que el ordenamiento jurídico atribuye al sujeto para su utilización, aprovechamiento o realización del valor de la cosa. De los cuales se tiene dos caracteres fundamentales: El derecho de persecución y de preferencia; en este caso solo haremos referencia a la persecución, definiendo que “Es la facultad que tiene el titular de un derecho real, para perseguir la cosa donde quiera que esta, se encuentra o en manos de quien se halle. De este modo el propietario de un bien puede reivindicarlo frente a todo poseedor”.

La doctrina orienta que tres son los supuestos para la acción reivindicatoria: a) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; b) que esté privado o destituido de ésta; c) que la cosa se halle plenamente identificada; supuestos que fueron cumplidos por la demandante; es decir que, para la estimación de su pretensión acreditó su derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales, a su vez se probó estar privada de su propiedad, aspecto asumido tanto por la Sentencia como el Auto de Vista, el inmueble ha sido plenamente identificado; elementos que evidencian la consistencia de la pretensión reivindicatoria.        
La acción reivindicatoria debe otorgarse a aquel propietario que no ostenta posesión de su propiedad y pide restituírsele de aquel que ejerce la posesión y/o detentación, aunque no haya tenido la posesión corporal del inmueble, es por ello que el Estado mediante sus órganos jurisdiccionales deben resguardar el derecho de propiedad que es garantizada conforme señala el art. 56 de la Constitución Política del Estado, y en ese marco mientras aquel título de propiedad se encuentre vigente tiene la eficacia requerida para instaurar la acción real de reivindicación.

Los recurrentes no tomaron en cuenta lo razonado en la jurisprudencia nacional, y que este Tribunal en diversos fallos ha venido instituyendo, donde es necesario establecer que la reivindicación por su naturaleza y como ya se manifestó anteriormente, conlleva recuperar la posesión, no siendo necesario para los propietarios, demostrar que estuvieron en posesión corporal del bien o que sufrieron un despojo, puesto que la uniforme jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia con la que éste Tribunal Supremo comparte criterio, emitió Autos Supremos (como los signados con los Nº 452/2014 de 21 agosto de 2014, 557/2014 de 03 de octubre de 2014) en los que se estableció que para la procedencia de la reivindicación no es necesario estar en posesión material de la cosa, o que haya perdido la posesión, señalando los mismos que: “…el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y animus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquella, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, aunque el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Es prudente aclarar que este Tribunal Supremo en concordancia con el criterio de la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentó la tesis que la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el bien inmueble frente al poseedor y/o detentador que no es propietario, incidimos en el tema recurriendo al Autor Puig Brutau citado por Néstor Jorge Musto que en su obra “Derechos Reales” señala reivindicación- “es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión”. Por otro lado este Tribunal precisó que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus” asistiéndole consecuentemente el Iusvindicandi o derecho de reivindicar.”(A.S. 414/2014 de 04 de agosto de 2014) , está la acción reivindicatoria, la cual se encuentra bajo la previsión de que la misma se reserva al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, siendo el primer requisito para la procedencia de la referida acción, la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda, esto tiene estrecha vinculación a lo determinado por el art. 105 del Código Civil como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil o “jus possidendi” y la natural o corporal o “jus possesionem”.

Ahora bien respecto de los agravios denunciado en los puntos: 1, 2 y 3 del recurso de casación, los cuales acusan violación de los arts. 1453, 1454 y 1455 del Código Civil, señalando que la acción reivindicatoria y acción negatoria estaría reservada para el propietario que ha perdido la posesión, la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria y la acción negatoria respectivamente, en el caso de autos según el recurrente la demandante no habría acreditado fehacientemente ser propietaria del inmueble por lo que no procedía las acciones demandadas.

Del análisis de la documentación adjunta a la demanda se tiene demostrado que la demandante ha adquirido legalmente el bien inmueble, mismo que se encuentra registrado en el folio real Nº 7011990053170 (ver fs. 4 al 9), de esta forma acreditó ser propietaria del bien inmueble, derecho propietario que le faculto interponer acción reivindicatoria y acción negatoria en contra de los demandados; quienes no acreditaron poseer derecho alguno sobre el bien en cuestión, así mismo ya se tiene manifestado que el inmueble fue objeto de expropiación por la H. Alcaldía Municipal de Santa Cruz, mediante Ordenanza Municipal Nº 015/98 de 15 de mayo de 1998, cursante a fs. 29-30, pero posteriormente fue revertida a dominio de la actora Blanca Lucia Saucedo Núñez, mediante Ordenanza Nº 408/2003 de 26 de noviembre de 2003, cursante de fs. 27 a 28. Por lo que tiene acreditado su derecho propietario, documentos con los que accionó sus derechos en defensa de su propiedad, lucha constante ejercida a través de procesos administrativos y judiciales demostrados con la demanda (cursantes de fs. 31 a 71), circunstancias que desvirtuaron la supuesta posesión quieta y pacifica que alegó tener Robert Vaca Zelaya, pretensión que fue declarada improbada en Sentencia y confirmada por Auto de Vista.

4.- Respecto de la violación del art. 138 del Código Civil, establece (usucapión decenal o extraordinaria).- “la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años..”

La usucapión es un modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma durante un tiempo prolongado. Existen dos clases, la quinquenal u ordinaria y la extraordinaria o decenal. Esta última se rige por la norma prevista por el art. 138 del Código de Procedimiento Civil, que establece como condición o requisito indispensable la posesión continuada durante diez años. Partiendo del principio "sine possesione usucapio contingere non potest" -"sin la posesión no puede tener lugar a usucapión alguna".

El art. 87 del Código Civil; que señala que “la posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”, para lo cual deben concurrir dos elementos como son: el “corpus”, (poder de hecho sobre la cosa) y el “animus” (la intención de comportarse como dueño o propietario de la cosa), la falta de uno de estos elementos en la posesión determina su inexistencia, constituyéndose únicamente como tenedor de la cosa.

El presente caso, la demandante constantemente ha irrumpido la quieta y pacifica posesión del reconvencionista con diferentes actos tanto administrativos como judiciales, así lo tiene demostrado con la acción de amparo administrativo (ver fs. 31 a 71), reversión de su dominio, acción de reivindicación interpuesta antes de sustanciarse el actual proceso, acciones que desvirtuaron totalmente los elementos constitutivos de la posesión alegada por el recurrente, no habiendo existido la posibilidad de que opere la usucapión, conforme lo establece el art. 138 del Código Sustantivo, declarando consiguientemente la sentencia improbada la demanda reconvencional.

5.- Acusa violación del art. 1283 del Código Civil y art. 375 del Código de Procedimiento Civil, señalando que la demandante tenía la carga de la prueba, por consiguiente producirla en el transcurso del proceso; sin embargo una vez más incide en no haber sido probados los puntos fijados en el auto de relación procesal, al efecto ya se tiene manifestado que la demandante presentó prueba documental pre constituida a tiempo de interponer la acción, conforme lo prevé el art. 330 del Código de Procedimiento Civil, misma que ha sido considerada y valorada por los jueces de instancia, pretendiendo el recurrente desconocer  dicha documentación arrimada a la demanda, por lo que no se evidencia el agravio denunciado.

6.- Alega Violación de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, señala el Tribunal Ad quem habría incurrido en error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, alegando que la parte actora no habría probado los puntos fijados en el auto de relación procesal y que la prueba ofrecida por la demandante sería antigua, habiendo sido considerada como verdad absoluta sin haber considerado la certificación emitida por derechos reales cursante a fs. 135 de obrados.

Los argumentos vertidos por el recurrente resultan ser reiterativos, respecto de las pruebas de cargo, analizado el contenido del mismo se puede advertir que el recurrente solo procedió a realizar una relación de cuanto ocurrió en el proceso, existiendo sobre todo una exposición que solo manifiesta la disconformidad con los fallos de instancia respecto de las pruebas, pretendiendo desconocer la documental presentada conjuntamente la demanda, señalando que la prueba presentada habría sido rechazada; sin embargo no se puede desconocer la documental adjuntada a la demanda, misma que se encuentra en el marco previsto por el art. 330 del Código de Procedimiento Civil, la data o antigüedad de los documentos no invalidan su validez y legalidad, constituyen ser documentos originales que acreditan derechos que no pueden ser desconocidos por las autoridades juridiciales, prueba que fue valorada por los jueces de instancia no correspondiendo a este Tribunal cuestionar las mismas.

Por las razones expuestas este Tribunal concluye que son infundados los agravios de fondo deducidos por el recurrente.

Recurso de Elda Romero Vda. de Cortez

En la forma:

1.-Acusa a la sentencia de primera instancia extra petita, señalando que la Sentencia al declarar probada la demanda en todas sus partes estaría incluida la pretensión de pago de daños y perjuicios, sin haber considerado la juzgadora que la actora mediante  memorial de 11 de junio de 2007 habría desistido de su pretensión de pago de daños y perjuicios, aspecto que fue apelado ante el superior en grado, habiendo el Tribunal de Alzada señalado que la parte dispositiva es la que genera consecuencias jurídicas y al no haber la misma condenado al pago de daños y perjuicios no se habría generado esta obligación, dando a entender la irrelevancia de dicho agravio. De la revisión de la Sentencia Nº 69/2013 de 11 de noviembre de 2013, se videncia que la parte dispositiva de la misma no ordena el pago de daños y perjuicios, limitándose únicamente a ordenar la entrega del inmueble a su propietaria, libre de mejoras y completamente desocupado, a cuyo efecto se otorga un plazo de quince días, computable a partir de la ejecutoria de dicha sentencia, bajo prevenciones de lanzamiento y demolición; cabe aclarar que este punto fue modificado por el Auto de Vista  de 23 de septiembre de 2014 respecto de la  forma de ejecución, dejando sin efecto la prevención de demolición y disponiendo la entrega del inmueble o lanzamiento en su caso, se realice previo avalúo y pago de mejoras, además de aclarar que habiendo sido retirado la pretensión de pago de daños y perjuicios y no existiendo pronunciamiento al respecto en la parte dispositiva de la Sentencia, no corresponde la calificación ni cuantificación alguna en ejecución de sentencia. Por lo que no se advierte el agravio denunciado.

2.-Acusa sentencia extra petita, en el entendido de que la demanda fue formulada por “reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios, acción negatoria, lucro cesante y daño emergente”. A cuyo efecto el Juez de la causa admitió las pretensiones demandadas excepto la acción negatoria, por lo que en Sentencia no debió pronunciarse, sin embargo lo hizo; al respecto el Tribunal de Alzada consideró irrelevante dicho pronunciamiento por no causar efecto alguno a los demandados quienes de acuerdo a los antecedentes carecerían de documentación. De la revisión de obrados se tiene evidenciado que los demandados en ningún momento acreditaron poseer documentación alguna que les otorgue algún derecho y respecto de los daños y perjuicios ya se tiene dicho precedentemente que la Sentencia de primera instancia no condeno a este pago, situación que fue aclarada y confirmada por el Auto de Vista.

3.- Acusa falta de citación con la demanda reconvencional al Alcalde Municipal de Santa Cruz, conforme lo dispone el art. 131 de la Ley Nº 2028, al respecto ya se tiene manifestado al momento de absolver el recurso en la forma de Robert Vaca Zelaya a donde nos remitimos, aspecto que debe tener presente la recurrente. Además de no tener legitimado su derecho para denunciar el presente agravio.     

Por todo lo señalado precedentemente, se concluye que el Ad quem consideró correctamente la normativa aplicable al presente caso, correspondiendo a éste Tribunal resolver los recursos conforme lo estipulado en los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley  025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los  arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 467 a 470 interpuesto por Robert Vaca Zelaya y de fs. 473 a 475 interpuesto por Elda Romero Vda. de Cortez, contra el Auto de Vista de 23 de septiembre de 2014 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que cursa de fs. 463 a 464, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero