TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 198/2015 - L                                                                

Sucre: 20 de marzo  2015.

Expediente: LP 43 11 S.

Partes: Dionicio Méndez Vera, Hugo Rodríguez Romero Rosa Espinoza

             de Vega   c/  Pastor Guillermo Coaquira Fernández, Pablo Garay Quispe,            Freddy Vargas Illanes, Natalio Quispe Mamani.                        

Proceso: Nulidad de Documento.                                        

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 657 a 659 y ampliación de fs. 677, interpuesto por Dionicio Méndez Vera, Hugo Rodríguez Romero, Rosa Espinoza de Vega, contra el Auto de Vista Resolución Nº 06/2011 de fs. 652 a 653 y vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz en el proceso ordinario de nulidad de documento, seguido por Dionicio Méndez Vera, Hugo Rodríguez Romero, Rosa Espinoza de Vega  contra Pastor Guillermo Chaquira Fernández, Pablo Garay Quispe, Freddy Vargas Illanes, Natalio Quispe Mamani; la respuesta al recurso de fs. 663 a 664 y vta.; el Auto de concesión de fs. 665; los antecedentes del  proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Dionicio Méndez Vera, Hugo Rodríguez Romero, Rosa Espinoza de Vega, por memorial de fs. 12 a 14, adjuntado las literales de fs. 1 a 11, en merito a los Poderes Notariales Nº 405/2004 y 481/2004 en representación de los afiliados a la Asociación de Vendedores de Lotería Nacional y Voceadores de Revistas de Las Paz respectivamente, interponen demanda de Nulidad de Documento contra Pastor Guillermo Coaquira Fernández, Pablo Garay Quispe, Freddy Vargas Illanes, Natalio Quispe Mamani.

Señalan que por ley Nº 75 de 5 de enero de 1961 habrían sido incorporados al Régimen de Vivienda Popular los vendedores de periódicos y loterías, con una participación fijada por ley de las utilidades del 3% de la Lotería Nacional y del 2% sobre el monto de los avisos comerciales y publicaciones pagadas registradas en los periódicos y revistas del país, alegan haber sido beneficiados con sus fondos en la compra de un terreno con destino a la construcción de viviendas  para todos los asociados; sin embargo y por un mal entendido de algunos miembros que aprovechando la buen fe de sus componentes y compañeros de trabajo del gremio de vendedores de periódicos, revistas y billetes de lotería el extinto Consejo Nacional de Vivienda CONAVI, mediante Licitación Pública habría adquirido un lote de terreno con una superficie original de 2.912 m2 en favor del “Sindicato de Vendedores de Periódicos”, habiendo sorprendido la buena fe de las autoridades administrativas del CONAVI, ya que no habrían sido incluidos en la compra del terreno los vendedores de loterías y revistas. Consiguientemente el Sindicato de Vendedores de Periódico registraron su compra en Derechos Reales bajo la matricula computarizada Nº 01338282 con una superficie de 2.567.60 m2.

Asimismo, denuncian que terceras persona estarían aprovechando del inmueble como si fuera propiedad privada, ofreciéndola  a la venta y repartirse los dineros entre unos cuantos, sin considerar que el bien tiene un fin social, como es la construcción de viviendas populares colectivas y sede social, quedando terminantemente prohibida su venta, bajo sanción ipso jure. Manifiestan que en la Escritura Pública objeto de la nulidad existen errores esenciales para su validez, ya que en la Notaria de Gobierno, concretamente en el protocolo no estarían estampadas las firmas y rúbricas de los testigos de actuación ni del Contralor General de la Republica, formalidades que serían de vital importancia para la validez de los documentos por tratarse de bienes del Estado, por lo que consideran que habrían sido violadas leyes constitucionales y civiles, sostienen además que no existiría objeto licito en su celebración, que existiría error en la naturaleza y que hubo falsa representación por no haber sido insertadas las personas que formaban parte del gremio, es decir; los vendedores de loterías y revistas.

Con tales argumentos demandan la nulidad de la Escritura Pública Nº 370/88 de fecha 20 de agosto de 1988, solicitando se dicte Sentencia que declare probada la demanda y en su ejecución se ordene a Derechos Reales la cancelación de la partida.

Citados los demandados tres de ellos Pablo Garay Quispe, Freddy Vargas Illanes y Natalio Quispe Mamani, contestan la demanda fuera de término, habiendo sido declarado rebeldes.

Pastor Guillermo Coaquira Fernández, contesta la demanda negando en todas sus partes, reconviene por Daños y Perjuicios y Acción negatoria.

Sustanciado el proceso en primera instancia la Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de la Capital, mediante Sentencia Resolución Nº 524 “A”/09 de 19 de diciembre de 2009 cursante de fs. 583 a 588 y vta., declaró improbada la demanda principal e improbada la reconvencional. Contra esa resolución de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 06/2011 de 10 de enero de 2011, cursante a fs. 652 a 653 y vta., confirma la Sentencia apelada; en contra de esta última Resolución de segunda instancia los demandantes recurren de casación en el fondo cursante a fs. 657 a 659, mismo que se pasa a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación en el fondo se tiene lo siguiente:

a)  Refiere que el Auto de Vista y Auto complementario al haber confirmado la Sentencia, se habría violado los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones legales que facultan ampliamente al juzgador la apreciación y valoración de las pruebas producidas, mismas que debieron ser apreciadas conforme a ley, a la libre convicción y la sana crítica, señalan en que el caso que nos ocupa, no obstante haberse presentado en reiteradas oportunidades la prueba literal, inspecciones en la Notaria de Gobierno y Oficina de Derechos Reales, estas no fueron valoradas de acuerdo a las normas citadas (arts. 397 C.P.C  y 1286 C.C.) facultades que no han sido ejercidas por las autoridades de primera y segunda instancia.

b)  Acusan infracción a la ley, concretamente el art. 551 del Código Civil, mismo que claramente señala que la “nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo”, el Juez puede declarar incluso de oficio, sin embargo la Juez de Primera Instancia durante la tramitación del proceso hasta la emisión de la Sentencia da a entender que los demandantes no tendríamos personería para la tramitación del presente caso, vulnerando el art. 551 Código de Procedimiento Civil,  norma legal que faculta a cualquier persona que tenga interés legítimo de pedir la nulidad de un contrato, mucho más de una Escritura Pública de adjudicación de bien inmueble de interés social para viviendas, otorgado por el Estado a través de una institución como fue la ex CONAVI. Y siendo que la nulidad es de orden público, señalan que Juez tiene la facultad de declarar de oficio la nulidad  si no concurriera petición expresa del interesado; la inobservancia de las normas legales contravinieron el orden público y la eficacia del acto celebrado.

Los jueces de instancia al no haber hecho un examen y análisis prolijo del proceso no habrían dado cumplimiento al art. 191 del Código de Procedimiento Civil, violando de esta forma lo previsto por el art. 90 del mismo cuerpo legal.

a ) Estiman que el A quo, así como el A quem no habrían considerado, apreciado ni valorado la Ley Nº 75 de 05 de enero de 1961 con relación al Decreto Supremo Nº 20796 de 10 de mayo de 1985, relativas a la adjudicación del inmueble denominado Tambo San Antonio, a favor del Sindicato de Vendedores de Periódico con destino a “vivienda colectiva y sede social”, quedando terminantemente prohibida su venta a terceras personas, prohibición  inserta en la Escritura Pública Nº 370/88, aspecto que fue de conocimiento del juzgador; sin embargo al declarar improbada la demanda habría desconocido los derechos de revertir a la ex CONAVI, ya que el bien constituiría ser parte del patrimonio del Estado Boliviano, abusos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad. Vulnerando la aplicación de la Ley y el D.S. ya referidos.

a)  Denuncian error de derecho  y hecho, al no haber considerado los jueces de     instancia todas las pruebas presentadas y propuestas conforme a ley, documentos que fueron presentados en reiteradas oportunidades así como las actuaciones procesales; inspecciones oculares en Notaria de Gobierno, Derechos Reales, confesiones judiciales, declaraciones testificales, pruebas  no fueron apreciadas, solicitando a su consideración conforme el art. 253 inc.3) del Código de Procedimiento Civil y en definitiva sea el Tribunal Supremo de Justicia, quien aprecie que hubo error de derecho y de hecho al no haberse considerado las pruebas presentadas; por lo que solicita se sirva Casar el Auto de Vista de fs. 652-653 y declarar probada la demanda de fs. 12-14.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis del recurso de casación, se establece que los argumentos y fundamentos son en el fondo, por lo que corresponde dar la siguiente respuesta:

Previamente es necesario recurrir a la doctrina, al efecto corresponde citar a Lino E. Palacio quien en su obra "Derecho Procesal Civil", Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal”.

“Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesar, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa".

Por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación". De lo que queda claro que no debe confundirse aquella con la capacidad procesal, puesto que una persona puede ser perfectamente capaz  y carecer de legitimación.

DE ROCCO dice: “que la legitimación expresa si el actor y el demandado, respecto de quienes debe declararse con certeza la existencia de una relación jurídica, están autorizados por la norma procesal para pretender tal declaración. Es una cuestión previa a la determinación de si existe o no la relación jurídica sustancial”. Según este autor, no debe confundirse la legitimación con la existencia del derecho o relación material, ya que basta la titularidad simplemente afirmada.

Al primer agravio del Recurso de Casación, los recurrentes señalan haber sido violados los arts. 397 del Código de Procedimiento Civil y 1286 del Código Civil, disposiciones legales que facultan ampliamente al juzgador apreciar y valorar las pruebas producidas en el proceso. De la revisión de antecedentes se tiene que los demandantes inician la acción en base a los Poderes Notariales Nº 405/2004 y 481/2004, otorgado por los afiliados a la Asociación de Vendedores de Lotería Nacional y afiliados a la Asociación de Voceadores de Revista respectivamente, sin haber acreditado su personería jurídica en el transcurso del proceso y tampoco habrían solicitado la admisión de la misma, es por ello que la Sentencia de primera instancia advirtió que la demanda en su planteamiento fue confusa sobre todo en cuanto a la pretensión de nulidad de la Escritura Pública Nº 370 de 17 de agosto de 1988, no se tiene claramente identificado el objeto de la misma ni se tuvo clara la titularidad de la legitimación activa ni pasiva, debido a que la demanda fue dirigida por personas particulares que no acreditaron ser los representantes legales de los vendedores de lotería y voceros de revistas y la dirigieron contra Pastor Guillermo Coaquira Fernández, Pablo Garay Quispe, Freddy Vargas Illanes y Natalio Quispe Mamani, supuestos detentadores del inmueble denominado Tambo San Antonio, ubicado en la calle Sagárnaga, zona Belén de la ciudad de La Paz, con una superficie de 2.567.60 m2, debidamente registrado en Derechos Reales a nombre del “Sindicato de Vendedores de Periódicos” bajo la matricula computarizada Nº 01338282 de 22 de enero de 1996, no habiéndose demostrado que fueron ellos los representantes legales.

Al respecto cabe señalar que la demanda no fue dirigida contra el “Sindicato” mencionado o sus representantes legales a efecto de que estos asuman defensa, directamente se interpone contra los señores antes mencionados sin acreditar que estos fueran los representantes legales del sindicato titular del derecho propietario del inmueble descrito supra. Asimismo se advirtió que los términos de la demanda no coincidieron con los datos de la Escritura Pública de la cual se pide su nulidad, se aclara que las pruebas aportadas por los demandantes no han probado su pretensión, pues las pruebas literales, testificales, inspección judicial y confesión provocada ha sido valorada por la Juez de Primera Instancia de manera conjunta e integral. Al respecto cabe mencionar uno de los principios generales que rigen a las pruebas judiciales, como es el “principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica.

Con estos antecedentes los recurrentes no pueden pretender un análisis y valoración de la prueba producida de manera aislada, acusando error de hecho en la apreciación de la misma, pues en el caso  presente la prueba ha sido valorada de forma conjunta e integral como se tiene manifestado precedentemente, por lo que no se evidencia el agravio denunciado.

Al segundo agravio del Recurso de Casación, alegan que el Tribunal de Alzada al confirmar la Sentencia de Primera Instancia habría violado el art. 551 del Código Civil, norma legal que faculta a cualquier persona que tuviera interés legítimo a que pudiera pedir la nulidad de un contrato. En el caso de autos los demandantes alegan tener interés legítimo, amparados en el art. 551 del Código Sustantivo y fundamentaron su pretensión en el entendido de que; conforme la Ley 75 de 5 de enero de 1961 ellos habrían sido “incorporados al régimen de vivienda popular los vendedores de periodos y loterías, creando para este fin los siguientes recursos: a) La participación fijada por ley en las utilidades el 3% de la Lotería Nacional. b) Recargo del 2% sobre el monto de los avisos comerciales y publicaciones pagadas registradas en los periódicos y revistas del país…”, situación que es cierta y evidente; de lo que se deduce que los grupos mencionado son diferentes, independientes cada uno de ellos beneficiados con porcentajes delimitados por la propia ley.

De los antecedentes se advierte que con el transcurso de los años se habrían acumulado montos de dinero considerables en beneficio de este sector de gremialista, a cuyo efecto los miembros del “Sindicato de Vendedores de Periódicos” habrían realizado las gestiones correspondientes ante el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) para la adjudicación de un inmueble en favor de dicho sindicato y por consiguiente de sus afiliados, es así que mediante licitación pública se adquirió en compra la propiedad denominada Tambo San Antonio, con una extensión de 2.567.60 m2. Registrado en Derechos Reales, siendo prohibida su venta a terceras personas; así se tiene demostrado con el Testimonio Nº 370/1988, cursante por la documental de fs. 572 a 578.

La parte demandante en el desarrollo del proceso no habría demostrado que el inmueble en cuestión habría sido adquirido también en beneficio de sus afiliados (vendedores de billetes de lotería y voceros de revistas) y que se hubieran utilizado sus recursos acumulados en el porcentaje establecido por la ley, situación que debió haber sido probada por la parte demandante conforme lo establece el art. 1283 del Código Civil (Carga de La Prueba).- “Quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión”, de la interpretación de la citada norma tenemos que los demandantes debieron producir en juicio prueba fehaciente que acredite que el bien inmueble en cuestión,  registrado a nombre del “Sindicato de Vendedores de Periódicos” fue adquirida también con recursos de ellos, hecho que no se ha demostrado en el caso particular, habiéndose limitado a demostrar la existencia de la ley 75, la Escritura Pública Nº 370/88, certificaciones emitidas por la Notaria de Gobierno, misma que acredita la falta de firmas de los testigos de actuación y Contralor General de la Republica y certificación de Derechos Reales, misma que acredita que el inmueble aún se encuentra registrado a  nombre del “Sindicato de Vendedores de Periódicos”. Concretamente los demandantes hoy recurrentes no habrían probado su interés legítimo.

Al tercer agravio del Recurso de Casación, la Sentencia de primer grado y Auto complementario, ambos confirmados por el Auto de Vista objeto del presente recurso, los recurrentes manifiestan que los jueces de instancia no han considerado menos apreciado la Ley Nº 75 de 5 de enero de 1961 y D.S. Nº 20796 de 10 de mayo de 1985, disposiciones legales que tienen que ver con la adjudicación del inmueble denominado Tambo San Antonio, a favor del Sindicato de Vendedores de Periódicos, con destino a vivienda colectiva y sede social, mismo que estableció “queda terminantemente prohibida su transferencia a terceras personas o darle otro fin del previsto”. Cualquier enajenación será nula de pleno derecho, debiendo revertirse el inmueble ipso facto al patrimonio del Consejo Nacional de Vivienda, dicha prohibición se encuentra inserta en la Escritura Pública Nº 370/88; sin embargo al haber sido declarado improbado la demanda se habría desconocido el derecho al ex CONAVI de la reversión del inmueble. Al respecto debemos aclarar que la demanda debió ser presentada por quienes tenían el interés legitimado de hacer prevalecer sus derechos, en el caso de autos los recurrentes no pudieron demostrar su legitimación activa por no ser copropietarios del bien inmueble; si bien durante el proceso hubieron intenciones de venta por parte de los personeros del Sindicato de Vendedores de Periódicos; quienes alegaron tener un D.S. que autorizaba disponer de ese bien y con la anuencia de sus miembros y afiliados, realizaron diferentes tratos y ofertas, sin embargo por la Certificación emitida por Derechos Reales, se tiene demostrado que dicho bien inmueble se encuentra registrado a nombre del Sindicato tantas veces reiterado.

Al cuarto agravio del Recurso de Casación, los recurrentes una vez más reiteran error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, al no haber considerado el juzgador conforme a ley las Escrituras Públicas, certificaciones, presentadas en reiteradas oportunidades, tampoco hubieran sido consideradas las inspecciones oculares realizadas en la Notaria de Gobierno, aspectos que son reiterativos, habiéndose dado respuesta precedentemente de que las pruebas si fueron consideradas, apreciadas, de acuerdo a ley, no habiéndose evidenciado error de hecho ni derecho alguno.

Por todo lo señalado precedentemente, se concluye que el Ad quem consideró correctamente la normativa aplicable al presente caso, correspondiendo a éste Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley  025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los  arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 657 a 659 interpuesto por Dionicio Méndez Vera, Hugo Rodríguez Romero, Rosa Espinoza de Vega contra el Auto de Vista Nº 06/2011 de 10 de enero de 2011 pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, que cursa a fs. 652 a 653 y vta. Con  costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Segundo