TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                            

               S A L A  C I V I L

  

Auto Supremo:   186/2015 - L                                                        

Sucre:   16 de marzo 2015                                                

Expediente:         O - 17 2010 S                                                        

Partes:  María Cecilia Nicolls Rodríguez.  c/ Gabriela Paula Chacón López. 

              y Daniela Geovana Chacón López.

Proceso:   Declaratoria Judicial de unión conyugal libre o de hecho.

Distrito:  Oruro.



VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 341 a 343, interpuesto por María Cecilia Nicolls Rodríguez, impugnando el Auto de Vista No. 176/2009 de 17 de diciembre de 2009, de fs. 334 a 338 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Oruro, en el proceso de Declaratoria judicial de unión conyugal libre o de hecho, y daños y perjuicios seguido a instancias de María Cecilia Nicolls Rodríguez contra Gabriela Paula Chacón López  y Daniela Geovana Chacón López, el Auto de concesión de fs. 362; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que tramitada la causa por el Juzgado Cuarto de Partido de Familia de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia No. 112/2009 de fecha 30 de septiembre de 2009, cursante a fs. 301 a 303 vta., declarando IMPROBADA la demanda de unión conyugal libre o de hecho e improbada los daños y perjuicios, e igualmente improbada la reconvencional por este último concepto.

Sentencia que apelada por la actora María Cecilia Nicolls Rodríguez por memorial de fs. 306 a 309, fue confirmada totalmente por Auto de Vista No. 176 de 17 de diciembre de 2009, cursante de fs. 334a 338 vta.

Resolución que motivo a la actora a interponer recurso de casación en la forma como en el fondo, que es motivo de autos.

CONSIDERANDO II:                                                                            DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En la forma:

Que habiéndose interpuesto demanda reconvencional por daños y perjuicios, la cual al no haber sido respondido correspondía se declare la rebeldía de la otra parte, para que dicha reconvencional sea considerada dentro del auto de relación procesal, con cuya omisión se infringió lo dispuesto por los arts. 345, 349 del Código de Procedimiento Civil y 68, reclamación que no fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal Ad quem, incurriendo nuevamente en la vulneración de los arts. 190 y 90 del Código de Procedimiento Civil.

Que durante la sustanciación del proceso no se señaló audiencia de conciliación, infringiendo lo dispuesto por el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial, así como la circular Nº 28/04 expedida por la Excma. Corte Suprema de Justicia.

En el fondo:

Acusa la existencia de error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, por cuanto el Tribunal basó su resolución para confirmar la Sentencia en que su persona no hubiera estado a lado de su concubino cuando éste fue internado a la clínica para su tratamiento médico, sin considerar la prueba testifical e inspección judicial producida por la que acreditó su relación concubinaria, estable y permanente por más de dos años con Hernán Chacón Tórrez, contando ambos con libertad de estado, prueba que debió ser valorada integralmente y no de forma aislada, conforme la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional que dispone que “hacer una relación solamente de las pruebas de cargo y descargo, sin valoración jurídica importa omisión indebida que lesiona el debido proceso”, vulnerando lo establecido por los arts. 158 del CF, 62 y 63. II de la CPE y 253. 3 del Código de Procedimiento Civil.

Concluye solicitando se case la resolución recurrida.

CONSIDERANDO III                                                

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma:

En primer término, siendo que la recurrente alude la existencia de vicios de nulidad en la tramitación de la causa, se debe precisar que este Tribunal Supremo de Justicia a través de la abundante jurisprudencia ha establecido que se sancionará con nulidad los defectos formales o procesales (error in procedendo) que tienen que ver con el quebrantamiento de las formas previstas por ley cuya infracción está sancionada con la nulidad de obrados, en ese marco el recurso de casación en la forma debe adecuarse a las causales de procedencia establecidas por el art. 254 del Procedimiento Civil, es así que en materia de nulidades rigen principios que deben ser observados para declarar la misma, es decir, no puede determinarse nulidad de ningún acto procesal, sin la existencia de una ley especifica que así la determine, tampoco hay nulidad sin perjuicio que haya sufrido la parte y finalmente no existe nulidad si no se reclamó de manera oportuna lo observado.

Dicho esto, con relación al primer agravio referido a la falta de declaratoria de rebeldía de la ahora recurrente, para posteriormente incluir lo alegado en ella en el auto de relación procesal; al respecto de la revisión de actuados procesales se tiene que la actora fue citada con la demanda reconvencional conforme consta en la papeleta de notificación de fs. 72, quien sin responder a la misma, y en fecha posterior solicitó se dicte el auto de relación procesal, figura legal que es procedente cuando los demandados no comparecieren al proceso, conforme dispone el art. 68 del código de Procedimiento Civil, escenario que no aconteció, lógicamente por cuanto la que pretende se declare su rebeldía es la propia demandante, al margen de que ésta en fecha posterior a la demanda reconvencional de “daños y perjuicios” solicitó se señale el auto de relación procesal, quien en forma voluntaria no respondió a la demanda reconvencional, siendo este hecho de su exclusiva responsabilidad no atribuible al juzgador o parte contraria, en ese entendido y siendo que los Tribunales deben conservar los actos procesales procediendo a la anulación sólo cuando dicho vicio procesal afecte al debido proceso y el derecho a la defensa reclamados en el plazo oportuno reconocido por ley a los litigantes, de lo contrario quedará cubierta por el consentimiento tácito de las partes, como sucedió en el caso de autos, de ahí que no resulta evidente lo alegado por la recurrente; en cuanto a la falta de pronunciamiento del Tribunal sobre el punto referido, se tiene que la recurrente una vez notificada con el Auto de Vista no efectuó observación alguna a dicha resolución y menos solicitó complementación o aclaración sobre este aspecto, pues si consideraba que se generó una irregularidad o un vicio de nulidad, debió hacer notar dicho aspecto en su debida oportunidad, y no en etapa de casación, por lo que no se evidencia infracción de los arts. 190 y 90 del Código de Procedimiento Civil.

Tampoco resulta procedente el segundo agravio referido a la falta de señalamiento de audiencia de conciliación, conforme correctamente fue advertido por el Tribunal Ad quem, acto procesal que se encuentra previsto por el art. 182 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “El Juez hasta antes de la sentencia podrá llamar a las partes a conciliación, cumpliendo a los efectos con los trámites determinados por el artículo precedente”, de cuya lectura, fácilmente se puede advertir que este señalamiento de audiencia es una facultad potestativa del Juez y de ninguna manera impositiva, por consiguiente no es obligatorio ni forzoso dicho llamamiento, facultad que podrá ser ejercida por el juzgador cuando lo considere conveniente o cuando una de las partes así lo solicite, situación que en la Litis no aconteció, motivo por el cual no se advierte la existencia de acto ilegal que afecte los derechos de la actora, quien en todo caso pudo solicitar dicho señalamiento en cualquier momento hasta antes del pronunciamiento de la sentencia, del mismo modo se debe tener presente que dicha omisión no es causal de nulidad, por consiguiente, no corresponde dar mérito a la solicitud de nulidad.

Del recurso de casación en el fondo:

El art. 158 del Código de Familia (Ley No. 996) refiere: “se entiende haber unión conyugal libre o de hecho cuando el varón y la mujer voluntariamente constituyen hogar y hacen vida en común en forma estable y singular con la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 44, 46 y 50". Por su parte el Art. 161 dispone: “La fidelidad, la asistencia y la cooperación son deberes recíprocos de los convivientes”, el art. 172 refiere: “No producen los efectos anteriormente reconocidos, las uniones inestables y plurales, así como los que no reúnen los requisitos prevenidos por los art. 44 y 46 al 50 del presente Código, aunque sean estables y singulares. Sin embargo en este último caso pueden ser invocados dichos efectos por los convivientes cuando ambos estuvieron de buena fe, y aún por uno de ellos, si sólo hubo buena fe de su parte, pero no por el otro…”. Asimismo por imperio de la Constitución Política del Estado en su art. 63 que señala: "Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad, seguridad y sean mantenidas entre un hombre y una mujer, sin impedimento legal producirán los mismos efectos que el matrimonio civil tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a los hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellos".

De la lectura de estos artículos concluimos que hablamos de unión conyugal libre o de hecho, cuando la vida en común establecida entre un hombre y una mujer, que no tengan prohibición ni impedimentos para contraer matrimonio entre sí, reúna las condiciones de voluntariedad, estabilidad y singularidad, que conforme nuestra legislación, la doctrina y jurisprudencia coinciden en sus requisitos al establecer que la misma debe ser: estable, permanente, característica que la distingue de  otras relaciones transitorias o pasajeras; singular, pues no puede existir pluralidad de concubinatos; consentida, es decir debe existir ausencia de vicios del consentimiento; debe tener notoriedad o publicidad, debiendo ser reconocida por la familia; que se tenga libertad de estado; y por último que los convivientes no estén prohibidos en los grados y línea directa o colateral.

Establecido esto y de la revisión de actuados respecto al error de hecho y derecho en la valoración de prueba, se tiene que evidentemente la actora produjo prueba testifical, (fs. 219 a 223), habiendo su primer testigo Luis Lutgardo Cossio Gutiérrez, referido, que conoce a ambos desde el 2005 y 2006, en calle Herrera y Pagador, quienes convivieron desde febrero del 2005 hasta inicios del 2008 para luego rectificar y decir convivieron hasta diciembre del 2007; Ingrid Magaly Gutiérrez, refiere conocer a la actora desde el 2000 y a Hernán Chacón desde el 2006, que vivieron desde octubre del 2006 hasta el fallecimiento en La Paz, por su parte Hugo Arturo Chañez Morales, refiere que a ambos conoce desde el 2005, y convivieron a mediados de ese mismo año, para luego referir que la Sra. Nicolls estaba en el velorio del Sr. Chacón, aclarando que esto conoce por referencias. El testigo Henry Adolfo Argote Castellón dice que se concubinarón a mediados del 2005 y fue Cecilia quien lo llevó a La Paz; atestaciones referenciales en algunos aspectos, que no guardan uniformidad en cuanto al tiempo de inicio de esta relación concubinaria, pese a que el tiempo no es un requisito, sin embargo cobra relevancia en cuanto a la publicidad de la relación concubinaria, declaraciones testificales que en cuanto al tiempo incluso se contrapone a la confesión judicial a la que fue diferida la actora de fs. 225 de obrados, en la que refirió: “empezamos nuestra relación concubinaria desde el 15 de diciembre del 2005”, sin que ninguno de sus testigos haya coincidido en la fecha de inicio señalada por la misma actora, al margen que dicha prueba testifical fue rebatida por las declaraciones de descargo, en sentido de que Hernán Chacón se lo veía acompañado de varias “señoritas” en acontecimiento sociales o restaurantes. En cuanto a la inspección judicial al departamento que ocupaban la demandante junto a Hernán chacón, se tiene que dicho actuado tampoco arroja aspectos determinantes, pues de su lectura se tiene que el propietario del inmueble Julio Cesar Choque Díaz, procedió a retirar los muebles y enseres que se encontraban en el departamento bajo inventario, el cual no fue adjuntado al proceso, propietario que en dicha audiencia conforme el acta  refirió: “ Cuando hice el contrato el Cnl. Chacón vivía solo, la señorita vino después de un tiempo”, sin embargo, fue el mismo abogado de la recurrente que solicitó que los propietarios del inmueble se abstengan de responder cuestionarios, por cuanto los mismos habrían sido propuestos como testigos de la parte contraria, sin embargo estas declaraciones testificales no cursan en el cuaderno procesal. De igual modo, conforme el informe social del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, cursante a fs. 60 a 62, el cual refiere que Hernán Chacón Torres vive solo en la ciudad de Oruro- y que fueron las hijas las que estaban a lado de su padre en las entrevistas y durante su tratamiento realizando gastos en la compra de medicamentos.

Motivos por los cuales y siendo que la determinación de la estabilidad corresponde realizarlo al Juez, quien en base a su sano criterio debe apreciar las circunstancias para establecer si una comunidad de vida goza de estabilidad o por el contrario constituye una mera relación esporádica, en cuyo mérito y luego de realizar la apreciación y valoración de la prueba producida de acuerdo al valor que le otorga la ley o en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente aquellas que sean esenciales y decisivas a tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, y segunda parte del art. 158 del Código de Familia, denegó la pretensión de la actora, al advertir la inconcurrencia de uno de los presupuestos que hacen a la unión conyugal libre, como es la estabilidad, así como el incumplimiento de los deberes de asistencia y cooperación que se deben los concubinos, cuando Hernán Chacón fue internado a la Clínica para su tratamiento médico hasta el momento de su deceso, por consiguiente este Máximo Tribunal no advierte la vulneración de los arts. 158 del Código de Familia, 62 y 63. II de la CPE, acusados como infringidos, debiendo observarse que el último articulo (253 num.3 del Código de Procedimiento Civil) está referido a la procedencia del recurso de casación en el fondo.

Por lo referido, corresponde a este Tribunal fallar conforme establecen los arts. 271. num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional del Bolivia, con la facultada conferida por el art. 41 y 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 341 a 343, interpuesto por María Cecilia Nicolls Rodríguez contra el Auto de Vista Nº 176/2009 de 17 de diciembre de 2009 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia de Oruro. Con costas.

No se regula honorario por no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Segundo