TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 229/2015

Sucre:Sucre, 10 de abril 2015        

Expediente: CB-6-15-S

Partes:María Lilia Ortuño de Rodríguez y María Hortencia Ortuño de Butrón

c/ Jesús Torrico Ramírez

Proceso:Anulabilidad de Contrato

Distrito:Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 352 a 354,interpuesto por Ronald Montaño Siles en representación de Jesús Torricos Ramírez, impugnando el Auto de Vista No 254 de fecha 13 de Octubre de 2014, pronunciados por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Anulabilidad de Contrato seguido a instancia de José Rodríguez Ortuño y Alicia Ortuño Ortuño en representación de María Lilia Ortuño de Rodríguez y María Hortensia Ortuño de Butrón contra Jesús Torrico Ramírez, la contestación de fs. 358 a 360, la concesión de fs. 362 los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

María Lilia Ortuño de Rodríguez y María Hortencia Ortuño de Butrón a través de sus representantes legales José Eduardo Rodríguez Ortuño y Alicia Avelina Ortuño Ortuño interponen demanda de anulabilidad de contrato manifestando que al fallecimiento de su hermano Humberto Ortuño Ramalloy en virtud a que el fallecido no tiene hijos, fueron declaradas herederas ab intestado, sucesión que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en la Avenida San Martín y Honduras y otro en la calle Esteban Arze No S-659. Indican que al registrar la Declaratoria de Herederos en las oficinas de Derechos Reales se les hizo conocer que el inmueble de la Avenida San Martín y Honduras, se encontraba registrado a nombre de Jesús Torrico Ramírez quien registro un contrato de compra venta del inmueble. Señalan también que emergente de un proceso penal por falsificación de documento y uso de instrumento falsificado, se determinó que las firmas en el documento de venta así como en el reconocimiento de firmas fueron falsificadassiendo imputado y procesado por ese ilícito yrecluido en la cárcel pública Jesús Torrico Ramírez, con estosantecedentes interpone demanda de anulabilidad de contrato contra Jesús Tórrico Ramírez.

Contestada la demanda por el demandado niega la misma y opone excepción perentoria de prescripción. Tramitado el proceso el Juez Aquo pronunció Sentencia declarando Probada la demanda de anulabilidad interpuesta por María Lilia Ortuño de Rodríguez y María Hortencia Ortuño de Butrón e improbada la excepción perentoria de prescripción en consecuencia se declara anulado y sin valor legal alguno el documento privado de 6 de julio de 2007 y el acta de reconocimiento labrada en el formulario No 5400377 de fecha 6 de junio de 2007 de transferencia de lote de terreno de 1.068.40 m2 ubicado en la Avenida San Martín Distrito 10, manzana 175, Lote “C” registrado en Derechos Reales bajo la matrícula Computarizada N0 3011990008271 por falta de consentimiento al haber falsificado la firma del propietario Humberto Ortuño Ramallo. Nulo y sin valor alguno el Asiento A-3 de la columna A) de Titularidad sobre el dominio, registrado en Derechos Reales a nombre de Jesús Torrico Ramírez bajo la matrícula computarizada No 3011990008271, en fecha 29 de noviembre de 2010. Se dispone el pago de daños y perjuicios en favor del demandante averiguables en ejecución de Sentencia. Asimismo se dispone el restablecimiento en Derechos Reales del derecho propietario de Humberto Ortuño Ramallo en el Asiento correspondiente a la columna A) de la matrícula computarizada No 3011990008271

Contra esta Resolución Ronald Montaño Siles en representación de Jesús Torrico Ramírez interpuso recurso de apelación en conocimiento del  mismo, la Sala Civil Primera del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba pronunció Auto  de  Vista No 254 de fecha 13 de octubre de 2014, por el que confirma la Sentencia con costas.

Contra esta determinación el demandado Jesús Torrico Ramírez interpuso recurso de casación en el fondo el mismo que se analiza:

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente interpone recurso de casación en el fondo expresando como agravios que el respaldo pericial documestocopia  de fs. 27 a 37 no tiene respaldo en derecho puesto que con la modificación a la demanda las demandantes nunca hacen mención a dicha prueba y el Juez A quo en Sentencia valoró la misma, indica que en dicha prueba el demandando nunca participó, tampoco el difunto, peor aún no se realizó la comparación de firmas con algún documento público, pues solo revisan el documento supuestamente falsificado. Manifiesta que la prueba en el proceso penal solo fue hecha por la parte demandante y que su persona realizó una pericia con funcionarios de la FELCC, en la cual determinaron que la firma del documento es verdadera y por no tener conocimiento del proceso de anulabilidad no puede asumir defensa  en el proceso civil, indicando que existe violación de los arts. 374, 375, 378,399 del Código de Procedimiento Civil en todos sus numerales.

Expresa que en el proceso de anulabilidad nunca le notificaron con la modificación de la demanda y con el decreto que le corresponde tal cual se puede evidenciar por la diligencia de citación, por tal motivo su representado nunca tuvo conocimiento de la modificación de la demanda, en ese sentido su representado se ocupaba de asumir defensa en el proceso penal, nunca respondió, ni presentó memorial alguno, ni tampoco interpuso ninguna excepción, al respecto indica que todo lo presentado por su abogada Florencia Apaza nunca firmo y por lo tanto nunca tuvo conocimiento del proceso y que la firma que aparecen en los memoriales son falsos y como consecuencia de dichas falsificaciones del proceso mi apoderado inicio acciones legales contra la mencionada abogada.

Acusa falsa y errónea interpretación del art. 336 inc.2) del Código de Procedimiento Civil manifiesta que el Juez debía observan que las demandantes no cuentan con poder suficiente por falta de personería y observar que no cuentan con poder expreso para el presente proceso y que con respecto a él también debía observar el Juez de la causa el art. 59 del Código de Procedimiento Civil  puesto que su representante no cuenta con poder expreso y tampoco tiene ningún vínculo de parentesco.

Imputa falsa y errónea interpretación del art. 129 inc.1) del Código de Procedimiento Civil referida a que no se lo cito con la modificación de la demanda y con decreto correspondiente, razón por la cual su representado desconocía totalmente la modificación de la demanda y vuelve a recalcar que su abogada Florencia Apaza supuestamente falsifico su firma en todos los memoriales presentados y solo firmo en una confesión provocada.

Termina peticionando que se revoque el Auto de Vista 254/2014 y se declare improbada la demanda de anulabilidad de contrato.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del recurso de casación interpuesto en el fondo se evidencia que el mismo carece de la fundamentación necesaria y la técnica recursiva acusando el recurrente infracciones de fondo, sin embargo la mayor parte de sus  argumentos son de forma como por ejemplo la falta de citación con la modificación a la demanda, infracciones que de ser evidentes ocasionarían la nulidad de obrados pero contradictoriamente el recurrente en su petitorio final  solicita la anulación del Auto de Vista y se declare improbada la demanda. Soslayando esa deficiencias y en mérito al art. 180.I de la Constitución Política del Estado, responderemos al recurso de casación interpuesto por el recurrente.

Argumenta que no se le notifico con la modificación a la demanda y por esta razón no tomó conocimiento de la misma y se le hubiera causado indefensión; de la revisión del proceso  se advierte que presentada la demanda por José Eduardo Rodríguez Ortuño y Alicia Avelina Ortuño  en representación de María Hortencia Ortuño de Butrón y María Lilia Ortuño Ramallo de Rodríguez, inmediatamente el Juez de la causa se excusa en atención a que el hermano del mismo ha fungido como abogado asesor de las demandantes en el proceso penal contra el demandado Jesús Torrico Ramírez, con dicha excusa el proceso pasa a conocimiento del Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial y una vez admitida la demanda las demandantes modifican la demanda por anulabilidad de contrato por falta de consentimiento para su formación y por error, dolo sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa, con el proveído correspondiente se corre traslado al demandado y se cita al mismo en fecha 29 de noviembre de 2012, (cursante a fs.149 vlta.) el demandado contesta y opone excepción de prescripción por memorial de fs.150 a 153, a través de su abogada Florencia Apaza memorial que tiene la firma del demandado, de lo que no resulta cierta la falta de citación con la modificación de la demanda, puesto que el demandado interpuso la excepción perentoria de prescripción, por lo que el reclamo sobre el punto deviene en infundado.

Con relación a que en Sentencia el Juez de la causa, hubiera valorado la prueba producida dentro del proceso penal por falsificación de documento y uso de instrumento falsificado, valorando los informes periciales sin la participación del demandado en dichos estudios, es conveniente aclarar que los estudios periciales fueron efectuados por profesionales especializados y se realizaron en el documento de compra venta que se declaró anulado y sin valor  legal alguno,  siendo el demandado notificado en el proceso penal y asumido conocimiento del mismo así como defensa legal.  Eldictamen pericialdocumentológico, No 050/11 Doc.-No 031/2011, de 25 de abril de 2011, fue ratificado dentro del término probatorio por el perito José Antonio Goitia Durán mediante memorial de fecha 19 de julio de 2013 (cursante a fs. 252 de obrados) y el dictamen pericial documentológico No 1118-11, emitido por el perito Franklin Heraldo Vargas Escobarfue ratificado por escrito de fecha 19 de agosto de 2013 (cursante a fs. 254 de obrados),  ambos informes son coincidentes en la conclusiones de que las firmas ejecutadas pertenecientes a Humberto Ortuño Ramallo no fueron producto de la mano escritora de él, es importante resaltar que ambos estudios si bien fueron producidos dentro del proceso penal, fueron ratificados en la etapa probatoria por los peritos encargados de la pericia en el presente proceso, siendo importante resaltar que la prueba trasladada es aquella producida legalmente en un proceso que tendrá la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra. De lo manifestado el Juez A quo valoro las pruebas que fueron trasladadas y  ratificadas por los peritos encargados del estudio pericial documento lógico, al margen de ello el recurrente no puede desconocer la imputación formal que pesa sobre él realizada por el fiscal de materia que también se acompañó al proceso por las demandantes, pruebas que fueron valoradas por el Juez de la causa al tenor de lo establecido por el art. 1286 del Código Civil y art. 397 de su procedimiento, por lo que el reclamo respecto a este aspecto también deviene en infundado.

Con relación a que el Juez de la causa debía observar la falta de personería de las demandantes, establecida en el art. 336. Inc.2), es conveniente recordar al demandado que si él consideraba que la personería de las demandantes no estaba acreditada y que el poder de representación no era suficiente, debía observar tal aspecto, al contestar la demanda e interponer la excepción previa de incapacidad o impersonería de los apoderados al tenor del artículo antes mencionada, sin embargo el demandado en ningún momento observo la falta de personería de los apoderados, ni interpuso la excepción previa correspondiente, es  más este reclamo, no se realizó en el momento oportuno, ni tampoco fue objeto del recurso de apelación, por lo que no puede el recurrente traer un reclamo que nunca realizo en instancias inferiores a casación, precluyendo su derecho a hacerlo en virtud al principio de  convalidación el cual tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica, en el caso de Autos el reclamo del recurrente  nunca se realizó en el proceso

Por lo indicado concluiremos que los Tribunales de instancia obraron conforme a derecho correspondiendo emitir fallo en virtud a la previsión contenida en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación en el fondo de fs. 352 a 354, interpuesto por Ronald Montaño Siles en representación de Jesús Torrico Ramírez impugnando el Auto de Vista No 254 de fecha 13 de octubre de 2014,  pronunciado por  la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas por existir respuesta al recurso.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 700.oo

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero