TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                     S A L A  C I V I L

Auto Supremo:  192/2015 - L                                                                 Sucre:  18 de marzo 2015                                        

Expediente:          0 6 11 S                                                         

Partes:  Samuel Mestas Quilla c/ Lucy Julia Zarzuela Chambi.         

Proceso:  Divorcio.

Distrito:  Oruro.


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 181 a 182 interpuesto por Lucy Julia Zarzuela Chambi, contra el Auto de Vista Nº 003/2011 de 06 de enero de 2011 de fs. 174 a 176 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Ex Corte Superior de Justicia de Oruro hoy Tribunal Departamental de Justicia, en el proceso ordinario de divorcio seguido por Samuel Mestas Quilla contra la recurrente; la respuesta al recurso de fs. 185; el Auto de concesión Nº 003/2011 de 01 de febrero de fs. 189; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


I.1.- Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Quinto de Familia de la ciudad de Oruro, mediante Sentencia de 23 de octubre de 2010 de fs. 153 a 154 y vta., declaró probada la demanda de divorcio de fs. 5 a 6, disponiéndose la desvinculación matrimonial entre el demandante y la demandada y la cancelación de la Partida Matrimonial Nº 149, folio Nº 75 del Libro Nº 6-77-38 O.R.C.1455 de fecha 29 de abril de 1978, fijando al mismo tiempo una asistencia familiar de Bs. 600 mensuales en favor de la hija de ambos, quedando la misma bajo la protección de la madre, salvando el tratamiento de los únicos bienes (mercaderías) para en ejecución de Sentencia.

I.2.- Apelada la indicada Sentencia por la demandada, la Sala Civil Primera de la Ex Corte Superior de Justicia de Oruro hoy Tribunal Departamental de Justicia, por Auto de Vista Nº 003/2011 de 06 de enero de 2011 de fs. 174 a 176, anuló obrados hasta fs. 153 inclusive disponiendo que el Juez inferior dicte nueva Sentencia; en contra de esta resolución de segunda instancia, la demandada interpuso recurso de casación en la forma.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Del contenido del recurso de casación, en lo esencial se resume lo siguiente:

La recurrente indica que simplemente interpuso recurso de apelación sobre las decisiones colaterales, es decir sobre la fijación del monto de asistencia familiar y los bienes considerados como mercadería de trabajo de importación y que no existe apelación de ninguna de las partes sobre la decisión principal pronunciada por el Juez A quo, quedando esta última firme y ejecutoriada.

Haciendo referencia al art. 251 del Código de Procedimiento Civil indica que no existe nulidad si esta no se encuentra dispuesta por la ley, tampoco existe norma alguna que determine la nulidad de una Sentencia cuando existiere algún error en las  decisiones colaterales, no siendo posible dejar sin efecto por la vía de la nulidad toda la Sentencia, como se dispuso en segunda instancia, situación que constituiría interpretación y aplicación incorrecta del art. 237 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.

En base a esos argumentos, concluye invocando que se anule el Auto de Vista y se disponga el pronunciamiento de una nueva Resolución conforme a los límites del recurso de apelación.


CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Ante el cuestionamiento que realiza la recurrente contra la Resolución anulatoria emitida por el Ad-quem, corresponde analizar si tal determinación fue asumida de manera correcta o no y en ese entendido diremos.

La Constitución Política del Estado en actual vigencia impone como mandato al Órgano Judicial de impartir justicia pronta, oportuna, gratuita, sin dilaciones, basado entre otros en los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, inmediatez conforme disponen los arts. 115.II, 178.I y 180.I del Texto Constitucional, principios que a su vez se encuentran reiterados en la Ley 025 del Órgano Judicial; en observancia de dicho mandato constitucional este Tribunal Supremo ha emitido entre otros los A.S. 223/2013, 309/2013, 318/2013, 78/2014, 514/2014, donde dejó establecido que las nulidades procesales por ser de última ratio, deben ser aplicadas de manera restringida solo cuando se atenta de manera efectiva, real y materialmente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes y no exista ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, siendo la regla general la continuidad del mismo hasta su total conclusión como dispone de manera expresa el art. 16 de la Ley 025.

No toda deficiencia, vicio o irregularidad procesal trae aparejada la nulidad o invalidez del acto; pues en caso de sancionarse con nulidad todos los apartamientos de la ley procesal aun así estos no provoquen perjuicio, se incurría en una excesiva solemnidad y en un formalismo vacío, dejando de lado lo esencial y el fondo del asunto que es la resolución del conflicto.

Modernamente van surgiendo nuevas tendencias doctrinarias que sustentan la des formalización, humanización y tendencia social del proceso que van adquiriendo mayor fuerza, como la postulada por Roberto Omar Berizonce en su Obra “El Proceso Civil en Transformación”, 1ª Edición, Librería Editorial Platense 2008, donde realiza una marcada crítica al sistema judicial en su conjunto a nivel internacional, precisamente por el exacerbado rigorismo que se suele imprimir en la tramitación de los procesos.

En definitiva, lo que debe primar por encima de cualquier aspecto meramente formal, es impartir justicia material como manda la Constitución Política del Estado y la ley; en ese entendido la labor de los jueces y tribunales debe estar orientada siempre a resolver con preferencia el fondo del conflicto dirimiendo las controversias sometida a su conocimiento y de esta manera contribuir con la paz social, siendo ese el mandato que establece la Ley 025 del Órgano Judicial (arts. 3 núm. 13). y art. 16).   

En el caso presente, el Ad-quem procedió a anular la Sentencia bajo el fundamento de que la parte dispositiva de dicho fallo no guardaría correspondencia con la asistencia familiar de Bs. 600 dispuesta de manera provisional a fs. 52 a favor de la madre (recurrente) y la hija menor, calificándolo de confusa la determinación establecida en la parte dispositiva de la Sentencia, al no haberse individualizado a favor de quien se fijó dicho monto, si es para las dos personas o solo para la una, aspecto que daría lugar a interpretaciones subjetivas y posibles perjuicios a las partes, trayendo a colación al mismo tiempo la mayoría de edad alcanzada por la hija que debería haber solicitado por sí misma. Por otra parte, encuentra imprecisión en la Sentencia respecto a determinación de los bienes gananciales (mercaderías), indicando que el Juez de la causa salvó su tratamiento para en ejecución de sentencia sin precisar si se refiere a una eventual división y partición u otro aspecto, situación que generaría incertidumbre contrariando lo dispuesto por el art. 190 inc. 3) del Código de Procedimiento. Civil. 

Lo señalado por el Ad-quem no constituye fundamento valedero para que haya procedido a disponer de oficio la nulidad del fallo de primera instancia, toda vez que la determinación del Juez A-quo respecto a la asistencia familiar es lo suficientemente clara y coherente, quien refiriéndose a la medida provisional complementaria de fs. 52, en el Sexto Considerando conclusión quinta de la  Sentencia dejó establecido que la suma fijada como asistencia familiar para las dos personas, podía no haberse dispuesto de esa manera, tomando en cuenta el negocio rentable de mercaderías que maneja la demandada (esposa) y respecto a la hija indicó que existe la obligación ineludible del padre de asistir a la misma, y en ese entendido en la parte dispositiva del fallo fijó una asistencia familiar de Bs. 600 en el entendido que lo hace únicamente para la hija, aspecto que además por su carácter de circunstancial y variable no causa estado pudiendo ser modificado en cualquier tiempo conforme lo dispone el art. 28 de Código de Familia (Ley 996).

Esa determinación fue perfectamente comprendida y asumida por la recurrente, quien en su recurso de apelación deducida contra la Sentencia únicamente manifiesta su disconformidad con el monto fijado a favor de su hija como estudiante universitaria, solicitando se incremente a Bs. 1.000 y con más el aporte que podría dar su persona, manifiesta que se podría solventarse toda su carrera universitaria y en ninguna parte de sus argumentos pone en tela de juicio la supuesta confusión extrañada por el Ad-quem, tampoco reclama monto alguno de manera específica para su persona.

Por otra parte, respecto a la imprecisión sobre la determinación de los bienes gananciales (mercaderías) que refiere el Ad-quemí, del mismo modo en el Sexto Considerando quinta conclusión de la Sentencia, el Juez A-quo indicó que los bienes (sean comerciales, domésticos o familiares) serán divididos en un 50% de acuerdo al art. 390 del Código de Familia previo inventario, y en la parte dispositiva del fallo indicó que no existe bienes sujetos a registro adquiridos durante la convivencia matrimonial, difiriendo su tratamiento para en ejecución de Sentencia únicamente los bienes considerados mercaderías de trabajo de importación; sobre el particular, la división y partición de los bienes dentro de la demanda de divorcio es considerado como una cuestión accesoria que puede ser diferida para en ejecución de Sentencia previa comprobación de su existencia, no existiendo norma legal que prohíba esa situación.

Ahora bien, si el Ad-quem consideraba que existía alguna imprecisión respeto a la determinación de los bienes, en observancia de los principios de celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez que rigen en la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado; en su condición de Tribunal superior con mayor criterio, bien pudo haber enmendado o mejorado lo resuelto por el inferior procurando siempre resolver el fondo del asunto y de ninguna manera disponer la nulidad como lo hizo retrotrayendo el proceso. 

El Ad-quem al haber procedido a anular la Sentencia por cuestiones accesorias realizando observaciones a la asistencia familiar y los bienes bajo el argumento de ser confusas tales determinaciones, ha incurrido en excesivo formalismo y ritualismo procesal toda vez que para disponer la nulidad se ampara en el art. 1 inc. 3) y 90 del Código de Procedimiento  Civil., como si todos los apartamientos de la ley procesal constituirían causa de nulidad, excediéndose en su labor fiscalizadora y soslayando su deber de resolver los recursos de apelación, con la consiguiente demora que ello implica en la tramitación del proceso y el perjuicio a las partes litigantes, aspecto que genera el legítimo reclamo de la recurrente quien solicita se anule el Auto de Vista impugnado, correspondiendo en todo caso acoger favorablemente dicho reclamo toda vez que al haberse emitido resolución anulatoria por parte del Ad-quem, este Tribunal Supremo se encuentra impedido de ingresar a considerar el fondo del asunto, no quedando otra alternativa que anular el fallo recurrido en función al recurso de casación en la forma deducido por la parte demandada; consecuentemente le corresponderá al Ad-quem emitir una nueva resolución debidamente fundamentada resolviendo el fondo de la controversia en base a los reclamos deducidos en los recursos de apelación (apelación diferida y apelación contra la Sentencia) dentro del marco de pertinencia que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Por las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 3) con relación al 275 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 003/2011 de 06 de enero de 2011 de fs. 174 a 176 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito de Oruro hoy Tribunal Departamental de Justicia, y dispone que el Tribunal Ad-quem sin espera de turno y previo sorteo pronuncie nuevo fallo fundamentado resolviendo los dos recursos de apelación (apelación diferida y apelación contra la Sentencia) de acuerdo a la pertinencia que establece el art. 236 del Código Procedimiento Civil.

Al no ser excusable el error, se impone multa de un día de haber a los Vocales suscribientes del Auto de Vista recurrido al ser descontados de su haberes, para tal efecto comuníquese a la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial.  

En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley 025, remítase copia de la presente resolución al Concejo de la Magistratura. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Segundo