TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 154/2015

Sucre: 06 de marzo 2015

Expediente:SC-185-14-S

Partes:Eva Arauz de Espinoza. c/Mildred Luz Romero Solano, BeismarCoimbra,

             Pedro Espinoza Arauz, Catalina Espinoza de Cristaldo,Gladys Espinoza

Arauz, Apolonia Espinoza Arauz y Juana Espinoza Arauz.

Proceso:Anulabilidad de documento de transferencia de inmueble, acción

reivindicatoria, mejor derecho de propiedad,desocupación y entrega

de Inmueble.                                

Distrito:Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 237 a 240 vlta., interpuesto por Eva Arauz de Espinoza, contra el Auto de Vista No. 171 de 8 de agosto de 2014 de fs. 234 a 235 vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso deAnulabilidad de documento de transferencia de inmueble, acción reivindicatoria, mejor derecho de propiedad, desocupación y entrega de Inmueble, seguido por Eva Arauz de Espinoza, contra Mildred Luz Romero Solano, BeismarCoimbra, Pedro Espinoza Arauz, Catalina Espinoza de Cristaldo, Gladys Espinoza Arauz, Apolonia Espinoza Arauz y Juana Espinoza Arauz, respuesta de fs. 243 a 248; concesión de fs. 249, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Por memorial de fs. 9 a 11, reformulada mediante memorial de fs. 14 y vlta., la se demanda acción reivindicatoria, negatoria, mejor derecho propietario, desocupación y entrega de inmueble y pago de daños y perjuicios, reformulando que también demanda la anulabilidad del documento sobre contrato de transferencia de inmueble o minuta de fecha 19 de septiembre de 2007 con reconocimiento de firmas de la misma fecha, alegando a ese fin la no concurrencia en su formación el consentimiento y voluntad de su persona para vender, amparo su acción en los arts. 554-1) y 555 del Código Civil, en razón a que fuera de edad avanzada, no saber leer ni escribir y que sólo pudiera firmar su nombre, señalando además que hubiera sido conducida a la oficina de Notaría bajo el engaño de que firmaría unos apeles a fin de recuperar los documentos de propiedad de su inmueble que refiere se extravió tiempo atrás, que fue desalojado de su propio bien inmueble con el pretexto de hacer reparaciones y que a la fecha vive en habitación alquilada.

Citados con la demanda los demandados Mildred Luz Romero Solano y BeismarCoimbra a tiempo de apersonarse, contestan negativamente a la demanda refiriendo que no fueran evidentes las afirmaciones realizadas, que el documento aun no ha sido perfeccionado y reconvienen por cumplimiento de contrato.

Tramitado el proceso, la Juez Octavo de Partido en lo Civil de Santa Cruz de la Sierra, pronunció Sentencia cursante de fs. 122 a 126 vlta., declarando: I.- IMPROBADA la demanda de fs. 9 a 11 y complementada a fs. 14 y vlta. II.- Se declara PROBADA en parte la demanda reconvencional de fs. 25 a 29, en cuanto a tenerse como pago efectuado por parte de Mildred Luz Romero Solano en la suma de $us. 10.522 e IMPROBADA en cuanto a la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato y Pago de Daños y Perjuicios.

Apelada la referida Sentencia por Eva Arauz de Espinoza por memorial de fs. 129 a 134 vlta., así como por Mildred Luz Romero Solano y BeismarCoimbra mediante memorial de fs. 136 a 138, (mediando Auto de Vista y Autos Supremo anulatorios), es resuelta por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que emitió el Auto de Vista cursante de fs. 234 a 235 Vlta., por el que CONFIRMA en todas sus partes, la sentencia de fs. 122 a fs. 126 y vlta, de fecha 14 de junio de 2013.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación, interpuesto por parte de Eva Arauz de Espinoza, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Expone antecedentes del proceso, desde su punto de vista cual la secuencia de hechos suscitados, señalando que fuera víctima de sus hijos y los demandados que se habrían puesto de acuerdo para la transferencia. Que sus documentos de propiedad habrían desaparecido y que para llevarla ante las oficinas del Notario se habría utilizado el pretexto de devolver los mismos, que una de sus hijas habría sustraído esos documentos, se diría que le cancelaron una suma de dinero y que a tiempo de la suscripción se entregaría otro monto, no habría recibido cantidad alguna, ni el restante supuesto saldo, porque no habría transferido por ese  precio. Continúa señalando que, pese a los esfuerzos hechos de demostrar la causal de anulabilidad en presunta parcialización de la Juez hacia su contrario, habría animadversión, que se le otorgó en escasas oportunidades de estar frente a la juzgadora como fuera la audiencia de confesión judicial provocada, en busca de favorecer a los demandados, sin considerar su edad. Alude respecto a declaraciones de sus testigos y referencias vertidaspor la codemandada. A la Sentencia la considera injusto y la confirmación por Auto de Vista que fuera indigno y lesiva a sus intereses refiere plantear recurso de casación.

2.- Con esos antecedentes señala plantear recurso de casación en el fondo acusando violación de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, trayendo dice- como consecuencia la errónea interpretación y aplicación del art. 1330 con relación al art. 1321 del Código Civil y 444 y 478 de su procedimiento en base a los puntos que expone, señalando que: a)Reclamó en apelación la violación de los arts. 1286 del CC. y 397 del CPC., demostró que no fue ella la que se presto el dinero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres Ltda., al no existir la constancia de firma por los $us. 5.000 al momento de firmar la minuta. Su propiedad no tuviera precio tan ínfimo. b)No se habría tomado en cuenta declaraciones de sus testigos en sentido de conocerla como propietaria, que vieron como fue sacada de su casacon engaño de hacer reparaciones, que no sabrían si le cancelaron por esa transferencia. c)Las pruebas testificales de descargo, solo habría corroborado que quien se encuentra en posesión del inmueble fuera la demandada y no sabrían más. d) En cuanto al testigo Marco Antonio Iturria Lema habría denunciado expresamente que ejerció como abogado de contrario al haber redactado el documento, y fuera el Notario que efectuó el reconocimiento de firmas, aspectos que no habrían querido reconocer las autoridades, el referido testigo habría señalado sobre el hecho de no saber si le pagaron los $us. 5.000, y que en su oficina no se habría realizado ninguna entrega. e) Si bien el Auto de Vista no habría considerado el cuestionamiento de dicho testigo en cuya declaración se habría cimentado la decisión judicial, habría otorgado la juzgadora valor al manifestar la no existencia de presión para firmar el citado documento ello no fuera la causal demandada, sino estuviera referida al dolo con la que habrían actuado los demandados, que al no saber leer no supo que decía el documento. f) Reitera que el Notario le habría solo indicado que firmara aquello, que no le habría leído, y que ella no tuviera lentes para ese día, que por otro lado jamás el mismo debiera haber ejercido como Abogado de los demandados y Notario a la vez, aspectos que no se habrían considerado por los de instancia. g) De otro lado no se habría tomado en cuenta lo dispuesto por la Ley General de las personas adultas mayores, al no observarse la no discriminación y otros derechos, al no haberse sentido tratada con benevolencia y consideración para con ella. h)El Tribunal de apelación señalaría que por la existencia de relación jurídica, el documento merecería fe probatoria al reunir los requisitos, que en ello no se habría considerado la no existencia de consentimiento válido, si este habría sido por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo, sin libertad contractual, que simplemente le hicieron firmar el documento en la creencia de recuperar su documento y que según los arts. 554-4) y 482 del Código Civil constituiría vicio de consentimiento, conseguido por el engaño sufrido y que por lo menos dos de sus testigos habrían manifestado sobre ese aspecto, que no se le leyó y que no conocía sobre su contenido, describiendo que es mayor, que no sabe leer ni escribir, sin lentes y que el  testigo no habría dicho que leyó el documento. i)La Juez lo que habría hecho es buscar la violencia para poder creerla, cuando no fuera ello lo que se denunció, habría malinterpretado sus respuestas en su declaración confesoria, y al parecer buscaría lo mismo el Ad quem que no se pronunciaría respecto de ello, que en el caso le habrían dicho sus hijos y la demandada que le llevaban a recuperar sus documentos, que le engañaron y aprovecharon de su edad. j) Consecuentemente elAuto de Vista no habría valorado debidamente sus pruebas; habría la circunstancia de haber sido el mismo abogado que redactó el documento y que al momento de firmar no le entregaron dinero alguno, que hubo confesión personal espontanea hecha en calidad de testigo que debiera haber sido considerado conforme al art. 404-II del CPCk) Los vocales no se habrían pronunciado sobre la obligación de advertir esa situación, que según la Ley del Notariado de 1858 el Notario fuera funcionario público, y estar prohibido ejercicio de la profesión de abogado, que en el caso habría sucedido aquello.

En sujeción a lo establecido por el art. 253 incs. 1,2 y 3 del Código de Procedimiento Civil la Sentencia como el Auto de Vista contuvieran violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, así como en la apreciación de las pruebas se habría incurrido en error de derecho y de hecho, en relación a las pruebas testificales violentándose los arts. 397, 400 y 476 del Pdto. Civil y 1327, 1339 y 1393 del Código Civil, por que incorrectamente se desecharía las declaraciones de sus testigos, otorgándole fe probatoria a favor de la parte demandada a un solo testigo, repitiendo aspectos sobre la intervención del Notario. De otro lado, los de instancia no habrían considerado sobre su edad y los deterioros de su salud, habiéndola engañado para dejarla sin vivienda.

Se habrían establecido en el recurso la existencia de “vicios procesales” en la valoración de la prueba al fallar en el fondo del litigio, se habría incumplido los arts. 476 y 397 parágrafos I y II del Pdto. Civil porque fuera su deber el apreciar y valorar la prueba en su conjunto y debiera haber tomado en cuenta las decisivas y esenciales, si embargo se habría violentado también el art. 1286 del C.C. así como el art. 375 del Procedimiento Civil, que al mutilar y desviar la valoración probatoria se violentaría el debido proceso.

Por lo expuesto refiere interponer recurso de casación a fin de que conforme prevé el art. 271-4) case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare probada su demanda, disponiendo la anulabilidad del documento privado de venta y sus demás consecuencias, de entrega y desocupación de inmueble, acción negatoria y pago de daños y perjuicios.

CONSIDERANDO III:                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

A los argumentos expuestos en el recurso de casación que se extrae de sus fundamentos se lo plantea en el fondo, corresponde señalar:

1.- En relación al punto 1, no existe sino una exposición de antecedentes que describen a la tramitación de proceso que no conllevan denuncia propiamente dicha que pueda considerarse como recurso de casación, por lo que se considerará en ese alcance, no mereciendo mayor abundamiento.

2.- La pretensión de la recurrente es que se considere la presunta violación de los arts. 1286 (Apreciación de la prueba) del Código Civil y art. 397 (Valoración de la prueba) del Código de Procedimiento Civil, que fuera consecuencia de errónea interpretación y aplicación de los arts. 1330 (Eficacia probatoria) y 1321 (Confesión judicial) del Código Civil así como lo previsto en los arts. 444 (Testigos) y 476(Apreciación) de la norma adjetiva. Sin embargo de nombrar de manera genérica esas presuntas vulneraciones, señala que se habría demostrado que no fue ella quien se prestó el dinero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres Ltda., y que no habría constancia de recepción de la suma de $us. 5.000, sin embargo de lo anterior, el Documento discutido de fs. 3 a 4 con reconocimiento de firmas de fs. 5 a 6 evidencia en su Cláusula Segunda en sus puntos, 2.1 y 2.2, lo referido a los montos cuestionados, consecuentemente pretender lo contrario es razonar sin sustentar su posición de manera válida, este aspecto que enlaza con la argumentación de que su inmueble no tuviera un costo de $us. 17.000, no es sino una afirmación de la actora  que no cuenta con respaldo probatorio alguno que constate la diferencia de precio.

Sin embargo de lo señalado, no habrá que perder de vista que la controversia gira en torno a lo argumentado por la actora en sentido de que demanda la anulabilidad del contrato de fecha 19 de septiembre de 2007, porque su intervención fuera sin la concurrencia de consentimiento libre, apoyado en lo determinado por el Art. 554-I del Código Civil como finalmente concretó por memorial de fs. 14 y vta., es decir “Por falta de consentimiento”, no obstante pese a la prueba producida en obrados, no demostró ese aspecto, pues se presentó ante Notario de Fe Pública a suscribir el documento así como a reconocer la autenticidad de su firma, el que se asevere que hubo engaño en el actuar de los demandados no tiene sustento, resultando poco creíble que todos los hijos que acompañaron en la firma del documento hubieran actuado con la actitud que afirma la actora, no habiendo comparecido a asumir defensa ninguno de ellos pese a la citación personal como consta de actuados del proceso, respaldando con esa actitud lo reclamado por la codemandada.

La presunta vinculación con la falta de consentimiento se pretende exista en que fuera engañada para recoger sus documentos de propiedad, sin embargo no existe evidencia alguna que vincule a ese presunto hecho y los testigos a que hace referencia que hubieran sido favorables a su pretensión en sus declaraciones, no son sino testificaciones de referencia y lo único cierto que se afirmó por parte de ellos es que habrían visto desocupar la casa, no ingresando al tema que demuestre el presunto engaño que refiere existió para la firma de documentos, al dar respuestas genéricas.

Con respecto a lo anterior, de la lectura del Auto de Vista que analiza los agravios expuestos en apelación con relación a la Sentencia de primera instancia, se verifica que tomó en cuenta los aspectos que según la actora no lo hizo, analizó las pruebas de manera integral y en lugar de infringir las disposiciones legales que se citan, cumplieron con la labor encomendada por los art. 1286 del Código Civil referida a la apreciación de la prueba, así como lo previsto por el art. 397 del Código de Procedimiento Civil en relación a la valoración de la prueba, consecuentemente no resulta evidente la afirmación de que no se hubiera tomado en cuenta las declaraciones de sus testigos. Debe considerarse que una de las actividades más delicadas que realiza el Juez en el proceso está referida a la valoración de la prueba, de esta actividad fundamentalmente cognitiva que realiza el Juez dependerá el resultado final del proceso. La actividad de valoración de la prueba está vinculada de manera muy estrecha al deber de motivación que tienen los juzgadores en ejercicio de sus funciones. Esa actividad que le es exclusiva al Juez y es la más importante en el proceso, es precisamente la apreciación de la prueba, pero debe entenderse que en esa actividad tomará en cuenta el mandato del art. 397-II del Código de Procedimiento Civil, es decir “…valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas”, aspecto que se dio cumplimiento en el caso de autos.

Lo referido a que no se hubiera tomado en cuenta aspectos que señala la Ley General de las personas adultas mayores no tiene vinculación alguna con la pretendida anulabilidad del contrato en el caso de autos, resultando impertinente su alegación bajo los términos expresados en el recurso.

Cuando en su apreciación no encuentra sustento en los fallos para el argumento de que el documento merecería fe probatoria  al reunir los requisitos, una vez mas basa su razonamiento a que sus testigos hubieran evidenciado aquel aspecto, sin considerar que los mismos son referenciales con credibilidad limitada por ello. Sorprendiendo la versión de que habría confesión de parte del testigo, sin comprender que la norma alegada del Art. 404-II del Código de Procedimiento Civil está referida a las partes y no la intervención de testigo, de lo que resulta injustificada lo denunciado por la recurrente.

Finalmente cuando refiere que no habría pronunciamiento en relación a que el Notario fuera funcionario y estaría prohibido ejercer la profesión de abogado, con la pretensión de hacer ver que en el caso habría sucedido ello, cabe aclarar que el documento cuestionado esta firmado por la Abogada Viviana Mendelio Flores y el reconocimiento de firmas se lo efectúa por ante Notario de Fe Pública Marco A. Iturricha Lema, es decir no resulta evidente la presunta irregularidad que se pretende encontrar en la intervención del último nombrado, los razonamientos y cuestionamientos subjetivos en relación a la orientación que hubiera realizado el Notario, no merecen mayor análisis, no siendo el elemento que alega como fundamental para la procedencia de su demanda, quedando claro que no ejerció la función de abogado de parte y a la vez como Notario, de lo que se desprende que no tiene sustento lo alegado por la recurrente.

De lo analizado y absuelto a los cuestionamientos de la recurrente que se estableció resultan infundados, se suma el hecho de alegar de manera conjunta la presunta concurrencia de todas las causales de casación establecida por el art. 253 de la norma adjetiva civil, sin diferenciar como pudo efectivizarse aquello, lo propio sucede cuando de manera general señala que se incurrió en error de derecho y de hecho, apuntando que se desechó las declaraciones de sus testigos, cuando en el transcurso del recurso, ella misma se encargo de describir el análisis hecho por los de instancia con relación a las declaraciones testificales de cargo, existiendo contradicción cuando ahora refiere se habría “desechado” no siendo evidente ese aspecto, no habiendo comprendido que el error de hecho y el error de derecho son aspectos diferentes en su alcance, y se incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba cuando el juez equivoca al verificar la existencia de la prueba en el proceso y a determinar su contenido, es decir, a contemplar su objetividad, lo que equivale a decirque se materializa cuando el juzgador desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, en la creencia equivocada de la existencia o inexistencia del medio de prueba, o cuando al existente materialmente en el proceso, le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido. En cambio el error de derecho es como señala Piero Calamandrei“…respecto a la casación sólo el relevante a los efectos del mantenimiento de la interpretación exacta de la ley como mandato general y abstracto, es decir, solo aquel error que no se limite a las consecuencias jurídicas concretas al caso singular, sino que implique la existencia o el significado de la norma jurídica, y como tal sea, susceptible de reproducirse por imitación o contagio, siempre que la misma norma jurídica pueda en el futuro ponerse en cuestión en casos similares.”. Aspecto no considerado por la recurrente que sin esta separación pretende se cambie el resultado del razonamiento de la resolución de segunda instancia que confirmó la Sentencia de primer grado.

Por todo lo expuesto, ante la evidencia que los puntos señalados como casación no contienen el fundamento necesario para cambiar el decisorio de los Jueces de grado, corresponde a éste Tribunal emitir Resolución en la forma determinada por los arts. 271 núm.,  2)  y 273 Código Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art., 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo formulado contra el Auto de Vista No. 171, cursante de fs. 234 a 235 vlta., por Eva Arauz de Espinoza por memorial de fs. 237 a 240 vlta. Con costas.

Se regulan los honorarios del abogado en la suma de Bs. 700.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo