TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                SALA CIVIL


Auto Supremo: 234/2015                                                                Sucre: 13 de abril 2015                                                 Expediente:        PT - 2 15 S                                                                Partes: Alberto Rilmar Olmedo Cruz.c/ Terceras personas interesadas.        Proceso: Usucapión.                                                                Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 736 a 738 de obrados, interpuesto por Alberto Rilmar Olmedo Cruz, contra el Auto de Vista Nº 201/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, cursante de fs. 730 a 733, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de usucapión, seguido por Alberto Rilmar Olmedo Cruz contra Terceras Personas interesadas, el Auto de concesión de fs. 747, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de Uyuni, dictó Sentencia Nº 002/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, cursante de fs. 696 a 712 vta., 241 a 243, declarando improbada la demanda principal.

Resolución de fondo que es apelada por Alberto Rilmar Olmedo Cruz por memorial de fs. 714 a 715 vta., recurso que fue resuelto por Auto de Vista Nº 201/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, cursante de fs.730 a 733, que confirmó la sentencia recurrida, Auto de Vista impugnado de casación en la forma y el fondo por el demandante mediante memorial de fs. 736 a 738 y que se pasa a analizar y resolver.

CONSIDERANDO II:        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De la revisión del memorial de recurso de casación, es necesario precisar que los recurrentes a tiempo de acusar los agravios, arguyen que interponen recurso de casación en la forma y en el fondo, sin realizar esta diferenciación a tiempo de exponer los motivos insertos en el recurso en examen, haciendo una relación confusa a tiempo de acusar vicios procesales en la tramitación de la causa, sin identificar con precisión los agravios; sin embargo y no obstante las señaladas falencias, del mismo se extraen las siguientes reclamaciones:


1.- Que el Auto de Vista pese a señalar que para la procedencia de la demanda de usucapión es imprescindible acompañar la tradición registral del inmueble que se pretende usucapir, cuya omisión implica nulidad, termina confirmando la sentencia e incumpliendo lo dispuesto por el art. 90 del CPC.


2.- Que la sentencia no se encuentra acorde al proceso de usucapión y menos con los actuados procesales, en la cual se llega a conclusiones, como la referida a que su persona seria sobrino de los demandados, que su posesión no es  pacífica, de buena fe y menos quieta, las cuales son transcripciones de algunos actuados procesales, sentencia que fue confirmada por el Auto de Vista.


3.- Que los demandados se limitaron a señalar que son herederos de Domingo Olmedo y Margarita Cruz, sin embargo conforme la certificación en Derechos Reales el inmueble objeto de usucapión no cuenta con registro a nombre de ninguna persona, por consiguiente los mismos no cuentan con legitimación pasiva en el presente proceso.


4.- Que el Juez de la causa argumento que su posesión sobre el inmueble seria a medias, olvidando que para la emisión de una sentencia debe valorarse toda laprueba adjuntada y no limitarse a copiar la demanda y contestación.


5.- Que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la denuncia en sentido de que la sentencia fue dictada fuera de plazo previsto por ley.


6.- Que a tiempo de declarar improbada la demanda no se consideró lo establecido por los art. 3, 90 del CPC y 122 de la CPE,  debiendo darse cumplimiento a lo previsto por el art. 271 inc. 3) del CPC.


7.- Que su persona se encuentra en posesión y no simple detentación, conforme lo ha entendido el Tribunal Supremo de Justicia a través del A.S. N° 25/2013.


Concluye solicitando que este Tribunal Supremo, revoque la sentencia y declare la nulidad hasta el vicio más antiguo de conformidad a lo dispuesto por el art. 271 núm. 3 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Con relación a los agravios contenidos en los puntos 2, 3, 4,6 y 7 del recurso de casación, referidos a que la sentencia no se encontraría acorde a la demanda de usucapión y menos con los antecedentes del proceso; que el Juez llegó a simples conclusiones realizando copia de la demanda y respuesta a la misma, como la referida a que su persona seria sobrino de los demandados, que su posesión no es pacífica, de buena fe y menos quieta; y el referido a la falta de legitimación, y la falta de consideración a lo dispuesto por los arts. 3, 90 del Código de Procedimiento Civil y 122 de la CPE., que su persona acreditó encontrarse en posesión del inmueble y noa medias como sostiene el Juez de la causa y menos es un simple detentador del inmueble objeto de Litis.


Sin embargo y pese a expresar estos agravios, que en realidad son una reproducción exacta de su recurso de apelación de la Sentencia de primera instancia, los cuales conforme se evidencia fueron considerados y absueltos por el Tribunal de Alzada aunque de forma general, que en nada afecta el fondo de la determinación asumida de confirmar la Sentencia de primera instancia, sin embargo si el recurrente consideraba que hubo omisión por parte del Tribunal de Alzada, una vez notificado con el Auto de Vista, debió hacer uso de la facultad que le otorga el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, es decir, solicitar la complementación de la resolución ahora recurrida, pues para que los mismos den lugar a la nulidad de obrados pretendida, es preciso tener en cuenta que estas no se aplican como defensa de meras formalidades, sino como verdaderas garantías que precautelan que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, dentro de ese marco en materia de nulidades procesales existen principios que deben ser tomados en cuenta al momento de declarar una nulidad, como el de convalidación y el de trascendencia, ultimo principio por el que se debe demostrar que el vicio que se acusa ocasionó perjuicio en la parte que se siente afectada, de ello se tiene que la nulidad se aplicará únicamente cuando dicho acto denunciando ocasione un perjuicio cierto e irreparable que sólo podrá ser subsanado mediante la nulidad, sin embargo de la revisión de los fundamentos expuestos en los puntos 2, 3, 4, 6 y 7 del recurso de casación al margen de ser una copia de los agravios deducidos contra la Sentencia como se refirió, el recurrente no señala cual sería el perjuicio ocasionado, transmitiendo ideas inconclusas de su pretensión que constituyen una simple crítica y desacuerdo con lo resuelto por el Juez de primera instancia, y si bien acusa la inobservancia de los arts. 3 y 90 del Código adjetivo, no relaciona estos artículos con sus supuestos agravios denunciados, careciendo de mérito los mismos.


Con relación al primer agravio del recurso, referido a que el Auto de Vista pese a señalar que para la procedencia de la usucapión debería acompañarse la tradición registral del inmueble, omisión que estaría sancionada con nulidad, terminó confirmando la sentencia de primera instancia; al respecto, si bien el recurrente hace notar este aspecto, sin embargo no concluye su idea al identificar cual el agravio sufrido, seguramente destinado a acusar la existencia de incongruencia de la resolución recurrida, bajo ese entendimiento, en principio diremos que al ser la usucapión una de las formas de adquirir la propiedad, conforme prevé el art. 110 del Código Civil, que, una vez declarada judicialmente, produce un doble efecto, adquisitivo para el que logra la usucapión y extintivo para la persona que pierde el derecho sobre el inmueble, razón por la cual es indispensable tal como expuso el Auto de Vista, que la demanda se dirija contra la persona a nombre de  quien se encuentra registrado el inmueble en Derechos Reales que se pretende usucapir, quien se constituirá en sujeto pasivo de la demanda y contra quien operara el efecto extintivo de su derecho, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure en el Registro de Derechos Reales; empero, no es menos evidente que hay poblaciones en que los inmuebles no cuentan con un antecedente registral, como sucede en el caso de autos, sin que ello signifique que contra estos inmuebles no opere la prescripción, por cuanto el título constitutivo no es el registro, si no el derecho que se tiene sobre el bien, en ese entendido estos bienes excepcionalmente pueden ser usucapidos, siempre y cuando como requisito esencial e indispensable,la demanda se dirija contra el propietario del bien inmueble, contra quien operara la prescripción de su derecho.


En el caso de autos, conforme al memorial de fs. 3 a 4 vlta, se tiene que Alberto Rilmar Olmedo Cruz, incoo la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, indicando que se encuentra en posesión del inmueble sito en la calle Junín s/n, zona “C” de la localidad de Porco (Departamento de Potosí), por más de 10 años, inmueble sobre el cual sus padresDomingo Olmedo y Margarita Cruz, no tenían ningún título de propiedad y menos registro en Derechos Reales, accionado el proceso contra terceras personas interesadas, no obstante a ello, conforme los antecedentes del proceso, Braulio y Sonia Olmedo Cruz, a tiempo de apersonarse al proceso, respondieron negativamente la misma, refiriendo que sus personas junto a otros 5 hermanos son hijos y por consiguiente herederos de Domingo Olmedo y Margarita Cruz, quienes eran propietarios del inmueble que su sobrino Alberto Rilmar Olmedo Cruz pretende usucapir, cuando en realidad el mismo ingresó al inmueble el año 2004 en calidad de inquilino y sobre todo debido a los lazos de familiaridad que los vincula, y que su aparente posesión no sería quieta y menos pacífica.


Ahora bien, conforme se refirió precedentemente si bien la demanda se accionó en principio contra terceros presuntos interesados por carecer el inmueble de antecedente registral, no es menos evidente, que en la sustanciación del proceso se apersonaron y asumieron defensa los hermanos Olmedo-Cruz, en su calidad de herederos de Domingo Olmedo y Margarita Cruz, apersonamiento que no fue observado por el demandante y menos acusó la supuesta falta de legitimación pasiva de los mismos, como tampoco negó que los mismos sean hijos de sus padres adoptivos Domingo Olmedo y Margarita Cruz, concluyéndose que el proceso se sustanció con la participación activa de quienes alegaron tener derecho propietario sobre el inmueble en su calidad de herederos. Al margen de lo expuesto, habrá que considerar que el fundamento para rechazar la pretensión del actor que fuera confirmada por el Tribunal de Alzada radica en el hecho de que el mismo no hubiera acreditado encontrarse en posesión del inmueble en calidad de dueño, menos que su posesión haya sido continuada y pacifica por el lapso de 10 años, criterio que es compartido por este Tribunal de Justicia, debido por una parte, a la contradicción en la que incurre a tiempo de exponer los antecedentes que sustentan su demanda, en la que refirió: “… a este inmueble retorne el 10 de enero de 1999 y fue al pocotiempo que preste mi servicio Militar Obligatorio, recrese a este inmueble por el hecho de que pertenecía a mis abuelos maternos y que los mismos me criaron en este inmueble…”, continua: “…después de prestar mi servicio militar retorne a la Localidad de Porco ya que no tenía ningún otro lado a donde ir..”, es decir por un lado indica que su posesión es a partir del 10 de enero de 1999, y que fue al poco tiempo de prestar su servicio militar que retorno al inmueble que fuera de sus abuelos, sin embargo, conforme la documental de fs. 542 y 543, se tiene que el demandante Alberto Rilmar Olmedo Cruz, prestó su Servicio Militar a partir del 13 de agosto de 2002, egresando de la institución el 19 de julio de 2003, en ese entendido si su posesión sobre el inmueble es posterior a esta fecha, a la interposición de la demanda 06 de octubre de 2010, no han transcurrido los 10 años para la procedencia de la usucapión, más aun si el recurrente no probó a través de ningún medio probatorio que la posesión sobre el inmueble la haya ejercido a partir del 10 de enero de 1999 como alega en su demanda, así como tampoco que su posesión haya sido pacífica, que conforme la documental de fs. 37 a 38 de obrados, dan cuenta de la existencia de una declaración en dependencias de la Policía prestada por Alberto Rilmar Olmedo Cruz y Basilia Martínez Cruz en contra de Braulio y Sonia Olmedo Cruz, en fecha 09 de julio de 2010, refiriendo el primero que: “…resulta que yo soy hijo reconocido mis tíos me quieren botar de la casa sin derecho a nada….”para continuar su declaración “…no es la primera vez que tengo problemas con estos señores pero jamás habíamos llegado a agredirnos físicamente…”; por su parte Basilia Martínez respondiendo a la pregunta de cuál sería el motivo de estas agresiones, respondió: “Por la casa, ya que dicha casa es de los abuelos Domingo Olmedo y Margarita Cruz, quienes fallecieron hace muchos años….” respondiendo si era la primera vez que les agreden dijo: “… son varias veces, desde que nos casamos hace cuatro años nos andan agrediendo verbalmente y físicamente y desde que no le ayuda a doña Sonia económicamente como cuando mi esposo era soltero”, declaraciones de las que se infieren que los problemas suscitados entre el actor y sus tíos (hermanos) son a consecuencia del inmueble que el primero de ellos pretende usucapir, que demuestran que no existe pacifica posesión sobre el mismo, incumpliendo los presupuestos para que la demanda sea acogida favorablemente.


Por último, con relación a la falta de pronunciamiento del Tribunal de Alzada sobre la perdida de competencia en que hubiera incurrido el A quo a tiempo de pronunciar sentencia; corresponde indicar que si el recurrente consideraba que la misma fue dictada fuera del plazo previsto por el art. 240-1) del Código de Procedimiento Civil, debió reclamar dicho aspecto en el momento oportuno y no esperar a la emisión del falló, que al ser desfavorable, recién observo y cuestiono la presunta pérdida de competencia, aspecto que al margen de lo manifestado, resulta contrario a los principios ético morales en que se sustenta la nueva Constitución Política del Estado, conforme se estableció a través del Auto Supremo Nº 336/2013 de 5 de julio de 2013, por el que éste Tribunal estableció: “…la sanción por el incumplimiento de los plazos generará consecuencias jurídicas ya sea para las partes o para el Juez. Tratándose del incumplimiento de los plazos por parte del Juez, el art. 205 del Adjetivo Civil prevé que incurrirá en retardación de justicia, el Juez o Tribunal que no dictare las resoluciones correspondientes dentro de los plazos fijados en los artículos anteriores, haciéndose pasible por tanto, de las responsabilidades y sanciones consiguientes. La sanción por el incumplimiento de los plazos procesales en la emisión de las resoluciones debe recaer sobre su infractor, es decir, en los casos en que el Juez es quien incumple los plazos y demora y retarda la justicia, la sanción recaerá sobre él, de ninguna manera ese reproche debiera afectar a las partes, quebrantando aún más el derecho que les asiste a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. En ese contexto debemos interpretar el art. 208 del Código de Procedimiento Civil que establece: “ El Juez que no hubiere pronunciado la Sentencia dentro del plazo legal o del que la Corte le hubiere concedido conforme al artículo 206, perderá automáticamente su competencia, en el proceso. En este caso remitirá el expediente dentro de las veinticuatro horas al Juez suplente llamado por la ley. Será nula cualquier Sentencia que el Juez titular dictare con posterioridad”. De tal forma que la pérdida de competencia a la que alude la norma opera si en el momento del vencimiento del plazo legal las partes o el Juez - de oficio-  advierten y reclaman ese aspecto y como consecuencia de ello el proceso se remite al Juez suplente para que éste emita la correspondiente Sentencia, sin embargo cuando ninguna de las partes advierte ni reclama por el incumplimiento del plazo para dictar Sentencia y consienten en que ésta sea emitida fuera del plazo- por el Juez titular, no resulta moral ni legal que, ante la eventualidad de serles desfavorable la Sentencia, pretendan recién activar el reclamo en apelación o en casación procurando se aplique la sanción de nulidad de la Sentencia que en el supuesto caso de haberles sido favorable no hubiera sido atacada en su validez por el incumplimiento del plazo para su emisión.”, omisión que conforme el razonamiento expuesto, no  da lugar a la nulidad de obrados, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad del infractor de los plazos procesales en caso de probarse ello.


Por los argumentos expuestos éste Tribunal Supremo de Justicia, emite resolución en la forma determinada por los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 736 a 738, interpuesto por Alberto Rilmar Olmedo Cruz contra el Auto de Vista Nº 201/2014, de fecha 10 de diciembre de 2014, cursante de fs. 730 a 733, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero