TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                    S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 156/2015

Sucre: 06 de marzo 2015

Expediente: LP -172 14 S

Partes: Enrique Llanco Villegas. c/ Aurelia Aguirre Sánchez. 

Proceso: Divorcio.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 210 a 212 interpuesto por Aurelia Aguirre Sánchez representada por Franz Alejandro Castro Fabián, contra el Auto de Vista-Resolución Nº 296/2014 de 16 de septiembre de 2014 de fs. 207 a 208 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de divorcio seguido por Enrique Llanco Villegas contra la recurrente; la respuesta al recurso de fs. 214 a 215; el Auto de concesión de fs. 216; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1. Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Octavo de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia-Resolución Nº 334/2014 de 02 de mayo de 2014 de fs. 186 a 187, declaró probada la demanda por la causal del art. 131 del Código de Familia y como consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial que unía al demandante y la demandada, disponiendo que en ejecución de sentencia se dé cumplimiento al art. 398 del mismo cuerpo legal y la cancelación de la partida matrimonial.

Por otra parte procedió a homologar la Resolución Nº 339/2012 de fs. 75 sobre medidas provisionales con la modificación de dejar sin efecto la asistencia familiar fijada para la esposa a partir de la ejecutoria de la sentencia.  

I.2.- Apelada la Sentencia Nº 334/2014 por la demandada, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 296/2014 de 16 de septiembre de 2014 de fs. 207 a 208 y vta., confirmó la Sentencia; en contra de esta resolución de segunda instancia, la demandada a través de su apoderado interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación, en lo esencial se resume lo siguiente:

Indica que en su recurso de apelación manifestó que su persona no fue citada con la acción de divorcio interpuesta por su esposo y no tuvo conocimiento de la demanda, no obstante que vivían juntos en la misma casa en compañía de los hijos.

Manifiesta que el actor no cumplió con la carga de la prueba, habiendo presentado un solo testigo que no tiene valor legal, requiriéndose mínimamente dos testigos.

Que su persona tomó conocimiento por fuentes extraoficiales de la tramitación de la demanda de divorcio y por eso interpuso incidente de nulidad, el mismo que debía declararse probado y disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, sin embargo no ocurrió así, por el contrario se dictó Sentencia con absoluta parcialidad.

Reitera que su persona y su esposo no se encontraban separados, ya que vivían juntos bajo un solo techo en el domicilio de la zona de Valle Hermoso, calle Khiswaras Nº 18 y que esa situación estaría acreditada con las certificaciones del SEGIP y del Tribunal Supremo Electoral de fs. 22 y 23 y reconocida por el Vocal relator; en otra parte de su recurso indica que no existe prueba alguna que demuestre la separación por más de dos años.

Que el Tribunal de apelación de manera parcializada procedió a confirmar la Sentencia, vulnerando el art. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento si haber realizado la valoración de la prueba de cargo, tampoco analizó el procedimiento llevado a cabo.

Que el Vocal relator justificó el cumplimiento de la carga de la prueba del actor y procedió a valorar un acta del año 1993, misma que no tendría valor legal por haber transcurrido mucho tiempo y que se habría basado en afirmaciones de la Oficial de Diligencias de la imposibilidad de citación con la demanda supuestamente porque su persona no vive en el domicilio indicado.      

En base a esos argumentos, concluye invocando a este Tribunal Supremo que se dicte Auto Supremo y deliberando en el fondo se anule obrados hasta el vicio más antiguo, disponiendo que el inferior en grado dicte nueva Sentencia declarando probado el incidente e improbada la demanda principal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Por los argumentos entremezclados de forma y fondo vertidos en el recurso, se entiende que el apoderado de la recurrente quiso interponer al mismo tiempo ambos recursos (forma y fondo), y no obstante de existir de la parte adversa petición expresa por que se declare la improcedencia del recurso por las deficiencias que contiene; en observancia de la garantía del principio de impugnación previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado y el principio de pro-actione, con el fin de dar respuesta se ingresa a realizar la consideración de dicho recurso.

1.- Se identifican con reclamos de forma, la falta de citación con la demanda y todo lo referido al incidente de nulidad promovido por esa situación.

Revisado los antecedentes del proceso se evidencia que la recurrente fue citada mediante edictos conforme dispone el art. 124 del Cód. Pdto. Civ., cuya constancia de las publicaciones cursan de fs. 29 a 31, actuado procesal que fue realizado debido a la falta de conocimiento de su domicilio real como refiere el demandante, habiéndose cumplido con todos los presupuestos procesales que establece la norma legal de referencia, por cuanto existe el juramento de desconocimiento de domicilio y ante su incomparecencia oportuna, se le nombró Defensor de Oficio quien asumió su defensa hasta el momento de su apersonamiento.

Si bien, los informes y certificaciones de fs. 21 a 23 y 174-175 emitidas por los funcionarios del SEGIP y del Tribunal Supremo Electoral indican que la recurrente registra como domicilio la calle Khiswaras Nº 28 zona Valle Hermoso de la ciudad de La Paz, lugar donde indica la demandada que tiene su domicilio real y vive junto a sus hijos y su esposo, recayendo su reclamo por la falta de citación con la demanda en dicha dirección; sin embargo este aspecto fue comprobado por la Oficial de Diligencias al momento de realizar la citación respectiva que la recurrente no vive en esa dirección desde hace mucho tiempo, información proporcionada por la vecina colindante del inmueble conforme da cuenta la representación de la servidora judicial que cursa a fs. 25.

Por otra parte, la recurrente alegando falta de citación con la demanda interpuso incidente de nulidad de obrados, mismo que fue sometido a término de prueba donde la propia demandada presentó en calidad de prueba el documento privado de contrato de alquiler de vivienda de fecha 19 de marzo de 2012 que cursa a fs.126-127, donde señala como dirección de su vivienda la calle 10 Nº 65 de la zona de Pampahuasi, contrato que según su Cláusula Cuarta tiene vigencia desde el 19 de marzo de 2012 al 19 de marzo de 2014, existiendo incluso recibos de pagos de alquileres, aspecto que se contrapone radicalmente a lo afirmado por la propia recurrente en el Punto I numeral 3 de su memorial de apelación (fs. 179-180) deducida contra la Resolución que resuelve el incidente de nulidad, donde indica que hasta el mes de marzo de 2013 vivía junto a su esposo en la misma casa en compañía de sus tres hijos, es decir en calle Khiswaras Nº 28, consiguientemente mal puede afirmar que tenía domicilio en esta última dirección donde pretende se le cite con la demanda.

De lo manifestado se concluye no ser evidente el reclamo de falta de citación con la demanda, aspecto que además ya fue dilucidado en el incidente de nulidad de referencia, trayendo a colación en el recurso de casación los mismos argumentos ya dilucidados; ante esa situación no amerita disponer la nulidad del proceso, toda vez que esa medida se encuentra restringida por disposición expresa del art. 16 de la Ley 025, 105 y 106 de Ley Nº 439 y en ese sentido se tienen emitidos varios autos supremos.    

2.- Se identifican como reclamos de fondo, la falta de acreditación de la separación de los esposos, el aspecto referido a la valoración de la prueba y la vulneración del art. 1286 del Código Civil.

Cuando se demanda el divorcio por la causal prevista en el art. 131 del Código de Familia, es decir por la separación de hecho libremente consentida y continuada por más de dos años como ocurre en el caso presente, este Tribunal Supremo ya dejó establecido en el Auto Supremo 058/2013 de 22 de febrero que, la prueba se limita a comprobar que esa separación sea voluntaria y sobre todo continuada por el término que exige la ley, independientemente de la causa que la hubiere motivado; una vez comprobada esta situación el Juez está en la obligación de decretar la desvinculación matrimonial por ser una causal perentoria, sin importar ni poner ha descubierto los motivos que hubieren generado ese estado de hecho, ya que ante una separación de esa naturaleza, no existe relación conyugal ni vida en común y consiguientemente el matrimonio no cumple los fines que establece la ley.

En el caso presente, la recurrente utiliza como argumento principal, que su persona y su esposo no se encontrarían separados, por el contrario estarían viviendo juntos bajo un solo techo en el domicilio de calle Khiswaras Nº 18 zona de Valle Hermoso y que esa situación estaría acreditada con las certificaciones del SEGIP y del Tribunal Supremo Electoral de fs. 22 y 23; al respecto, como ya se tiene indicado anteriormente, si bien las documentales de referencia acreditan que tiene registrado su domicilio real en la calle Khiswaras Nº 28 y no así en la numeración “18” como incorrectamente indica en el recurso; sin embargo fue comprobado de manera material y objetivamente por la Oficial de Diligencias de que la recurrente en realidad no vive en ese inmueble desde mucho tiempo atrás, aspecto que se encuentra ratificado y confirmado con el documento privado de contrato de alquiler de vivienda de 19 de marzo de 2012 de fs. 126 - 127 que la propia recurrente lo presentó en calidad de prueba, el mismo que acredita que junto a su hija Janneth Llanco Aguirre, es inquilina de los señores Raúl Vera Rocha y Celia Rosmery Deheza Flores en el inmueble de calle 10 Nº 65 de la zona de Pampahuasi lugar donde tiene fijado su domicilio real, siendo este distinto al indicado en los informes y certificaciones del SEGIP y del SERECI dependiente del Tribunal Supremo Electoral de fs. 21 a 23 y 174-175.   

Al margen de lo señalado, cursa a fs. 77 copia original del acta de compromiso de tenencia de menores de fecha 08 de diciembre de 1993 suscita entre ambos esposos ante la Fiscal Tutelar del Menor, cuyas copias cursan a fs. 6 y 39, donde establece que los esposos ya se encontraban separados, misma que no puede ser desconocida por el solo hecho del transcurso del tiempo como se indica en el recurso; por otra parte existe también el documento privado de 27 de marzo de 2013 de fs. 149-150 suscrito por ambos esposos y reconocido en sus firmas y rubricas que ratifica esa separación, aspectos que descartan por completo la afirmación de la recurrente respecto a la convivencia y vida en común que refiere con su esposo; por el contrario acreditan que los mismos se encontraban materialmente separados viviendo cada cual en lugares distintos.

Con relación al argumento de que la parte demandante habría presentado un solo testigo y que ese aspecto no tendría valor legal, se debe indicar que esta no fue la única prueba producida en el proceso, por cuanto al margen de la prueba documental señalada precedentemente, existen otras pruebas documentales como la certificación de la Presidenta de la Junta de Vecinos de Valle Hermoso y la declaración jurada de fs. 88, 89 que dan cuenta que los esposos se encuentran separados desde varios años atrás, pruebas en las cuales se basaron los de instancia para declarar probada la demanda y confirmar la Sentencia respetivamente, no existiendo vulneración a los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento en cuanto a la valoración de la prueba como señala la recurrente.

De lo manifestado se concluye que el actor ha cumplido con la carga de la prueba prevista en el art. 1283.I del Código Civil y 375 de su Procedimiento en cuanto a la acreditación de la separación de hecho libremente consentida por más de dos años con su esposa como exige el art. 131 del Código de Familia; consiguientemente el recurso de casación deviene en infundado, el mismo que además contiene petitorio confuso e incoherente, donde se solicita que se anule obrados hasta el vicio más antiguo sin precisar hasta que actuado procesal, pero al mismo tiempo pide que se ordene al inferior dicte nueva Sentencia declarando probado el incidente e improbada la demanda principal, como si el incidente de nulidad tendría que resolverse en sentencia. 

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 2) con relación al art. 273 del Cód. Pdto. Civ. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Aurelia Aguirre Sánchez representada por Franz Alejandro Castro Fabián, contra el Auto de Vista-Resolución Nº 296/2014 de 16 de septiembre de 2014 de fs. 207 a 208 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo