TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 174/2015                                                                 Sucre: 11 de marzo 2015                                                                 Expediente: T-47-14-S                                                                           Partes: Nelina Villena de Piotti y Alicia Villena de Pórcel. c/ Majin Jerez

            Rodríguez y Calixto Patiño Vega. 

Proceso: Ineficacia de Sentencia pronunciada en proceso sumario,

              reconocimiento judicial de derecho propietario y nulidad

            de acto posesorio.                                            

Distrito: Tarija.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 757 a 761 y vta., interpuesto por Pablo Rolando Piotti Villena, Pablo Piotti Romero, Oscar Ricardo Piotti Villena, Rodolfo Piotti Villena, Rafael Roberto Nuñez Villena, Enué Francisca Nuñez Villena de Pacheco, Margarita Nuñez Villena y Maria Elena Piotti Villena de Ibañez, todos por su causante Nelina Villena Gutierrez  de Piotti y Alicia Villena Gutierrez de Porcel contra el Auto de Vista Nº124/2014 de 17 de septiembre de 2014 de fs. 753 a 755 y vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil  Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso ordinario de declaración de ineficacia de sentencia de proceso sumario, reconocimiento judicial de derecho propietario y nulidad de acto posesorio seguido por Nelina Villena de Piotti y Alicia Villena de Pórcel contra Majin Jerez Rodriguez  y Calixto Patiño Vega; la respuesta al recurso de fs. 767 a 779 y su apersonamiento de fs. 797 a 803 y vta.; el Auto de concesión de fs. 783 y vta.; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Nelina Villena de Piotti y Alicia Villena de Porcel, por memorial de fs. 181 a 186 y vta., adjuntado las literales de fs. 1 a 180  interponen demanda de ineficacia de sentencia en proceso sumario, reconocimiento judicial de derecho propietario y nulidad de acto posesorio ante el Juzgado de Partido Segundo en lo civil del Departamento de Tarija en la vía ordinaria contra Majin Jerez Rodriguez y Calixto Patiño Vega, exponiendo que el primero habría tramitado un proceso de usucapión con fraude procesal declarado ya que demandó a un tercero que no ostentaba ningún derecho real sobre sus lotes procediéndose en pleno desconocimiento de ellas, ejecutoriándose la sentencia. Es así que Majin Jerez (usucapiente) entrega dichos terrenos en calidad de garantía hipotecaria al Banco Nacional de Bolivia, que ante el incumplimiento fueron rematados y transferidos judicialmente a Calixto Patiño, es así que este último contesta y rechaza interponiendo excepción de falta de acción, entrabándose así  la relación jurídico procesal.

Sustanciado el proceso el Juez de Partido Segundo en lo Civil del Tribunal Departamental de Tarija, mediante Sentencia de 06 de noviembre de 2003 cursante de fs. 346 a 351, declaró probada en todas sus partes la demanda e improbada, la excepción de falta de acción planteada.

Contra esa resolución de primera instancia, la parte demandada a fs. 355 a 360 y vta., interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Auto de Vista Nº 54/2004 de fecha 06 de abril de 2004, cursante a fs. 378 a 379, confirma en todas sus partes la Sentencia; resolución recurrida en casación en la forma y en el fondo por el demandado a fs. 382 a 389 y resuelta por Auto Supremo Nº 5/2007 de 08 de enero de 2007 cursante a fs. 432 a 433 vta., que anula obrados hasta fs. 374, a cuyo mérito se pronuncia un nuevo Auto de Vista Nº 22 de 12 de marzo de 2007 de fs. 443 a 445, que confirma Parcialmente la Sentencia, por lo que el demandante recurre de Casación en la forma y en el  fondo, cursante a fs. 448 a 451 y vta., resuelta por Auto Supremo Nº 196 de 30 de mayo de 2011 de fs. 500 a 501 y vta., que Anula el Auto de Vista Nº 22 de 12 de marzo de 2007 disponiendo que el Tribunal de Alzada resuelva conforme a derecho, pronunciándose un nuevo auto de Vista Nº 106/2011 de 03 de septiembre de 2011 cursante de fs. 535 a 540 y vta. Que Anula Obrados hasta fs. 192, por el cual las demandantes recurren en casación en la forma y en el fondo de fs. 547 a 552, tomando conocimiento La sala Civil Liquidadora pronunciando en fs. 612 a 618 Auto Supremo Nº 150 de 08 de agosto de 2012 declarando INFUNDADO e IMPROCEDENTE, emergente del mismo, el demandante acciona Amparo Constitucional y es tutelado mediante Sentencia Constitucional 1778/2013 de 21 de octubre de 2013 de fs. 661 a 669 y 678 a 692, declarando sin eficacia jurídica el Auto Supremo Nº 150/2012. Emitiéndose en cumplimiento a la resolución precitada  Auto Supremo Nº 160 de 06 de mayo de 2014 de fs. 698 a 703, Anulando el auto de Vista Nº 106/2011  resolviéndose mediante Auto de Vista Nº 124/2014 de 17 de septiembre de 2014 de fs. 753 a 755 y vta., que Revoca Parcialmente la Sentencia declarando improbada la demanda, es así que las demandantes recurren de casación en el fondo mismo que se pasan a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                    HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación en el fondo se tiene lo siguiente:

Expresan que el Auto recurrido estaría aplicando indebidamente los arts. 297, 299 y 50 del Código de Procedimiento Civil, por no ser sujetos de aquel proceso, no correspondiendo para un proceso sumario. 

Refieren también que la validez de la sentencia solo comprende a las partes litigantes y a sus causahabientes, es decir a Jerez y Cruz, no teniendo alcance sobre los derechos patrimoniales de ellas; sin embargo a través de ella están siendo perjudicadas por lo que solicitan se declare sin valor para ellas, puesto que la cosa juzgada  no les alcanzaría porque no han sido parte en la Litis y la Sentencia no les es oponible, carecería de eficacia respecto a ellas.

Hace referencia a que la Sentencia está conforme a derecho y el Auto de Vista es ilegal.

Concluye solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia Case el Auto de Vista de fs. 753 a 755 y deliberando en el fondo mantenga firme la Sentencia de fs. 346 a 351, con costas, más las sanciones correspondientes.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El Art. 106 de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, señala lo siguiente: “I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente”, norma aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada Ley, por lo que la aplicación de una nulidad procesal -en caso de advertirse infracciones al debido proceso- puede ser aplicada aún de oficio.

1.- De la improponibilidad objetiva de la pretensión.-

Este Tribunal Supremo de Justicia, conforme al criterio adoptado por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha desarrollado la aplicación de la teoría de la improponibilidad objetiva de  la pretensión, así citamos el Auto Supremo Nº 101/2014 de 16 de marzo de 2014 en el que se expuso lo siguiente: “Que, frente a la interposición de una demanda el Juez tiene el deber de efectuar un primer examen de admisibilidad en atención al art. 327 del Código de Procedimiento Civil, el cual según la citada norma, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo que se desprende de la literalidad de la norma transcrita, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza ex ante a cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la Litis en la Sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in límine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable.        

El rechazo in limine o ab initio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible el resultado sería un inútil dispendio porque su pretensión está destinada al fracaso.

Como sostiene Peyrano en su obra “El proceso atípico” pag. 63: “Pues es inadmisible que dentro del orden de un Estado de derecho, un órgano del Estado permita por su pasividad que se propongan, sustancien o reclamen derechos sobre situaciones jurídicas que la ley categóricamente prohíbe. Demandas de tal naturaleza son inicialmente infundadas, y el deber del juez es repelerlas de oficio” y está bien que así ocurra. Ser juez hoy en día requiere algo más que ser el testigo de un duelo. Requiere ser su director, debiendo entonces controlar las armas, procurar que la lid sea leal y evitar en lo posible mayores males…”

La aplicación de la improponibilidad objetiva de la pretensión resulta ser saludable en la administración de justicia, que de ser evidente, debe ser aplicado por los jueces de instancia, esto con la finalidad, de evitar un insulso trámite para que a la larga el operador judicial, defina por declarar improbada la pretensión porque el ordenamiento jurídico no permite acoger dicha pretensión.

2.- De la modificación de los procesos sumarios.-

Sobre la modificación del proceso sumario, se debe citar el contenido de la Sentencia Constitucional Nº 0468/2010-R establece: “III.3.1. De los procesos de conocimiento.- Los procesos de conocimiento: ordinarios, sumarios y sumarísimos se ajustan a las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. El segundo proceso de conocimiento es el sumario, está consagrado por el art. 317 del mismo cuerpo legal y su tramitación se encuentra a partir del art. 478, comprende aquellos asuntos contenciosos que no estén sometidos a un trámite especial y sean de menor cuantía. Conoce, tramita y resuelve las acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores establecidos de manera periódica por la Corte Suprema de Justicia, reviste las mismas características que el proceso ordinario, se distingue de aquel, por la celeridad en su tramitación, está previsto para hacer más ágil la justicia, por ello, cuenta con una estructura más simple, menos solemne y más abreviada procesalmente; la autoridad jurisdiccional que debe conocer este tipo de procesos es el Juez de instrucción en lo civil, en la medida que se encuentre dentro de su competencia. Sus resoluciones no son susceptibles de ser atacadas en proceso ordinario”.

Asimismo este Tribunal, respecto a la cosa juzgada generada en procesos sumarios ha emitido el Auto Supremo N° 508/2012 de 14 de diciembre de 2012, que sostiene lo siguiente: “Doctrinalmente se distingue entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material.

La Formal, supone que una Sentencia es firme como consecuencia de su inimpugnabilidad intra proceso, es decir cuando no hay posibilidad de ser recurrida, es la que se genera por el agotamiento o la improcedencia de recursos en su contra, tiene carácter limitado, pues sus efectos se refieren al interior del proceso pero pueden desaparecer en un proceso distinto a aquel en el que se originó, ejemplo la calidad de cosa juzgada formal que adquiere la Sentencia dictada en un proceso ejecutivo, que puede ser revisada a través de un proceso ordinario.

La cosa Juzgada Material, hace posible que una Sentencia sea prácticamente inatacable a través de otro proceso, eliminando así cualquier posibilidad de modificación, alteración de su contenido, de tal forma que lo resuelto es válido al interior del proceso, oponible en otro e inmodificable a través de otro proceso.

Como se analizó anteriormente la Sentencia firme que emerge de un proceso de conocimiento sea este ordinario o sumario adquiere la calidad de cosa juzgada material, de donde surge la imposibilidad material de su revisión, modificación o invalidación, aspecto que no fue analizado por el Tribunal de instancia, que se limitó a verificar si contaban con competencia o no para la tramitación de la causa y no analizaron que al pretender el actor la modificación de una Sentencia dictada en proceso sumario y al ser este un proceso de conocimiento como lo indicamos líneas arriba, no corresponde su sustanciación en la vía Civil mucho menos familiar, toda vez que a través de éste proceso ordinario, el actor, pretende la nulidad de la Sentencia dictada en el proceso sumario sustanciado ante el Juez de Instrucción Segundo de Familia, por Jin Xia Chen Lor en contra de los herederos de Shien Hsiung Chien Ko, proceso en el cual no fue parte el recurrente.

Cuando una Sentencia adquiere calidad de cosa juzgada se derivan una serie de efectos que podemos definir como aquellas repercusiones que produce la Sentencia firme en el ámbito del Ordenamiento Jurídico, en ese sentido la cosa juzgada material produce dos efectos esenciales uno negativo y otro positivo. El efecto negativo supone la imposibilidad de sustanciar otro proceso sobre el mismo objeto, es lo que se conoce como non bis in eadem, su justificación radica en que no es posible sustanciar un mismo litigio en forma eterna. El efecto positivo, supone la prohibición de que en un segundo proceso se decida de forma diferente a lo ya resuelto en un primero.

Los efectos de la cosa juzgada, instaurados en resguardo del principio de seguridad jurídica, reconocen, con ese mismo propósito, ciertos límites de carácter subjetivo y objetivo, esencialmente. Para el caso de Autos nos interesa referirnos al límite subjetivo de la cosa juzgada que orienta que la misma vincula básicamente a todas las partes que intervinieron en el proceso, sus herederos y causahabientes conforme prevé el art. 1451 del Código Civil, y como también prevé el art. 1452 del mismo compilado legal, lo dispuesto por la Sentencia, tiene también eficacia respecto a terceros y al ser un proceso de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho, éste es equiparable a un proceso de divorcio en los cuales la Sentencia dictada causa estado y tiene eficacia contra terceros. En ese sentido no cabe duda que el ahora demandante se encuentra comprendido dentro de los alcances de aquella Sentencia con calidad de cosa juzgada material que originó del proceso sumario de reconocimiento de unión libre y de hecho seguido por Jia Xia Chen Lor en contra de los posibles herederos de Shien Hsiung Chien Ko., resultando por ello manifiestamente improponible la acción de nulidad de aquella Sentencia, pretendiendo que a través del presente proceso ordinario se invalide esa Sentencia en razón a aparentes vicios procesales que se habrían sucedido en la sustanciación de aquel proceso, los mismos pudieron ser atacados al interior de ese proceso y no a través de otro ordinario de conocimiento sí la parte actora se consideraba legitimado para impugnar la Sentencia…”

Esto quiere decir que las decisiones asumidas en proceso sumario, por su carácter de proceso de conocimiento, no pueden ser modificadas mediante un proceso ordinario, en otras palabras, no se puede ordinarizar un proceso sumario.

3.- De la pretensión improponible de la parte actora.-

En el caso presente, se tiene que Nelina Villena de Piotti y Alicia Villena de Pórcel, en la demandada de fs. 181 a 184 y vta. en cuya descripción fáctica señalan que en el Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Civil, Majín Jerez Rodríguez hubiera tramitado en proceso de usucapión decenal, acción dirigida en contra de Edmundo Cruz Coronado, sobre una superficie de dos hectáreas, que duró un mes, sin que hayan sido demandadas en el proceso, al ser las propietarias de los terrenos usucapidos, por lo que su derecho propietario se encuentra registrado en derechos reales, sin que el mismo haya sido cancelado. Alegan asimismo de haber tramitado un proceso ordinario de fraude procesal sobre dicho proceso sumario de usucapión, describiendo el tracto dominial de su derecho de propiedad. Asimismo refiere que Calixto peña desconociendo su derecho de propiedad, tramitó un proceso interdicto de adquirir la posesión, por lo que ante la oposición formulada la Juez declaro probada la oposición que hubieran formulado. Consiguientemente amparadas en el art. 515 del Código de Procedimiento Civil, art. 1319 del Código Civil  con relación al art. 7.I y 22 de la Constitución Política del Estado, arts. 105, 1538 del Código Civil, art. 596 y 597 del Código de Procedimiento Civil, con relación al art. 90 del mismo cuerpo legal, pretenden  se deje sin valor la Sentencia (ejecutoriada) pronunciada en el proceso sumario de usucapión seguido por Majin Jerez Rodríguez en contra de Edmundo Cruz Coronado,  se reconozca su derecho de propiedad y el pago de daños y perjuicios.

De acuerdo a lo descrito se deduce que la pretensión principal está enfocada en dejar sin efecto la sentencia pronunciada en el proceso sumario, pretensión que  no es admisible conforme a los argumentos jurisprudenciales descritos precedentemente,  en el punto anterior, por lo que, calificando la pretensión de las actoras, la misma resulta ser improponible, pues principalmente se busca dejar sin efecto,  la sentencia pronunciada en dicho proceso sumario tramitado en el Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Civil en la causa de usucapión seguido por Majin Jerez Rodríguez en contra de Edmundo Cruz Coronado.

Se debe recordar, que todo proceso de usucapión decenal debe ser dirigido en contra del propietario del predio objeto de la usucapión, quien figure en el registro de Derechos Reales, esto para que opere los efectos adquisitivo para el usucapiente, y extintivo de la propiedad del usucapido, pues en base a esa descripción del registro, el usucapiente, podrá defender esa adquisición de la propiedad usucapida  con base al trato sucesivo del registro del usucapido, por lo que, las actoras en defensa de su derecho de propiedad podrán activar el proceso de mejor derecho de propiedad, frente al titular del que deviene la propiedad por efecto de la usucapión, al no ser admisible una pretensión de nulidad de sentencia ejecutoriada pronunciada en proceso sumario.

Por lo expuesto corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 106 de la ley Nº 439 del Código Procesal Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición,  por las razones expuestas en la presente resolución.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

De conformidad a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo