TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

              S A L A   C I V I L

Auto Supremo:  194/2015 - L

Sucre:  19 de marzo 2015

Expediente:  PT-11-10-S

Partes:  Lucinda Ramírez.  c/ Augusto Alcázar Cuba.

Proceso:  Declaración judicial de paternidad.

Distrito:  Potosí.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 88 a 89, interpuesto por Augusto Alcázar Cuba contra el Auto de Vista Nº 074/2010 de 31 de marzo de 2010 pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior de Potosí, cursante de fs. 82 a 84, en el proceso de Declaración Judicial de paternidad, seguido por Lucinda Ramírez contra Augusto Alcázar Cuba, la respuesta al recurso de fs. 91 a 92, la concesión de fs. 92 vta., los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez de Partido Tercero de Familia de la ciudad de Potosí dictó Sentencia Nº 08/2010 de 27 de enero de 2010, cursante de fs. 54 a 57 y vta., declarando Probada la demanda de fs. 9 a 10 interpuesta por Lucinda Ramírez; en consecuencia establece que su padre es el demandado Sr. Augusto Alcázar Cuba, disponiendo librar ejecutorial  ante la Dirección Departamental de Registro Civil a los efectos de su inscripción.

Resolución que es apelada por el demandado Augusto Alcázar Cuba por el escrito de fs. 60 a 61, y por la actora Lucinda Ramírez mediante el memorial de fs. 68 a 69, que merece el Auto de Vista Nº 074/2010 de 31 de marzo de 2010, cursante de fs. 82 a 84, que confirma totalmente la Sentencia apelada. Resolución de alzada que es recurrida de casación por el demandado Augusto Alcázar Cuba, que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone el recurrente:

1. Denuncia que el Tribunal de alzada no se ha pronunciado objetivamente a la vulneración de las normas procesales que hubo denunciado.

2. Acusa que en el proceso se ha vulnerado el art. 377 del ritual que refiere la oportunidad de probar, que claramente indica el tiempo en que se debe probar en un proceso judicial, el comienzo y final del mismo, que están previstos en los arts. 140, 141 y 142 del ritual de la materia, porque las estipulaciones contrarias son nulas (art. 90 num. II del ritual).

3. Denuncia que el Tribunal de alzada omite considerar el principio de legalidad que se constituye en un presupuesto básico e insoslayable de la administración de justicia constituyéndose en una garantía jurisdiccional que tiende a garantizar que nadie puede ser sancionado, sino en virtud de un proceso desarrollado en resguardo de las garantías establecidas por ley, lo que no ocurre en el caso de autos, porque el Ad quem no estima el fundamento de su recurso en donde denuncia infracción de las normas procesales, que aún sean estipuladas entre las partes, pero para la ley son nulas (Parag. II art. 90 ritual).

4. Refiere que el Tribunal recurrido omite el debido proceso, que en el caso de autos salta a la vista la vulneración de éste principio fundamental, así como del art. 8vo. Del Pacto de San José de costa Rica y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo que estando demostrada la infracción al debido proceso, compete reparar el mismo.

Por lo expuesto, en previsión de los arts. 250, 251, 253 inc. 1), 257 y 258 del ritual, interpone recurso de casación contra el Auto de vista recurrido pidiendo a éste Tribunal anteponga la norma procesal violada, ante los principios que pretende hacer valer el Tribunal recurrido y pronuncie Auto Supremo estimando el art. 271 inc. 4 del ritual de la materia casando el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:                                                        

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiéndose interpuesto recurso de casación en la forma se pasa a absolver los agravios en el orden en que fueron interpuestos.

1. Sobre su denuncia de falta de pronunciamiento de las infracciones que hubo acusado en alzada. Al respecto corresponde precisar que la denuncia referida carece de sustento, toda vez que el ahora recurrente no precisa que agravios deducidos en apelación no hubiesen merecido consideración y pronunciamiento por parte del Ad quem, no obstante esa deficiencia, se advierte que el Auto de Vista recurrido guarda la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, habiendo centrado su pronunciamiento precisamente a los aspectos en que se fundó el recurso de apelación.

2.En relación a su denuncia de vulneración del art. 377 del ritual que refiere la oportunidad de probar, en relación a los arts. 140, 141 y 142 del ritual de la materia; si bien la parte recurrente hace referencia al término probatorio fijado por el Juez, al comienzo y fin del mismo, empero no vincula esta su denuncia a agravio alguno.

3. En esta parte y en relación a su denuncia de omisión del principio de legalidad    e “infracción de normas procesales que aún sean estipuladas entre las partes, pero para la ley son nulas (Parag. II art. 90 ritual)”, corresponde hacer las siguientes consideraciones:

El Estado liberal de derecho se caracteriza esencialmente por la supremacía de la ley sobre la Administra­ción; la subordinación a la ley y sólo a la ley, de los derechos de los ciudadanos; la presencia de Jueces indepen­dientes con competencia exclusiva para aplicar la ley, y sólo la ley, a las controversias surgidas entre los ciudadanos y entre éstos y la Administra­ción del Estado.
Como señala el autor Gustavo Zagrebelsky, los aspectos del Estado liberal de derecho indicados remiten todos a la primacía de la ley frente a la Administración, la jurisdic­ción y los ciudadanos.

El Estado liberal de derecho se afirmaba a sí mismo a través del principio de legalidad que convierte a la Ley en la suprema garantía de los derechos individuales, de lo que derivan tres aspectos esenciales: la supremacía de la ley sobre cualquier otra norma; la vinculación a la Ley de la Administración pública, y la vinculación a la ley de los Jueces, que deben aplicarla.

El Estado de derecho, concebía al derecho, al principio de legalidad y a la propia ley, desde la óptica del positivismo jurídico cuya significación suponía una reducción de los derechos y la justicia a lo dispuesto por la ley. Esta significación lleva a concebir a la actividad jurisdiccional como una simple exégesis, es decir, con­duce a la idea de una pura y simple aplicación de la ley.

El actual Estado Constitucional, supone una transformación que afecta a la posición de la ley, la cual viene sometida a una relación de adecuación, y por tanto de subordinación a un estrato más alto de derecho establecido por la Constitución.
La subordinación de las reglas a los valores y principios constitucionales supone la nota característica de este tipo de Estado. Se impone pues el principio de supremacía constitucional que orienta que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas en el que la Constitución es la fundamental, por ende el resto del ordenamiento jurídico adquiere valor y significancia en tanto respete lo fundamental y en ningún caso cuando lo contraríe.

Esta transformación no debe entenderse como una supresión del principio de legalidad, sino como una reorientación del mismo, de tal forma que en un Estado Constitucional, este principio supone el sometimiento en primer término a la Constitución y después, solo después, al resto del ordenamiento jurídico, lo que impone una interpretación constitucional de las normas desde los valores y principios- y no una interpretación meramente legalista desde la propia ley-.

Esto quiere decir que, en el ámbito jurisdiccional, los Jueces ya no se constituyen en meros aplicadores de la ley (subsunción), sino en sus intérpretes y, en atención a los efectos que despliega el principio de supremacía constitucional, esa labor de interpretar la ley ordinaria (ponderación) debe hacerse siempre desde la Constitución, es decir que en esa labor se debe tener en cuenta primero y esencialmente los principios y valores reconocidos en la Constitución, en otras palabras los Jueces deben realizar una lectura constitucional de la ley y no solo una lectura legalista, es decir, desde la ley misma.

En nuestro Estado, la entrada en vigencia de una nueva Constitución marcó la necesidad de adecuación del ordenamiento jurídico a los valores y principios contenidos en esa norma fundamental, en esa labor se aprobaron y promulgaron leyes fundamentales como la Ley del Órgano Judicial que tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judicial en el marco de los nuevos preceptos constitucionales, norma legal que estableció un proceso de transición para que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse primero a la Constitución y luego a esa ley.

En tanto esa modificación y adecuación opere, los actuales Códigos mantienen su vigencia, pero en su interpretación así como en el estudio y aplicación de la línea jurisprudencial que le corresponde, se debe tener en cuenta el principio de supremacía constitucional y en consecuencia su correspondencia con la ley fundamental, porque solo así se justifica su vigencia, es decir en tanto respete la norma fundamental y no la contraríe.

Establecido lo anterior y en relación a la denuncia efectuada por el ahora recurrente, debemos concretar que la interpretación de las normas adjetivas no debe ser desde la literalidad de la norma sino desde los principios y valores constitucionales que orientan la potestad de impartir justicia y la labor de la jurisdicción ordinaria.

En ese sentido diremos que, el art. 178 Constitucional prevé que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros principios, en el de seguridad jurídica, probidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos.

En ese mismo contexto, el art. 180 de la Constitución Política del Estado determina que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez.

Como podemos advertir, la actual Constitución Política del Estado al referirse a la potestad de impartir justicia, en general, y a la función que cumple la jurisdicción ordinaria, en particular, sustenta esa labor sobre la base de una serie de principios entre los cuales destacamos el de legalidad y debido proceso, que se vincula con la garantía consagrada en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado que reconoce a toda persona el derecho a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

En relación a lo anterior la Ley Nº 025 (Ley del Órgano Judicial) en su art. 30 num., al hacer referencia a los principios que sustentan la jurisdicción ordinaria y que rigen de forma general al proceso civil, conceptúa al Principio de Legalidad de la siguiente manera: “Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la Ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas”.

Ahora bien, desde los nuevos principios y valores constitucionales que orientan la potestad de impartir justicia y la labor de la jurisdicción ordinaria podemos concretar que las nulidades procesales no tienen en mente la protección de las formas previstas por el Procedimiento Civil, sino el resguardo del debido proceso en cuanto al derecho a la defensa se refiere, de tal forma que la nulidad por la sola infracción de una forma procedimental resulta insubstancial, toda vez que lo que se pretende con la sanción de nulidad de obrados no es el resguardo de las formas sino el restablecimiento del debido proceso a fin de que se restituya el derecho a la defensa de las partes, en ese sentido a tiempo de decidir sobre una nulidad se debe tener presente una serie de principios rectores como los de especificidad, trascendencia y convalidación, que orienta que no hay nulidad sin previsión legal que la autorice, que no hay nulidad si la infracción acusada no lesionó el derecho a la defensa de las partes y la igualdad de ellas en el proceso y, finalmente que tampoco habrá nulidad si el acto irregular no fue denunciado oportunamente por la parte que se consideraba agraviada por él.

En ese examen, podemos concluir que en el presente caso el Tribunal Ad quem ha circunscrito su Resolución a la normativa sustantiva y adjetiva vigente, mismas que se encuentran señaladas en la Resolución de Alzada, y no así a la voluntad de las partes, por lo que no existe vulneración alguna de este principio.

4. En relación a su denuncia de omisión del principio del debido proceso. Al respecto la Ley del Órgano Judicial en su art. 30 num.12, concreta que el “Debido Proceso. Impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallan en una situación similar; comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la Ley”.En la especie, la parte recurrente ejerció su derecho a la defensa en todos los momentos e instancias del proceso, desarrollando una serie de actos procesales sin haber denunciado en su oportunidad vulneración a su derecho a la defensa, razón por la que ese aspecto de ninguna manera puede dar lugar a la nulidad del proceso.

En consecuencia corresponde a éste Tribunal fallar de conformidad a los arts. 271 num. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara  INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 88 a 89, interpuesto por Augusto Alcázar Cuba contra el Auto de Vista Nº 074/2010 de 31 de marzo de 2010 pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior de Potosí. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Segundo