TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                   S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 220/2015                                                                Sucre: 06 abril 2015                                                                Expediente:        LP-7-15-A                                                                        Partes: Norma Orellana Jiménez, Carlos Antonio Guardia Bazoberry. c/ Rufino

Huaraca Marca                                                                Proceso: Mejor derecho propietario y acción reivindicatoria                        Distrito: La Paz.        

               

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 146 a151 y vta., interpuesto por Norma Orellana Jiménez por sí y en representación de Carlos Antonio Guardia Bazoberry contra el Auto de Vista Nº 317/2014 de 22 de septiembre de 2014 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 144 y vta., en el proceso de Mejor derecho propietario y acción reivindicatoria, seguido por Norma Orellana Jiménez y Carlos Antonio Guardia Bazoberry  contra Rufino Huaraca Marca, la contestación de fs. 153 a 156 y vta., la concesión de fs. 157, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, dicta el Auto  de 20 de diciembre de 2013 que cursa de fs. 123vta., señalando que de la revisión de obrados, se evidencia que la parte demandante ha abandonado  su acción durante más de seis meses según consta  por la última  actuación  que constituye  acto de prosecución  del trámite  procedimental que data  del 14 de marzo de 2013 cursante a fs. 69, razón por el que se declara  la perención  de instancia  conforme se determina el art. 309 del Código de Procedimiento Civil.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por los demandantes y resuelta mediante Auto de Vista de N° 317/2014, que CONFIRMA el Auto apelado, fallo que a su vez es recurrida de casación por los demandantes, objeto de análisis y estudio.

CONSIDERANDO II:                                                                        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto porNorma Orellana Jiménez y Carlos Antonio Guardia Bazoberry.

En la Forma

1.- Los ahora recurrentes acusan la vulneración e inobservancia de los arts. 2, 3,50, 87, 90 y 354todos del Código de Procedimiento Civil, aduciendo que no se dio una correcta aplicación de las citadas normas.

2.- También acusa al Auto de Vista la inobservancia del art. 133 del Código de Procedimiento Civil.

3.- Así como también acusa la vulneración de los arts. 90 y 252 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

1.- Impugna al Auto deVista N° 317/2014, acusando la vulneración e inobservanciadel art. 309 del Código de Procedimiento Civil.

Solicitando al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista N° 317/2014 de 22 de septiembre de 2014 y deliberando en el fondo deje sin efecto el Auto de declaración de perención de instancia.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que habiendo sido interpuesto el recurso de casación en la forma como en el fondo, corresponde dilucidar previamente el recurso de casación en la forma, ya que, de ser evidente la fundamentación del mismo, corresponde una resolución de nulidad, sin ingresar al análisis del recurso de casación en el fondo.

En la forma

1.-Primeramente se debe precisar y agregar que las normas invocadas en el recurso como vulneradas, están relacionadas con el procedimiento que debe cumplir en la interposición y tramitación de los procesos ordinarios, así se encuentran enmarcadas en el Adjetivo Civil, art. 2 ( impulso procesal), art. 354 (calificación del proceso), art. 3 ( rol de los deberes de los jueces y tribunales en la tramitación de la causa), art. 50 (intervención esencial), y por último el  art. 87 (dirección), Ahora bien, el recurso de casación refiere como primer agravio al impulso procesal que debería haber dado el Juez de la causa argumento que se havulnerado el art. 2 del Adjetivo Civil. Al respecto no es menos cierto que el impulso procesal corresponde también a la parte accionante, así como al Juez que por su propia iniciativa, adopte medidas encaminadas a evitar la paralización del proceso y a las actuación de las partes, asimismo el Juez está facultado para dirigir los tramites no solo en busca de la verdad, sino también como medio de obtener una mayor economía y celeridad procesal, por lo que en la especie también le corresponderá el impulso del proceso a los actores siendo de su incumbencia como carga procesal, esto por aplicación del principio dispositivo y su inactividad por el tiempo que dispone la ley es castigada con la perención de Instancia.

Asimismo se acusa al Ad quem, el incumplimiento de normas que hacen al orden público en la tramitación del proceso, según establecen los arts. 3, 50, 87, 90 y 354 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto se debe precisar que es obligación de los Juzgadores velar porque los procesos se tramiten conforme señala el art. 3 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, deber imperativo de los juzgadores, así como en el proceso son esenciales el demandante el demandado y el Juez, conforme determina el art. 50 del Código de Procedimiento Civil, de ahí que los Juzgadores no sean los únicos obligados a impulsar el proceso, también las partes son los actores principales protagonistas para que la tramitación del proceso no se paralice, consecuentementele corresponderá al Juez la dirección del proceso encaminada hasta su finalización conforme determina el art. 87 del Código de Procedimiento Civil. No obstante de ello en obrados se puede evidenciar que existe bastante negligencia y dejadez de los ahora recurrentes en la tramitación de la causa, que genero la paralización del proceso, si bien es cierto que la parte actora presenta la demanda y esta obtiene la contestación, correspondía al Juez trabe la relación jurídica procesal de oficio o a petición de partes, lo que en la presente causa no se advierteque las partes hayan solicitado mediante escritos para que se produzca el impulso procesal y dar celeridad a la causa.

2.- Por último acusa que no se dio cumplimiento con la notificación de las actuaciones Judiciales, incumpliendo de esta manera al art. 133 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto también se debe puntualizar que después de las citaciones con la demanda o reconvención, las partes en el proceso tienen la carga procesal de asistir de forma obligatoria a la secretaria del juzgado cuando menos los días martes y viernes para las notificaciones con las actuaciones que se hubieren producido conforme establece la citada norma adjetiva, de acuerdo a los antecedentes del proceso, las partes no han asistido al Juzgado para notificarse, por lo que el reclamo no tiene sustento legal.

3.- Respecto al punto tres se debe precisar que si bien efectúa consideraciones relacionadas a los arts. 90 y 252 del Código de Procedimiento Civil, con criterios subjetivos e incongruentes que no terminan por explicar por qué y cómo presuntamente se habría vulnerado las normas citadas, soslayando de manera confusa sin arribar de manera lógica a una comprensión pues de referir las normas que de principio se lo hizo, trae luego a sostener que el art. 252 del Código de  Procedimiento Civil,facultaría anular de oficio y lo propio la Ley del Órgano Judicial, pese a esas deficiencias daremos respuesta para no dejar de lado el reclamo vertido, indicando que si bien los recurrentes denuncian que los juzgadores y funcionarios subalternos no dieron la celeridad del caso, pues nuevamente incidiremos reiterando que son las partes los directos responsables e interesados en dar el impulso procesal y la celeridad del proceso y no como querer hacer entrever que los Juzgadores son los que incumplen en sus funciones, toda vez que los recurrentes tenían la carga procesal de dar celeridad a la presente causa hasta su conclusión, lo que no ocurrió en el presente caso,consiguientemente el reclamo es inconsistente.

En el fondo

Con respecto al primer agravio diremos que los argumentos del recurrente se encuentran orientados esencialmente a cuestionar la decisión asumida por el Juez como por el Tribunal de Alzada respecto a la aplicación de la perención de instancia, en ese entendido este Tribunal Supremo se limitará únicamente a analizar si dicho instituto jurídico fue o no correctamente aplicado al caso específico. Al respecto, partiremos indicando que la administración de justicia no solo incumbe a los operadores de justicia, sino también a las partes litigantes, porque son éstas quienes finalmente bajo el principio dispositivo que rige el proceso civil, deciden cuándo y en qué momento iniciar, concluir o poner fin al proceso, incluso de disponer del derecho material, requiriendo para el efecto la intervención del órgano jurisdiccional y para lograr ese propósito dependerá en gran medida de la conducta o actitud procesal que vayan a asumir las propias partes litigantes a lo largo del proceso, quienes una vez iniciada y aperturada la instancia con la admisión de la demanda, asumen derechos y obligaciones que la ley procesal les impone y que se materializan a través de la realización de los llamados “actos procesales” dentro de los cuales se encuentra el impulso procesal como elemento importantísimo que las partes deben dar al proceso en virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales para que el proceso avance y prosiga su curso de manera incesante sin detenerse hasta alcanzar su destino final, incidiendo de esta manera directamente en su tiempo de duración.

Por su parte el Juez en su labor de director del proceso, está entre sus obligaciones el de velar porque se lleve adelante un debido proceso, reprimiendo los incidentes dilatorios que sean innecesarios y haciendo prevalecer como principio elemental el de celeridad procesal, y dentro de ese contexto las partes, principalmente el demandante desde el momento de la admisión de la demanda está en la obligación ineludible de dar el impulso procesal siguiendo con su demanda activamente, siendo además de su incumbencia esa situación como carga procesal; sin embargo ello no significa que el demandado quede del todo liberado, pues una vez citado con la demanda, también le corresponde impulsar el proceso o cuando éste promueve una demanda reconvencional o un incidente, caso en el cual asume para el efecto también el carácter de actor.

Asimismo cuando las partes incurren en inactividad procesal y dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, presumiéndose el abandono de la misma; ante esa situación la ley castiga con la perención de instancia, siendo ésta una de las formas de conclusión extraordinaria del proceso, misma que opera con la concurrencia de tres principales factores que son: a).- Instancia; b).- Inactividad procesal, y c).- Tiempo establecido por ley; liberando de este modo a los órganos jurisdiccionales de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal inactiva, ya que no solo es de interés público sino también privado de que los procesos no permanezcan paralizados de manera indefinida y que el Órgano Jurisdiccional no puede estar supeditado al tiempo de las partes con una carga inactiva e incierta expectativa con respecto a los deberes que le concierne, por ello la Ley establece la posibilidad incluso de que la perención pueda ser declarada aun de oficio sino fuera a petición de parte, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento del plazo establecido por ley, empero la misma no opera de ipso facto o de manera automática por el solo transcurso del tiempo, sino que debe existir un pronunciamiento judicial a través de una Resolución.

El art. 309 del Código de Procedimiento Civil reconoce la declaratoria de perención de instancia, refiriendo que cuando el demandante en primera instancia abandonare su acción durante seis meses, el Juez de oficio o a petición de parte y sin más trámite declarará la perención de instancia; el segundo parágrafo determina que, el plazo se computará desde la última actuación (efectuada en el proceso); en tanto que el art. 313 del mismo cuerpo legal establece los casos en los cuales no procede la perención.

En el caso presente, de los antecedentes del proceso se verifica que la parte demandante y hoy recurrente, previo a la declaratoria de la perención de instancia, registra de su parte como última actuación el señalamiento de domicilio procesal, memorial que fue presentado el 14 de marzo de 2013 (fs.69), señalamiento que fue admitido mediante proveído de fecha 15 de marzo de 2013, por su parte la demandada presenta memorial de contestación (fs. 114 a 121), providencia de fecha 03 de junio de 2013 (fs. 121vta.), ese proveído resulta ser el último actuado relativo a la prosecución del proceso a partir del cual debe efectuarse el computo de la perención de instancia, incurriendo en inactividad procesal dejando en completo abandono del proceso por más de seis meses, aspecto que dio lugar a la perención de instancia a solicitud de la partedemandada.

Sobre el particular, el tratadista Hugo Alsina indica entre otros aspectos que, la presentación de memoriales como el pedido de desglose de documentos, cambio de domicilio procesal, solicitud de fotocopias legalizadas. etc., no interrumpen la perención de instancia; similar criterio asume Enrique Lino Palacios, así como los doctrinarios nacionales Carlos Morales Guillén y Gonzalo Castellanos Trigo, toda vez que coinciden en cuanto a establecer que los actos procesales que no tengan por finalidad impulsar el proceso, no pueden considerarse idóneos para interrumpir la perención de instancia, no existiendo al respecto mayor divergencia de corriente doctrinaria como afirmanlos recurrentes.

Consiguientemente, el plazo para la perención de instancia debe computarse desde el ultimo actuado de las partes vale decir, desde el proveído de la contestación a la demanda de fecha 03 de junio de 2013, (fs.121vta.),cumpliéndose los seis meses que establece el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, al 05 de diciembre de 2013, fecha de presentación  del memorial de solicitud de perención de instancia y reiterada el18 de diciembre de 2013, misma que en aplicación del art. 309 del Código de Procedimiento Civil es decretada por el Juez de la causa mediante Auto de 20 de diciembre de 2013, decisión que se encuentra conforme a derecho, sin que se advierta infracción a la citada norma legal.

Corresponde aclarar que en el término computado en el párrafo anterior, el Órgano Jurisdiccional ha ingresado en vacación judicial, para el entendimiento de dicho aspecto se cita la Jurisprudencia sentada por este Alto Tribunal Supremo en elA.S. 638/2013, de fecha 11 de diciembre de 2013, en el que se estableció lo siguiente:“Con respecto a la afirmación de que la vacación judicial interrumpiría el plazo de la perención de instancia, no corresponde tal afirmación, toda vez que la suspensión de los plazos prevista en el art. 141 del Código de Procedimiento Civil por efecto de la vacación, es para neutralizar el vencimiento de los plazos para la realización de los actos procesales propiamente dichos que se dan en el curso del procedimiento, siendo además de carácter estrictamente temporal y no así para la interrupción y/o suspensión del cómputo del plazo para la perención de instancia, misma que tiene otra finalidad cual es la de atacar y extinguir el proceso mismo con todos los efectos que ello implica, situación que de ninguna manera se logra con simple suspensión de los plazos, sino únicamente a través del abandono del proceso por el tiempo que establece la ley”. De la misma manera el A.S. 219/2012 de fecha 19 de julio de 2012, que refiere “…la perención contempla el factor tiempo y el factor inactividad; de tal suerte que la perención se origina en la falta de actividad prolongada durante cierto tiempo y esa inactividad determina falta de impulso del proceso…”.

Concluyendo que el cómputo de la perención de instancia no es suspendida por la vacaciones judiciales, siendo ésta la excepción a la regla contenida en el art. 141 del Código de Procedimiento Civil.

El Juez de la causa en su razonamiento aparentemente hace el computodel plazo transcurrido de la vacación judicial en el entendido de que esa situación no suspendería la perención de instancia, considerando como suficiente para decretar la perención el resto del tiempo ya transcurrido, decisión que al haber sido confirmada por el Ad quem, ambos utilizaron el mismo razonamiento para el cómputo del plazo para la aplicación de dicho instituto jurídico, con relación a lo fundamentado en el presente donde se tiene indicado el tiempo por efecto de la vacación judicial, también se computan para la perención; sin embargo esa situación en el caso de Autos en nada influye ni puede cambiar en el fondo la decisión asumida por los jueces de instancia, toda vez que por los antecedentes del proceso está plenamente demostrado que desde la última actuación procesal (fs. 121 vta.), hasta el momento de la solicitud de la perención de instancia transcurrieron más de seis meses, tiempo por demás suficiente para declarar la perención de instancia.

Por lo que en base a todos los antecedentes vertidos se concluye que, el computo a realizarse es desde la última actuación vale decir desde la providencia de fecha 03 de Junio  de 2013 (fs. 121vta.), hasta la petición de perención de instancia contenido en el memorial de 5 de diciembre de 2013 (fs. 122) siendo de esta manera el plazo transcurrió de 6 meses y 2 días calendarios.

Por lo anteriormente expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 146 a 151 de obrados interpuesto por Norma Orellana Jiménez por sí y en representación de Carlos Antonio Guardia Bazoberry, contra el Auto de Vista Nº 317/2014 de 22 de septiembre de 2014 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 144 y vta. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.- (Un Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero