TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

               S A L A   C I V I L


Auto Supremo:166/2015

Sucre:10 de marzo2015                

Expediente: CB-152-14-S

Partes:Marcos Pozo Sánchez en representación de María ConsueloVargas

           Albornoz. c/ Eduardo Villarroel Flores.

Proceso:Reivindicación, mejor derecho de propiedad, demolición de

       construcciones clandestinas, acción negatoria, desocupación

       y entrega del lote de terreno, más pago de daños y perjuicios.

Distrito:Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en el fondode fs. 469 a 479 de obrados interpuestopor Marcos Pozo Sánchez en representación de María Consuelo Vargas Albornoz, impugnando el Auto de VistaReg/S.CII/ ASEN. 111/20.10.2014de fecha 20 de Octubre de 2014, pronunciado por  la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dentro del proceso de Reivindicación, mejor derecho de propiedad, demolición de construcciones clandestinas, acción negatoria, desocupación y entrega del lote de terreno, más pago de daños y perjuicios, seguido a instancia de Marcos Pozo Sánchez en representación de María Consuelo Vargas Albornoz contra Eduardo Villarroel Flores.la concesión de fs. 495, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Marcos Pozo Sánchez en representación de María Consuelo Albornoz, indicó que su mandante es propietaria del lote de terreno No10 de 450 m2, ubicado en la Avenida Circunvalación, zona Mayorazgo, Manzano 384, Distrito 1, Urbanización patria, adquirido en fecha 9 junio de 1995, y registrado en Derechos reales en fecha 8 de julio de 1996, del cual tomo posesión judicial el 16 de abril de 2004, con oposición de Eduardo Villarroel Flores quien alegó tener derecho propietario oponiéndose a la entrega del inmueble, a quien acusa de haber ingresado de manera clandestina y arbitraria al inmueble aprovechando su condición de vecino colindante, no obstante haber perdido un interdicto de adquirir la posesión, en base a esos antecedentes y al amparo de los arts. 108, 1149, 1453, 1454 y 1455 del Código Civil, interpone la demanda de reivindicación.

Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez 9º de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de fecha 18 de Octubre de 2013 declaró probada la demanda de reivindicación, declaración de mejor derecho propietario y acción negatoria, improbada la demanda de usucapión decenal así como las excepciones perentorias de falta de legitimación procesal, falta de acción y derecho, prescripción y falsedad, opuestas por el demandado; en consecuencia ordenó a Eduardo Villarroel Flores a desocupar el inmueble y restituirlo a la demandante al tercer día de ejecutoriada la Sentencia, bajo conminatoria de desapoderamiento, sin lugar a reconocerse las mejoras introducidas por tratarse de construcciones ilegales, condenando al pago de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de Sentencia.

Interpuesto el recurso de apelación por ambas partes, por separado, La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por Auto de Vista No 59/2014, de fecha 4 de abril de 2014, revocó totalmente la Sentencia y declaró improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional de usucapión decenal como también declaró probadas las excepciones perentorias de falta de legitimación procesal, falta de acción y derecho, prescripción y falsedad opuestas por el demandado, reconociendo el derecho propietario en favor de Eduardo Villarroel Flores, por usucapión sobre el inmueble motivo de la litis, ordenando la inscripción de la Resolución en Derechos Reales una vez ejecutoriada la misma; sin pronunciarse sobre el recurso de apelación parcial interpuesto por el demandante, por haberlo hecho en otro memorial distinto al de respuesta del recurso de apelación, por esta razón en conocimiento del recurso de casación en la forma  y en el fondo interpuesto por Marcos Pozo Sánchez en representación de María Consuelo Vargas Albornoz, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia pronunció Auto Supremo Nº 476/2014, de fecha 28 de agosto de 2014, por el que anuló el Auto de Vista Nº 59/2014 disponiendo se emita nuevo Auto de Vista guardando la pertinencia tanto interna como externa, sin que ello implique que se tenga que anular la Sentencia o el proceso

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el nuevo Auto de Vista Reg/S.CII/ASEN.111/20.10.2014  de fecha 20 de Octubre de 2014, por el que Revoca la Sentencia apelada, y deliberando en el fondo declaro Improbada la demanda principal de reivindicación de inmueble, mejor derecho de propiedad, demolición de construcciones clandestinas, acción negatoria, desocupación y entrega de lote de terreno por la demandante, Probada la demanda reconvencional de usucapión interpuesta por el demandado, probadas las excepciones perentorias de falta de legitimación procesal, falta de acción y derecho, prescripción y falsedad opuestas por el demandado contra la demanda principal sin costas por la revocatoria.  En consecuencia se reconoce el derecho propietario del demandado Eduardo Villarroel Flores por Usucapión sobre el bien inmueble motivo de Autos, ubicado en la Avenida Circunvalación, zona el Mayorazgo, Lote Nº 10, manzana 384, Urbanización Patria, de 450 m2, en cuyo mérito se ordena la inscripción de la presente Resolución en la oficina de Derechos Reales del Cercado Cochabamba, ejecutoriado como se encuentre, para que se tenga en calidad de Titulo Propietario, con todos los derechos y obligaciones previstas por ley

Contra esta resolución de Alzada Marcos Pozo Sánchez en representación de María Consuelo Vargas Albornoz interpuso recurso de casación en el fondo el mismo que se analiza

CONSIDERANDO II:        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente interpone recurso de casación en el fondo,  argumentando los siguientes agravios.

En principio indica la recurrente que el proceso se anuló por este Tribunal Supremo por existir en la Resolución de Alzada incongruencia, disponiendo que se emita nueva Resolución guardando la pertinencia tanto interna como externa, sin embargo, el nuevo Auto de Vista es copia fiel y literal del anterior aspecto que pone de manifiesto una vez más, la imparcialidad del Tribunal Ad quem.

1.-El art. 243 incs. 1,2 y 3 del Código de Procedimiento Civil señala que la casación en el fondo es procedente cuando no se ha aplicado correctamente las leyes, cuando el fallo contuviere disposiciones contradictorias y se hubiese incurrido en error de derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas, en el caso de Autos, indica el recurrente que existe las tres causales,  el nuevo Auto de Vista es una ampulosa transcripción del memorial de apelación y el mismo sigue siendo incongruente y contradictorio por los siguientes razones por una parte vuelve a indicar el Tribunal Ad quem que el apoderado no tiene facultad alguna para demandar la reivindicación del inmueble motivo de Autos, sin embargo, en la parte resolutiva concretamente en el punto 3 en forma contradictoria, declara Probada las excepciones perentorias de falta de legitimación procesal y falta de acción y derecho, incurriendo en la causal de casación prevista por el art. 253 inc.2) del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, el Tribunal Ad quem, refiriéndose a los poderes de representación consistentes en los testimonios de poderes No 203/2002 y 43/2005, indican que “por ningún lado hacen referencia alguna efectuar trámites, gestiones, procesos, demandas y otros respecto al inmueble lote de terreno, motivo de la litis, sito en la Avenida Circunvalación, zona mayorazgo, Lote No 10, manzana 384 del Distrito 1, de 450 m2, sino únicamente respecto del Lote de la Chimba” esta afirmación  del Tribunal de Alzada es mal intencionada y dirigida a beneficiar al demandado, incurriendo el Tribunal Ad quem en error de hecho al haber efectuado una mala lectura y sesgada del contenido íntegro de los poderes y en error de derecho al no haber reconocido el valor legal de los poderes que le otorga el art. 1289 del Código Civil, estando demostrado por los poderes cursantes de fs. 1 a 3 contienen facultades para que el mandatario en nombre y representación de su mandante haga prevalecer el derecho propietario que le asiste sobre dos bienes inmuebles el lote de terreno objeto de la litis y el lote de terreno ubicado en la Chimba, y el poder cursante a fs. 4 de obrados, amplia las facultades de este primer poder y concretamente otorga más poder para solicitar la reivindicación y con respecto a la solicitud de demolición de construcciones clandestinas y entrega de inmueble es aplicable el art. 811.I del Código Civil, que dispone que el mandato no solo comprende los actos para los cuales ha sido conferido, sino aquellos que son necesarios para su cumplimiento, lo que demuestra que el Tribunal de Alzada ha incurrido en error de derecho por desconocimiento del art. antes mencionado.

Sobre el mismo punto acusa el recurrente que el demandado Eduardo Villarroel Flores a tiempo de interponer la demanda y reconvenir no ha opuesto la excepción previa de impersonería del apoderado, prevista en el art. 336 inc 2) del Código de Procedimiento Civil, si estaba convencido de que existía facultad expresa para demandar la reivindicación, por el contrario interpone excepción perentoria de (falta de legitimación procesal) impersonería, falta de acción y derecho, estando establecido que conforme lo dispone el art. 337 del Código de Procedimiento Civil, esta excepción debe interponerse dentro de los 5 días fatales a partir de la citación con la demanda, dejando precluir el demandado su derecho, en virtud a los plazos fatales y perentorios, sin embargo el Tribunal Ad quem dejando de lado este razonamiento, en la parte resolutiva declara Probadas las excepciones de (falta de legitimación procesal) impersonería, falta de acción y derecho entre otras, sin tomar en cuenta que estas excepciones no han sido planteadas como previas violando los arts. 336 inc.2), 337 y 338 del Código de Procedimiento Civil

Con relación a que en la demanda, el demandante hubiera planteado varias pretensiones como las de reivindicación, mejor derecho de propiedad, acción negatoria, demolición de construcciones clandestinas, peticiones algunas que resultan contradictorias como acción negatoria y la declaración de mejor derecho propietario, no puede al mismo tiempo demandar la reivindicación, toda vez que el presupuesto básico de la reivindicación es el derecho propietario no discutido ni cuestionado y criticar al Juez A quo  la determinación de declarar probadas todas ellas,  porque al hacerlo el Tribunal Ad quem ha violado el art. 328 del Código de procedimiento Civil, toda vez que esta disposición permite a las partes plantear en una demanda de pluralidad de peticiones, otra cosa es que todas ellas sean declaradas probadas o solo una de ellas, de acuerdo a las pruebas del proceso y la verdad material.

Con relación al mismo aspecto el recurrente indica que el Tribunal Ad quem, ha malinterpretado el art. 1453 I del Código Civil que determina que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la detenta, cuyo requisito es la acreditación del título de propiedad no discutido, es decir no sometido a una declaración judicial paralela, presupuesto que en el presente caso no ha existido, asimismo el Tribunal Ad quem, manifiesta que para que proceda la acción de reivindicación, se necesita que el propietario haya perdido la posesión y que se demuestre este aspecto, cosa que en el presente caso  no existe porque la actora no ha demostrado que haya  ingresado,  ni haya estado en posesión del bien inmueble, razón por la cual nunca ha perdido la posesión de la cosa, sin embargo de ello indica el recurrente que el derecho propietario de la demandante ha sido acreditado por documento de fecha 9 de julio de 1995, debidamente  registrado en Derechos Reales, contando también con un antecedente dominial; puesto que se acredita que Elisa Frías Rojas vendió el referido lote a la demandante.Asimismo refiere que Elisa Frías Rojas, tomo posesión real y corporal del lote, sin oposición del demandado Eduardo Villarroel Flores, conforme consta en el acta de posesión de fecha 24 de noviembre de 1994, la misma que se encuentra registrada en Derechos Reales. Indica también que posteriormente María Consuelo Vargas Albornoz tomo posesión judicial, real y corporal del lote de terreno en fecha 16 de abril de 2004, tal cual acredita el acta de posesión judicial registrada en Derechos Reales Bajo la matrícula No 3011020021984, hechos que han interrumpido cualquier prescripción y desvirtúan la demanda reconvencional de usucapión. Sobre el mismo punto la recurrente indica que respecto al lote de terreno, ha ejercido actos de dominio que han sido demostrados con pruebas fehacientes cambio de nombre, inscripción catastral del lote de terreno, pago de impuestos a la propiedad ( fs. 18, 19 y 21), acta de posesión judicial, real y corporal, sin oposición alguna de Elisa Frías ( fs. 23), acta de posesión judicial de la recurrente (fs.28), aprobación de regularización de plano, pago de impuestos a la propiedad de fs. 34 a 41, pago de impuestos de fs. 42 al 47 desde la gestión 1992, pago de impuestos desde la gestión 1996 hasta la gestión 2007, cursantes de fs. 230 a 241, todos estos actos demuestran que la anterior propietario como la actual han ejerciendo su derecho propietario sobre el lote en cuestión, argumentos que desbaratan las falsas afirmaciones del Tribunal de Alzada y que demuestra que ha incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas del proceso, incurriendo en causal de casación prevista por el art. 252 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo la recurrente indica que durante todo el proceso y la etapa probatoria, el demandado reconvencionaista no ha acreditado con ninguna prueba desde que fecha se encuentra en posesión del terreno para computar el plazo de 25 años o 10 años, al respecto señala que los testigos Marlene Karina Aguilar Borda, Leonor Ramìrez Ayala Vda de Rojas y Claudia Patricia Tacarya Aguilar, ninguna acredita desde cuando el demandado está en posesión del inmueble, sin precisar el año en  que el demandado ingresó al lote de terreno, por lo que estas declaraciones no son uniformes ni contestesy por el contario la parte demandante ha acreditado con prueba fehaciente que Elisa Frías Rojas tomó posesión real del lote de terreno el 24 de noviembre de 1994, sin oposición alguna y mucho menos del demandado, y en cuanto a las declaraciones testificales el testigo Néstor Villanueva Mazuelos, declaro que conocía a Elisa Frías Rojas y que trabajaban juntos en la fábrica confecciones “Casa Patria” y que estuvo presente en el acto de posesión judicial y nadie se opuso a esa posesión, asimismo que no había ninguna construcción en dicho inmueble y que el lote presentaba una cerca de alambrado que fue puesta por Elisa Frías Rojas, asimismo Rhina Tapia Villanueva declaró que también había estado en la posesión y que el lote tenía alambre de púas, que nadie se opuso a la posesión y que ella también tenía un lote en el lugar, asimismo la declaración testifical de Jhonny Camacho Saucedo (fs.325) indicó que el lote se encontraba totalmente baldío, con matorrales y no había ninguna construcción y estaba cercado con alambre de púas estas declaraciones testificales han sido uniformes y contundentes y no han sido apreciados ni valorados conforme los arts. 397 y 576 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en error de derecho y de hecho en su valoración.

Manifiesta el recurrente que tampoco el Tribunal de Alzada ha considerado las actas de inspección judicial, en el interdicto de adquirir la posesión se acredita que la puerta del garaje fue recientemente colocado donde se evidencia restos de mezcla fresca tanto en la parte superior como inferior y en la inspección judicial cuya acta cursa a fs. 297, se evidencia que en el interior del inmueble existe un ambiente de data aparentemente reciente, presenta paredes revocadas con cemento y techadas directamente con hojas de calamina sobre listones de madera, Que en el límite sur se aprecia la existencia de una construcción que se proyecta sobre todo en el fondo, mirando al norte se evidencia la pared del primer ambiente inspeccionado, edificada, con ladrillo hueco de apariencia relativamente nueva”, que hay empedrado aparentemente recién construido, así como el baño es de data reciente o relativamente nueva, sin puerta ni ventanas, paredes edificadas con ladrillo hueco, techado provisional con hojas de calamina sobre listones de madera, de apariencia nueva, los materiales son de data nueva, se puede evidenciar la existencia del servicio de energía eléctrica que es precaria, provisional. Se observa también una caja de SEMAPA empotrada en el suelo de la acera que reza SEMAPA 2002, por lo expuesto el Tribunal Ad quem no ha considerado ni ha valorado las actas de inspección judicial, incurriendo de esta manera en error de hecho y error de derecho en la apreciación de la prueba

Conforme la amplia prueba aportada en el proceso se ha llegado a la convicción que el demandado Eduardo Villarroel no ha acredita encontrarse en posesión del lote durante 25 años ni 10 años puesto que el año 1994 no existía ninguna construcción en el lote y en la audiencia de inspección judicial  de fecha 15 de mayo de 2002, que existen construcciones precarias que todavía no estaban terminadas y que peor aún el demandado Eduardo Villaroel había fracturado la pared que colinda con su lote de terreno abrió un forrado claramente descrito en el acta de inspección de 12 de mayo de 2009 para tener un acceso improvisado al fundo vecino ahora en litigio por lo que no existe una posesión de buena fe, asimismo la fotos Aero fotogramétricas del año 1994 de la Dirección e Información Geográfica y Catastro y que acredita que el año 1994 el lote todavía no contaba con construcciones, aspecto que no ha sido demostrado por ninguna prueba por el demandado.

Por todo lo expuesto solicita casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declarar PROBADA la demanda de reivindicación y sus accesorios e IMPROBADA la demanda reconvencional de usucapión, probadas las excepciones opuestas a la acción reconvencional o en su caso mantener incólume la Sentencia con las condenaciones de ley

CONSIDERANDO        III: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La recurrente  interpone recurso de casación en la forma y en  el fondo, razón por la cual resolveremos primero las impugnaciones de forma toda vez que de ser ciertas estas ameritarían la nulidad de obrados sin entrar a resolver este tribunal las impugnaciones de fondo.

En la forma acusa que el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Alzada sigue siendo incongruente, porque sigue observando los poderes de representación en el entendido de que no tiene las facultades de interponer una demanda de reivindicación del inmueble objeto del litigio, sin embargo declara Probadas las excepciones perentorias de falta de legitimación procesal y falta de acción y derecho, incurriendo en la causal de casación prevista por el art. 253 inc.2) del Código de Procedimiento Civil, es decir conteniendo disposiciones contradictorias. De la revisión de poderes cursantes de fs. 1 a 3 y fs. 4. Se puede evidenciar que los mismos otorgan facultades para hacer prevalecer el derecho propietario del  lote de terreno ubicado en la ciudad de Cochabamba, Avenida circunvalación, zona Mayorazgo, Manzano 10, con una extensión superficial de 450 mts, otorgando amplias facultades al apoderado para iniciar los procesos que sean necesarios, sin embargo de ello si el demandado creía que los poderes de representación no eran suficientes, debía observar este aspecto como una excepción previa de (falta de legitimación procesal) impersonería cuestionando la insuficiencia de los poderes conferidos al apoderado de la actora principal, pero esta excepción la interpuso como perentoria, cuando la misma de conformidad al art. 336 num.2) del Código de procedimiento Civil, únicamente puede hacerse valer como excepción previa y debe ser interpuesta dentro del plazo de 5 días previsto en el art. 337 del Código de Procedimiento Civil y resolverse antes de la tramitación de la causa principal, porque la misma es estrictamente de carácter procesal que tiene por finalidad atacar la incapacidad o impersonería del demandante o demandado o de sus apoderados como ocurre en el presente caso. La indicada excepción de ninguna manera puede constituir un medio idóneo para destruir la pretensión sustancial de las partes, en ese entendido tanto la uniforme doctrina como nuestro sistema procesal (art. 342CPC), no permiten que la excepción de (falta de legitimación procesal) impersonería sea interpuesta como excepción perentoria; al haber sido interpuesta de manera incorrecta no genera ningún efecto por ser ineficaz procesalmente; dicho entendimiento ya fue expresado en el Auto Supremo Nº 476/2014,  por lo que el Tribunal de Alzada al declarar probadas las  excepciones perentorias de falta de legitimación procesal y falta de acción y derecho ha incurrido en error de derecho, porque la excepción no fue interpuesta como previa por lo que no generó ningún efecto dentro del proceso y menos puede ser declarada probada por la forma incorrecta de su planteamiento.

Respecto al fondo la recurrente a través de su apoderado acusa que el Tribunal de Alzada ha criticado que el Juez A quo haya declarado probadas todas las pretensiones del demandado, sin considerar que algunas resultan contradictorias, como la acción negatoria y declaración de mejor derecho propietario. Al respecto el art. 328 del Código de Procedimiento Civil establece que la pluralidad de peticiones se refiere a que en una demanda podrán plantearse todas las acciones que no fueran contradictorias entre si y pertenecieran a la competencia del mismo Juez,  siendo obligación del Juez discernir conforme a derecho y a la prueba que es producida dentro del proceso, si las peticiones corresponden o resultan contradictorias, estableciendo también cuales se han probado dentro del proceso para ser declaradas probadas dentro la revisión de la Sentencia se puede establecer que evidentemente la Juez A quo ha declarado probadas todas las pretensiones de la demanda, sin embargo, en el caso de Autos no existe mejor derecho propietario porque esta figura jurídica al tenor del art. 1545 del Código Civil, está referido a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro derecho de propiedad de un mismo inmueble; es decir que cuando se demanda el mejor derecho propietario, el actor reconoce que el demandado cuenta con derecho propietario sobre el mismo inmueble alegando tener la titularidad preferente o superior respecto al otro. Al respecto el Auto Supremo Nª 61/2013 de 22 de febrero estableció que:“En la declaración de mejor derecho propietario,  la parte debe demostrar que cuenta con un título preferente al de su contrario, es decir debe exponer su condición de titular del derecho sobre el inmueble del que se pretende se declare a través de Sentencia su mejor derecho propietario, siendo la determinación a adoptar simplemente declarativa, a diferencia de la determinación que se adopta en la reivindicación, toda vez que la Sentencia a dictar no solamente es declarativa al reconocer el derecho de propiedad y de posesión de la actora, sino también es de condena porque obliga al vencido a la restitución inmediata del bien y finalmente, se dice que es una determinación constitutiva de derechos, porque modifica la situación jurídica del propietario al tener el uso y disfrute del bien, pasando a ser propietario-poseedor En el caso de Autos el demandado no cuenta con  derecho propietario respecto al Lote de terreno sito en Avenida Circunvalación, zona de mayorazgo, lote Nº 10 por lo que no existe la posibilidad de reconocer un mejor derecho propietario siendo que una de las partes  no cuenta con derecho propietario, por lo que no corresponde declarar probada la pretensión de mejor derecho propietario como lo hizo la Juez Aquo.

Con relación a que la demandante no puede reclamar la pretensión de reivindicación del lote de terreno porque nunca estuvo en posesión del mismo, entendimiento que fue expresado por el Tribunal de Alzada,  cabe aclarar que la demandante al demostrar el derecho propietario, por documento de fecha 9 de junio de 1995, debidamente reconocido ante Juez de Instrucción Segundo en lo Civil en fecha 10 de junio de 1995, el cual se encuentra registrado en Derechos Reales a fs. yPdta. No 2117 del Libro Primero “B” de propiedad del Cercado en fecha 8 de junio de 1996 (fs- 12 y 13),  acredita que es propietaria del Lote de terreno ubicado en la Avenida Circunvalación, zona Mayorazgo, Lote No 10, Manzana 384, Distrito 1, Urbanización Patria, asimismo está acreditado mediante escritura pública No 1495/94 de 10 de Octubre de 1994, que Elisa Frías Rojas Adquirió el Lote de terreno, motivo de la Litis de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle, por lasuma de Bs. 36.000, habiendo registrado su derecho propietario a fs.  y Partida No 3804 del Libro primero “B” de la Provincia cercado  en fecha 20 de Octubre de 1994 (fs. 5. a 11), y que Elisa Frías Rojas vendió el lote de terreno a María Consuelo Vargas Albornoz con lo queda demostrada el antecedente dominial del lote de terreno. Acreditados estos extremos la propietaria- demandante, tiene los dos elementos de la posesión que son el corpus y el animus, por lo que no necesita demostrar la posesión física o material del lote y cuando ha perdido esa posesión material, para solicitar la reivindicación, el hecho de ser propietaria le confiere los dos elementos de la posesión: el corpus y el animus. Al respecto Gonzalo Castellanos Trigo en su Libro posesión, usucapión y reivindicación, edición 2011, establece “Que el derecho propietario es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de la cosa. Puede el propietario además de ejercer las acciones tendentes a mantener el derecho, el cual por su naturaleza conlleva “la posesión” emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la “posesión civil” que está integrada por sus elementos “corpus” y “animus”. Generalmente el propietario aun cuando no esté en posesión natural o actual de su inmueble puede perder la posesión o tenencia misma por acción de terceros como ocurre, por lo que sería una utopía la eyección, desconociéndose el concepto de dominio y la posesión misma que le confiere al propietario de usar y gozar del bien. De ahí que la acción reivindicatoria esta acordada al propietario cuando ha perdido la posesión corporal de su inmueble en manos de un tercero”. De lo que se infiere, que la demandante, al ser titular del derecho propietario, no necesita demostrar cuando ha perdido la posesión, ni tiene sentido incidir en el hecho que nunca estuvo en posesión física del inmueble, porque con el hecho de ser propietaria se le reconoce el corpus así como el animus(posesión civil) y por consiguiente con toda legitimación para solicitar su reivindicación.

Al margen de ello el art. 138 del Código Civil, al referirse a la usucapión señala que "La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años" y  el demandado  al reconvenir por usucapión tenía la obligación de demostrarel tiempo de su posesión y que ésta gozaba de las condiciones de ser pública, pacifica, continuada  e ininterrumpida, condiciones que necesariamente se debencumplir para demandar la usucapión, la publicidad referida a que el poseedordeba difundir o hacer notoria ante los demás, o ser pregonero de su posesión no es suficiente, sino que sus actos comunes de posesión deben efectuarse según la naturaleza del bien sin ocultarlos a quien tiene derecho a oponerse a ellos, debe entenderse pacífica en el sentido de que la posesión no debe darse por actos violentos. Al respecto JorgeGuzmán Santisteban en su Libro “Derecho Civil”Tomo I indica que “la posesión violenta es la obtenida a través de la fuerza física o moral, , también la obtenida pacíficamente pero tornada hostilmente ante la reclamación del propietario o justo poseedor” y continuada cuando goza de permanencia,interrumpiéndose, conforme prevé el art. 1503 I del Código Civil,  como por ejemplo:una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. En otras palabras, “produce la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, toda  petición, toda acción hecha valer ante los Tribunales encaminada a resguardar un derecho amagado, manifestándose clara la voluntad del actor o peticionario de conservarlo y no abandonarlo.” Conforme señala(Arturo Alessandri R. en Tratado de Los Derechos Reales).


De los antecedentes del proceso, constan procesos de interdictos de recobrar la posesión y durante el primer interdicto realizado el año 1994, no ha existido oposición de nadieen el proceso,  así como en el acto de posesión conforme consta en el acta de fecha 24 de noviembre de 1994 (acta cursante a fs. 23),  suministrando el Juez Primero de Instrucción en lo Civil posesión a la  anterior propietaria Elisa Frías, registrado en Derechos Reales de Cochabamba, bajo la partida 4397, fojas 4397 del Libro de propiedades de Cercado en fecha 16 de diciembre de 1994, y  en el segundo interdicto de adquirir la posesión, interpuesto por la demandante María Consuelo Vargas Albornoz,  citado con la demanda el demandado Eduardo Villarreal en el año 2002, suscitó oposición,  cuya acta de posesión judicial cursa de fs. 30 a 32 de obrados, en el que expresamente el Juez Cuarto de Instrucción en lo Civil ha otorgado la posesión real a María Consuelo Vargas Albornoz, dicha acta fue registrada en Derechos Reales bajo la matrícula 3011020021984 A-1 en fecha 21 de junio de 2004, constituyendo esta demanda judicial, un acto jurisdiccional  que interrumpe la posesión al tenor de lo establecido en el art. 1503-I del Código Civil, sin tener asidero legal el argumento del demandado de que el acto de posesión se hubiera llevado adelante en la acera, porque el hecho de realizar el interdicto y recurrir a la vía judicial, habiendo suscitado oposición el demandado y en ejecución de sentencia otorgado posesión la autoridad jurisdiccional a la demandante ha sido un acto que ha operativizado la interrupción de la posesión del demandado.  Respecto a lo analizado Raúl Romero Sandoval en su libro Derechos Reales pág. 181 Editorial Los amigos del Libro  indica que: “el cumplimiento de la usucapión supone dos situaciones 1º Que el poseedor ha poseído la cosa el tiempo requerido y 2º Que el propietario ha permanecido ese mismo tiempo sin reclamar su bien. Si el poseedor pierde la posesión o si el propietario reivindica su propiedad, desaparece una de las dos condiciones cuyo mantenimiento se requería” Asimismo el mismo autor define la interrupción “como la circunstancia en que un hecho destruye una de las condiciones esenciales de la usucapión y vuelve inútil todo el tiempo, Cuando la posesión se interrumpe por la pérdida de la posesión se habla de interrupción natural y cuando es interrumpida por una reclamación del propietario se dice que hay interrupción civil”. En el caso de Autos ha operado la interrupción civil,  con el segundo interdicto de adquirir la posesión. Igual criterio expresa  el autor Arturo Alessandri, en su obra “Tratado de los Derechos Reales”, indicando que “la usucapión supone la posesión prolongada de la cosa por todo el tiempo señalado por la ley y la inacción del propietario, su no reclamación oportuna. Si uno de estos elementos llega a faltar, la prescripción se interrumpe: si se pierde la posesión de la cosa, la interrupción es natural; si cesa la inactividad del dueño, si éste reclama judicialmente su derecho, la interrupción es civil”.


Siguiendo a Planiol podríamos definir a la interrupción de la prescripción adquisitiva como todo hecho que, destruye una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva que se refiere a la permanencia de la posesión y a la inacción del propietario, haciendo  inútil todo el tiempo transcurrido. Si se ha destruido cualquier elemento este queda definitivamente perdido, sin poder computarel cálculo del plazo de prescripción.


Asimismo de la revisión del expediente se constata que el reconvencionista en su contestación a la demanda hace mención a que posee el inmueble ( lote de terreno) hace más de 25 años y a su vez señala en el mismo memorial hace màs 10 años, sin indicar la fecha exacta  en la cual ha entrado en posesión del inmueble,  sin embargoconsiderando que  poseía el lote de terreno hace 10 años atrás, el año 1994 constatamos que la anterior propietaria Elisa Frías, en fecha 24 de noviembre en el año 1994 suscito interdicto de recobrar posesión, según acta de posesión, (testimonio de fs. 21), sin oposición de nadie, y con la presencia de los vecinos, posesionándose en el bien inmueble  su anterior propietaria Elisa Frías, hecho que evidencia que materialmente el demandado no se encontraba en posesión del lote de terreno. Al margen de ello  por certificación de la Alcaldía Municipal de Cochabamba cursante a fs. 273 de obrados, se acredita por las primeras fotos aerofotogrametrías con las que cuenta la Dirección de Información Geográfica y Catastro del Municipio de Cochabambadatan de 1994  y el predio no contaba con construcciones, hecho que no ha sido desvirtuado por el demandado con ninguna prueba y que desbarata totalmente la certeza de que  la posesión del demandado, sea de hace 10 años atrás. Asimismo por las declaraciones testificales de Néstor Villanueva Mazuelo cursante a fs. 317 se evidencia que el testigo estuvo en el acto de posesión del interdicto de adquirir la posesión y que en el lote no existía ninguna construcción, y el lote en cuestión, solo presentaba una cerca de alambrado, puesta por Elisa Fríasigual aseveración realiza la testigo Rhina Tapia Villanueva (cursantes a fs 320) cuando indica que el lote solamente tenía una cerca de púas y parecía más bien para confinados políticos, pruebas que demuestran que el demandado no se encontraba ejerciendo posesión del lote de terreno el año 1994. Al margen de ello, en el supuesto caso de que el demandado hubiese entrado en posesión al día siguiente del interdicto de recobrar la posesión realizado en fecha 24 de noviembre de 1994,  la posesión no se realizó en forma continuada durante 10 años, porque el año 2002 ( antes del 15 de mayo de 2002) fecha  en la que se realizó la inspección dentro del interdicto de adquirir la posesión(cursante a fs.254 de obrados), la posesión del demandado fue interrumpida por el segundo interdicto de adquirir la posesión con la oposición del demandado y emergente de este proceso en ejecución de sentencia se suministró posesión a la propietaria Consuelo Vargas Albornoz en fecha 16 de abril del 2004 (cursante de fs. 30 a 32 de obrados). Por lo analizado se demuestra que el demandado nunca ejerció  la posesión del lote de terreno sito en la zona de Mayorazgo por más de diez años y en forma continua, requisitos necesarios para consolidar la usucapión.


La recurrente acusa también  error de hecho y derecho  en la valoración de la prueba, por lo que resulta conveniente establecer que el error de derecho se da cuando se ha otorgado a una prueba una eficacia probatoria diferente a la establecida por ley; y el error de hecho es la equivocación en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente. En el caso de Autos el Tribunal Ad quem ha declarado probada la demanda de usucapión basando su decisión en la prueba testifical de cargo la misma que no acredita con certeza desde cuando el demandado está en posesión del inmueble, sin precisar el año en  que el demandado ingresó al lote de terreno y que resultada contraria a la prueba documental aparejada al proceso por lo que el Tribunal de Alzada ha incurrido en error de hecho al determinar el tiempo exacto de la posesión del demandante en base solo declaraciones testificales, sin contrastar estas pruebas con la prueba documental y testifical de cargointroducidas en la demanda y soslayando el proceso de interdicto realizado por la propietaria, el mismo que interrumpe la posesión continuada del demandado.


Respecto a las construcciones realizadas en el Lote de terreno del acta de inspección judicial dentro del interdicto de adquirir la posesión llevada a cabo en fecha 15 de mayo de 2002 cursante a fs. 254, se establece que “la puerta de garaje aparentemente fue recientemente colocada, observándose la mezcla fresca, tanto en la parte superior como en la inferior de la misma, en el interior del inmueble se observa un ambiente aparentemente de data reciente, que cumple la función de cocina y dormitorio a la vez, el piso es de arena…  En el centro del lote, atravesando la muralla existe una cañería de agua potable, que viene del lote continúo, asimismo junto a la cañería se observa una apertura en la pared que permite la comunicación con el lote vecino”, hechos que demuestran que las construcciones son de reciente data.


Por certificación emitida por la Alcaldía de Cochambamba, comuna Tunari, cursante a fs. 326 se establece que las construcciones precarias existentes no cuentan con autorizaciones ni planos aprobados, sin embargo, por acta de inspección de visu, cursante de fs. 297 a 299 se evidencia que las construcciones existen, alguna de data aparentemente antigua y otras de data aparentemente reciente, razón por la cual corresponde restituir el valor de las mismas.

Por todos los argumentos expuestos se determina que el demandado, no ha demostrado con certeza que ha estado en posesión durante 10 años y que su posesión ha sido continúa.


Por los fundamentos, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 núm. 4) y 275 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista Reg/S.CII/ASEN. 111/20.10.2014 de 20 de Octubre de 2014, cursante de fs. 452 a 466 vta.,y deliberando en el fondo mantiene subsistente la Sentencia con la modificación de declarar improbado el mejor derecho propietario por las razones expuestas en el presente Auto y en ejecución de sentencia se proceda al avalúo de las construcciones a efecto de restituir el valor de las mismas. Con costas

Sin multa para los de instancia por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo