TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

        S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 152/2015

Sucre: 06 de marzo 2015

Expediente: LP 171 14 S.

Partes: Carmen Rosa Calasich de Paz. c/ Miriam Rodríguez Zárate y Luis

            Fernando Zegada Zárate.

Proceso: Cumplimiento de Contrato, pago de lo adeudado y resarcimiento de

              daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 480 a 486 vta., interpuesto por Miriam Hortencia Rodríguez y Lucy Espinoza Plata en representación de Luis Fernando Zegada Zárate, contra el Auto de Vista Nº 84 de 31 de marzo de 2014, de fs. 436 a 438 vta., y Auto complementario de 25 de julio de 2014, de fs. 441 pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre cumplimiento de contrato, pago de lo adeudado y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Carmen Rosa Calasich de Paz contra Miriam Rodríguez Zárate y Luis Fernando Zegada Zárate; sin respuesta al recurso; el Auto de concesión de fs. 491; los antecedentes del  proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Carmen Rosa Calasich de Paz, adjunto medida preparatoria a 85 fs., demanda de fs. 86 a 87, y fs. 88, amparada en los arts. 450, 451, 519, 1279 y 1297 del Código Civil, manifestando que el 16 de febrero de 2000, Miriam Rodríguez Zarate y Luis Fernando Zegada Zárate junto a su fallecida madre Elena Zárate Ortiz, se comprometieron a retribuirle la suma de $us. 35.000 por los servicios que prestó a la familia y por el dinero que invirtió para recuperar un lote de terreno de propiedad de aquellos de 831 m2 ubicado en la calle Hugo Ernst de la Zona Bajo Següencoma con registro en Derechos Reales. Si bien le adelantaron $us. 10.000 pero no cumplieron con el saldo restante, extremos corroborados en el documento privado reconocido por los deudores por el cual fueron declarados en mora, haciendo entre los otorgantes y sus herederos la fe de un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones.  

Miriam Rodríguez Zarate y Luis Fernando Zegada Zárate, de fs. 91 a 93 vta., responden y reconvienen señalando que en el mencionado documento se usa el termino ambiguo de hijos sin esclarecer cuál de los hijos de Elena Zárate Ortiz, se habría comprometido a retribuir la suma de dinero que exige la demandante quien dispuso el indicado inmueble que era de propiedad de su madre logrando que se venda esta propiedad a un tercero entregando como parte del precio de la compraventa del inmueble, diferentes montos, en el documento de transferencia se señala que se entregó a la actora la suma de $us.10.000 quien reconoce haber recibido de Nancy Francisca Saravia Castellón consignándose la obligación de ésta de cancelar la suma de $us.25.000 a aquélla y a la codemandada Mirian Rodríguez Zárate otra cantidad igual, ascendiendo a un total de $us.50.000; todos estos actos fueron estipulados en el precitado documento privado y en el de la transferencia del inmueble y sin el consentimiento de la madre de los demandados. En la cláusula segunda del documento privado se convino los montos que Nancy Francisca Saravia Castellón debía entregar, como parte del precio de la transferencia, a las personas que se nombran en dicha cláusula, estableciéndose la garantía hipotecaria consistente en un bien inmueble de 1.000 m2 en Calacoto, de donde se tiene que (los demandados) no contrajeron ninguna obligación de pagar $us.25.000 a la demandante sino Nancy Francisca Saravia Castellón, a quien se le excluyó de la presente demanda y es la única obligada conforme la cláusula tercera. Fueron obligados y presionados a firmar el documento privado sin poder reclamar sobre la transferencia ni alegar la forma de distribución del pago por esa transferencia, el cual no cuenta con el consentimiento expreso de su madre Elena Zárate Ortiz ya que no suscribe ni estampa su firma por lo que el documento carece de eficacia. Reconvienen por daños y perjuicios ocasionados.

Sustanciado el proceso, el Juez Primero de Partido en lo Civil-Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 133 de 23 de agosto de 2012, de fs. 336 a 343, declaró probada en parte la demanda con relación al cumplimiento de contrato y pago de lo adeudado, disponiéndose que los demandados paguen a la demandante la suma de $us.25.000; e Improbada con relación al resarcimiento de daños y perjuicios, e Improbada la demanda reconvencional sobre pago de daños y perjuicios.

En grado de apelación, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista Nº 84 de 31 de marzo de 2014, confirmó la Sentencia, resolución contra la cual la parte demandante recurre de casación en el fondo.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Piden casar su recurso anulando el Auto de Vista Nº 84/2014 y la Sentencia Nº 133/2013.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el primer agravio se acusa al Ad quem de haber señalado a través de su resolución que Elena Zárate Ortiz contrajo una obligación con la demandante conforme el documento de fs. 1-2, sin embargo, la persona que se obliga debe dar su aceptación y consentimiento suscribiendo el contrato, constituyendo la firma la demostración de ese consentimiento, consiguientemente la falta de firma hace que un documento carezca de eficacia, que al no haberse interpretado de esa forma las cláusulas del contrato, una por medio de otra menos averiguado la intención común de las partes y limitado al sentido literal de las cláusulas, ha aplicado erróneamente los arts. 510 y 514 del Código Civil. Si se hubiese interpretado de conformidad a aquellos, se hubiese establecido que la actora recibió de Nancy Francisca Saravia Castellón el pago de $us.10.000, y no como considera el Ad quem que aquélla fue intermediaria de los demandados, sino al contrario, la actora aceptó que Nancy Francisca Saravia Castellón tenía que pagarle el saldo de $us.25.000 tal cual se establece en la segunda cláusula del documento de fs. 1-2, evidenciándose que la persona que asumió y garantizó la obligación frente a la demandante, fue Nancy Francisca Saravia Castellón, tal como debieron ser interpretadas dichas cláusulas.

El autor José Luis Concepción en su obra “Derecho de Contratos en General” nos dice “la interpretación es aquella operación destinada a fijar el sentido de lo querido y manifestado por las partes al suscribir un contrato. Sirve pues para determinar lo que los contratantes persiguen al celebrar el convenio” (pág. 65). Nuestro Código Civil recoge en el art. 510 dos elementos de lo señalado precedentemente: la intención de las partes y las circunstancias concurrentes al contrato, cuando señala: "I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato".

En virtud al agravio formulado corresponde en principio establecer en el presente análisis cuál ha sido la voluntad de las partes a tiempo de la suscripción del documento privado que cursa de fs. 1 a 2, celebrado entre partes en fecha 16 de febrero de 2.000, reconocido judicialmente en sus firmas y rúbricas mediante autos de fs. 10 vta., y de fs. 16 vta., y su ejecutoria de fs. 26 vta. Es así que en la PRIMERA cláusula se ha establecido el derecho propietario de Elena Zárate Ortiz sobre el bien inmueble de 831 m2 ubicado en la calle Hugo Ernst, Zona Bajo Següencoma de la ciudad de La Paz, registrado bajo la partida 01212080, haciéndose constar que este derecho propietario fue transferido el 3 de agosto de 1993, a Martha Mercedes Castellanos Ruiz, con el único propósito de que la nueva adquirente del inmueble promueva juicio para desalojar a los inquilinos, efectúe los tramites en la municipalidad y transfiera el inmueble al mejor postor. En la misma cláusula se dejó establecido que en mérito a un acuerdo, Elena Zárate Ortiz y sus hijos se comprometieron a retribuir o pagar a Carmen Rosa Calasich de Paz la suma de $us.35.000 por los servicios prestados e invertido dinero en la recuperación del citado bien inmueble y trámites efectuados respecto al proceso de usucapión instaurado, para tal fin, se determinó vender el mencionado inmueble a Paola Susana Berzain Battioni por intermediación de Nancy Francisca Saravia Castellón por la suma de $us.85.000 debiendo firmar la escritura de transferencia Candelaria Martha Cataldi de Ocampo por Martha Mercedes Castellanos Ruiz. En la cláusula SEGUNDA se dejó establecido que Nancy Francisca Saravia Castellón cancelará a Martha Cataldi de Ocampo la suma de $us.25.000 y a Carmen Rosa Calasich de Paz, la suma de $us.10.000. Del saldo de $us.50.000 cancelará a Carmen Rosa Calasich de Paz $us.25.000, y a Miriam Rodríguez Zárate otra suma de $us.25.000. En la TERCERA cláusula se hizo constar que era de conocimiento de Nancy Francisca Saravia Castellón los antecedentes de la compraventa y las razones por las que debía cancelar los montos indicados a las mencionadas personas. En la cláusula CUARTA se hizo constar la intervención de Miriam Rodríguez Zárate y Luis Fernando Zegada Zárate, hijos de Elena Zárate Ortiz, en la suscripción del contrato.     

De esa relación de los términos convenidos en el documento privado reconocido podemos observar que las partes suscribieron un contrato de reconocimiento de deuda y compromiso de pago en favor de la actora por el monto de $us.35.000 ya que tras haber establecido el derecho propietario del inmueble descrito en la primera cláusula, seguidamente se estableció la intención de Elena Zárate Ortiz y sus hijos de retribuir o pagar lo comprometido a la actora por los motivos señalados, a cuyo efecto en las siguientes cláusulas se estableció la forma en que ese pago debía efectuarse con el producto de la venta del mismo bien inmueble disponiéndose la distribución del saldo restante de la venta entre los demás intervinientes. De donde se advierte que la intención común de las partes en el contrato fue reconocer y comprometerse al pago de lo señalado en el inciso c) de la Cláusula Primera conviniendo la forma de pago mediante la venta del inmueble que fuera de propiedad de Elena Zárate Ortiz, habida cuenta que el derecho propietario del mencionado inmueble no le correspondía al momento de suscribir el contrato sino a una tercera persona por un anterior acuerdo conforme se desprende del inc. b) primera cláusula.

Ahora bien, de la revisión del documento privado contractual podemos observar que Elena Zárate Ortiz efectivamente no suscribió el mismo si bien se dejó establecido el derecho propietario que le corresponde sobre el inmueble y las condiciones en las que posteriormente habría transferido el mismo, no obstante, se estableció en la cláusula cuarta la intervención de los demandados hijos de aquélla otorgando su conformidad con el documento, de ahí que pese a la falta de constancia de firma de la madre de los demandados, no significa que no exista consentimiento ya que éste está dado con la intervención y otorgación de los demandados en representación de su madre, de otro modo no se explica que en el proceso no hubiese sido demandado esta supuesta falta de consentimiento del acto por parte de Elena Zárate Ortiz o por los propios demandados reclamando la falta de consentimiento traducido en la falta de voluntad de Elena Zárate Ortiz, habiendo consignado al pie del documento su nombre sin la constancia de firma.

De otro lado, es necesario establecer en qué calidad intervino Nancy Francisca Saravia Castellón en el contrato. En el inc. c) de la primera cláusula se estableció que para cancelar a Carmen Rosa Calasich de Paz la suma indicada, resolvieron vender el inmueble a Paola Susana Berzain Battioni con la intermediación de Nancy Francisca Saravia Castellón a quien efectivamente se le encomendó cancelar con el precio de la transferencia a los demás suscribientes, empero, como señala el Ad quem, que no es menos evidente que los demandados se comprometieron a pagar la deuda a la demandante de los cuales solo se cubrieron $us.10.000 saldando la suma de $us.25.000 que al no haber sido honrada por Nancy Francisca Saravia Castellón, no quiere decir que dicha suma no sea cancelada por los demandados más aun cuando Nancy Francisca Saravia Castellón no es la deudora de la demandante para que se le tenga que obligar con una deuda que no le incumbe. Ciertamente es así ya que Nancy Francisca Saravia Castellón figura como una simple intermediaria de la transferencia del inmueble entre la adquiriente y los transferentes del inmueble (Candelaria M. Cataldi de Ocampo, Miriam Rodríguez Zárate y Luis Fernando Zegada Zárate), ni siquiera actuó en calidad de apoderada mucho menos consta en el contrato que ella haya formulado tácita o expresamente un reconocimiento de deuda o pago en favor de la actora.

En el segundo agravio acusan al Ad quem de dividir la confesión de fs. 294 y tergiversar el supuesto extracto de la confesión de la demandante quien confesó que debe cumplirse con la cláusula segunda del documento privado de fs. 1-2, señalando, a la pregunta de quién es la otra persona que tenía que recibir los $us.25.000, respondiendo: a Miriam Hortencia Rodríguez Zárate. Preguntada de cómo es cierto que en el documento privado se estipuló que dos personas debían recibir $us.25.000 cada una de Nancy Saravia, respondió que la Sra. Saravia tenía que pagar a su persona y a Miriam Hortencia Rodríguez, a 25 mil a cada una. El Ad quem ha incurrido en error de derecho porque no ha comprendido el contenido de esta prueba en su sentido real ya que la demandante reconoce que la persona que debía pagarle es Nancy Francisca Saravia Castellón.

El Ad quem al respecto ha señalado que de la confesión de fs. 294 se extracta que se comprometieron a pagar a Carmen Rosa Calasich los Sres. Zegada y Zárate por intermedio de la Sra. Saravia, de manera indiscutible, extremo que no se desvirtúa por el proceso penal por estafa (fs. 130 a 146) contra Nancy Francisca Saravia Castellón y Paola Susana Berzain Battioni, y no una acción por deuda, por haber garantizado un inmueble que no era de su propiedad y no porque la deudora directa sea la Sra. Saravia. La confesión judicial deferida a la actora, cuya acta cursa a fs. 294, se ha referido esencialmente a los siguientes hechos: que se trata de un documento de compromiso y reconocimiento de deuda por los Sres. Zegada y Zárate, que el compromiso debía efectuarse mediante Nancy Francisca Saravia Castellón quien tenía que pagarle $us.25.000 a la actora, en ese sentido, no se advierte que el Ad quem haya dividido dicha confesión pues únicamente ha extractado o sintetizado lo señalado por la deferida, elementos que han servido para interpretar el contrato.

En el tercer agravio refieren que el Ad quem señala que la prueba documental de fs. 130 a 146 no tiene relevancia para el proceso, sin embargo, ésta sirve como principio de prueba. De la copia legalizada  de fs. 130,  la declaración de fs. 133, del acta de fs. 132-137, de la copia legalizada de la querella y acusación particular de fs. 139 a 143, de la Resolución Nº 122/2006 de fs. 144 a 146, e incluso de la confesión extrajudicial que hizo la demandante en un proceso penal, acreditan que la demandante señaló siempre a Nancy Francisca Saravia Castellón como su deudora de $us.25.000 y que esa obligación se contrajo en los términos del documento privado de 16 de febrero de 2000, empero, ninguna de esta prueba fue apreciada por el Juez A quo en su sentencia.

Conforme a lo anotado anteriormente, se acredita que a través de la primera cláusula del contrato documento privado reconocido- Elena Zárate Ortiz y sus hijos reconocieron retribuir o pagar lo comprometido a la actora por los motivos que se señalaron en el documento, y en ese sentido, se estableció la forma en que ese pago debía efectuarse a través de la venta del inmueble en favor de Paola Susana Berzain Battioni por intermediación de Nancy Francisca Saravia Castellón, habiéndose señalado expresamente que la escritura de transferencia será suscrita por Candelaria Martha Cataldi de Ocampo en representación de Martha Mercedes Castellanos Ruiz mediante Poder Nº 821 de 16 de diciembre de 1997. En la cláusula segunda del documento privado reconocido de fs. 1 a 2, se estableció la forma de distribución del producto de la venta del inmueble estipulada en $us.85.000 de los cuales $us.35.000 se dispuso para pagar a la actora, conforme a los numerales 2) y 3), y el saldo de $us.50.000 fue distribuido ni más ni menos que en favor de los propios demandados como así se estableció en el numeral 1) de la segunda cláusula que indica que Nancy Francisca Saravia Castellón pagará a Martha Cataldi de Ocampo la suma de $us.25.000 para el Dr. Luis Fernando Zegada Zárate, y en el numeral 3) se indica que el otro monto de $us.25.000 deberá cancelarse a la señora Miriam Rodríguez Zárate. En ese sentido, mediante la escritura pública Nº 78/2000 de 25 de febrero de 2000, de compraventa de lote de terreno que cursa en el proceso de fs. 19 a 21, se acredita que Martha Mercedes Castellanos Ruiz representada por Candelaria Martha Cataldi de Ocampo, mediante poder Nº 821/97 adjunto a la escritura pública, transfirió en calidad de compraventa el inmueble objeto de la litis, en favor de Paola Susana Berzain Battioni.

De conformidad a la confesión judicial deferida a los demandados cuyas actas cursan de fs. 287 a 289 vta., han reconocido que han suscrito el contrato de fs. 1 a 2, documento privado reconocido judicialmente, en ese sentido, conforme al art 450 del Código Civil, el contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más partes con el objeto de constituir, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial, de donde se desprende que los efectos del contrato son los derechos y obligaciones que éste genera en concordancia con el art. 519 de la misma norma, que reconoce a los contratos la fuerza de ley entre las partes contratantes, es decir, si bien nacen de la autonomía de la voluntad pero se reconoce a ésta el poder de obligar a las partes al igual que la ley. De acuerdo al art. 91 del Código de Procedimiento Civil, al interpretar la ley procesal, el Juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley substantiva. En el caso de autos, por los fundamentos y hechos precedentemente anotados, se concluye que el contrato de interpretación de fs. 1 a 2, conforme a la voluntad común que al momento de la celebración tuvieron las partes, y a las circunstancias que concurrieron a su celebración, todo ello previsto en el art. 510 del Código Civil, se tiene que el mismo versa sobre un contrato de reconocimiento de deuda y compromiso de pago efectuado por Miriam Rodríguez Zárate y Luis Fernando Zegada Zárate por Elena Zárate Ortiz en favor de Carmen Rosa Calasich de Paz, que por su naturaleza (contrato unilateral) les genera la obligación de cumplimiento del mismo, conforme al art. 568-I de la precitada norma.     

Por los motivos precedentemente expuestos corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista en el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto en los arts.  271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Miriam Hortencia Rodríguez y Lucy Espinoza Plata en representación de Luis Fernando Zegada Zárate, contra el Auto de Vista Nº 84 de 31 de marzo de 2014, y Auto complementario de 25 de julio de 2014, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre cumplimiento de contrato, pago de lo adeudado y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Carmen Rosa Calasich de Paz contra los recurrentes. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo