TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 131/2015

Sucre: 2 de marzo de 2015                

Expediente:        SC-176-14-S

Partes:Vicente Paz Campos y Eugenio Paz Campos c/María Eugenia

Landívar de pardo, Jhonny Román Flores, Martha Cinthia Landívar

de Román, Rodolfo Cuellar Portugal y  Empresa AGROMAC S.R.L

Proceso:Nulidad de escritura, reivindicación de derecho propietario, mejor

derecho de propiedad, nulidad y cancelación de partidas

computarizadas en Derechos Reales, desocupación y entrega de lote

de terreno y pago de daños y perjuicios ocasionados

Distrito:Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en la formade fs. 242 a 246 de obrados interpuestopor Vicente Paz Campos y Eugenio Paz Campos, impugnando el Auto de Vista387de fecha 26 de septiembre de 2014 cursante a fs. 221, pronunciado por  la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Nulidad de escritura, reivindicación de derecho propietario, mejor derecho de propiedad, nulidad y cancelación de Partidas computarizadas en Derechos Reales, desocupación y entrega de lote de terreno y pago de daños y perjuicios ocasionados seguido a instancia de Vicente Paz Campos y Eugenio Paz Campos contra María Eugenia Landívar, Jhonny Román Flores, Martha Cinthia Landívar de Román, Rodolfo Cuellar Portugal y  Empresa AGROMAC S.R.L la concesión de fs. 251, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Vicente Paz Campos y Eugenio Paz Campos interponen demanda de nulidad de escritura, reivindicación de derecho propietario, mejor derecho de propiedad, nulidad y cancelación de partidas computarizadas en Derechos Reales, desocupación y entrega de terreno y pago de daños y perjuicios ocasionados en principio contra María Eugenia Landívarde Román, Jhony Román Flores, Martha Cinthia Landívar de Román, Rodolfo Cuéllarportugal y ampliada posteriormente contra la Empresa AGROMAC S.R.L.

Notificados los demandados, mediante edictos por desconocimiento del domicilio ninguno contesta la demanda a excepción de AGROMAC Ltda., purgando rebeldía la empresa, formuló incidente de nulidad de obrados indicando que los demandantes debían notificar a la empresa demandada en su domicilio, por lo que no correspondía la notificación mediante edictos, asimismo manifestaron que el representante legal no es el mismo, razones estas para que en vía de saneamiento procesal solicite la nulidad de obrados

Tramitada la causa el Juez de la causa pronunció Sentencia mediante la cual declaró probada en parte la demanda principal en lo que corresponde a la nulidad de escrituras, reivindicación de derecho propietario, mejor derecho de propiedad, nulidad y cancelación de partidas computarizadas en Derechos Reales, desocupación y entrega de lote de terreno, e improbada en lo que corresponde al pago de daños y perjuicios y dispone la nulidad de las transferencias efectuadas en favor de María Eugenia Landívar de Pardo, Jhonny Román Flores y Martha Cinthia Landívar de Román, así como la de Rodolfo Cuéllar Portugal y la de AGROMAC S.R.L., debiendo por las oficinas de Derechos Reales procederse a la cancelación de dicha inscripción y por secretaría franquearse el testimonio respectivo.

Asimismo dispone la reivindicación y desocupación y entrega del fundo denominado “La Purísima” ubicado en el Cantón Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez, por parte de los demandados en favor de los demandantes en el plazo de 15 días a partir de la ejecutoria de la resolución, bajo apercibimiento de librarse el mandamiento de desapoderamiento.

Contra esta Resolución  la empresa AGROMAC S.R.L. mediante su representante legal interpone recurso de apelación, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa cruz pronunció Auto de Vista No 387, de fecha 26 de septiembre de 2014 por el que anuló obrados hasta el Auto de Admisión de la demanda.

Contra la Resolución de Alzada Víctor Paz campos y Eugenio Paz Campos interpusieron recurso de casación en la forma el cual se analiza

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los recurrentes interponen recurso de casación en el forma, argumentando como agravios los siguientes:

1.-  Indican que no puede existir nulidad de obrados cuando los demandados en ningún momento interpusieron la excepción de incompetencia precluyendo su derecho a hacerlo dejando vencer los plazos, teniendo varias intervenciones en el proceso, y habiendo promovido incidentes, recurso de apelación y otros, pero en ningún momento observan la competencia, cuando deberían observareste aspecto en el primer momento, es decir al comenzar la demanda y planteando la excepción previa de incompetencia, siendo responsabilidad expresa de las partes y de sus abogados.

Argumentan que si bien es cierto que una tarea de los Tribunales es observar que el proceso se lleve a cabo sin vicios de nulidad, no es menos cierto que existe el principio de preclusión que indica que durante el proceso existe etapas y tiempos en los que se puede impugnar una Resolución, dejando el momento oportuno, se opera la preclusión, no pudiendo retrotraer las mismas, y que en todo caso la nulidad se la debe considerar como una medida a ser asumida en casos extremos, cuando se hubieren violado derechos y garantías de las partes, cosa que en caso de Autos no ha existido. Asimismo para aplicar la nulidad esta se rige por principios específicos como el principio de transcendencia que orienta en sentido de que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona a las partes en conflicto.

2.- Respecto al Auto de Vista No 387/2014, no existe ninguna fundamentación respecto a la decisión asumida de anular obrados, es decir que el Tribunal de Alzada no fundamenta porque deriva el presente proceso a la jurisdicción agraria y en que pruebas basa tal decisión, por lo que cuestionan que en similares casos de sus vecinos colindantes como Víctor Castro Flores tienen procesos de nulidad de documentos y mejor derecho contra la misma empresa AGROMAC S.R.L. en el cual,  no se cuestiona la competencia en razón a la materia sino que directamente por el consentimiento de las partes se tramita el proceso y que ahora se encuentra con Sentencia. Incide que en otros procesos el Vocal Edgar Molina Aponte por ser acreedor de la empresa AGROMAC S.R.L. se hubiera excusado, estando además comprometida su imparcialidad. Continúan expresando que en similares casos los Vocales confirman la Sentencia, manifestando que el Juez A quo procedió correctamente y no observan la supuesta incompetencia que existiera y concluyen que en el recurso de apelación en ningún momento, se impugnó la competencia, que diera lugar a invalidar la Sentencia de primera instancia, que ni el propio actor a tiempo de recurrir de apelación sugirió siquiera la nulidad, sino que más bien su petición estaba destinada a buscar la revocatoria de la Sentencia de primera instancia, siendo otros aspectos los puntos de impugnación, los mismos que no han merecido una respuesta del Tribunal de Alzada.

Con relación a la nulidad dispuesta por el Tribunal Ad quem, no tiene ninguna explicación y resulta siendo de oficio, sin considerar que solo es pertinente la nulidad cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva, pues, la nulidad es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo, en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia, pronta, oportuna y sin dilación, en el caso presente la empresa demandada AGROMAC S.R.L. se ha defendido, no existido indefensión ni vulneración al debido proceso.

Respecto a los principios de convalidación y preclusión el Tribunal de Alzada considera que los mismo no operarían en razón de que se trata de la competencia, no compartimos el criterio, ni la decisión asumida de anular obrados por una aparente incompetencia, ya que se estaría afectando el derecho a una tutela judicial efectiva que garantiza el Estado mediante sus órganos jurisdiccionales, por lo que debe anularse el Auto de Vista No 387 de fecha 26 de septiembre de 2014, debiendo dictarse nuevo Auto de Vista en los límites que dispone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil

Concluye su recurso solicitando que se anule el Auto de Vista y se emita otro por el Tribunal de Alzada, conforme la pertinencia del art. 236 del Código  de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del recurso de casación interpuesto en la forma, se puede inferir que todos los puntos de impugnación versan sobre la nulidad dispuesta por el tribunal de Alzada, derivando el proceso a la jurisdicción agroambiental en el entendido que el predio denominado “La Purísima” se encontraría fuera del radio urbano es decir, fuera una propiedad agraria, razón está para determinar que el proceso fuera conocido por la jurisdicción agroambiental.

1. De la revisión del proceso se establece que los demandantes, concretamente, la empresa AGROMAC S.R.L. que fue la que interpuso el recurso de apelación y en conocimiento del mencionado recurso el Tribunal de Alzada declaró la nulidad del proceso hasta el Auto de admisión de la demanda de fecha 9 de mayo de 2008, al purgar rebeldía no interpuso la excepción de incompetencia, en el entendido que el presente proceso debiera ser tramitadopor la jurisdicción agroambiental, si bien es cierto, que el momento oportuno y correcto debía ser en la primera actuación, como una excepción previa, para evitar que el proceso sea tramitado por el Juez incompetente, toda vez que al tenor del art. 12 de la Ley 025 la competencia es “la facultad que tiene una Magistrada o Magistrado, una o una vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”,  y el demandado al no observar que no era competente el Juez en materia civil  ha permitido queel litigio fuese tramitado por Juez incompetente, no observando en el momento oportuno la competencia, y dejando que el mismo sea tramitado supuestamente por vicios, y ocasionando también perjuicio a ambas partes por el tiempo que supone llevar adelante un proceso, este aspecto también es determinante para que la excepción de incompetencia sea interpuesta como una excepción previa, toda vez que la misma debe ser resueltade manera rápida, conducta reprochable al demandado, que nunca observó este aspecto, sin embargo de ello, también es cierto que aunque las partes en el momento oportuno no hubiesen observado esta situación, los Tribunales de instancia, están en la obligación de revisar el proceso de oficio, y toda vez que la competencia, es de orden público y en todo caso improrrogable, en atención a la materia, y simplemente en razón del territorio se ampliará únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes conforme lo establece el art. 13 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial, el Juez o los Tribunales de instancia están obligados en su tarea revisora a disponer la nulidad de obrados aunque las partes no hubieran en el momento oportuno planteado la excepción de incompetencia. En el caso concreto la excepción de incompetencia se da en razón de la materia y no en razón del territorio por lo que no es aplicable el consentimiento expreso o tácito de las partes, razones estas para que el Tribunal de Alzada, aunque los apelantes no hubiesen observado este aspecto como un punto de impugnación, hayan determinado la nulidad.

Ahora bien, el Tribunal de Alzada al determinar la nulidad no ha realizado un análisis coherente ni fundamentado de las razones por las que hubiese dispuesto la nulidad,  ni ha basado su decisión con prueba fehaciente y determinante que amerite la nulidad, entendiendo que en el proceso, los demandados, nunca observaron la falta de competencia, y que el proceso tenía como pretensión principal la nulidad de escrituras públicas, reivindicación, mejor derecho y otros, ninguna de las partes involucradas en el proceso han aportado prueba documental en base a la cual el Juzgador pueda determinar si el predio en cuestión, pertenece al área urbano o rural y por lo tanto corresponde a la jurisdicción agraria.

Al respecto hay que tener en cuenta,  que para la delimitación de la competenciapor razón de materia en acciones reales sobre bienes inmuebles, la misma tiene que ser definida a partir de la ubicación del inmueble objeto del litigio, sea en el área urbana o en el área rural, aplicándose en el primer caso las normas de la jurisdicción ordinaria (Código Civil) y en el segundo las normas de la jurisdicción agraria (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria) y para dicho efecto se cuenta con la colaboración de los Gobiernos Municipales, instancias que refieren sobre el uso de suelo; es decir determinan el límite de su mancha urbana además conforme prevé el art. 31.I del D.S. 24447, las Áreas Urbanas serán aprobadas mediante Ordenanza Municipal, que entrará en vigencia, una vez homologada por Resolución Suprema, aprobada con la participación de los Ministerios de Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible. Para éste fin, la Ordenanza Municipal deberá ser remitida a la Secretaría Nacional de Participación Popular y a la Secretaría Nacional de Planificación. Ahora bien, en el caso de Autos no existe documentación que amerite determinar que evidentemente la propiedad la Purísima se encuentra en área rural, de la ubicación que tiene, por informe de Derechos reales, se encuentra en la Provincia Andrés Ibañez, Municipio de Cotoca y por información del mismo demandante cuando solicita al Juez de la causa la anotación preventiva en Derechos Reales de la demanda, toda vez que la empresa AGROMAC S.R.L. estuviese vendiendo lotes, temiendo los demandantes que dicha empresa, al proceder con la venta de lotes, afectaría también la propiedad objeto del litigio, nos lleva a la convicción de que el predio no se encuentra en área rural, estando ya en proceso de loteamiento y dentro de la mancha urbana, aspecto que no ha tomado en cuenta el Tribunal de Alzada al determinar la nulidad del proceso.

De igual manera de la revisión del proceso  se puede evidenciar que, la empresa demandada AGROMAC S.R.L. ha suscitado incidente de declinatoria de competencia, y al contestar dicho incidente, los demandantes arriman al proceso Sentencia de otros procesos que se han tramitado dentro de la jurisdicción ordinaria, acción de amparo constitucional donde se apersona AGROMAC S.R.L. como tercero interesado, donde claramente establece el abogado de la parte accionante que han adquirido 167 lotes de terreno, en la zona que se conoce como el nombre de Malpaizo Viejo, La Purísima, El Encanto, aseveración que se encuentra a fs. 179 de obrados, lo que demuestra que son lotes los que existen en la actualidad o en todo caso la zona estuviera en proceso de loteamiento por lo tanto dentro del área urbana. Igualmente al contestar los demandantes este incidente de declinatoria de competencia, hace referencia a que “ se debe tomar en cuenta la Ordenanza Municipal No 065/2009, donde el Honorable Municipio de Cotoca, aprobando el plano director en el año 2000, se encuentran los terrenos incluidos objeto del presente proceso, quedando encargados de su ejecución a partir de esa fecha la Oficina Técnica del Plan regulador y la Oficialía Mayor Operativa del Gobierno Municipal de Cotoca” (fs. 186 de obrados). Asimismo  hace referencia a que existe una Urbanización de fecha 04 de julio de 2000, aprobado por la Alcaldía Municipal de Cotoca el 6 de julio de 2000, como “Las Purísimas” a nombre de AGROMAC S.R.L.. Asimismo en el memorial de respuesta a este incidente, los demandantes solicitan que el Municipio de Cotoca informe sobre si se encuentra aprobado la Urbanización “La Purísima”, desde que fecha se encuentra aprobada, se remitan fotocopias legalizadas de los documentos presentados para su aprobación, y si se realizó ventas de lotes de terrenos ( fs. 188 de obrados), elementos que nos permiten evidenciar que “ La Purísima” se encuentra en proceso de loteamiento y por lo tanto dentro de la mancha urbana del Municipio de Cotoca, aspectos que el Tribunal de Alzada no ha tomado en cuenta al disponer la nulidad de obrados.

Con referencia a lo analizado es conveniente también recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional  a través de la SC-0378/2006-R de 18 de abril que menciona:  “… la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios…”.  Análisis que no ha realizado el Tribunal de Alzada, porque evidentemente no ha observado que la zona circundante al predio de la purísima se encuentra en proceso de loteamiento, siendo lo más probable que la propiedad denominada la Purísima, también este en ese proceso y con la certeza de que en el futuro, por la mancha urbana perfectamente sea destinada a uso de viviendas o centros poblados.

2.- Con referencia al punto de impugnación referido a que el Tribunal de Alzada no realizó una debida fundamentación del Auto de Vista No  387 de fecha 26 de septiembre de 2014, sobre los motivos que han llevado a los de Alzada a realizar la anulación del proceso, no existiendo un debido análisis respecto al hecho de definir que el presente proceso debería tramitarse en la jurisdicción agraria, no existiendo razones valederas para anular el proceso, y  sin tomar en cuenta que toda Sentencia o Resolución para que resulte válida deberá tener la debida fundamentación y congruencia, el apartamiento de estas reglas vicia y nulifica la decisión judicial, Al respecto el profesor Morales citado en el libro Derecho Procesal Civil de Gonzalo Castellanos Trigo Pág. 208 refiere. “aspecto de especial importancia en la sentencia es su motivación, porque si la decisión ha de producir efectos adversos a alguna de las partes, como ocurre, casi siempre, al sujeto vencido en juicio hay necesidad de explicarle, con argumentos jurídicos serios y coherentes, las razones por las que se despachan desfavorablemente sus planteamientos, pues solo así puede esperarse que acepte, aunque sea a regañadientes, una decisión adversa sin rebelarse contra ella”. En el caso de Autos el tribunal de Alzada no ha expresado las razones que ha considerado para evidenciar que el proceso corresponde ser tramitado en la jurisdicción agroambiental, ni ha orientado a las partes respecto a que sus pretensiones deberían dilucidarse en la jurisdicción agroambiental, no existiendo en el Auto de Vista la debida fundamentación y los hechos reales en los que basa su decisorio de anular el proceso.

Siendo claro que aún sin resolver el tribunal de Alzada los puntos de impugnación del recurso de apelación y decidir como lo hizo la nulidad del proceso en razón de incompetencia, la decisión asumida debía estar debidamente motivada y fundamentada. Al respecto el Tribunal Constitucional al referirse a la fundamentación expresa: Al respecto, la SC 1054/2011-R de 1 de julio, indicó: “La SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, entre otras establece: 'La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las Resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Resolución de Alzada no ha basado la nulidad en argumentos valederos que demuestren que la Purísima corresponde al área rural, debiendo promoverse el presente proceso en la jurisdicción agroambiental, y aún sin considerar los principios que reclaman los recurrentes como los de preclusión y convalidación porque cuando se trata de la competencia en razón de la materia no existe la posibilidad de convalidación, aunque exista un consentimiento tácito como en el presente caso, puesto que estamos hablando de una cuestión de incompetencia en razón de la materia, pudiendo ser declarada de oficio y no operando al respecto lo principios de convalidación y preclusión, el Tribunal de Alzada ha dispuesto una nulidad sin contar con argumentos de fondo que determinen que el predio la Purísima sea un fundo agrario.

Por lo anteriormente señalado, correspondiendo fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275  del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia,  con la facultad conferida por el artículo 42.Inum. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 254 num. 4), 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº SCI-No 387 de 26 de septiembre de 2014,  cursante a fs.221, pronunciado por la Sala Civil  Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz  y dispone que  previo sorteo y sin necesidad de turno, se pronuncie un nuevo Auto de Vista que resuelva la causa dentro del marco jurisdiccional que le fija el artículo 236 del Código Procedimiento Civil en función a la apelación formulada contra la Sentencia dictada en el proceso.

Siendo excusable el error, no se impone multa alguna.

Cumpliendo lo previsto por el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Concejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo