TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 222/2015

Sucre: 09 de abril 2015

Expediente: Cb-18-15-S

Partes: Miguel Ángel Laredo Vacaflores en representación de Alfredo Antonio

Enrique Icaza de Alba Loza. c/ Gerardo Maldonado, Javier Wuinch W

y Ruth Arce.

Proceso: Reivindicación y Acción Negatoria.        

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Marcela Arias Mariaca en representación de Ruth Arce Rocha y Gerardo Víctor Maldonado  Méridade fs. 393 a 397, impugnando el Auto de Vista de fecha 17 de octubre de 2014 cursante de fs. 384 a 386, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Reivindicación y Acción Negatoria, seguido por Miguel Ángel Laredo Vacaflores en representación de Alfredo Antonio Enrique Icaza de Alba Loza contra las recurrentes, la concesión de fs. 406, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Segundo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, en fecha 18 de noviembre 2013 emitió Sentencia cursante de fojas 360 a 363 vta., declarando, Probada la demanda de reivindicación de inmueble de 27 de octubre de 2009, formulada por Alfredo Antonio Enrique Icaza de Alba Loza respecto al inmueble ubicado sobre la calle Pedro Butrón Nº 285 entre calles George Washington y Enrique Arce de la zona de Cala Cala, Manzana Nº 051, Subdistrito 03, Distrito 12, Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, registrado en Derechos Reales bajo la Matricula Nº 3011020009812, Asientos A-3 y A-4 en fecha 19 de octubre de 2005 y 13 de diciembre de 2006, por lo mismo declaró inexistente el derecho de los demandados Gerardo Víctor Maldonado Mérida, Ruth Arce Rocha y Javier Wuinch Huamán sobre el referido inmueble, con daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.  Probada igualmente las excepciones perentorias de falta de acción, falsedad e ilegalidad opuestas contra la reconvención; Improbada las acciones reconvencionales de Retención de inmueble hasta tanto se les pague los capitales anticréticos, planteadas por Javier Wuinch Huamán, Ruth Arce Rocha y Gerardo Víctor Maldonado Mérida; improbadas igualmente las excepciones perentorias de falta de acción, falta de interés legítimo para demandar, falsedad, ilegalidad, improcedencia y prescripción opuestas por los demandados, el Juez A quo rechazó las excepciones de oscuridad, contradicción y de impersonería para demandar opuestas erróneamente como excepciones perentorias.  Finalmente otorgó un plazo de 30 días de su legal notificación con la sentencia a los demandados para que reivindiquen y restituyan a favor del propietario el inmueble objeto de la litis, bajo conminatoria de lanzamiento; salvando los derechos de los demandados para que hagan valer sus derechos de recuperación del capital anticrético contra quien corresponda a la vía llamada por ley.

Contra la indicada resolución, interpuso recurso de apelación la parte demandada, y el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista, confirmando la Sentencia apelada.

Resolución de segunda instancia que dio lugar al recurso de casación en el fondo presentado por la parte apelante, recurso que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Indica que no se tomó en cuenta que el apoderado al momento de apersonarse ante el Juez de la causa, utiliza un poder que le facultaba únicamente a iniciar dos tipos de acciones, una penal por despojo y otra sumaria por desalojo solo y únicamente en la ciudad de Santa Cruz y dirigir el mismo contra Gerardo Maldonado Javier Wuinch W y la Sra. Ruth Arce, otras personas, concluyendo que no tenía facultades específicas para interponer la presente acción.

Por otro lado acusa que no se dio correcta valoración a los memoriales donde se individualizó legalmente la prueba documental, en el caso de la Escritura Pública que ha sido debidamente registrada en Derechos Reales, hechos que no han sido plenamente valorados como el contrato de anticresissobre el bien inmueble objeto de litis, siendo el título de derecho propietario del actor posterior tanto a la suscripción de los documentos de anticrético como a la Escritura Pública debidamente registrada.

Continua señalando que no se tomó en cuenta que existió entrega de dineros al Sr. Mario Jaime Guy Arrieta Aguilar quien posteriormente ha otorgado en calidad de venta al actual poseedor y demandante el inmueble en cuestión.

Vuelve a reiterar que cuenta con títulos de anticréticos, por lo tanto con legal posesión y ocupación, mencionando que si el inmueble se ha transferido a otro propietario, las obligaciones, cargas y beneficios también se transmiten al nuevo propietario, en este caso los capitales de anticrético que deben ser restituidos en su integridad por el demandante.

Con lo que termina peticionando que se Case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare Improbada la acción principal de reivindicación así como las excepciones opuestas a la acción reconvencional y probada la acción reconvencional, así como las excepciones opuestas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando planteado el recurso de casación, se identifican dos puntos trascendentales que la parte recurrente circunscribe la argumentación; el primero, referente a no haberse tomado en cuenta el poder del actor, documental que no le facultaba a iniciar la presente demanda; y el segundo, el más importante en la litis, el derecho de los demandados a retener el inmueble hasta tanto no se devuelva el capital de anticrético, siendo esos los dos puntos objetados, se debe indicar lo siguiente:

En consideración al primer agravio (impersonería del apoderado), se tiene en obrados de fs. 11 a 12, cursa Poder Especial, Bastante y Suficiente Nº 716/2009 conferido por Alfredo Antonio Enrrique Icaza de Alba Loza en favor de Miguel Ángel Laredo Vacaflores y Jacqueline J. Prieto Ugarte, instrumento legal que dio origen a la demanda de acción reivindicatoria y negatoria presentado por el apoderado Miguel Ángel Laredo Vacaflores; posteriormente, defs. 88 a 89, el indicado poder fue ratificado y ampliado mediante el Testimonio No. 362/2010, otorgando facultades especiales y bastantes dentro del proceso ordinario de reivindicación y negatoria, estableciendo de manera específica que,“se da por bien hecho in extenso la demanda presentada por el apoderado”.

En consideración a lo establecido supra, se puede evidenciar que el argumento de que los apoderados no tenían facultades específicas para interponer la presente acción, no es fundado, como se tiene establecido,el propietario del inmueble objeto de litis, Alfredo Antonio Enrrique Icaza de Alba Loza, mediante Testimonio Nº 362/2010 dio por bien hecho las actuaciones realizadas por sus apoderados, ratificando y ampliando las facultades otorgadas en el poder No. 716/2009, del cual ahora la parte recurrente objeta su validez. Si bien, éste poder solamente facultaba a los apoderados a iniciar dos tipos de acciones, una penal por despojo y otra sumaria por desalojo y solo en la ciudad de Santa Cruz, este hecho no fue objetado por la parte interesada en el momento procesal indicado y conforme al procedimiento legal (excepción previa), dejando precluir su derecho y convalidando actuados, máxime si dicha insuficiencia, fue subsanada de manera posterior por el actor principal y dueño del inmueble.

En conclusión, el hecho que el apoderado haya iniciado la presente demanda con falta de facultad expresa, fue subsanado por el Testimonio No. 362/2010; además este supuesto vicio en el poder, debió ser observada vía excepción previa y no como excepción perentoria, aspecto que origina de inicio su rechazo y consideración, sometiéndose los recurrentes a las resultas del presente proceso.

Por otro lado, respecto del derecho de los demandados a retener el inmueble hasta tanto no se devuelva el capital de anticrético, se debe considerar que, en la litis, cursan tres documentos de contrato de anticresis, el primero de fs. 29 y vta., suscrito entre Mario J. Guy Arrieta, anterior propietario con Gerardo Maldonado Mérida, (fotocopia simple), no evidenciándose que dicho contrato hubiese sido registrado en Derechos Reales.  El segundo documento de contrato anticresis, de fs. 33 a 34, suscrito entre Mario Jaime Guy Arrieta Aguilar  como propietario y la demandada Mirian Arce Rocha, documento que tampoco se encuentra registrado en Derechos Reales; finalmente el Testimonio de fs. 78 a 79 vta, consistente en un contratode anticresis otorgado por Mario Jaime Guy Arrieta Aguilar en favor de Javier Wuinch Huaman y Lidia Justiniano de Wuinch, documento inscrito en Derechos Reales en fecha 07/09/2000conforme se desprende de fs. 80 y vta.

De la consideración de los tres documentos descritos, se debe tener presente que para la validez del contrato de anticresis, la ley establece que éste, debe ser constituido mediante documento público e inscrito en Derechos Reales  (art. 1430 del CC), para que surta efectos contra terceros debe cumplir con la publicidad correspondiente (art. 1538 del CC), formalidades legales sine quanon para poder ejercer el derecho de retención y el de preferencia (art. 1431 del CC) que ahora exigen en casación los acreedores anticresistas.

En el caso de autos, los recurrentes reiteran que no fue tomado en cuenta este registro en Derechos Reales y que su derecho de retención y de preferencia se estaría vulnerado;al respecto, se debe indicar que la parte recurrente no señala la foja en la que se encontraría demostrado dicho aspecto, sin embargo de la revisión de obrados se evidenció la existencia de tres contratos de anticrético, entre ellos el documento de fs. 78 a79 vta, consistente en el Testimonio Nº 408/1998, relativo a la Escritura Pública de contrato de anticrésis de un departamento en la planta alta para vivienda familiar en el inmueble ubicado en la calle Pedro Butrón No. 285, otorgado por Mario Jaime Guy Arrieta Aguilar (anterior propietario)  en favor de Javier Wuinch Huaman y Lidia Justiniano de Wuinch (demandados); a fs. 80 y vta., se evidencia que el indicado contrato de anticresis suscrito en la gestión 1998 se registró en Derechos Reales bajo el asiento B-3 en fecha 07/09/2000. Empero conforme la documental de fs. 125 y vta., se evidencia que dicha inscripción, fue cancelada mediante Escritura Judicial dispuesta por el Juez 2º de Partido en lo Civil y Comercial Dr. Omar Morales D. que canceló el asiento B-3 en  fecha 09/03/2006.

Antecedentes facticos que fueron analizados por los Tribunales de instancia quienes concluyeron que al estar cancelado el único contrato de anticresis registrado en Derechos Reales, los recurrentes son detentadores de hecho y no poseedores de derecho, quienes no tienen ningún derecho frente al propietario actual de retener el inmueble, vulnerando los derechos del propietario quien además se adjudicó una parte del inmueble dentro de un proceso judicial,  donde la parte recurrente, tenían el deber de hacer valer sus derechos como anticresistas; ahora, el propietario en protección y libre ejercicio de un derecho real inmobiliario, instauró la presente acción de reivindicación y negación mediante sus apoderados, derecho que se encuentra reconocido en el art. 1453 y 1455 del Código Civil. 

Finalmente, de la revisión de obrados se evidencia que  el Juez A quo y el Tribunal Ad quem, si bien, desestimaron la pretensión de la parte demandada, de exigir de manera preferente la devolución del capital de anticrético; dichas autoridades, salvaron los derechos de los recurrentes de acudir a la vía legal correspondiente para recuperar los capitales de anticréticos, fundamentación que se encuentra respaldada con las documentales cursantes en obrados y en virtud que dichos contratos tienen eficacia entre los otorgantes y sus herederos y causahabientes y merecen la misma fe probatoria que un documento público conforme lo norma el art. 1297 del Código Civil, si bien éstos no observaron la forma prevista por el art. 1430 del Código Civil, éstos no fueron demandados de nulidad por ninguna de las partes y al encontrarse debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas son perfectamente válidos como prueba documental con la eficacia reconocida por el art. 399.II num. 1) del Código Procedimiento Civil, para efectos de probar la existencia de la acreencia y de la obligación existente con el anterior propietario.

Por dicho motivo,se debe concluir que el argumento de la parte recurrente que se estaría violando el derecho de los demandados de retener el inmueble en tanto no se devuelva el capital de anticrético, no es evidente, los interesados tienen la vía legal respectiva para hacer valer sus derechos directamente con el anterior propietario quien tiene el deber de cumplir con la devolución de dichos montos.

De lo expuesto, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Marcela Arias Mariaca en representación de Ruth Arce Rocha y Gerardo Víctor MaldonadoMérida de fs. 393 a 397, impugnando el Auto de Vista de fecha 17 de octubre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.  Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.- 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero