TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 200/2015 - L

Sucre: 20 de marzo 2015

Expediente: LP - 31 - 10 S

Partes: Paulino Quispe Apaza y Eusebia Surco Cuentas. c/ Jeaneth Sabina

             Quispe Alejo y Angélica Pascual Selozano e hijos.

Proceso: Nulidad de minuta y escritura pública y cancelación de partida en

              Derechos Reales, y reconocimiento de derechos.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 194 a 205, interpuesto por Paulino Quispe Apaza y Eusebia Surco Cuentas, contra el Auto de Vista Nº 356 de 25 de septiembre de 2009 de fs. 182 a 184, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de minuta y escritura pública y cancelación de partida en Derechos Reales, y reconocimiento de derechos seguido por los recurrentes contra Jeaneth Sabina Quispe Alejo, Angélica Pascual Selozano e hijos Teresa, Néstor, Reynaldo, Albertina, Epifanio, Gonzalo, Elsa, Lucila y Paula Cruz Pascual; el Auto de concesión de fs. 224; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Paulino Quispe Apaza y Eusebia Surco Cuentas, adjuntando literales a 6 fs., demandan de fs. 7 a 9 y 11, amparados en los arts. 546, 547, 549-1), 551 y 553 del Código Civil, manifestando que de su unión conyugal nacieron tres hijos: Jeaneth Sabina Quispe Alejo (tenía otra madre), Guilver Eduardo y Zuleika Aide Quispe Surco, a favor de quienes renunciaron derechos suscribiéndose el 21 de agosto de 1989, documento privado aclarándose que solo iba a registrarse a nombre de la hija mayor Jeaneth quien a su mayoría de edad debía dividir el terreno con sus otros dos hermanos, para ello aportaron $us.400.- para adquirir el mismo, y el 22 de agosto se suscribió la minuta de compraventa elevada a escritura pública Nº 1190/89 de 16 de octubre de 1989, y registrado en Derechos Reales bajo la partida Nº 01211580 de 29 de junio de 1993. En la suscripción de dicha escritura pública ocurre que se cometieron una serie de irregularidades como la de su hija Jeaneth Sabina Quispe Alejo que firmó como mayor de edad y el reconocimiento de firma se realizó ante Juez de Mínima Cuantía, y lo mas grave, se eleva a escritura pública sin la comparecencia de las partes ni el vendedor Miguel Cruz Escobar y compradora Jeaneth Sabina Quispe Alejo vulnerando la Ley del Notariado en su art. 25, y ahora que su hija es mayor de edad pretende desconocer el trato inicial de dividir el lote con sus otros dos hermanos, creyendo que cumpliría con su palabra construyeron cuatro habitaciones, pagado impuestos, murallas, empedrado, instalación de servicios básicos, y otros; indican que no pretenden despojarle de ningún derecho pero sí que reconozca el de sus hijos. Demandan la nulidad de la minuta de 22 de agosto de 1989, escritura pública Nº 1190/89 y cancelación de la partida así como el reconocimiento de derecho de propiedad sobre las dos terceras partes del inmueble, lote de terreno Nº 1391, Mzna. M-58, Urbanización Santa Rosa de El Alto de La Paz, a favor de sus otros hijos.

Jeaneth Sabina Quispe Alejo, a fs. 18, contesta señalando que su propio padre influenciado por su esposa pretenden adueñarse de la casa que adquirió de sus abuelos, viendo que es discapacitada sensorial-visual los demandantes pretenden anular documentos que acreditan su derecho propietario sobre el indicado bien sin fundamento de hecho ni de derecho alguno pues su derecho propietario tiene debidamente registrado bajo la partida computarizada 01211580 de 29 de junio de 1993 sobre 250 m2, pide rechazar la demanda.   

Sustanciado el proceso, el Juez Segundo de Partido en lo Civil-Comercial de El Alto, mediante Sentencia Nº 495 de 4 de diciembre de 2007, de fs. 113 a 114, declaró improbada la demanda.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 356 de 25 de septiembre de 2009, confirmó la Sentencia; en contra de esta resolución la parte demandante recurre de casación en el fondo y en la forma.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de casación en el fondo:

  1. Error de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba medular:

La Escritura Pública Nº 1190/89 de fs. 2 a 3, contiene deficiencias formales comenzando por la suscripción de la minuta de compraventa de 22 de agosto de 1989, el Libro de Protocolos de dicha escritura no ha sido suscrito por el vendedor Miguel Cruz Escobar, ni por la compradora Jeaneth Sabina Quispe Alejo, procediéndose simplemente a un acta de reconocimiento de firmas en esa fecha ante Juez de Mínima Cuantía, autoridad incompetente por cuantía y en razón de materia, de ello se tiene que las partes no han comparecido a reconocer sus firmas, que estos hechos constituyen vicios de nulidad como es el hecho de que Jeaneth Quispe Alejo era incapaz de obrar, vulnerándose el art. 25 de la Ley del Notariado que determina que el protocolo debe ser firmado por las partes y violándose el art. 549 num. 1 del Código Civil, porque falta en el contrato el objeto o la forma prevista como requisito de validez, empero el Tribunal A quo y Ad quem han ignorado dicha causal de nulidad.

  1. Flagrantes disposiciones contradictorias:

En el Auto de Vista se señala que Jeaneth Sabina Quispe Alejo, en la minuta de 22 de agosto de 1989 y Escritura Pública Nº 1190/89 de 16 de octubre de 1989 nació el 30 de enero de 1977, por lo cual sería menor de edad o incapaz de obrar en tal oportunidad, el Ad quem se limita a relacionar dichos documentos y la demanda para ampararse en el art. 554-2) del Código Civil, respecto a que en el caso de anulabilidad por incapacidad de una de las partes contratantes, en este caso la persona capaz no podría reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado, refiriéndose a casos de anulabilidad del contrato, más adelante reproduce el art. 549 del Código Civil, respecto a los cinco casos de anulabilidad del contrato alegando que no se habrían demostrado una de estas causales para determinar la anulabilidad demandada, que de su parte habrían demandado la nulidad de dichos documentos no así la anulabilidad. No es la incapacidad de obrar de Jeaneth Sabina Quispe Alejo la causal de nulidad principal invocada ya que la causal esencial de la nulidad invocada es la contenida en el art. 549-1) del Código Civil, de ahí que son disposiciones contradictorias y antitéticas de acuerdo al art. 253 num. 2) de la precitada norma.

  1. Nuevo error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba de cargo:

El Auto de Vista señala que no se habría cumplido con la carga de la prueba de acuerdo al art. 375 del Código de Procedimiento Civil, que no demostraron que adquirieron el bien inmueble a favor de los tres hijos o que exista un documento de cesión de derechos a favor de sus hijos. Sin embargo, cursa el documento privado de compraventa de lote de terreno de 21 de agosto de 1989 que no fue desvirtuado ni enervado por la parte demandada por el cual el propietario Miguel Cruz Escobar transfiere el lote de terreno de 250 m2 de la Urbanización Santa Rosa de la ciudad de El Alto a favor de Santiago Quispe Jamachi por $us.900 en cuya clausula segunda concretamente se señala: Quien a su vez indica que compra para sus nietos Jeaneth Quispe Alejo, Guilver Eduardo y Suleika Aidé Quispe Surco, de donde queda demostrado que el terreno ha sido adquirido a favor de sus tres hijos por quien fue su padre y suegro respectivamente, por eso errónea y forzadamente señalan que no son “partes” en la escritura pública, en cuya tercera cláusula se aclara que en la minuta de transferencia solamente está suscrito a nombre de Jeaneth Sabina Quispe Alejo y cuando sean mayores de edad deberán dividirse el terreno los tres sin objeción alguna de Jeaneth Quispe Alejo, pero el Auto de Vista insiste que no tienen interés legítimo citando impertinentemente el art. 523 del Código Civil.

  1. Violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la norma:

Se ha vulnerado el art. 551 del Código Civil, alegando que no tienen interés legítimo desconociendo derechos fundamentales como progenitores de los indicados menores quienes siendo incapaces de obrar, tienen la patria potestad, están excluyéndolos de la representación de sus hijos menores desconociendo el art. 5-II de la citada norma al igual que los arts. 244, 245, 249, 258-5) y 265 del Código de Familia, art. 31 y 32 del Código Niña, Niño y Adolescente.

Recurso de casación en la forma:

  1. Se ha faltado a diligencias o trámites declarados esenciales, falta expresamente penada con nulidad por la Ley:

Formalizaron esta demanda en representación de sus hijos quienes eran incapaces de obrar, sin embargo se omitieron dos actuaciones fundamentales: la designación de tutor ad litem según el art. 319-8) del Código de Procedimiento Civil, y la notificación al Ministerio Público y a la Dirección Departamental de Gestión Social según el art. 9 del  Código Niña, Niño y Adolescente. Ha quedado demostrada la incapacidad de obrar de la demandada, no como causal de anulabilidad de contrato como erróneamente interpretaron, sino como causal de nulidad de contrato.

  1. Se ha emitido el Auto de Vista en forma extemporánea con perdida de competencia, faltando a diligencia esencial:

Habiendo apelado contra la Sentencia, luego del traslado, contestación y respuesta se concedió la Alzada en el efecto suspensivo, se decreta la radicatoria mediante providencia de fs. 141, apersonándose a fs. 143, sin embargo, se incurre en omisión ya que después del sorteo y entrega al Vocal relator no se emitió decreto de autos para Sentencia, y el Auto de Vista ha quebrantando los arts. 234, 395 y 396 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no ha surtido efectos el decreto de autos ni ha quedado cerrada toda discusión mucho menos se ha computado el plazo procesal previsto por el art. 204.III de la citada norma, emitiéndose el Auto de Vista con perdida de competencia y es nulo de pleno derecho, según el art. 209 de la misma.

Con esos argumentos, piden Casar el Auto de Vista, o en su caso, se anulen obrados hasta el vicio más antiguo con reposición.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando el recurso de casación interpuesto en la forma y en el fondo, este Tribunal considerará inicialmente el de forma, toda vez que si el mismo deviene en la nulidad del Auto de Vista recurrido, estaría impedido de realizar consideraciones de fondo.

Recurso de casación en la Forma:

En el primer agravio señalan que formalizaron la presente demanda en representación de sus hijos Guilver Eduardo y Suleika Aidé Quispe Surco quienes eran incapaces de obrar, que en ese momento se habrían omitido dos actuaciones fundamentales: la designación de tutor ad litem y la notificación al Ministerio Público y a la Dirección Departamental de Gestión Social. De conformidad al art. 319 num. 8) del Código de Procedimiento Civil, el tutor ad litem está previsto para el menor que hubiere de demandar o ser demandando y no tuviere tutor o éste se hallare ausente, sin embargo, el tutor es designado en reemplazo de los padres del menor que han perdido la autoridad o han fallecido, conforme se encuentra dispuesto en los arts. 34 y 51 de la Ley Nº 2026, Código del Niño, Niña y Adolescente, entonces vigente, empero, mientras subsiste la autoridad de los padres ellos representan los intereses de sus hijos menores. De conformidad al art. 9 de la citada Ley Nº 2026, la intervención del Ministerio Público fue prevista en todos los procesos penales en que intervienen adolescentes imputables e inimputables, extremo que no se adecúa al caso de autos. 

En el segundo agravio denuncian que el Auto de Vista Nº 441/2008 se habría emitido con pérdida de competencia porque no fue decretado previamente autos para resolución. Al margen de que la emisión o no del decreto de autos es un aspecto irrelevante en segunda instancia, toda vez que el plazo para la emisión del auto de vista se computa desde el sorteo de la causa conforme dispone el art. 204.III del Código Procedimiento Civil la mencionada Resolución Nº 441/2008 de fs. 148-149 a la cual hace referencia el recurrente, anuló obrados hasta fs. 138 vta., inclusive, disponiendo que el A quo regularice el procedimiento y cumplida con dicha orden por el Juez de primera instancia y remitida la causa al superior en grado, el Ad-quem dictó un nuevo Auto de Vista el cual es objeto del recurso de casación que hoy se analiza, de donde resulta que los actuados procesales que cuestiona el recurrente se encuentran comprendidos dentro de las piezas que fueron anuladas, consiguientemente el reclamo resulta impertinente sin ninguna trascendencia por estar dirigida a cuestionar actuaciones del pasado que quedaron anuladas y que al presente no revisten ninguna importancia, y por consiguiente no corresponde realizar mayor consideración al respecto.  

Por lo anotado, no se encuentra sustento en las acusaciones de los recurrentes deviniendo el recurso de forma en infundado.

Recurso de casación en el Fondo:

En el primer agravio acusan error de hecho y de derecho de la prueba porque la Escritura Pública Nº 1190/89 de fs. 2 a 3, adolece de deficiencias formales debido a que el Libro de Protocolos no ha sido suscrito por el vendedor ni por la compradora, las partes no han comparecido a reconocer sus firmas ya que ésta se efectuó ante Juez de Mínima Cuantía autoridad incompetente, constituyendo vicios de nulidad como es el hecho de que Jeaneth Sabina Quispe Alejo era incapaz de obrar, y que los tribunales no hubieran advertido los mismos.

De la revisión de los antecedentes se tiene que los demandantes, en suma produjeron dos clases de prueba, la de inspección judicial que consta de fs. 84 y vta., y la declaración de testigos de cargo cuyas actas cursan de fs. 97 a 99. La primera tuvo por objeto la inspección al bien inmueble objeto de la controversia y la segunda se efectuó conforme al cuestionario de fs. 96. Sin embargo, de los datos del proceso se evidencia que los extremos de los que se reclama por medio del presente agravio, no fueron acreditados por ningún otro medio de prueba como establece el art. 1285 del Código Civil, en concordancia con el art. 374 de su procedimiento, pues no se ha demostrado que el Libro de Protocolos de la mencionada Escritura Pública Nº 1190/89 no haya sido suscrito por las partes conforme al art. 25 de la Ley del Notariado, así como tampoco se ha acreditado que el Juez de Mínima Cuantía que intervino en el reconocimiento de firmas y rúbricas era incompetente, toda vez que las únicas pruebas producidas en el proceso tuvieron por objeto demostrar otros aspectos que no sirvió para los extremos que hoy reclaman. De acuerdo al art. 1283.I del Código Civil, la carga de la prueba obliga a quien pretende el reconocimiento de un derecho, probar los hechos en los que fundamenta su pretensión en el juicio, situación que en el caso de autos no ha ocurrido pues no se han demostrado esos supuestos vicios que acarrearían la declaración de nulidad de la mencionada escritura pública. Por ello, el Tribunal de Alzada ha razonado que los demandantes no han demostrado las causales de nulidad del contrato porque no se ha probado que en la facción de dicha escritura pública no se hubieren observado las formalidades previstas por ley por no haberse solicitado inspección ocular en la Notaría de Fe Pública donde se encuentra archivada la minuta original de referencia y el respectivo protocolo.

El art. 549 del Código Civil, señala que el contrato será nulo: “1. Por faltar en el contrato objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez”; causa textual que en el caso de autos no ha sido demostrado, es decir, no se ha acreditado esas deficiencias de las que se acusan adolecería la mencionada escritura pública que lleve a declarar la invalidez del acto y consiguiente ineficacia, al contrario existe reconocimiento tácito de los recurrentes cuando éstos se limitan a señalar que han cumplido con el onus probandi acompañando como prueba documental preconstituida la Escritura Pública Nº 1190/89 de fs. 2 y 3 en originales, señalando que la misma contiene todas las causales de nulidad invocadas con relación al art. 549-1, 452-4) y 493 del ritual Civil, dando a entender que esta prueba sería suficiente para sus pretensiones; dicho documento acredita que la transferencia del inmueble fue únicamente en favor de Jeaneth Sabina Quispe Alejo.

De conformidad al art. 253 num. 3) del Código Adjetivo de la materia, cuando en la apreciación de la prueba se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, éste debe evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren que el juzgador se ha equivocado ostensiblemente, sin embargo, de autos se desprende que de los hechos que se acusa constituyen vicios de nulidad no se tiene la pertinente demostración de que por ejemplo, las partes contratantes no hubiesen concurrido a la suscripción del libro de protocolos respecto de la escritura pública Nº 1190/89 o que las mismas no hubiesen reconocido sus firmas y rúbricas respecto de la minuta privada de 22 de agosto de 1989.   

En el segundo agravio acusan de flagrantes disposiciones contradictorias ya que señalan que no es la incapacidad de obrar de Jeaneth Sabina Quispe Alejo la causal de nulidad principal invocada en su demanda sino la causa esencial de nulidad es la contenida en el art. 549-1) del Código Civil.

De la revisión de la demanda de fs. 7-9 y fs. 11, se puede advertir que los demandantes han señalado que en la suscripción de dicha escritura pública se cometieron una serie de irregularidades como la de su hija Jeaneth Quispe Alejo que firmó como mayor de edad, el reconocimiento de firmas se realizó ante Juez de Mínima Cuantía incompetente y lo peor, se eleva a escritura pública sin la comparecencia de las partes: ni del vendedor, Miguel Cruz Escobar, ni de la compradora, Jeaneth Quispe Alejo, por lo que demandan la nulidad de la minuta de 22 de agosto de 1989, escritura pública Nº 1190/89 y cancelación de la partida así como el reconocimiento de derecho de propiedad sobre las dos terceras partes del inmueble. En vista de la pretensión de los demandantes, ahora recurrentes, el Tribunal Ad quem ha concluido que no se puede demandar la nulidad de un documento y la anulabilidad del mismo, al haberse demandado una causal de nulidad con una causal de anulabilidad éstas se excluyen entre sí, por cuanto un acto o contrato es nulo cuando se advierte un factor de invalidez en su formación u otorgamiento, en tanto que un acto o contrato es anulable cuando en su formación han concurrido elementos que lo hacen válido susceptible de ser convalidado o confirmado.

Conforme lo previsto por el art. 328 del Código Adjetivo de la materia, que señala que en una demanda podrán plantearse todas las acciones que no fueren contrarias entre sí, se tiene que la Sentencia fue pronunciada coherentemente con la pretensión invocada por los actores declarando improbada la demanda con el fundamento establecido en el considerando IV punto 1 en el sentido de que en la pretensión demandada se ha invocado simultáneamente la nulidad y la anulabilidad de la precitada escritura pública.

En el tercer agravio acusan de otro error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba. Del documento privado de compraventa de lote de terreno de 21 de agosto de 1989, se advierte que dicho documento fue suscrito por Miguel Cruz Escobar y Santiago Quispe Jamachi, donde éste dejó establecido que compra para sus nietos Jeaneth, Guilver Eduardo y Suleika Aidé, de donde se tiene que los recurrentes no han sido parte de la transferencia. Los de Alzada establecieron que los impugnantes no tienen interés legítimo sino las partes que figuran en el documento privado, la minuta de transferencia de 22 de agosto de 1989, y Escritura Pública Nº 1190/89 a quienes les compete interponer las acciones que vean convenientes ya que, en virtud del art. 523 del Código Civil, los contratos no surten efectos sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a terceros. Los recurrentes en este agravio reconocen que no han adquirido el inmueble a favor de sus hijos, sino el que fuera el padre y suegro de ambos, por tanto, tampoco les corresponde interponer ninguna acción de nulidad en tanto no estén legitimados, más aun si ese interés legítimo tampoco ha sido acreditado en virtud de la carga de la prueba, como tiene señalado el Ad quem en sentido de que los recurrentes no han demostrado que el bien inmueble haya sido adquirido por ellos en favor de sus hijos menores ni hayan hecho una cesión de derechos para aquéllos, por ello se tiene que la valoración de la prueba efectuada por los tribunales de grado es incuestionable en esta instancia. 

En cuanto al cuarto y último agravio, además de lo señalado en el punto que antecede, se debe señalar que la autoridad de los padres implica el deber de protección de los intereses de los hijos que no han llegado a la mayoría de edad, representarlos en sus actos civiles y administrar sus bienes, pero no pueden pretender demandar la nulidad de los actos en que intervinieron los menores o de aquellos en los que éstos han sido favorecidos, como ocurre en el caso de autos. 

Por lo precedentemente expuesto, se concluye no haberse sustentado el recurso de fondo, correspondiendo a este Tribunal de Casación emitir resolución en la forma señalada por el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Paulino Quispe Apaza y Eusebia Surco Cuentas, contra el Auto de Vista Nº 356 de 25 de septiembre de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de minuta y escritura pública, cancelación de partida en Derechos Reales y reconocimiento de derechos, desocupación y entrega de inmueble seguido por los recurrentes contra Jeaneth Sabina Quispe Alejo, Angélica Pascual Selozano e hijos. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Segundo