TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 159/2015                                                                 Sucre: 10 de marzo 2015                                                    Expediente: CB 145 14 S                                                           Partes: Ruth Molina Choque c/ Sergio Daza Salazar                          Proceso: Anulabilidad de Matrimonio                                           Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación de fs. 221 a 223, interpuesto por Ruth Molina Choque, contra el Auto de Vista Nº 31/27.10.2014 de fs. 200 a 201 y vta., de obrados, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso ordinario de anulabilidad de matrimonio, seguido por Ruth Molina Choque contra Sergio Daza Salazar; la respuesta al recurso de fs. 226 y vta.; el Auto de concesión de fs. 228; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Ruth Molina Choque, por memorial de fs. 11 a 12, adjuntado las literales de fs. 1 a 10, interpone demanda de anulabilidad absoluta de matrimonio, ante el Juzgado de Partido de Familia Nº 2 del Departamento de Cochabamba en la vía ordinaria contra Sergio Daza Salazar, argumentando ser única hija y heredera ab in Intestato de la señora Julia Choque Ramos, que su señora madre habría contraído un primer matrimonio con su padre el señor Walter Molina Choque con fecha de partida del día 08 de mayo de 1975, posteriormente su señora madre habría contraído un segundo matrimonio con su padrastro Sergio Daza Salazar con fecha de partida de 30 de mayo de 2009, que este último se habría efectuado sin estar disuelto el primer matrimonio, ya que la disolución se habría operado el 18 de junio del 2010, por lo que refiere que su madre actualmente fallecida, no habría gozado de la libertad de estado que le permitiese contraer libremente un segundo matrimonio, razón por la cual pide se declare en Sentencia probada la demanda de anulabilidad absoluta del matrimonio celebrado entre Sergio Daza Salazar y Julia Choque Ramos, con costas al demandado, quien a fs. 33 a 34 y vta. Responde y formula acción reconvencional de reconocimiento y división de unión conyugal libre, entrabándose la relación jurídica procesal.

Sustanciado el proceso el juez de Partido Segundo de Familia de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº 53 de 15 de marzo de 2013 cursante de fs. 171 a 175, declaró probada la demanda ordinaria de anulabilidad de matrimonio e improbados, los términos de la respuesta del demandado, anulándose el vínculo conyugal que une a los señores Sergio Daza Salazar y Julia Choque Ramos, ordenándose que por el Servicio de Registro Cívico de la ciudad de Cochabamba proceda a la cancelación de la partida matrimonial registrada en la Oficialía Nº OF COL 15 Libro Nº 24 Partida Nº 79 Folio Nº 79 del departamento de Cochabamba Provincia Cercado Localidad Cochabamba con fecha de partida 30 de mayo de 2009.

Contra esa Resolución de primera instancia, la parte demandada a fs. 178 a 179, interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista REG/S.FAMILIA/L.F.B./SENT.31/27.10.2014, cursante a fs. 200 a 201 y vta., REVOCA la Sentencia apelada y de contrario declara IMPROBADA la demanda de Anulabilidad absoluta de matrimonio de fecha 29 de febrero de 2012 cursante a fs. 11 y 12 de obrados; Resolución recurrida en casación por la demandante, cursante a fs. 221 a 223, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación se tiene lo siguiente:

Hace referencia a que el Auto de Vista no habría interpretado correctamente el art. 83 del código de familia que la habilitaría como persona que tiene un interés legítimo en búsqueda de justicia.

Considera que siendo mayor de edad tiene plena capacidad jurídica para actuar en el proceso, habiendo demostrado su personería y su capacidad legítima en su calidad de hija, invoca que no se le coarte ese derecho.

Finalmente expresa haber demostrado con prueba documental y testifical que el matrimonio efectuado entre su madre con el demandado Sergio Daza Salazar es anulable.  

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia Anule, case totalmente el Auto de Vista  Nº 31/27 recurrido y dicte un Auto Supremo confirmando totalmente la Sentencia de primera instancia.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La introducción al recurso resulta siendo vaga y contradictoria cuando de manera ambigua refiere que deban los antecedentes servir para casar o anular, en razón que estos resultados devienen de concepciones diferentes para un resultado asimismo diferenciado, es decir, la petición de casar debe ir antecedido por el recurso de casación en el fondo, en cambio la petición de anular obrados o el Auto de Vista, debe estar fundado en un recurso de casación en la forma, que en todo caso están inmersos en diferentes artículos de la norma procesal civil, lo referido a la casación como tal en el art. 253 y la nulidad en el art. 254, esa carencia de precisión, sumado a que en la parte del petitorio no se concreta a cual de los numerales del Código de Procedimiento Civil se enmarcaría las vulneraciones descritas, en consideración que se indica plantear casación en el fondo sin precisar adecuadamente, no obstante esa deficiencia recursiva, se ingresa a dar respuesta al mismo, en razón que se está en la vigencia de una nueva normativa constitucional que apertura de manera mas amplia la comprensión de la administración de justicia, de manera que en cumplimiento a la misma se pasa a absolver los cuestionamientos expuestos.

Para el entendimiento de este fallo es necesario recurrir a la doctrina, al efecto corresponde citar a Lino E. Palacio quien en su obra "Derecho Procesal Civil", Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal”.

“Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa".


Por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación". De lo que queda claro que no debe confundirse aquella con la capacidad procesal, puesto que una persona puede ser perfectamente capaz  y carecer de legitimación.


DE ROCCO dice: “que la legitimación expresa si el actor y el demandado, respecto de quienes debe declararse con certeza la existencia de una relación jurídica, están autorizados por la norma procesal para pretender tal declaración. Es una cuestión previa a la determinación de si existe o no la relación jurídica sustancial”. Según este autor, no debe confundirse la legitimación con la existencia del derecho o relación material, ya que basta la titularidad simplemente afirmada. 


Avanzando en el análisis, el art. 80 primera parte del Código de Familia establece que “es anulable el matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto por los artículos 44 y 46 al 50 del presente código”; el art 46 del mismo cuerpo legal establece “(Libertad de estado) No puede contraerse nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior”  siendo la libertad de estado un requisito formal que hace que el matrimonio como acto jurídico se tenga por celebrado válidamente, su incumplimiento es sancionado con la anulabilidad absoluta del matrimonio.


En el régimen de la anulabilidad absoluta, bajo el mismo impedimento anterior, la segunda parte del art. 83 del Código de Familia, en forma genérica expresa que: “La anulación puede ser demandada por los mismos cónyuges, por sus padres o ascendientes y todos los que tengan un interés legítimo y actual, así como por el ministerio público”; esta norma no especifica quienes son los que pueden accionar de forma legítima la anulabilidad absoluta, por ligamen anterior o ausencia de libertad de estado, sin embargo nos otorga un marco normativo a seguir. La causa petendi de la actora radicó en constituirse en heredera, consiguientemente el trámite impetrado fue sobre la base de heredera y no como “una tercera con interés legítimo y actual” cambiando esa cualidad recién en el recurso de casación, desnaturalizando el tema decidendum. A ello, podemos manifestar que los legitimados para accionar son: Los padres o ascendientes; luego “los que tengan un interés legítimo”, entendiendo que, en la medida de tratarse un impedimento, son en defecto de los padres o ascendientes, o en su caso, el cónyuge del anterior matrimonio cuyo enlace sigue vigente; que en el caso de matrimonio vigente anterior, no se haya disuelto éste por cualquier hecho como ser la muerte del cónyuge del matrimonio a anularse, puesto que la muerte de uno de los cónyuges pone punto final al vínculo jurídico surgido por el acto del matrimonio, es decir tiene el efecto de disolver el matrimonio porque determina de manera inevitable el fin de la personalidad física.


En este mismo análisis el art. 90 de la norma familiar, señala que la acción de anulación del matrimonio no se transmite a los herederos sino cuando hay demanda pendiente a tiempo del deceso de quien podía interponerla, es decir que la acción de anulación no es transmisible a los herederos sino por sustitución procesal cuando se inició previamente la demanda al hecho del deceso del legitimado.


Conforme lo manifestado, en el presente proceso, la actora Ruth Molina Choque  alega tener interés legítimo en su calidad de hija y heredera forzosa ab intestato de Julia Choque Ramos, quien habría contraído matrimonio con Sergio Daza Salazar el 30 de mayo de 2009, habiéndose disuelto posteriormente el primer matrimonio, en fecha 18 de junio de 2010; de las pruebas presentadas de fs.1 a 2 se observa que la señora Julia carecía de libertad de estado a tiempo de la celebración de su segundo matrimonio, siendo esa la causa de la petición anulatoria del matrimonio, que además es sustentada a fs. 3 con un certificado de nacimiento de la actora donde demuestra ser hija de los señores Walter Molina Choque y Julia Choque Ramos. Conforme ese antecedente, la misma se apersona en calidad de heredera de Julia Choque Ramos, al respecto que por regla del art. 90 del Código de Familia la acción no es transmisible a los herederos.  
A más de decir que su interés no estuvo presente en función al impedimento a momento de celebrarse el acto matrimonial, sino que deviene en forma posterior  a consecuencia del fallecimiento de su causante con un criterio netamente sucesorio y por ende patrimonial, resultando ser que esta acción interpuesta tiene como punto primordial el adquirir el patrimonio de Julia Choque Ramos vía sucesión, lo cual riñe con los principios estructurales del matrimonio pues se intenta sancionar el mismo con la anulabilidad basado en el interés patrimonial de la totalidad de los bienes que obtendría por la sucesión de su madre y de ninguna forma como medida fortalecedora de la institución familiar o de los fines del matrimonio, a más que la invalidez resulta intrascendente por la muerte de la cónyuge, puesto que a su fallecimiento el vínculo matrimonial quedó disuelto por disposición expresa del art. 129 primera parte del Código de Familia que establece: “El matrimonio se disuelve por la muerte o por la declaración del fallecimiento presunto de uno de los cónyuges”.


De los antecedentes se concluye que, toda la causa se tramitó sin que la actora tenga la legitimación para interponer la acción de anulabilidad, ya que su causahabiente antes de fallecer no inició ninguna gestión que hubiera posibilitado que la hija prosiga y se integre al cumplimiento del presupuesto legal exigido en el art. 90 del Código de familia segunda parte, que establece la salvedad para transmitir a los herederos la continuidad del accionar en este tipo de procesos, lo contrario es lo que sucede en el presente caso operándose la prohibición establecida en la indicada norma, cuya primera parte que señala “la acción de anulación no se transmite a los herederos…” a consecuencia de ello resultan ligeros los presupuestos aludidos  por la recurrente en casación, en ese mérito se declara infundado el recurso.

Por todo lo señalado precedentemente, se concluye que el Ad quem consideró correctamente la normativa aplicable al presente caso, correspondiendo a éste Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley  025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los  arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 221 a 223 Interpuesto por Ruth Molina Choque contra el Auto de Vista Nº 31/27 de 27 de octubre de 2014 pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que cursa a fs. 200 a 201 y vta., con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.




Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo