TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo: 142/2015

Sucre: 06 de marzo 2015

Expediente:        LP-173-14-S

Partes: Ricardo Albarracín e Inés Ramos de Albarracín.c/ Isidro Raúl SalgueiroTicona y Julia Limachi de Salgueiro.

Proceso:Nulidad de Escrituras Públicas y reivindicación.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casaciónen el fondo de fs. 327 a 329 y vta., interpuesto por Isidro Raúl Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro, yel recurso de casación en el fondo de fs. 333 a 335 y vta., interpuesto por Ricardo Albarracín e Inés Ramos de Albarracín contra el Auto de Vista Nº 303/2014 de 10 de septiembre de 2014 pronunciado por la Sala Civil, Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 324 a 325, en el proceso deNulidad de Escrituras Públicas y reivindicación,seguido por Ricardo Albarracín e Inés Ramos de Albarracíncontra Isidro Raúl Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro, la contestación de fs. 333 a 335 y vta.,la concesión de fs. 343, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil, Comercial de la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz dictó Sentencia Nº 297/2013 cursante de fs. 261 a 264 y vta., por la cual declaró probada en parte la demanda de fs.30 a 32 subsanada a fs. 47 de obrados interpuesta por Ricardo Albarracín e Inés Ramos de Albarracín, con relación a la nulidad, por consiguiente dispone la nulidad de la Escritura Pública Nº 236/87, Improbada en cuanto a la reivindicación por no haber probado la eyección y el ingreso con violencia de los demandados. Por último se declara Probada la demanda reconvencional de Usucapión de fs. 63 a 65 de obrados, por haberse operado la prescripción de más de 18 años de posesión continua.

Resolución que es apelada por la parte demandanteRicardo Albarracín e Inés Ramos de Albarracín, por escrito de fs. 267 a 268 y vta.,que merece el Auto de Vista Nº 303/2014 de 10 de septiembre de 2014, cursante de fs. 324 a 325, que confirma en parte la sentencia Nº 297/2013 en consecuencia confirma en cuanto a la demanda de nulidad de fs. 30-32 y en cuanto a haberse declarado improbada la demanda de reivindicación y se Revoca en parte en cuanto a la demanda reconvencional de usucapión cursante a fs. 62-65, declarándose la usucapión improbada por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la resolución. Resolución de alzada que es recurrida de casaciónen el fondo tanto por la parte demandada así como por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que exponen las partes recurrentes:

Recurso de Casación en el Fondo de Isidro Raúl Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro:

1. Haciendo referencia a los arts. 115-I y 80 de la Constitución Política del Estado, menciona que la sentencia pronunciada en el presente caso, en cumplimiento de las reglas de la sana crítica conoció, valoró la prueba de descargo aportada de su parte, el Testimonio Nº 236/87 que expresa que sus personas ante la oferta de Cesar Quiroga Gonzáles, una vez garantizada la idoneidad de los documentos, adquirieron el lote de terreno, y desde el mismo día de la adquisición han ejercitado posesión, dominio de todo el inmueble, sin oposición de ninguna persona natural y/o jurídica. En ejercicio de ese derecho de compradores de buena fe, al haber pagado el precio justo al vendedor, han poseído en forma pública, pacífica creyendo que son legales y legítimos propietarios de su inmueble y de acuerdo a su limitada economía han construido hasta llegar al 4º piso.

2. El Auto de Vista recurrido para proceder a revocar la sentencia no ha considerado en absoluto lo dispuesto por los arts. 87-I, 88-I-II, 93-I-II-III, 100, 101-I, 110, 138, 149 del CC, asimismo acusa que no se ha valorado los elementos de prueba aportados de su parte, pruebas que en forma coincidente con la prueba testifical, refieren que como únicos y verdaderos propietarios del inmueble, no solo han ejercido posesión pública de buena fe, sino que desde que era lote de terreno han logrado construir con gran esfuerzo una vivienda de 4 plantas, por lo que han violentado los principios de legalidad, el de seguridad jurídica, de igualdad entre partes, que son elementos sustanciales que hacen al debido proceso.

3. Por otro lado refiere que el Auto de Vista recurrido en su parte resolutiva es contradictoria, sin ninguna justificación ni razonamiento doctrinal,por lo que resulta incongruente y confusa, toda vez que no considera en absoluto a la Escritura Pública Nº 236/1987, que acredita y justifica que sus personas han poseído el inmueble motivo de  demanda desde 1987 hasta 2007, es decir como mínimo 20 años de posesión y dominio sobre el inmueble, sin que ninguna persona perturbe, impugne su derecho de propiedad, en consecuencia la revocatoria en parte de la sentencia Nº 297/13 en relación a la demanda reconvencional de usucapión, es una decisión injusta, irrita, que sin mayores justificaciones desconoce su derecho legal y legítimo.


Por lo expuesto, estando justificado lo dispuesto por los arts. 100, 105, 106, 110, 138 y ss. del C.C., invocando las previsiones de los arts. 250, 253 incs. 1), 2), 3), 255 inc. 1), 257 y ss. del CPC., interpone recurso de casación en el fondo.

Recurso de Casación en el Fondo de Ricardo Albarracín e Inés Ramos de Albarracín:

Denuncia que el Tribunal de Alzada al haber resuelto confirmar en parte la sentencia en cuanto a la nulidad dispuesta, así como al haber declarado improbada la reivindicación y revocar en parte en cuanto a la demanda reconvencional de usucapión declarándola improbada, esta resolución viola y desconoce el sagrado derecho a la propiedad, a su protección ante los órganos jurisdiccionales en defensa de los mismos obtenidos y demostrados con idóneos títulos de propiedad y registro en Derechos Reales, y los viola cuando no aplica el art. 105-II y 1453 del Código Civil, concordante con el art. 56 de la CPE.

Trascribiendo el parágrafo II del art. 105 del sustantivo Civil, refieren que han demostrado su condición de propietarios por la documentación adjunta que les permite el “jura utendi, fruendi y abutendi”, teniendo todo el derecho de ejercitar su propiedad, hacer uso de ella de manera amplia y ante su limitación o desposesión, la ley tutela y ampara con su protección con la acción de reivindicación.

Refieren que han demostrado su derecho de propiedad que se encuentra debidamente registrada en derechos reales, consecuentemente el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarlo de quien la posee o la detenta, en ese sentido el Ad quem reconoce que son propietarios, pero contrariamente les niega el derecho de recuperar la cosa, en franca violación del art. 105 del Código Civil y art. 56la CPE.

Señalando el art. 1453 del Código Civil, manifiesta que justamente es la acción real que protege al propietario de su posesión, siendo que un titular, tiene a momento de adquirir el título y la posesión, por lo tanto el ordenamiento sustantivo civil, regula su protección mediante la reivindicación. Al efecto transcribe la parte pertinente del A.S. Nº 98 de 26 de abril de 2000.

Agrega que la acción de reivindicación es la que compete al dueño de una cosa contra el que la posee o detenta. Es una acción real, que tiene por objeto el reconocimiento, protección y libre ejercicio de un derecho real inmobiliario, su fundamento radica en el poder de persecución y en la inherencia del derecho de propiedad, de recuperar un bien sobre el que se tiene derecho de propiedad y que por cualquier motivo está siendo poseído por terceros sin el consentimiento del dueño.

Al declararse improbada la acción reivindicatoria, lo que se está haciendo es desconocer un derecho real principal, cual es la propiedad, garantizada por el art. 56 de la Constitución Política del Estado.

Finalmente concreta que el Auto de Vista que confirma la sentencia en cuanto a que la reivindicación es improbada, viola y desconoce el sagrado derecho a la propiedad y a su protección por el Estado, por lo que solicita casar el Auto de Vista recurrido y resolver en el fondo declarando probada la demanda de reivindicación.


CONSIDERANDO III:                                                

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiéndose interpuesto recurso de casación en el fondo, corresponde considerar los mismos en el orden en que fueron interpuestos:

1. Sobre el recurso de Casación en el Fondo de Isidro Raúl Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro:

La parte recurrente, en los agravios descritos,enconcreto acusa que el Ad quem no ha compulsado los elementos de prueba aportados de su parte, tampoco consideraría la Escritura Pública Nº 236/1987, pruebas que acreditan que han ejercido posesión pública de buena fe sobre el inmueble motivo de demanda desde 1987 hasta 2007, es decir como mínimo 20 años, sin que ninguna persona perturbe su derecho de propiedad, por lo que la revocatoria en parte de la Sentencia en relación a la demanda reconvencional de usucapión, sería una decisión injusta, irrita, que sin mayores justificaciones desconoce su derecho legítimo, por lo que solicita se declare haber lugar a la prescripción adquisitiva extraordinaria-usucapión invocada en la demanda reconvencional.

1.1.De inicio corresponde señalar que el art. 138 del Código Civil refiere que “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”. Respecto a lo anterior la doctrina y la jurisprudencia se encargaron de establecer en primer lugar qué debe entenderse por posesión y los elementos que esta debe reunir, es decir el ánimus y el corpus, y en segundo lugar los caracteres o requisitos que debe reunir la posesión para que ésta sea útil a efectos de lograr la usucapión, en ese sentido, de una interpretación lógica y sistemática de las normas contenidas en los arts. 135 y 137 del Código Civil, se desprende que la posesión útil para fundar la usucapión debe ser: continua e ininterrumpida, pública, y pacífica.

Con relación a los requisitos o caracteres mencionados debemos referir que éste Tribunal Supremo mediante línea jurisprudencial consolidada en sus diferentes Autos Supremos, ha razonado que:

1) La posesión continua, supone que la misma ha sido ejercida de manera sucesiva y permanente; en sentido contrario la discontinuidad conlleva la suspensión, interrupción o pérdida de la posesión.

En relación a lo anterior, Planiol, citado en la obra “Tratado de Los Derechos Reales” de Arturo Alessandri R. y otros, hace referencia a dos tipos de interrupción de la prescripción: 1) La interrupción natural de la prescripción, que está ligada a la pérdida o interrupción material de la posesión y en los casos en que dicha pérdida genera efectos interruptivos de la prescripción. 2)La interrupción civil de la prescripción, que está relacionada a la actividad desplegada del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad y expresa, ante el poseedor y por medios legales, su inequívoca intención de no abandonar el derecho de propiedad que afirma tener, oponiéndose a la posesión de aquél.

No obstante, para que opere la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, quien considere tener derecho de dominio sobre el bien debe accionar judicialmente sobre el poseedor, a efectos de hacer valer respecto a él el derecho que pretende, oponiéndose a la posesión que aquel ejerce. El art. 1503 del Código Civil expresa que: "I.La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente". Cuando la norma alude al término demanda, debemos entender que en un sentido amplio hace referencia a todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de la voluntad de mantener vivo su derecho, es decir que de manera inequívoca demuestren la intención de no permanecer en inactividad o silencio respecto a su derecho. Resultando que para que ese acto sea efectivo se requiere que el mismo: 1) debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2) debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer su derecho de propiedad deduciendo oposición a la posesión del poseedor; y 3) debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba.

Establecidos esos aspectos generales, corresponde precisar que, no toda acción o controversia judicial genera el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva, sino sólo aquellas que conlleven los tres requisitos enunciados, y siempre que a través de aquella se demuestre de manera inequívoca la intención de oponerse a la posesión, pues, pueden existir múltiples pretensiones relativas a otros aspectos que si bien evidencian litigiosidad entre partes, empero no interrumpen la posesión, toda vez que para que esto suceda la pretensión opuesta al poseedor inequívocamente debe estar orientada y dirigida a repulsar la posesión.

2)La posesión pública, en términos generales es aquella que se ejerce frente a la sociedad, es decir, aquella en la que los actos del poseedor se realizan de forma no clandestina u oculta, que por el contrario el corpus y el animus se manifiestan públicamente.

La posesión clandestina es aquella que se opone a la posesión pública. En otras palabras es clandestina la posesión que se ejerce ocultándola a quienes tienen derecho para oponerse a ella. No es necesario que se oculte a todos, basta con que se oculte a la persona que tiene derecho a oponerse a ella. La clandestinidad es un vicio de carácter temporal, porque este vicio cesa desde que el poseedor deja de ocultarla a las personas que tienen derecho a oponerse a ella.

3) Sobre la posesión pacífica o no violenta, entendida por la doctrina como aquella que está exenta de violencia física y moral. Este requisito implica que no haya mediado violencia para adquirirla o mantenerla, significa que el poder de hecho ejercido sobre la cosa no se mantenga por la fuerza o violencia. La pacificidad equivale al mantenimiento de la posesión sin necesidad del uso de una violencia indebida durante todo el tiempo invocado para efectos de la prescripción. Por tanto, aun habiendo sido obtenida violentamente (violencia inicial), pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia. En ese sentido se expresa el art. 135 del Código Civil; de lo que se trata es que el derecho no puede admitir un estado de hecho violento sobre el cual se pretenda fundar un derecho.

En ese marco, como sostiene el Autor peruano Moisés Arata Solís, este requisito debe entenderse dentro de ciertos límites, pues su aplicación extensiva implicaría que nadie pueda ganar la propiedad por usucapión, si es que antes no ha adquirido la posesión por medio de una entrega voluntaria.

Por otro lado si la posesión pacífica fuese aquella que no lesiona la situación jurídica de otra persona, entonces la usucapión no tendría objeto. Por la misma razón, la posesión pacífica no significa que ésta sea incontrovertida, ya que este requisito no se encuentra previsto en la norma. En otras palabras las discusiones que se susciten en relación a la titularidad de la propiedad, por ejemplo, no alteran el hecho pacífico de la posesión, incluso una acción reivindicatoria o cualquier otra acción de tutela de la posesión, lo que logran es interrumpir la usucapión, pero no eliminan la posesión pacifica ni la tornan violenta. Pacifica posesión no es sinónimo de no controversia, como erradamente se entiende, puede controvertirse sobre la validez de títulos, sobre el derecho de propiedad o incluso sobre la posesión misma y ello no significa que la posesión sea considerada violenta o no pacífica porque, como se señaló la pacífica posesión es aquella que se mantiene en ausencia de violencia, aspecto que así se entiende de manera uniforme por la doctrina especializada.

1.2. En el caso de autos,el Ad quem llega a la convicción de que no se ha justificado la posesión y que diferente hubiere sido si la demanda de usucapión se hubiera planteado antes de la demanda de interdicto de recuperar la posesión, dando a entender de ésta manera la procedencia de la acción de usucapión antes del año 2007; en esa referencia, de los antecedentes de la presente causa y específicamente del Testimonio de fecha 04 de enero de 1997 que cursa a fs. 1 a 12, se conoce que mediante memorial de fecha 09 de noviembre de 1981, Raymundo Limachi Gutiérrez, en su calidad de hijo y heredero de Santiago Limachi y Andrea Gutiérrez de Limachi, interpone demanda de nulidad de Escritura Pública en contra de Mario Álvarez, y previa sustanciación de la causapor Auto de Vista de fecha 10 de agosto de 1990, se revoca en parte la Sentencia, declarando probada la demanda, en consecuencia nulo y sin valor legal la minuta de transferencia del lote de terreno de 500 mts2., la protocolización del mismo documento y las inscripciones en Derechos Reales; disponiéndose en ejecución de sentencia la cancelaciónde la partida Nº 1501, fojas 1502 del Libro “B” de 1979, ordenándose reponer la inscripción de la partida Nº 113, fojas 119, del Libro 40, de 20 de marzo de 1946correspondiente a Santiago Limachi y Andrea Gutiérrez de Limachi.

En el testimonio de referencia (fs. 1 a 12) se informa que en lo que respecta a la Partida Nº1501, fojas 1502 del Libro Primero “B” de 1979, que se encontraba registrada a nombre de Mario Álvarez sobre un lote de terreno de 500 mts.2, adquirido por compra deSantiago Limachi y Andrea Gutiérrez de Limachi, mediante Escritura Pública Nº 421 de 16 de octubre de 1969 (anulada);se hubo efectuado las siguientes transferencias:

Por la Partida Nº 97, fojas 98 del Libro Primero “B” se limitó 200 mts.2 en favor de César Quiroga Gonzáles, en fecha 18 de enero de 1974. Registro que fue cancelado por la Partida Nº 01015153 (antes Partida Nº 3515, fojas 3515, del Libro Primero “B” de 19 de diciembre de 1987) en favor de Isidro Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro (Partida vigente).

Por la Partida Nº 1611, fojas 1612 del Libro Primero “B” se canceló la inscripción con el saldo de 300 mts.2 en favor de Arturo MonrroyAlí y Justina Limachi de Monrroy, en fecha 22 de septiembre de 1976. Registro que también fue cancelado por la Partida Nº 01023713 (antes Partida Nº 611, fojas 611, del Libro Primero “B” de 02 de abril de  1986) en favor de Francisco Callisayay Bertha Chávez de Callisaya(Partida también vigente).

En esacircunstancia, Raymundo Limachi Gutiérreza través de sus apoderadas Inés Ramos de Albarracín y María Quispe Vda. de Limachi en fecha 20 de abril de 1989formaliza querella criminal en contra de Isidro Salgueiro Ticona y otros por el delito de despojo y estelionato (fs. 113 y 218).

Posteriormente, Raimundo Limachi Gutiérrez mediante Escritura Pública Nº 86/91 de fecha 11 de junio de 1991, transfiere en favor de Inés Ramos de Albarracín y Ricardo Albarracín el bien inmueble objeto de litigio, Lote de terreno de 500 mts.2, que se encuentra debidamente registrada en la Oficina de Derechos Reales bajo la Partida Nº 2014010009357 de fecha 12 de junio de 1991.

Con éste derecho propietario la parte actora Inés Ramos de Albarracíninterpone el interdicto de adquirir la posesión, la misma que es notificada a Isidro Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro en fecha 13 de junio de 2006, quienes se apersonan manifestando su oposición. Interdicto que es declarado probado en sentencia e improbada la oposición, resolución que es confirmado por Auto de Vista de fecha 24 de julio de 2007 (fs. 20 a 24 y vta.).

De la relación precedentemente efectuada se evidencia que Raymundo Limachi Gutiérrez hubo interpuesto una acción de nulidad que tenía por objeto privar del derecho propietario o la titularidad de Mario Álvarez sobre el bien inmueble ahora objeto de litigio, empero esta acción de nulidad no ataca la posesión ejercida por Isidro Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro sobre el mismo; sin embargo, de la acción precedentemente referida se conoce que el antecedente dominial de la transferencia efectuada a la parte demandada ha quedado sin efecto como consecuencia de la nulidad dispuesta de la Escritura Pública y el registro de Derechos Reales asentada en favor de Mario Álvarez. No obstante éste último a la fecha de ejecutoria de la nulidad dispuesta, ya hubo transferido la superficie de 200 mts.2 en favor de César Quiroga Gonzáles cuyo registro data de fecha 18 de enero de 1974, quien a su vez en fecha 07 de diciembre de 1987 transfiere dicha propiedad a favor de Isidro Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro, ingresando de ésta manera los ahora demandados a dicha propiedad de manera pacífica sin que exista violencia física o moral.

1.3.Si bien Inés Ramos de Albarracín refiere que ha efectuado actos perturbadores de la posesión, sin embargo estos se resumen a una denuncia penal, que ha sido efectuada por la referida demandadaen calidad de apoderada de Raimundo Limachi Gutiérrez en fecha 20 de abril de 1989, es decir porRaimundo Limachi Gutiérrez y no a título personal por la referida actora en resguardo de sus legítimos derechos e intereses. Sin embargo tampoco se acreditala citación efectuada a Isidro Salgueiro Ticona o Julia Limachi de Salgueiro con el proceso penal aludido. Empero, este extremo acredita que la parte actora hubo tomado conocimiento pleno del estado del bien inmueble objeto de litigio.

No obstante, una vez que hubieron adquirido la propiedad sobre el bien inmueble objeto de litigio, conforme se evidencia de la transferencia efectuada por Raimundo Limachi Gutiérrez en su favor;en su calidad de titulares del bien inmueble no han ejercitado a título personal ninguna acción tendiente a deducir controversia u oposición respecto a la posesión que ejercitaban los demandados o de hacer valer frente a ellos su derecho de propiedad con la intensión de repulsar aquella posesión, sino que recién haninterpuesto el interdicto de adquirir la posesión en contra de Isidro Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro en la gestión 2006, habiendo sido notificados éstos en fecha 13 de junio de 2006 condicho interdicto. En consecuencia, desde fecha 19 de diciembre de 1987no se evidencia ningún signo de violencia física ni psicológica que los demandados hubiesen ejercido para ingresar y permanecer en posesión de los predios en litigio, tampoco se constata ningún tipo de violencia que hubieren ejercido para mantenerse en posesión del mismo hasta fecha 13 de junio de 2006, por lo mismo se desacredita la posesión violenta o clandestina argumentada por la parte actora, tornándose la mismaen posesión pacífica y pública que es aquella que se mantiene en ausencia de violencia y con conocimiento de la sociedad,ya que no se ha eliminado la posesión pacifica ni se ha tornado violentaprecisamente desde fecha 19 de diciembre de 1987 hasta el 13 de junio de 2006, es decir,que para esta última fecha ya se hubo operado la prescripción adquisitiva de derecho por más de 10 años continuos, por lo mismo el razonamiento del Tribunal de Alzada resulta siendo errado.

1.4.Los reconvencionistas en su contrademanda dirigen su acción contra Inés Ramos de Albarracín y Ricardo Albarracín, quienes conforme a la Escritura Pública Nº 86/91 de fecha 11 de junio de 1991, debidamente registrado en Derechos Reales Bajo la Partida Nº 2014010009357 en fecha 12 de junio de 1991, se constituyen en titulares de la parte del bien inmueble objeto de usucapión, de donde se conoce la usucapibilidad del bien inmueble; asimismo     en relación a la posesión ejercida por los demandados desde fecha 19 de diciembre de 1987 hasta el 13 de junio de 2006, la misma se encuentra debidamente acreditada por la prueba documental de fs. 137 a 195, fotografías de fs. 229 a 232,que ciertamente demuestran la posesión pacífica y pública que ostentan los demandados, con la aquiescencia de los demás miembros de la sociedad, conforme se evidencia de la inspección judicial, actuado mediante el cual objetivamente se constató que la posesión que ejercen los demandados no es violenta, pues no se evidenció ningún signo de violencia física ni psicológica que los actores hubiesen ejercido para mantener la posesión del mismo; en ese mismo sentido las declaraciones testificales de descargo, acreditan la inexistencia de violencia física o psicológica que los demandados y poseedores hubiesen ejercido para ingresar o mantener la posesión del bien inmueble; de igual manera la documental cursante en obrados evidencia que la posesión de los actores se originó en la transferencia a título de compraventa efectuada por César Quiroga Gonzáles quien conforme al registro de derechos reales resultaba ser el titular del predioahora en litigio, es decir que la posesión jamás se inició de manera violenta, la misma que de manera continua se extendió hasta el 13 de junio de 2006.De donde se tiene que la posesión que alegan los demandantes ciertamente reúne los tres requisitos de la denominada posesión útil, esto es: continua, pública y pacífica.

De lo examinado se concluye que la demanda de interdicto de adquirir la posesióna la que hace referencia el Ad quem,no generó el efecto interruptivo desde fecha 19 de diciembre de 1987 hasta el 13 de junio de 2006, es decir por más de 10 años, porque sencillamente la parte actora no demostró en dicho lapso de tiempo la inequívoca voluntad de hacer valer el derecho de propiedad frente a los ahora reconventores ni de oponerse a la posesión que ejercían; por lo que las infracciones acusadas por los recurrentes ciertamente se hacen evidentes, lo cual significa el equivocado razonamiento desarrollado por el Ad quem al respecto, porque contrariamente los reconventores han cumplido con los requisitos de la denominada posesión útil, esto es que la misma ha sido continua, pública y pacífica. En consecuencia no siendo correcta la determinación asumida por el Tribunal de Alzada, corresponde fallar al respecto dando lugar a la pretensión de los recurrentes.

Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal emitir resolución en sujeción a lo determinado por el art. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

2. Sobre el recurso de Casación en el Fondo de Ricardo Albarracín e Inés Ramos de Albarracín:

Sobre su denuncia de violación del sagrado derecho a la propiedad, consagrados por los arts. 105-II y 1453 del Código Civil, concordante con el art. 56 de la Constitución         Política del        Estado.Remitiéndonos al punto anterior, debemos referir que si bien los arts. 105-II y 1453 del Código Civilestablecen que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta;deduciéndose de lo señalado que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, ya que está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión, por lo que quien haya perdido la posesión de una cosa, pueda reclamar la restitución de la misma. No obstante, al respecto corresponde dejar claramente establecido que en el presente caso ha operado la prescripción adquisitiva de derecho en favor de la parte reconvencionista, en ese antecedenteconforme prescribe el art. 1454 del sustantivo civil, el propietario puede demandar la reivindicación de la cosa en cualquier tiempo, excepto cuando se haya operado la usucapión, como acontece en el presente caso de autos, y tomando en cuenta el efecto declarativo del que reviste el fallo que acoge favorablemente la usucapión, en cuyo mérito el efecto adquisitivo se retrotrae al momento que operó la usucapión, es decir al momento en que operó los 10 años de la posesión, lo que de por si hace infundado el agravio denunciado.        Por lo referido, el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente se enmarca en lo determinado por el art. 271 núm. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41, 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 4), 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil,en relación al recurso de casación en el fondo formulado por Isidro Raúl Salgueiro Ticona y Julia Limachi de Salgueiro, CASA PARCIALMENTEel Auto de Vista Nº 303/2014 de 10 de septiembre de 2014 cursante de fs. 324 a 325, y deliberando en el fondo declara firme y subsistente la Sentencia de primera instancia Nº 297/2013 de 10 de diciembre de 2013 de fs. 261 a 264 y vta., de obrados; y declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 333 a 335 y vta., de obrados, interpuesto por Ricardo Albarracín e Inés Ramos de Albarracín contra el Auto de Vista de 10 de septiembre de 2014,pronunciado por la Sala Civil, Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Sin responsabilidad por ser error excusable. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo