TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 216/2015

Sucre: 06 de abril 2015

Expediente: LP - 4 - 15 S

Partes: Carlos Ricardo Lundgren López. c/ Raúl Beltrán Berrios y Agustín

            Covarrubias M.

Proceso: Prescripción.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fondo y de forma de fs. 344 a 349, interpuesto por Emma María Concepción Osio Vda. de Beltrán y Raúl Armando Beltrán Osio, contra el Auto de Vista de S-222/14 de 14 de agosto de 2014, cursante de fs. 340 a 341 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre prescripción seguido por Carlos Lundgren López y otra Agustín Covarrubias y Raúl Beltrán Berrios; el Auto de concesión de fs. 365; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Carlos Ricardo Lundgren López, adjunta literales a 13 fs., demanda de fs. 14 a 14 vta., y de fs. 17 a 18 vta., amparado en los arts. 7-h) de la Constitución Política del Estado, y arts. 351-7) y 1507 del Código Civil, manifestando que es propietario de un bien inmueble ubicado en calle Mayor Lopera Nº 427 zona Miraflores de la ciudad de La Paz, inmueble que junto a su esposa dieron en calidad de hipoteca para garantizar el préstamo de dinero otorgado por los demandados. Dicho inmueble se encuentra con cuatro hipotecas que datan de 1993, 1994, y 1995, inscritas a través de testimonios ante Notario de Fe Pública y no por orden judicial debido a préstamos de dinero que contrajeron el y su esposa que a la fecha han sido cancelados pero por descuido no se procedió a realizar el levantamiento de las hipotecas ante el desconocimiento del domicilio de sus ex acreedores por lo que acude a esta vía para levantar los gravámenes mencionados. La primera hipoteca en favor del acreedor Raúl Beltrán Berrios de 3 de junio de 1993, registrado bajo la partida computarizada 04044815 por $us.20.000 Testimonio Nº 173/93 la deuda se volvió ejecutable el 6 de diciembre de 1993 prescribiendo el diciembre de 1998; la segunda hipoteca: acreedor Raúl Beltrán Berrios de 9 de diciembre de 1994 por $us.5.000 registrado bajo partida computarizada 04061716 ingresado el 23 de diciembre de 1994, Testimonio Nº 956/1994 de 9 de diciembre de 1994, se hizo ejecutable el 9 de junio de 1995 prescribiendo en junio de 2000. La tercera obligación de 24 de julio de 1995 acreedor Agustín Covarrubias M. por $us. 20.000 Testimonio Nº 214 de 24 de julio de 1995, se volvió ejecutable el 24 de enero de 1996 prescribiendo el 24 de enero de 2001. La cuantía total de las tres obligaciones son de $us.45.000. Una obligación conforme al Codigo Civil, prescribe a los cinco años los cuales han transcurrido, desde que el documento público se vuelve ejecutable conforme el art. 7-h) de la Norma Fundamental y arts. 351-7), 105 y 1507 del Código Civil, y 334 del Código de Procedimiento Civil.

Raúl Beltrán Berrios de fs. 32 a 34, contesta y reconviene señalando que por la documentación que adjunta acredita que concedió un préstamo de $us.20.000 y posteriormente acordaron una ampliación del préstamo por $us.5.000 adicionales mediante escritura pública Nº 956 de 12 de diciembre de 1994 ampliando la garantía hipotecaria inicial. Ambos créditos debían honrarse con un interés del 3% mensual y cancelarse la deuda total hasta seis meses después. La pretensión de prescripción de deuda no es posible ya que aún es actual, vigente y exigible, y los esposos Lundgren no han cumplido lo pactad en las fechas indicadas. En las misivas enviadas por el demandante de 13 de abril de 1998, 28 de marzo de 2001, 10 de abril de 2003 y 27 de enero de 2004, justificaba su retraso y falta de cumplimiento de la deuda. La carta notariada de 27 de enero de 2004 plasma el reconocimiento de la deuda. En virtud del art. 1505 del Código Civil, la deuda que se pretende su extinción continúa y es susceptible de ser requerida, acto voluntario y público conforme el art. 1287 de la citada norma, ha interrumpido de forma inequívoca el tiempo de prescripción de la obligación pecuniaria previsto en el art. 1506 y 1507 del mismo. Reconviene por incumplimiento de contrato debido a que el actor y esposa no cumplieron con la obligación contraída en las fechas acordadas, es decir, hasta el 4 de diciembre de 1993 el primer préstamo, y 4 de junio de 1995 el segundo. A partir de la fecha de vencimiento para la cancelación de la deuda, el actor le ha ido enviando misivas dilatorias queriendo justificar su incumplimiento siendo que la última carta de 26 de enero de 2004, que le faculta exigir el cumplimiento de la obligación.

Sustanciado el proceso, la Juez Decimoquinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 75/2013 de 26 de marzo de 2013, de fs. 265 a 272 vta., declaró probada la demanda consecuentemente operada la prescripción extintiva de las obligaciones contraídas por escrituras públicas Nos. 173/1993 de 3 de junio de 1993, 956/1994 de 23 de diciembre de 1994, 214/1995 de 24 de julio de 1995, por la suma de $us.45.000 contra los acreedores Raúl Beltrán Berrios y Agustín Covarrubias M., disponiendo que en ejecución de sentencia se levanten las hipotecas contraídas. Improbada la acción reconvencional por incumplimiento de obligación.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 222/2014 de 14 de agosto de 2014, confirmó la Sentencia; resolución contra la cual la parte demandada recurre de casación de fondo y de forma.  


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del recurso de casación se resume lo siguiente:

  1. Señalan que la primera hipoteca que pesa sobre el inmueble del demandante por $us.20.000 se le entregó en préstamo para que se devolviese dentro de seis meses máximo, caso en el que la prescripción corría a partir de 3 de diciembre de 1993; el segundo préstamo por $us.5.000 entregado en mano propia del demandante y su esposa por el mismo plazo para devolución, caso en que la prescripción corría desde el 9 de junio de 1995, sin embargo es falso que hubiesen sido amigos si luego señala que desconocía su domicilio, y más falso que hubiese honrado la deuda ya que no presentó los descargos de ello ni explica cómo habría sido cancelada la deuda si fueron pagos parciales o un solo pago, todo lo contrario, está probado que el demandante no devolvió el dinero, quien junto a su esposa abusaron de la confianza del demandado y hoy son favorecidos con las resoluciones de grado.
  2. Dicen que el Juez de entonces admitió la demanda sin observar que se ha incumplido el art. 327-4) del Adjetivo de la materia referido al nombre, domicilio y generales del demandante incurriendo en grave vicio de nulidad.
  3. Manifiestan que el demandado Raúl Beltrán Berrios acompañó a su demanda y reconvención prueba preconstituida de fs. 28 a 31, como las cartas notariadas que llevan la firma del demandante en las que solicitó ampliación de plazo para el pago de la deuda siendo la última nota que interrumpió la prescripción, interrupción atribuida al mismo demandante de acuerdo al art. 1503-II del Código Civil, la carta notariada de 28 de enero de 2004 de fs. 28, luego de ocho meses antes de iniciar el proceso ordinario de prescripción liberatoria después de cuatro años y ocho meses antes de cumplir el art. 1507 del Código Civil.
  4. Hacen conocer que mediante auto interlocutorio simple 156/2009 de 28 de marzo de 2009 de fs. 57, se trabó la relación procesal pero dos meses antes de la emisión de dicha resolución, el Sr. Raúl Beltrán Berrios falleció.
  5. Manifiestan que a partir del fallecimiento asumió defensa la cónyuge sobreviviente ofreciendo todas las pruebas.
  6. Indican que mediante decreto de 6 de abril de 2009,  se paralizó el proceso hasta que sean notificados los herederos mediante edictos con intervalo de seis días que no se cumplieron ya que fueron siete días los intervalos según las publicaciones, tampoco se procedió a la declaratoria de rebeldía violando los arts. 90 y 68 de dicha norma.
  7. Denuncian que el decreto de 22 de julio de 2009, no dio lugar al medio probatorio señalando que no es idóneo porque Elsa Asch de Lundgren no es parte del proceso omitiendo que la reconvención se formuló contra ambos.
  8. Refieren que de acuerdo al informe del Notario de fs. 134, la carta notariada de 27 de enero de 2004, constituye documento público y auténtico que demuestra la interrupción de la prescripción cumpliendo lo preceptuado por los arts. 1503-I, 1505 y 1506 del Código Civil.

Con dichos antecedentes, pide la Nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo de fs. 19, subsanando la indefensión de los herederos de Raúl Beltrán Berrios.  


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haberse interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma sin realizar una diferenciación en los argumentos y no obstante la deficiencia indica, en observancia de la garantía del principio de impugnación previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado y el principio de pro actione se ingresa a realizar la consideración de dichos recursos, empezando primeramente por el de forma, esto por razones de orden lógico.

III.1.- Se identifican como argumentos de forma los siguientes:  

En el segundo punto del recurso reclaman debido a que el Juez habría admitido la demanda sin observar el incumplimiento del art. 327-4) del Adjetivo de la materia en el nombre, domicilio y generales del demandante y en lugar de anular dispuso el traslado. El art. 327 del Código de Procedimiento Civil, señala que la demanda será deducida por escrito y contendrá: “4) El nombre, domicilio y generales de ley del demandado…” obligatoriedad que está dirigida indiscutiblemente a la parte demandante quien en su demanda tiene que proporcionar esa información respecto del demandado, en términos claros y precisos. En todo caso, si aquello hubiese ocurrido, correspondía a la parte demandada reclamar en la etapa procesal pertinente y oportuna.

Lo puntos cuarto y quinto no constituyen agravios propiamente puesto que a través de ellos los recurrentes hacen meras referencias a los antecedentes del proceso. Empero, en el punto sexto se hacen dos reclamos, el primero debido a que los edictos para citar a los herederos del demandado se habrían efectuado sin el intervalo de seis días sino de siete sin tomar en cuenta el art. 124 del Código de Procedimiento Civil; mediante el auto de fs. 65 del expediente, el Juez de la causa dispuso la suspensión de la tramitación del proceso ordenando la citación de los herederos mediante dos edictos a publicarse con intervalos de seis días. A fs. 69 y 70, se observa la publicación de dos edictos en fechas 23 y 30 de abril de 2009. Tras el deceso de Raúl Beltrán Berrios los herederos fueron citados con el objeto de que se apersonen y se pongan a derecho, que es la finalidad de la citación, sin embargo, no tiene ninguna relevancia ni trascendencia para el fin que se persigue cual es poner a conocimiento de los interesados, que la publicación de edictos se haya realizado con un espacio de tiempo más de lo previsto, que este caso fue de un día. Con la ascensión de la Constitución Política del Estado en febrero de 2009, y la irrupción del modelo de Estado Plurinacional, se han superado esquemas y paradigmas tradicionales de administración de justicia que daban preponderancia a la justicia formal antes que la material o sustancial, y se establecieron principios y la manera de ejercerlos, así, en cuanto a las nulidades procesales, para que operen éstas existen principios como los de especificidad, finalidad del acto, de trascendencia y de convalidación. Por el principio de trascendencia quien solicita la nulidad debe demostrar que el acto le ha acarreado perjuicio es cierto e irreparable que solo pueda subsanarse con la declaración de nulidad, evento que en el caso de autos no fue demostrado.             

Respecto al segundo reclamo del presente agravio referido a que no se habría procedido a la declaratoria de rebeldía; se tiene que mediante el Auto de calificación del proceso de fs. 57-57 vta., se abrió un plazo probatorio común a las partes. Habiéndose apersonado Emma María Concepción Osio de Beltrán de a fs. 64-64 vta., por auto de fs. 65, se procedió a la suspensión de la tramitación del proceso y la citación de sus herederos mediante edictos, no obstante, mediante Auto de fs. 76, se dispuso la prosecución del proceso. El Auto de Vista  de fecha 7 de octubre de 2010 de fs. 160 a 161 vta., anuló obrados hasta fs. 105 inclusive, observando que correspondía la declaratoria expresa de la rebeldía con lo que, por el auto de fs. 187, fue declarada la rebeldía de los herederos al fallecimiento de Raúl Beltrán Berrios, sin embargo, los herederos se apersonaron de ahí que no se evidencia indefensión alguna. 

En el séptimo punto señalan que por el decreto de 22 de julio de 2009, el Juez no dio lugar a la prueba con el pretexto de que Elsa Asch de Lundgren no es parte del proceso pese a que la demanda reconvencional está dirigida al demandante y su cónyuge. Empero, a través del Auto de fs. 99 anuló el decreto de autos para Sentencia observando que la demanda reconvencional fue dirigida a ambos, disponiendo en consecuencia la notificación con la reconvención a la codemandada Elsa Asch de Lundgren.

Por lo señalado, no se advierte motivos para anular la resolución recurrida deviniendo el recurso de forma en infundado.

III.2.- Se identifican como argumentos de fondo los siguientes aspectos:

Los agravios contenidos en calidad de resumen en los Puntos 1, 3 y 8 del Considerando II de la presente Resolución, respecto a los cuales es necesario efectuar las siguientes puntualizaciones:

  1. El Auto de Vista de 14 de agosto de 2014, confirmó la Sentencia que declaró probada la demanda sobre prescripción extintiva de las obligaciones contraídas, e improbada la acción reconvencional, con el argumento de que desde la fecha de registro de los gravámenes que datan de 1994 y 1995, hasta la interposición de la demanda en 2008, la parte demandada no ha realizado ningún acto tendiente a ejercer su derecho al cobro, por lo que al tenor del art. 1499 del Código Civil, que señala que la prescripción puede oponerse por los acreedores o cualesquier interesado en ella, cuando la parte a quien favorece no la hace valer.
  2. Bajo esas consideraciones, Mediante testimonio Nº 173/93 de fs. 4 a 6, relativo a la escritura pública de préstamo en dólares americanos con garantía hipotecaria de inmueble, se acredita que Raúl Beltrán Berrios y Carlos Lundgren López y Elsa Asch de Lundgren suscribieron minuta de préstamo de dinero el 3 de junio de 1993 otorgando, el primero en favor de los segundos nombrados, la suma de $us.20.000 con la garantía de la primera hipoteca del inmueble de 150 m2 ubicado en calle Capitán Lopera Zona Caiconi de la ciudad de La Paz, de propiedad de los deudores, fijándose el plazo para el cumplimiento de la obligación en seis meses forzosos con el interés mensual del 3% y siempre que éstos sean pagados con puntualidad estableciendo que en caso de omisión durante dos meses consecutivos la obligación será de plazo vencido y ejecutable; por el testimonio Nº 956/1994 de fs. 7 a 9, relativo a la escritura pública de ampliación de préstamo de dinero en dólares americanos con garantía hipotecaria, se acredita que entre las partes señaladas precedentemente, suscribieron minuta de ampliación de crédito el 9 de diciembre de 1994, por el monto de $us.5.000 que sumado a la hipoteca original da un total de $us.25.000 obligando y comprometiéndose a cancelar en el término de seis meses computables a partir de la fecha de suscripción del documento de ampliación manteniéndose el interés del 3% mensual y la primera garantía hipotecaria constituida sobre el mencionado inmueble. En ese sentido, señalan los recurrentes que la prescripción comenzaría a correr a partir del 9 de junio de 1995, empero, el demandante jamás habría cumplido con su obligación de devolver el dinero.
  3. La prueba adjunta por el demandado reconvencionista que cursa de fs. 28, 30 a 31, consisten en cartas notariadas en fechas 27 de enero de 2004, 28 de marzo de 2001, y 13 de abril de 1998, enviadas por Carlos Lundgren López a Raúl Beltrán Berríos, donde el primero le señala que es deudor garante del segundo y en ese sentido, le pide prórroga en los plazos para cancelar la deuda aduciendo para ello diferentes motivos.
  4. Entre los modos de extinción de las obligaciones se encuentra la prescripción conforme establece el art. 351 Num. 7) del Código Civil. De conformidad con ello, el parágrafo I del art. 1492 de la citada norma, señala que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que prevé la ley, siendo que, de acuerdo al art. 1493 del mismo Compilado, la prescripción comienza a correr o se computa desde que el derecho puede hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. En virtud del art. 1507 de la norma indicada, los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción cuando durante cinco años no se ha ejercido el derecho de exigir el cumplimiento de tales obligaciones. Contrariamente, las causas que interrumpen la prescripción están señaladas en el art. 1503 del Código Civil, que son una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba el derecho, o por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. Asimismo, de conformidad a la primera parte del art. 1505 de la norma en examen, la prescripción también se interrumpe por reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquél contra quien el derecho puede hacerse valer.
  5. Como se tiene señalado precedentemente, la ley ha previsto causas que interrumpen la prescripción de las obligaciones; la prescripción se interrumpe o suspende cuando ocurre una de las causas previstas en la ley, produciéndose la interrupción de la prescripción cuando un acontecimiento previsto por la ley destruye o deja sin efecto todo el tiempo anteriormente transcurrido, comenzando un nuevo computo de la prescripción después de la interrupción. En ese sentido, en el caso que nos ocupa, en antecedentes cursa la carta de fs. 31, que fue notariada en fecha 13 de abril de 1998, suscrita por el demandante, señalando “… la deuda que tengo contraído ante usted con garantía hipotecaria por la suma de $us.25.000 le cancelaré hasta fines del presente año” ese acto, es decir, la declaración del deudor, conforme al art. 1505 de la norma en examen, ha interrumpido el plazo de la prescripción que hasta esa fecha había transcurrido. No obstante, tras esa manifestación de voluntad no se advierte de los datos del proceso que la obligación se haya cumplido por lo que automáticamente comenzó a correr nuevo plazo de prescripción, hasta que, mediante carta también notariada de 28 de marzo de 2001 de fs. 30, el deudor nuevamente se dirigió a su acreedor señalándole “… no he podido devolverle la deuda hipotecaria que tengo con usted… tenga la amabilidad de esperarme noventa días a partir del 10 de abril del presente año”. Empero, a pesar de ese compromiso, se tiene de los datos del proceso que la obligación continuó incumplida por lo que comenzó otro nuevo plazo de prescripción el cual estando corriendo fue nuevamente interrumpido por la nota de fs. 28, igualmente notariada en fecha 27 de enero de 2004, donde el deudor le señala “… no he podido cumplir el pago de mi deuda… en los próximos tres meses esté en condiciones de arreglar mi deuda con usted”, nota con la cual se interrumpió el plazo de la prescripción, sin embargo, de la manifestación de este compromiso no se tiene constancia que se haya materializado, por lo que se considera que a partir de ese último acto, volvió a comenzar otra vez más el plazo para la prescripción teniendo en cuenta que el demandante en su demanda señala que ya han pasado más de cinco años y de acuerdo al Codigo Civil, una obligación pecuniaria prescribe a los cinco años desde que el documento público se vuelve ejecutable.
  6. Conforme se tiene señalado anteriormente, la prescripción puede ser interrumpida por ejercicio judicial o extrajudicial, o por cualquier otro acto de reconocimiento de deuda, situación ésta que ha acontecido en el presente caso, ya que si bien en el proceso no existe prueba que demuestre que el acreedor hubiera iniciado acción judicial o extrajudicial alguna exigiendo el cumplimiento de la obligación, sino más bien el deudor quien, a través de las mencionadas cartas notariadas, fue dando explicaciones sobre su incumplimiento pidiendo prórrogas de plazos a fin de cancelar la deuda, y si bien es cierto que no existe constancia de recepción de las mismas como ha informado el Notario de Fe Público a fs. 134, respecto de la carta de 28 de enero de 2004, señalando: “…la carta notariada… fue intervenida por mi autoridad con el sello que dice Pasó por mí la carta notariada que antecede, de lo que doy fe, en la que firmo y sello… Debo hacer notar que la misma no fue diligenciada o notificada al Sr. Raúl Beltrán B…”, no es menos cierto que esa declaración o manifestación de voluntad vertida en cartas que fueron intervenidas notarialmente, implica el reconocimiento de la obligación en favor del deudor, demandado en el presente caso, considerándose aquéllas como un verdadero documento público que hace plena fe respecto de la declaración o convención que contiene, conforme a los arts. 1505, 1287-I y 1289-I del Código Civil, cuya acusación de falsedad no fue demostrada en el proceso.
  7. Teniendo en cuenta que con la carta de 28 de enero de 2004, fue interrumpida la prescripción que venía corriendo anteriormente, a partir de esa fecha comenzó otro plazo de prescripción de la deuda, teniéndose que hasta la fecha de interposición de la demanda no ha transcurrido el plazo que establece el art. 1507 del Codigo Civil, consiguientemente se concluye no haberse operado la prescripción del derecho patrimonial del acreedor establecido mediante las escrituras públicas insertas en los testimonios Nº 173/93 de 3 de junio de 1993, sobre préstamo en dólares americanos con garantía hipotecaria de inmueble, y Nº 956/1994 de 9 de diciembre de 1994 sobre ampliación de préstamo de dinero, aspecto que no fue tomado en cuenta por los jueces de instancia. 

Por lo precedentemente expuesto, al no haberse demostrado la prescripción de la obligación pecuniaria contraída por el demandante en favor del demandado, corresponde a este Tribunal de Casación emitir resolución para ambos recursos conforme al art. 271 num. 2) y 4) del Código de Procedimiento Civil. 


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y conforme al art. 271 num. 4) con relación al 274 de la misma Ley adjetiva, CASA el Auto de Vista Nº S-222/14 de 14 de agosto de 2014, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y deliberando en el fondo declara improbada la demanda principal sobre prescripción y probada la acción reconvencional. Sin responsabilidad, por ser excusable el error. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero