TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                       SALA CIVIL


Auto Supremo: 133/2015

Sucre: 2 de marzo 2015

Expediente:LP-170-14-A

Partes: CAJA NACIONAL DE SALUD c/ empresa constructora “COMSAR

S.R.L.”

Proceso: Resolución de contrato por incumplimiento

Distrito:La Paz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 604 a 606, interpuesto por Fabiana QuintelaArandia en representación legal de la Caja Nacional de Salud, contra el Auto de Vista D-245 de 02 de septiembre de 2014, de fs. 599 a 600, pronunciado por  la Sala CivilSegunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de resolución de contrato por incumplimiento, seguido por la CAJA NACIONAL DE SALUD contra la empresa constructora “COMSAR SRL”, el auto de concesión del recurso de fs. 611, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció el Auto Interlocutorio Definitivo de fecha 19 de julio de 2013, de fs. 582 a 583, disponiendo la nulidad de todo lo obrado sin reposición, salvando el derecho de la parte demandante ante la instancia jurisdiccional competente.

Resolución que es recurrida de apelación por la institución demandante a través del memorial de fs. 586 a 587 y vta., misma que es resuelta por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista D-245 de 02 de septiembre de 2014, cursante a fs. 599 a 600, que confirmó el Auto apelado; ocasionando que el apoderado legal de la Caja Nacional de Salud, interponga el recurso de casación, que es motivo de autos.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La entidad recurrente refiere que el elemento central de su pretensión radica en solicitar la resolución de contrato y la recuperación del daño económico civil que hubiera sufrido la Caja Nacional de Salud como emergencia de la suscripción de dos contratos con la Empresa COMSAR S.R.L., siendo dicha institución pública la que sufrió el daño económico y no así el administrado, en cuyo mérito no podría aplicarse la jurisprudencia a la que se hace referencia en la Resolución recurrida, por cuanto en todos esos casos los demandantes son los administrados, a diferencia de la presente causa donde el demandante es el ente público (C.N.S.).

Acusa que los Tribunales de instancia, dictaron Resolución sin escuchar a las partes, negándoles la oportunidad de producir y presentar prueba, con argumentos fuera de la normativa legal y atentando el debido proceso.

Concluye solicitando se case el Auto de Vista recurrido. 

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, la Constitución Política del Estado en su art. 122 establece: "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley"; en ese orden las  normas relativas a la jurisdicción y competencia, son de orden público y su infracción se encuentra sancionada con nulidad conforme la norma referida.

Por su parte, la Ley del Órgano Judicial (Ley No. 025), en su art. 12 establece: “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”, además dicha Ley refiere que la extensión de la competencia únicamente se aplica en razón del territorio, por consentimiento expreso o tácito de las partes.

En ese orden el art. 2 de la Ley Nº 620 (LEY TRANSITORIA PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS CONTENCIOSOS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), de 29 de diciembre de 2014, establece: “Se crea la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, como parte de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, con las siguientes atribuciones: 1. Conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional. 2 Conocer y resolver las demandas Contenciosas Administrativas del nivel nacional, que resultaren de la oposición entre el interés público y privado”.

Que, el Código de Procedimiento Civil en su art. 775 dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia…”.

Por lo manifestado queda claro que la competencia se encuentra regulada desde la concepción de la Constitución Política del Estado y conforme a ella se tiene a la Ley No. 025 que de manera específica en su Capítulo II del Título I nos habla sobre la Jurisdicción y la Competencia, entendida éstas como el género (jurisdicción), y especie (competencia), por lo cual todos los jueces tienen jurisdicción, tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para determinados asuntos; en ese entendido se encuentra el art. 775 del Código Adjetivo Civil, respaldada por la Ley No. 620 de 29 de diciembre de 2014, donde se estableció que, la competencia de las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las Resoluciones del mismo se lo tramitará en la Sala Especializada en materia contenciosa y contenciosa administrativa del  Tribunal Supremo de Justicia.

En la litis, la entidad recurrente pretende la resolución de los contratos de obras Nº 03/2008 de 25 de enero de 2008 referido a la “Ampliación y Remodelación Hospital Obrero Nº 13”y el contrato Nº 88/2008 de 04 de julio de 2008 concerniente a la “Construcción Puesto Médico Cotani Distrital Atocha”, suscrito con la Empresa Constructora “COMSAR SRL”, por el incumplimiento en que ésta última hubiera incurrido conforme las clausulas convenidas en los merituados contratos, actos que según la institución recurrente darían lugar a solicitar la resolución de los  contratos respectivos.

Señalado estos antecedentes, se hace necesario efectuar un análisis de los contratos Nº03/2008 de fecha 25 de enero de 2008 y el contrato Nº 88/2008 de fecha 04 de julio de 2008,que cursa de fs. 3 a 24 y 25 a 31, suscrito entre la Caja Nacional de Salud representada legalmente por el Dr. José Antonio Quiroga Morales y la Empresa Constructora COMSAR S.R.L. para la“Ampliación y remodelación del Hospital Obrero Nº 13 de Atocha” y la “Construcción puesto médico Cotani-Distrital Atocha Regional Potosí”, a objeto de verificar la naturaleza jurídica de los mismos,dependiendo de aquello la jurisdicción y competencia a la que estarían sometidos.

El contrato Nº 03/2008, en el título I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. en su cláusula primera, presenta como partes contratantes a la CAJA NACIONAL DE SALUD, representada por el Dr. JOSE ANTONIO QUIROGA MORALES como parte contratante, y por otro lado, la empresa constructora COMSAR S.R.L., legalmente representada por Guido Jesús Sarmiento Sánchez como contratista, estableciéndose en su cláusula tercera, que el objeto del contrato es la “ampliación y remodelación Hospital Obrero Nº 13 de Atocha”, y conforme la cláusula décimo segunda, en cuanto a la legislación aplicable se dispone: “el presente contrato es un contrato administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista por la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en los aspectos de su ejecución y resultados. Del mismo modoen la cláusula vigésima segunda, referida a la solución de controversias, dispone que: “En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, las partes, están facultadas para acudir a la vía judicial bajo la jurisdicción Coactiva Fiscal”.

Por su parte el contrato Nº 88/2008, en su cláusula segunda establece como parte contratante y contratista a las mismas que el primer contrato, siendo su objeto la “Construcción puesto Medico Cotani - Distrital Atocha Regional Potosí”, conforme la cláusula tercera, refiriendo que el presente contrato es realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 2007, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y su Reglamentación, en su cláusula primera y disponiendo que en caso de controversia las partes acudirán a la vía coactiva fiscal (cláusula decimo novena).

Quedando establecido en ambos contratos, la intervención de una entidad estatal pública y un particular, cuyo objeto es la construcción y refacción de obras de interés público en beneficio de los habitantes de las respectivas ciudades, siendo que los mismos se suscribieron bajo el amparo de la Ley Nº 1178, por consiguiente de naturaleza administrativa, debiendo las partes en caso de surgir controversias acudir a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

De la misma forma, debe considerarse lo dispuesto en la parte final del art. 47 de la Ley Nº 1178, de 20 de julio del 1990, definiendo al contrato administrativo dispone: “Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza". 

Por los aspectos señalados, podemos afirmar que, existe contrato administrativo, en tanto y en cuanto, una de las partes es un órgano de la administración pública y el objeto y el fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés de la comunidad, aspectos que contienenlos contratos que originan el presente proceso, en otras palabras, siendo que los contratos objeto de análisis se constituyen en “contratos administrativos”, deben ser tramitados conforme señala el art. 775 del Código de Procedimiento Civil y art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, por cuanto los Tribunales ordinarios civiles, no tienen la competencia requerida por ser de una jurisdicción diferente a la establecida en la Ley para conocer este tipo de causas, siendo nulos los actos desarrollados por imperio del art. 122 de la Constitución Política del Estado.

De la misma forma la actual Constitución Política del Estado en su art. 179.I reconoce la jurisdicción especializada que debe ser regulada por ley, por su parte el art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, dispone: “LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA). Se crea la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, como parte de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, con las siguientes atribuciones: 1. Conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional. 2. Conocer y resolver las demandas Contenciosas Administrativas del nivel nacional, que resultaren de la oposición entre el interés público y privado”, normativa que dispone que la jurisdicción especializada contenciosa-administrativa (en sus procesos contenciosos y contencioso- administrativo) tiene como ente tutelar jurisdiccional a la Sala Especializada en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Por consiguiente, el Juez competente para conocer las causas donde existiere contención emergente de los contratos administrativos que señala el art. 775 del Código de Procedimiento Civil es el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Especializada.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0060/2014, de fecha 03 de enero, respecto a los conflictos suscitados que emergen de los contratos administrativos refirió: “…se tiene que los tres contratos suscritos entre UAGRM y la empresa Constructora Aguarague, contemplaron entre una de sus cláusulas el marco legal que regirá dicha relación contractual, cuya base se tiene en el texto constitucional, además en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, debido a que por la naturaleza administrativa de los mismos genera el sometimiento a las cláusulas de los contratos, en tal entendimiento los conflictos suscitados en los contratos administrativos deben ser impugnados ante la instancia respectiva, conforme a lo previsto por el art. 775 del CPC.”, sentencia constitucional que tiene carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme establece el art. 203 de la CPE y 15.II del Código Procesal Constitucional que es aplicable al presente caso por analogía.  

En ese entendido, la Resolución dictada por el Juez A quo y confirmada por el Tribunal Ad quem resulta correcta, en contraposición a lo expresado por el recurrente en el recurso de casación, que en lo fundamental refiere que la  jurisprudencia en la que se apoya la Resolución recurrida no sería aplicable al caso, debido a que en aquellos procesos, el actor o demandante siempre fueron los administrados o particulares y en el presente proceso el demandante resulta ser la  Caja Nacional de Salud, entidad pública quien sufrido una daño económico por parte del particular.Al respecto, conforme rezan ambos contratos, el primero en su cláusula vigésima segunda y el segundo contrato en su cláusula décima novena, convinieron que en caso de surgir controversias entre las partes, estas se encuentran facultadas para acudir a “la vía judicial bajo la jurisdicción Coactiva Fiscal”, ahora bien, la vía coactiva fiscal se habilita para el conocimiento de procesos de responsabilidad civil emergentes de actos desarrollados en la administración pública, los que emergen mediante proceso de auditoria o procesos administrativos procurando la recuperación del patrimonio del Estado, sin embargo la disposición contenida en el contrato en examen, de que en caso de controversia las partes deben acudir a la jurisdicción coactiva fiscal, no debe entenderse en su sentido literal, sino que dicha interpretación debe ser efectuada bajo la armonización con el resto de las disposiciones del ordenamiento legal referidas y desarrolladas, más aún si la vía coactiva fiscal, ha sido establecida por el ordenamiento jurídico como la vía a través del cual el Estado, como contratante, se habilita sobre la base de un título con fuerza coactiva fiscal a accionar contra el contratista en procura de la recuperación del patrimonio del Estado, no teniendo esta posibilidad el particular contratista, quien no puede coactivar al Estado, sin que esto de ninguna manera suponga la imposibilidad de demandar el Estado por la vía contenciosa reconocida en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, bajo este razonamiento, resulta intrascendente cuál de las partes intervinientes en el contrato (Caja Nacional de Salud y/o Empresa Constructora COMSAR S.R.L.) pretenda la resolución de los contratos, siendo que ambas partes se encuentran habilitadas para ello, cuyo único requisito es que la otra parte haya incurrido o acomodado su conducta en alguna de las causales estipuladas en los mismos contratos para activar su pretensión de resolución de contrato, de ahí que resulta plenamente aplicable la jurisprudencia en la que se apoyaron los Tribunales de instancia al disponer la tramitación de la presente causa ante la jurisdicción competente, que resulta ser la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014.

Respecto al agravio referido a que los Tribunales de instancia hubieran dictado resolución sin escuchar a las partes, negándoles la oportunidad de producir y presentar prueba, tampoco resulta correcta, por cuanto la producción de estos medios de prueba corresponde a la etapa de la sustanciación misma del proceso, aspecto que no aconteció precisamente por el rechazo de la demanda.

Por lo expuesto se advierte que, los Tribunales de instancia obraron conforme a derecho correspondiendo emitir fallo en virtud a la previsión contenida en los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación cursante a fs.604 a 606, contra el Auto de Vista Nº D-245 de 02 de septiembre de 2014. Sin costaspor ser entidad pública, conforme lo determina el art. 39 de la Ley SAFCO, como tampoco corresponde los honorarios por no existir respuesta al recurso de casación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo