TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA        SALA CIVIL



Auto Supremo:138/2015

Sucre:05 de marzo/2015

Expediente: SC-180-14-S

Partes: Reynaldo Terceros Ferrrufino y Otros.c/Antonio Vargas

Vallejos.

Proceso: Nulidad de documento y Escritura Publica.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS:Los recursos de casación interpuestos tanto por la parte  demandante y demandada, el primero por Reynaldo Terceros Ferrufino y Liliana del Rosario Terceros Torrejón de fs. 1692 a 1694 y el segundo por Mario Rolando Vargas Paniagua y Jorge Antonio Vargas Paniaguade fs. 1703 a 1704, impugnando el Auto de Vista de fecha 07 de agosto de 2014, pronunciado por la Sala Civil  Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de  Nulidad de documento yEscritura Pública seguido por  Lilia Amanda  Torrejón Cazón y Reynaldo Terceros Ferrufino contra Antonio Vargas Vallejos, la concesión de fs. 1715, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juezde Partido Décimo Tercero en lo Civil de la Capital de la ciudad de Santa Cruz, dicta Sentencia  en fecha 21 de octubre 2013 de fs. 1536 a 1539 vta., resolución por la cualdeclara probadala demanda de nulidad de instrumento Público Nº 311/2002 e improbada la demanda de nulidad de contrato privado con garantía hipotecaria de fecha 8 de julio de 1999 y en su mérito dispone: 1.-Declarar  Nulo y sin efecto legal alguno el instrumento Publico Nº311/2002 de 30 de abril de 2002 y 2.- Se dispone la cancelación de la hipoteca sobre el inmueble ubicado en la localidad de  Montero , en la UV. 3 Mza. 3, con matricula Nº 7.10.1.01.0005748 todo en concordancia con la petición de la demanda conforme lo dispone el art. 190 del CPC.

Contra esta resoluciónMario  R. Vargas  P. y Jorge A. Vargas P.interpusieron recurso de apelación de fs. 1544 a 1547, motivo por el cual, la Sala  Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de  Santa Cruz emitió el Auto de Vista de fecha 07 de agosto de 2014, por el cual REVOCA parcialmente  la Sentencia de fecha 21 de octubre del 2013 cursante de fs. 1536 a 1539 y deliberando en el fondo se dispone que los efectos de esta resolución no invalidan la obligación y actos judiciales emergentes del contrató de fecha 8 de julio del año 1999 sobre préstamos hipotecario en dólares americanos por la suma de $us.-21.500,00, sin costas por la revocatoria.

Resolución  de segunda instancia  que a su turno fueron impugnadas por ambas partes, en primer lugar   Reynaldo Terceros Ferrufino y Liliana de Rosario Terceros Torrejón  mediante su escrito de fs. 1692 a 1694 y  a su turno Mario Rolando Vargas Paniagua y Jorge Antonio Vargas Paniagua herederos del demandado  interpusieron recurso de casación de fs. 1703 a 1704, elmismo que se pasa a resolver.

CONSIDERANDO II:                DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION DE FS- 1692 A 1694 INTERPUESTO POR  REYNALDO TERCEROS FERRUFINO Y LILINA DEL ROSARIO TERCEROS TORREJON

En la forma:

a) Acusa que en amparo de lo establecido en el art. 254-4) del CPC elAuto de vista no se pronunció sobre los puntos de la sentencia que fueron observado en el recurso de apelación, ya que tenían la obligación en aplicación del art. 236 CPC pronunciarse sobre todos los extremos apelados,en vista de que el auto de vista en su parte considerativasegún y el punto I. 4 señala que corresponde dejar constancia que sobre la legalidad de los efectos contractuales y judiciales que tuvo el contrato de fecha 8 de julio de 1999 y la parte dispositiva de manera ultra petita revoca parcialmente la Sentencia y dispone que los efectos de la sentencia  no invalidan la obligación y actos judiciales emergentes  del contrato de fecha 8 de julio de 1999 sobre el préstamo hipotecario, en ninguna parte de la apelación se impugno  la legalidad  de los efectos contractuales y judiciales  que tuvo el contrato de fecha 8 de julio de 1999,  no resultando una decisión clara, expresa y positiva.

En el fondo:

a) Expone, que el auto de vista dispone la RECOVATORIA PARCIAL  de la Sentencia apoyada como fundamento legal  en el parágrafo I) 1) del art. 237 CPC norma que refiere la confirmación total con constas en ambas instancias,  lo que demuestra contradicción.

En si solicita la nulidad del Auto de vista o en aplicación del recurso de casación en el fondo casar el Auto de Vista.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION  DE FS. 1703 A 1704 INTERPUESTO POR  MARIO ROLANDO VARGAS PANAGUA Y JORGE ANTONIO VARGAS PANIAGUA.

a) Manifiesta que en el punto cinco de su recurso de apelación los ahora recurrentes hubieron  admitido  y dado por valido lo deuda establecida en el documento objeto de nulidad desde que aceptan el pago y formulan conciliación.

En definitiva solicita casar el Auto de Vista y revocar totalmente la Sentencia.

CONSIDERANDO III:        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme determina el art. 16.I de la Ley del Órgano Judicial, del examen del proceso se puede concluir:

Corresponde precisar que la administración de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad prevenir, solucionar o dirimir conflictos, de ahí que se han creado instrumentos de aplicación y de ejecución que permitan materializar los derechos que tiene todo ser humano, actividad tan importante como esta incuestionablemente recae sobre el órgano judicial, sin embargo tal actividad no se encuentra expedita de fallas, por el contrario se caracteriza por su factibilidad, en tal sentido se busca una forma de rectificar, enmendar los posibles errores que pudieran generarse en la administración de justicia.

En ese entendido se encuentra el recurso de apelación, derecho que cuenta la parte agraviada para hacer efectiva la doble instancia reconocida en nuestra legislación por el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; al igual que el artículo 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica; ambas normativas determinan que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior. Disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad que reconocen el derecho a la impugnación o a la doble instancia, conforme a lo señalado la impugnación o apelación de fallos judiciales es una garantía judicial que da paso a la doble instancia procesal, bajo el criterio y espera que el Tribunal de Alzada, pueda advertir y corregir algunas inobservancias de las normas jurídicas vigentes erróneamente aplicadas por los juzgadores, por eso la doctrina nos orienta en sentido  que el recurso de apelación es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal  por el cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una Resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de Alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.


Pero este derecho y principio de la impugnación, de ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho la respuesta que le corresponde, recurso que tiene su correspondencia  en los principios de eficacia y eficiencia establecidos en el art. 180-I de la CPE mismos que han sido entendidos a través de la SCP 0001/2015-S2 de fecha  5 de enero de 2015, como :”La SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, en el marco de la aplicación de los principios que rigen la actividad procesal señala que: “conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica, pues es a partir de ellos logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia

Siendo esta respuesta que ha de emitir el Tribunal de Alzada traducida en Auto de Vista, la misma conforme ha determinado la jurisprudencia a efectos de no vulnerar derechos y garantías esta debe ser fundamentada y motivada, pero cuanto a este tema de la motivación conforme a la estructura de la resoluciones establecida en el art. 192-2) del CPC, es decir, la parte considerativa debe contener una fundamentación clara no precisando que esta sea ampulosa, sino que aunque escueta sea entendible del por qué se está tomando una decisión y la parte resolutiva debe contener decisiones claras, positivas y precisas esta ultima parte también guarda mucha relevancia con el tema de fundamentación en vista de que las decisiones asumidas deben ser claras para ser útiles en derecho a fin de que la autoridad jurisdiccional puede ejecutar su determinación en la fase correspondiente, positivas y precisas a los efectos de que  la determinación no deba generar duda al momento de su ejecución yestablecer las posibles consecuencias de la misma, criterio que es aplicable en toda resolución definitiva.

Conforme a lo expuesto en el caso en cuestión revisados los antecedentes el recurrente de manera categórica establece la falta  de certidumbre en la resolución dictada por el Tribunal de apelación.

En el caso de autos de la Sentencia de fs. 1536 a 1539 vta., declara probada la demanda de nulidad de instrumento Público Nº 311/2002 e improbada la demanda de nulidad de contrato privado con garantía hipotecaria de fecha 8 de julio de 1999 y en su mérito dispone: 1.-Declarar  Nulo y sin efecto legal alguno el instrumento Publico Nº311/2002 de 30 de abril de 2002 y 2.- Se dispone la cancelación de la hipoteca sobre el inmueble ubicado en la localidad de  Montero,  en la UV. 3 Mza. 3, con matricula Nº 7.10.1.01.0005748 todo en concordancia con la petición de la demanda conforme lo dispone el art. 190 del CPC.

Del contexto de esta resolución se establece que se toma una determinación como consecuencia de las una demanda acumulada a la causa por efecto de una litispendencia.

Por Auto de Vista de fecha 07 de agosto de 2014 el Tribunal  Ad quem   REVOCA parcialmente  la Sentencia de fecha 21 de octubre del 2013 cursante de fs. 1536 a 1539 y deliberando en el fondo se dispone que los efectos de esta resolución no invalidan la obligación y actos judiciales emergentes del contrató de fecha 8 de julio del año 1999 sobre préstamos hipotecario en dólares americanos por la suma de $us.-21.500,00, sin costas por la revocatoria.

Del contexto de la parte resolutiva o decisum del Auto de Vista dictado de fs. 1677 a  1680se advierte que esta decisión no es clara, positiva ni precisa, en vista de que en un primer momento revoca parcialmente la Sentencia pero no expone exactamente que parte de la Sentencia  fue revocada, sobre todo si se toma en cuenta que la Sentencia analiza dos demandas como consecuencia de un proceso acumulado(por litispendencia), extremo que crea inseguridad jurídica sobre todo si se toma en cuenta todos los antecedentes procesales y actuados realizados, ya que, la decisión asumida al no ser clara, expresa  y positiva,  no   establece  como ha de  afectar los otros actuados realizados,   es por ese motivo que tanto la parte demandante como demandada ante tal inseguridad generada con una resolución ambigua solicitan complementación y posterior interposición del recurso de casación por su manifiesta ambigüedad en su parte dispositiva, es por tal motivo que  con la finalidad de precautelar una efectiva resolución, correspondiendo anular la determinación de segundo grado.

Aplicando los artículos 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados con reposición hasta el  Auto de VistaResolución de fecha 07 de agosto de 2014 y dispone que el Tribunal sin espera de turno y previo sorteo y en atención a recurso de apelación,  pronuncie nueva resolución debidamente fundamentada y motivada conforme a lo expuesto en la presente resolución.

No se impone multa por considerarse error excusable, debiendo a futuro tenerse en cuenta la presente resolución.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17 parágrafos IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Romulo Calle Mamani.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo