TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 169/2015

Sucre:10 de marzo2015

Expediente: CB-151-14-S

Partes: Benedicto Sotelo Vargasc/ Gabriela Quiroz Bazoalto de Sotelo, José

GómezCéspedes y presuntos interesados                

Proceso: Nulidad de Transferencias.        

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Felipe Sotelo Quiroz de fs. 597 a 616, impugnando el Auto de Vista de fecha 15 de agosto de 2014, de fs. 586 a 593, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Nulidad de Transferencias, seguido por Benedicto Sotelo Vargas contra Gabriela Quiroz Bazoalto de Sotelo, JoséGómezCéspedes, Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba y presuntos interesados, la concesión de fs. 636, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Quinto en lo Civil Comercial, en fecha 04 de abril 2012 emitió Sentencia cursante de fojas 438 a 446, declarando, Improbada la demanda principal de nulidad, Improbada la reconvencional presentada por la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, Improbada la acción reconvencional de usucapión planteada por JoséGómez Céspedes, Probada la excepción perentoria de improcedencia opuesta por Benedicto Sotelo Vargas contra las acciones reconvencionales de la H. Alcaldía Municipal y José Gómez Céspedes, Probada la excepción perentoria de improcedencia opuesta por la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba contra la demanda de Benedicto Sotelo Vargas, Probada la excepción perentoria de improcedencia opuesta por José Gómez Céspedes en contra al demanda principal, finalmente Improbadas las excepciones perentoria de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho opuestas por la defensora de oficio.

Contra la indicada Resolución, interpuso recurso de apelación Felipe Sotelo Quiroz al igual que José Gómez Céspedes, por el que el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista, confirmando parcialmente la Sentencia, con la modificación de que se declara probada la excepción perentoria de Cosa Juzgada planteada por José Gómez Céspedes.

Resolución de segunda instancia que dio lugar al recurso de casación presentado por la parte actora, recurso que se analizan.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusa que los Tribunales de instancia no resolvieron de manera fundamentada su demanda en razón a la ilicitud de la causa y motivo, ya que el hecho de disponer de unos bienes que formaban parte de la comunidad de gananciales estaría infringiendo el orden público, establecido en el art. 5 del Código de Familia.  Por dicho motivo indica que es viable el recurso de casación en la forma.

Por otro lado en su recurso en el fondo, acusa la infracción del art. 253 num. 1 y 2, mencionado que ha existido violación de la norma e incorrecta aplicación de las mismas, dándole un sentido equivocado, confundiendo el alcance y protección de la norma sustantiva para ello el recurrente menciona que el operador de justicia debía de interpretar la norma en base a las reglas de interpretación ordinaria como se orienta en la jurisprudencia constitucional.

En otro punto hace mención al régimen de la causa ilícita, sobre la nulidad y anulabilidad, teorías y características, la diferencia ente los efectos de la nulidad y los de la anulabilidad.

También menciona sobre el respeto al régimen de bienes gananciales, señala sobre los bienes gananciales en específico, de la comunidad de gananciales, del régimen constitucional y legal de la comunidad de gananciales, el respeto a la libertad contractual y su límite en la disposición de bienes que forman parte del régimen de bienes gananciales.

Más adelante hace mención a la prescripción la procedencia de la apelación en aplicación del num. 3 del art. 253 del C.P.C., la diferencia entre los contratos administrativos y contratos públicos, del acto administrativo y su vinculación con el contrato administrativo.

Con lo que termina peticionando que se case el Auto de Vista y deliberando enel fondo se declare Probada la demanda principal y en consecuencia la nulidad de los documentos demandados.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la lectura del recurso de casación, el recurrente expone sobre la nulidad tácita del contrato, de la prescripción y otros puntos que no fueron motivo de apelación, y no fueron observados o fundamentados por el tribunal de alzada, ahora referirnos alos mismos sería fallar en per saltum, por ese motivo, la presente Resolución se circunscribirá a la pretensión principal de la demanda, lo resuelto por los Tribunales de instancia y lo recurrido en casación, referente a la causa ilícita y motivo ilícito extrañado por la parte recurrente, en ese entendido diremos que:

Estando cuestionado el análisis de la causa ilícita y motivo ilícito, se debe partir indicando que el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". Por su parte respecto al motivo ilícito, el art. 490 indica: “(Motivo Ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres.”.  En nuestra legislación los arts. 489 y 490 del Código Civil, no diferencian en las causales para la causa ilícita y el motivo ilícito, pero obviamente en el caso de la causa ilícita, debe versar sobre la ilicitud de acto y en el caso del motivo, la ilicitud debe incidir en el motivo subjetivo por el cual los contratantes realizan el acuerdo de voluntades, y en ambos casos para que haya ilicitud del acto como del motivo del contrato, deben ir contra del orden público y las buenas costumbres. Sobre el orden público, en materia contractual existen dos posiciones, la primera que considera éste como ir contra las leyes o normas establecidas y la segunda considerar éste como ir en contra de los valores, pautas o principios que sirven de sustento a la organización jurídico-social.

Al respecto, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.Morales Guillen referente al motivo ilícitonos señala: “…según Messineo, ha de entenderse la representación de la realidad, en cuanto es la razón determinante de la voluntad del sujeto para dar vida al contrato y cree que está mejor expresado su concepto con el término móvil o causa eficiente.  Así, el móvil o motivo es, como tal representación, un hecho subjetivo a diferencia de la causa que es un elemento objetivo.”

En el caso de autos, el actor argumenta la nulidad en base a la falta de consentimiento en las transferencias efectuadas por su esposa, indicando que dichos inmuebles pertenecían a la comunidad de gananciales y no podían ser transferidos sin el consentimiento del esposo, encontrando en dicha omisión la falta a las buenas costumbres que hacen que la causa sea ilícita.  De lo descrito se debe considerar que en la legislación boliviana no existe propiamente la definición de que se entiende por buenas costumbres, pero éstas son: “el modo constante de obrar por los miembros de una sociedad”, por dicho motivo en todo contrato se presume la buena fe de los contratantes, mientras no se pruebe lo contrario y la falta del consentimiento del esposo en las transferencias acusadas, no pueden ser causal de nulidad, toda vez que al basar su pretensión en el hecho factico de faltar consentimiento, éste (actor) equivoca la vía judicial para demandar la nulidad de las ventas realizadas por su esposa, nuestra legislación en el art. 554 núm. 1) del Código Civil es claro al indicar como casos de anulabilidad de contrato “La Falta de consentimiento para su formación”, petición legal que no fue parte del petitum del actor ni de la fundamentación de la parte legal de la demanda principal. Al ser así, los Tribunales de instancia no consideraron favorable la pretensión del recurrente, quienes en todo caso expusieron los motivos y razones de manera clara y concreta para desestimar la demanda interpuesta en la litis, éstos establecieron que:  “…demandar la nulidad de los contratos por ilicitud de la causa o motivo, implica haber otorgado previamente su consentimiento respectivo para su celebración de los mismos, resultando ilógico e improcedente, demandar la nulidad de esos contratos alegando la ilicitud de la causa y motivo, cuando no se ha intervenido en su suscripción u otorgado el consentimiento respectivo para su celebración, siendo en consecuencia la acción idónea para dejar sin efecto los contratos en los que se alega no haber participado, la anulabilidad de los mismos, acción que al no haberse planteado en la presente litis, no amerita un pronunciamiento…”, fundamentación del Juez A quo confirmado por el Tribunal de alzada, toda vez que, en la presente causa el actor pretende la nulidad de los documentos en base a la falta de consentimiento, hecho, que expuesto así, no es procedente en la litis.

De la misma forma, habrá que indicar que en los contratos pretendidos de nulidad, existe causa y motivo lícitos, toda vez que, al tratarse de un contrato de compraventa, la causa (elemento objetivo) para la vendedora es obtener el precio y el motivo (elemento subjetivo) puede ser diverso, la disposición del precio recibido por la venta y otros; para el comprador, la causa es obtener la cosa que compra, su motivo el uso de la misma.No existe ilicitud alguna en los documentos demandados de nulidad, no son contrarios al orden público o las buenas costumbres, por dicho motivo no resulta procedente la pretensión del recurrente.

Por otro lado, respecto a los bienes gananciales, el recurrente no señala con que prueba demostró que los bienes demandados de nulidad fueran parte de la comunidad de gananciales, en el recurso de casación no indica, menos acusa cual el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba presentada en obrados, solamente a manera de argumentación nos trae para considerar doctrina y jurisprudencia respecto a la comunidad de gananciales, el régimen constitucional y legal de la comunidad de gananciales, de los bienes gananciales en específico, sobre la libertad contractual y sus límites en la disposición de bienes y otros argumentos que en específico no concretan en nada, únicamente como se dijo a manera de teoría la parte recurrente lo introduce en el recurso de casación.  No obstante a lo indicado, se debe tener en cuenta que en la litis, los tribunales de instancia, establecieronla no procedencia de la nulidad pretendida debido a que: “…el documento de transferencia de inmueble de fecha 19 de junio del año 1985(fs. 9), suscrito entre Gabriela Quiroz Bazoalto y José Gómez Céspedes, reconocido  en la misma fecha ante juez de mínima cuantía Nº 5 de esta ciudad, porque la indicada transferencia ha sido realizada de un bien inmueble patrimonial de Gabriela Quiroz Bazoalto, donde no se requería la aceptación o consentimiento del demandante, al no ser un bien ganancial…”, de la misma forma respecto al documento de fecha 1 de agosto del año 1986 demandado también de nulidad, no se demostró que dicha venta se hubiera efectuado de la parte ganancialicia del actor, en virtud que la vendedora, Gabriela Quiroz Bazoalto, también era propietaria del 50 % de acciones y derechos sobre las referidas dos fracciones de terrenos gananciales de las que se transfirió solamente la fracción de 245,64 m2.

Finalmente, en cuanto a la diferencia entre contratos administrativos y contratos públicos, del acto administrativo y su vinculación con el contrato administrativo, dicha argumentación final del recurso de casación, no tiene ninguna relación en el caso de autos, donde no estamos frente a un contrato administrativo u acto administrativo que se esté impugnando; en la litis, el actor, padre del recurrente, solicitó la nulidad de la Escritura Pública No. 1069 de 31 de diciembre de 1992 suscrita ante Notario de Hacienda y Minas, porque a criterio del actor su esposa Gabriela Quiroz Bazoalto, madre del recurrente, cedió de manera gratuita los terrenos descritos en dicho Testimonio, criterio del actor errado, toda vez que, la propietaria de los terrenos objeto del proceso, realizó un trámite de aprobación de urbanización, donde conforme a normativas internas, la Municipalidad se reservó 1.036.22 m2 con destino a la regularización de vías y 861.08 m2 ubicado en el manzano 48 destinado a la formación de área verde a favor de la H. Municipalidad de Cochabamba, cesión que no tiene ninguna relación con contratos administrativos, actos administrativos y demás aspectos que infundadamente acusa la parte recurrente. 

Por dicho motivo y al no ser fundados los agravios que nos trae en casación, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Felipe Sotelo Quiroz de fs. 597 a 616, impugnando el Auto de Vista de fecha 15 de agosto de 2014, de fs. 586 a 593, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.  Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.- 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo