TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

         S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 122/2015

Sucre: 24 de febrero 2015

Expediente: CB - 122 - 14 - S

Partes: Guido Anthony Terceros. c/ Primitivo Moya Villán y Dionicia Chambi

            López; Beatriz Paulina Paye Maita; Miriam Edith Mérida Uribe; Norma

            Orellana Jiménez; Banco Solidario S.A. y Banco SOL S.A., y María

            Natividad Vera.

Proceso: Nulidad de contratos y gravámenes y consiguiente cancelación de

              Registro en Derechos Reales; reivindicación y mejor derecho, acción

              negatoria, simulación de contratos, daños y perjuicios.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: Los recursos de casación en el fondo y en la forma de fs. 865 a 872 vta., y fs. 877 a 885; interpuestos por Ricardo Jaime Avilés Cárdenas en representación de Beatriz Paulina Paye Maita, y por Norma Orellana Jiménez; y el recurso de nulidad de fs. 888 a 892, interpuesto por Richard Miguel Torrico Escobar, defensor de oficio de Primitivo Moya Villan y otros, contra el Auto de Vista de 02 de junio de 2014, de fs. 852 a 859 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad de contratos y gravámenes y consiguiente cancelación de registro en derechos reales; reivindicación y mejor derecho, acción negatoria, simulación de contratos, daños y perjuicios seguido por Guido Anthony Terceros contra Primitivo Moya Villán y Dionicia Chambi López, Beatriz Paulina Paye Maita, Miriam Edith Mérida Uribe, Norma Orellana Jiménez, Banco Solidario S.A. y Banco SOL S.A., y María Natividad Vera; las respuestas de fs. 895 y fs. 898; la concesión a fs. 911; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Guido Anthony Terceros, por memoriales de fs. 21 a 29, 55 a 55 vta., y 69, adjunto literales de fs. 1 a 20, fs. 32 a 54 y fs. 58 a 68, interpone demanda señalando que mediante Testimonio Nº 4186 de Documento de Transferencia otorgado por DD.RR en 29 de junio de 1991, acreditan su derecho propietario sobre el lote de terreno Nº 20, Mnzno. Nº 418, de 241,40 m2 ubicado en el ex fundo Valle Hermoso, Cantón Itocta, Prov. Cercado de este Departamento, registrado en DD.RR con la matricula computarizada de 20 de junio de 2003. En el año 2003, siguió un proceso de nulidad de escritura de compra a Primitivo Moya Villán y Dionicia Chambi López, quienes le perturbaron de su posesión sobre la base de una escritura pública con reconocimiento de firmas fraguado demostrado dentro de otro proceso en el que la propietaria aparece vendiendo el mismo lote de terreno a dos personas, la primera venta a su persona, que es venta correcta, y la segunda venta falsificada, declarada legalmente nula y sin valor la Escritura Pública Nº 818/96 de 27 de diciembre de 1996, la reivindicación y desapoderamiento y otros que se han ejecutoriado. Tras seis años aparecieron, como consecuencia de la referida falsificación, dos registros del mismo inmueble con diferentes titulares en el asiento “O” sobre el dominio fraguado donde aparece Norma Orellana avanzando a los registros de su propiedad ya que Primitivo Moya Villán y Dionicia Lopez Chambi y en componenda con la primera propiciaron la falsificación de la escritura de venta para registrar inmediatamente gravámenes involucrando a otras personas, para finalmente los primeros prenombrados simulando un proceso ejecutivo se hacen ejecutar con la segunda, y en remate adjudicarle a Beatriz Paulina Paye Maita que funge de palo blanco, no obstante, dicho mandamiento fue dirigido a los presuntos deudores pero no para ejecutar el inmueble de su propiedad; demanda que la dirige en contra de: 1) Primitivo Moya Villán y Dionicia Chambi López, persiguiendo la nulidad de la escritura de compraventa Nº 1021 de 30 de diciembre de 2000, escritura que junto a su colusionista Norma Orellana Jiménez, falsificaron donde aparecen comprando de Zenón Berrios Ancari y proceden a registrar en DD.RR sobre otro Folio, Asiento Nº 1, sin respetar su derecho de data antigua registrado debidamente, y porque no pueden tener dos registros en DD.RR el mismo inmueble; 2) Beatriz Paulina Paye Maita, por actos simulados, de acuerdo al art. 544-II del Código Civil concordante con el 523 de la misma norma, sus efectos son nulos y no tiene efecto sino entre partes contratantes siendo que su inmueble no puede ser objeto de obligaciones, y porque su accionar se encuentra dentro de las causales de nulidad de venta judicial por efecto de un proceso ejecutivo celebrado sobre la base de un documento declarado judicialmente nulo y sin valor legal, por lo que pide la nulidad de la Escritura Pública Nº 348 de 13 de marzo de 2003, registrado sobre los registros de otra matrícula, y la cancelación de la escritura de dicha venta judicial registrado en DD.RR, en aplicación del art. 1540 un. 15 del Código Civil. Debido a que su inmueble, referido al preámbulo, cuyo registro data de 29 de junio de 1991, se ha registrado primero en DD.RR cual le confiere el mejor derecho propietario, en cambio, el de Beatriz Paulina Paye Maita recién se registró el 3 de marzo de 2003; 3) Miriam Edith Mérida Uribe, por encontrarse dentro de las causales de nulidad de venta judicial por efecto de un proceso ejecutivo por un documento declarado judicialmente nulo, pidiendo la nulidad de la Escritura Pública Nº 415 de 7 de junio de 2004; 4) Norma Orellana Jiménez quien ha otorgado préstamos sucesivos a Primitivo Moya Villán y Dionicia Chambi López, con la garantía del mismo inmueble, el inmueble del demandante, por lo que en virtud del art. 1558-3) del Código Civil, pide la cancelación de los gravámenes, hipotecas y anotación preventiva que recaen en los registros de su inmueble. 5) A Banco Solidario S.A. y Banco Sol S.A., en virtud a la disposición legal citada anteriormente, pide la cancelación de la anotación preventiva que recae en su inmueble, dentro del proceso ejecutivo seguido por dichas entidades por $us.3.354,67.- 6) María Natividad Vera, pidiendo la cancelación de la anotación preventiva que recae en una falsa y errónea matricula computarizada, Asiento Nº 3 de 20 de junio de 2003, dentro del proceso ejecutivo seguido por María Natividad Vera por $us.2000.-

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Primero en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de 19 de junio de 2009 cursante de fs. 668 a 672 vta., declaró probada en parte la demanda, y probada en parte la excepción de improcedencia en la demanda e Improbadas las demás excepciones de falsedad, ilegalidad, opuestas por la defensora de oficio, en consecuencia, se declara la nulidad de la venta judicial pronunciada por el Juez Sexto de Partido en lo Civil, a favor de Beatriz Paulina Paye Maita mediante Escritura Pública Nº 348 de 13 de marzo de 2003. La cancelación de hipotecas que recaen sobre el registro del inmueble que actualmente se encuentra registrado con la matricula computarizada Nº 3.01.1.01.003184 de 20 de junio de 2003, a solicitud de Norma Orellana Jiménez. Se dispone la reivindicación del inmueble objeto del litigio a favor del demandante por parte de Beatriz Paulina Paye Maita.

En apelación la referida Sentencia, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 15 de julio de 2013, de fs. 800-800 vta., anula obrados hasta que se notifique con la Sentencia a Miriam Edith Mérida Uribe, sea mediante edictos.

Mediante Auto Supremo 194/2014 de 29 de abril de 2014, de fs. 843 a 846 vta., anuló el Auto de Vista de 15 de julio de 2013, disponiendo dictar nueva resolución. 

El Auto de Vista de 2 de junio de 2014, de fs. 852 a 859 vta., confirmó totalmente la Sentencia apelada, anulando parcialmente el Auto de concesión de la apelación de 15 de enero de 2010, solo en la parte que concede las apelaciones de Guido Anthony Terceros contra la Sentencia y de Norma Orellana Jiménez contra los autos de 22 de noviembre de 2005 y 17 de noviembre de 2007, estos dos últimos se declaran ejecutoriados, resolución contra la cual los co-demandados recurren de casación en el fondo y la forma, así como de nulidad.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de Casación en el fondo y en la forma interpuesto por Beatriz Paulina Paye Maita representada por Ricardo Jaime Avilés Cárdenas:

  1. Inobservancia, violación y falta de interpretación de los alcances del art. 536 del Código de Procedimiento Civil.
  2. Violación e inobservancia de los alcances del art. 559 del Código Civil.
  3. Violación e inobservancia de los arts. 490 y 544 del Código Adjetivo Civil.
  4. Violación e inobservancia del art. 549 del Código Civil.
  5. Violación, errónea e indebida aplicación del art. 194 del Código de Procedimiento Civil, y del art. 547 del Código Civil.
  6. Error en la apreciación de la prueba que conlleva violación de los arts. 1286, 1287, 1296 y 1311 del Código Civil.
  7. Violación y errónea interpretación de los arts. 1465, 1470 y 1478 del Código Civil.
  8. Violación de los arts. 1, 3 y 14 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y arts. 24 y 26 del Decreto Reglamentario Nº 27957.

Pide la casación del auto de vista declarando improbada la demanda y probadas las excepciones opuestas.    

Recurso de Casación en el fondo y en la forma interpuesto por Norma Orellana Jiménez:

  1. Violación y errónea interpretación del art. 1538 del Código Civil.
  2. Violación y errónea interpretación de los arts. 1465, 1470 y 1478 del Código Civil.
  3. Violación de los arts. 1, 3 y 14 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y arts. 24 y 26 del Decreto Reglamentario Nº 27957.
  4. Violación e inobservancia de los alcances del art. 536 del Código de Procedimiento Civil.
  5. Violación e inobservancia de los alcances del art. 559 del Código Civil.
  6. Violación e inobservancia de los arts. 490 y 544 del Código Adjetivo Civil.
  7. Violación e inobservancia del art. 549 del Código Civil.
  8. Violación, errónea e indebida aplicación del art. 194 del Código de Procedimiento Civil, y del art. 547 del Código Civil.
  9. Error en la apreciación de la prueba que conlleva violación de los arts. 1286, 1287, 1296 y 1311 del Código Civil.
  10. Violación e incorrecta interpretación del art. 1360 del Código Civil.

Pide casar el Auto de Vista declarando improbada la demanda y probadas las excepciones opuestas por el defensor de oficio.

Recurso de Nulidad planteado por Richard Miguel Torrico Escobar, abogado defensor de oficio de Primitivo Moya Villán, Dionicia Chambi López y otros:

  1. Violación e inobservancia del art. 121 del Código de Procedimiento Civil.
  2. Violación e inobservancia del art. 17-I de la Ley del Órgano Judicial.
  3. Violación e inobservancia de los arts. 90 y 252 del Código de Procedimiento Civil.
  4. Violación del art. 247 de la Ley del Órgano Judicial.

Pide anular obrados hasta el vicio más antiguo disponiendo se practique la notificación con la Sentencia.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Recurso de Nulidad del defensor de oficio de Primitivo Moya Villán, Dionicia Chambi López y otros:

Del recurso de nulidad planteado por el defensor de oficio puede advertirse que los supuestos agravios apuntan a cuestionar la notificación cedularia con la Sentencia de fs. 700 vta., porque carece de la actuación de testigo, y que por tanto, dicha diligencia no habría cumplido con su finalidad de hacer conocer a sus defendidos la existencia de la Sentencia, provocándoles indefensión, acusando al Tribunal de Alzada de violación e inobservancia del art. 17-I de la Ley del Órgano Judicial por no cumplir con su labor de fiscalización ya que de haberlo hecho, habría advertido que la notificación con la Sentencia de fs. 700 vta., no cumple con los requisitos del art. 121 del Adjetivo Civil de la materia, arguyendo además la violación de los arts. 90 y 252 de la citada norma, y 247 de la Ley de Organización Judicial, situación que tampoco habría sido advertida por este Tribunal Supremo de Justicia a tiempo de dictar el Auto Supremo.

No obstante los datos que menciona el defensor de oficio en su recurso, la Sentencia dictada dentro del proceso el 19 de junio de 2009, cursa a fs. 668 a 672 vta., y a fs. 700 vta., cursa la constancia de notificación mediante cédula a la que alude el defensor de Primitivo Moya Villan y otros, practicado el 28 de septiembre de 2009, en el domicilio señalado al efecto, diligencia de la cual efectivamente se observa la falta de constancia del testigo de actuación. No cabe duda de que esta inobservancia es una falta procesal a lo que ordena el parágrafo II del art. 121 del procedimiento civil, de la necesidad de intervención de testigo en la notificación por cédula. En el caso de autos, se ha previsto la defensa de aquellos que no comparecieron al proceso a través del defensor de oficio, sin embargo, de la revisión de obrados no se advierte que este reclamo hubiera sido promovido en su oportunidad, pues, ocurrido el hecho le correspondía al defensor activar reclamo de tal omisión, ya que precisamente ha sido designado para precautelar el derecho de defensa de sus “defendidos” estando entre sus deberes cumplir con la carga procesal dispuesta en el art. 133 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el art. 14 de la Ley Nº 1760, acudiendo oportunamente a Secretaría del Juzgado, entre otros para garantizar esa defensa. No habiendo hecho notar esta omisión oportunamente la cual se afianzó en su propia desidia y negligencia, no puede ahora pedir que este Tribunal de Casación proceda a anular obrados siendo impertinente y extemporánea habida cuenta que a tiempo de decidir sobre una nulidad se debe tener presente principios como los de especificidad, trascendencia y convalidación, que orienta que no hay nulidad sin previsión legal que la autorice, que no hay nulidad si la infracción acusada no lesionó el derecho a la defensa de las partes y la igualdad de ellas en el proceso y, finalmente que tampoco habrá nulidad si el acto irregular no fue denunciado oportunamente por la parte que se consideraba agraviada por él.

Recurso en el fondo de Beatriz Paulina Paye Mayta:

En el primer reclamo se acusa de: inobservancia, violación y falta de interpretación de los alcances del art. 536 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el Juez Sexto de Partido en lo Civil, que conoció el proceso de ejecución seguido por Norma Orellana contra Primitivo Moya, recogió la información y certificaciones que exige la norma estableciéndose a través de ellas, antes de procederse a la venta judicial, la titularidad del predio que corresponde a Primitivo Moya, la existencia de hipotecas a favor de Norma Orellana y la ausencia de titularidad del demandante, ya que en la matricula computarizada 3.01.1.01.0003184 no aparece como titular sobre el dominio el nombre del demandante, sino sucesivamente se registra a Fortunata Chileno, Primitivo Moya y a Beatriz Paulina Paye, lo que significa que el Juez advertido del cumplimiento de dichos requisitos, procedió a la venta judicial del predio que a tiempo de ejecutarse la misma se registraba como titular a Primitivo Moya Villan, que de advertir esto por el Tribunal de Alzada hubiera concluido de que el Juez Sexto de Partido se encontraba legitimado para proceder a la venta judicial del bien inmueble. En el testimonio Nº 348/2003 de 31 de marzo de 2003, de fs. 43 a 53, de la escritura pública de venta judicial de un bien inmueble ubicado en la zona del ex fundo de Valle Hermoso, consta la transcripción de la minuta de adjudicación o venta judicial de bien inmueble, por la cual el Juez Sexto de Partido en lo Civil, transfirió vía adjudicación o venta judicial el mencionado inmueble en favor de Beatriz Paulina Paye Mayta. Asimismo, se transcribe la Sentencia de 27 de marzo de 2002, dictada dentro del proceso ejecutivo por cobro de dólares americanos seguido por Norma Orellana Jiménez contra Primitivo Moya Villan y Dionicia Chambi López, declarándose probada la demanda ejecutiva disponiendo la continuación del trámite hasta la subasta de los bienes embargados o por embargarse. Igualmente, se transcribe el acta de remate de 20 de enero de 2003, y el auto de 30 de enero de 2003, de aprobación de remate del inmueble de propiedad de Primitivo Moya Villan ubicado en el ex fundo Valle Hermoso, Lote Nº 20, distrito 20, Manzana 3 de 232 m2, adjudicado a Beatriz Paulina Paye Mayta, ordenándose al ejecutado extender la minuta traslativa de dominio.

De conformidad al art. 544 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el art. 44 de la Ley Nº 1760, la nulidad de un remate judicial efectuado dentro de un proceso ejecutivo o en ejecución de sentencia dictada en proceso ordinario, procede por las causales taxativas señaladas en la precitada disposición atribuidas a la falta de publicaciones referidas en los arts. 526 y 539 de la referida norma, debiendo interponerse esta nulidad dentro de tercero día de realizada la subasta en la vía incidental. Indudablemente, la venta judicial es un acto jurídico procesal legítimo que emana de la jurisdicción que ejerce el juez en el caso sometido a su conocimiento en el que ha dispuesto en Sentencia firme la enajenación pública de un bien mediante la subasta que sirvió para garantizar (mediante hipoteca) el cumplimiento de una obligación (embargo y remate del bien), sin embargo, es posible que ese acto se haya efectuado sobre la base de un derecho propietario inexistente debido a que el título que contiene el derecho, celebrado contractualmente, no ha cumplido con los requisitos esenciales de formación exigidos por ley simulando una realidad jurídica aparente que no ha nacido a la vida contractual, caso en el cual la ley prevé la sanción de nulidad del acto que ocasiona la invalidez absoluta del mismo.

En el caso de autos, a través de la Sentencia de 13 de julio de 2000, saliente de fs. 1 a 4 vta., pronunciada por el Juez Quinto de Partido en lo Civil, ejecutoriada por auto de 9 de mayo de 2003, de fs. 7 vta., declaró probada la demanda a instancia de Guido Anthony Terceros contra Primitivo Moya Villan, resolviendo el mejor derecho de propiedad del accionante sobre el lote Nº 20, de 241,40 m2 ubicado en el ex fundo Valle Hermoso que le pertenece por compra a Fortunata Chileno Vda. de Hinojosa mediante documento privado reconocido de 18 de mayo de 1988, registrado el 29 de junio de 1991, declarando nula y sin valor legal la escritura pública Nº 819 de 27 de diciembre de 1996, de compra de Primitivo Moya Villan del lote de terreno Nº 20 de 232 m2 ubicado en el fundo valle Hermoso, adquirido de Fortunata Chileno Vda. de Hinojosa y registrado el 5 de febrero de 1997, ordenando la anulación de la partida de inscripción, viable la reivindicación del inmueble en manos del poseedor Primitivo Moya Villan en favor del demandante, con el argumento de que si en la indicada escritura pública 819/96 se hace constar que Primitivo Moya Villan solicitó la protocolización con orden judicial de la minuta de venta de 8 de noviembre de 1990, acompañando una orden judicial de protocolización, se presume que la minuta posee el respectivo reconocimiento de firmas y rúbricas para hacer posible tanto la orden judicial como la protocolización misma, pero si se observa la legalidad de esa protocolización arguyendo que el reconocimiento de firmas es fraguado, es lógico razonar que la escritura, resultante de la protocolización, es nula de pleno derecho, es decir, si se prueba que la protocolización no responde a los requisitos de legalidad y licitud, la misma ingresa dentro de las previsiones de las nulidades virtuales. En el caso presente, se observa que la escritura 819/96 es nula de pleno derecho debido a que se ha fraguado el reconocimiento de firmas, tal cual certifica el Juez de Mínima Cuantía que actuó.

Bajo ese antecedente, cabe señalar que a través de la declaración de nulidad, el órgano jurisdiccional no hace más que reconocer que el contrato no ha nacido a la vida del derecho porque no se han cumplido los requisitos esenciales para su formación. En el caso de litis, como se ha señalado precedentemente, a través de la Sentencia de 13 de julio de 2000, el Juez ha declarado la nulidad de la escritura pública Nº 819 de 27 de diciembre de 1996, relativa a la supuesta venta efectuada por Fortunata Chileno Vda. de Hinojosa en favor de Primitivo Moya Villan del lote de terreno Nº 20, teniendo en cuenta que la declaración de nulidad de dicha escritura pública es de pleno derecho (imprescriptible, insubsanable y de orden público), en ese sentido, al no haber adquirido el comprador Primitivo Moya Villan, la propiedad, luego no podía ofrecer esa propiedad en garantía hipotecaria, debido a ello, la constitución de esa hipoteca ha sido ineficaz, es decir, al declararse la nulidad de la escritura pública Nº 819, se ocasiona su invalidez y en consecuencia sus efectos son ineficaces, y con ese comprendido, la venta judicial suscrita como consecuencia del embargo y subasta del inmueble que se otorgó en garantía del préstamo del dinero concedido por Norma Orellana Jiménez en favor de Primitivo Moya Villan, no surte ninguna eficacia. Al respecto, el Tribunal Ad quem ha razonado señalando que habiéndose declarado nulo el título que constituía el derecho propietario del garante hipotecario, mal podrían ser exigibles y válidas las hipotecas constituidas sobre ese derecho propietario declarado nulo. Las obligaciones de Primitivo Moya Villan persisten, pero la garantía hipotecaria, al versar sobre un inmueble que se ha demostrado que no es de su propiedad, no puede subsistir y menos generar efecto jurídico alguno.

Por lo mencionado, se concluye que no es cierta la acusación de inobservancia, violación y falta de interpretación del art. 536 del Código de Procedimiento Civil.

En el segundo agravio se acusa de violación e inobservancia de los alcances del art. 559 del Código Civil, ya que la venta judicial es inimpugnable porque se ha efectuado en cumplimiento de normas procedimentales, su mandante ha acudido a la misma de buena fe atendiendo la invitación cursada por autoridad jurisdiccional, habiendo cancelado el valor de la cosa vendida en subasta, la resolución recurrida al confirmar la Sentencia viola e interpreta incorrectamente dicha norma. La citada disposición legal se refiere a la anulabilidad respecto a terceros de buena fe, no obstante, en el primer punto se ha establecido que se trata de una declaración judicial de nulidad de pleno derecho de la escritura pública Nº 819 de 27 de diciembre de 1996, efectuada por el Juez Quinto de Partido en lo Civil de Cochabamba (fs. 1 a 7 vta.), que ha producido efectos de ineficacia respecto de la venta judicial del inmueble cuya minuta de adjudicación o venta judicial consta en el testimonio Nº 348/2003 de 31 de marzo de 2003, de fs. 43 a 53.  

En el tercer agravio, alega violación e inobservancia de los arts. 490 y 544 del Código Adjetivo Civil, señalando que los Vocales no tomaron en cuenta que el presente proceso fue interpuesto después de más de tres años de haberse perfeccionado la venta judicial y causado ejecutoria el Auto de adjudicación judicial, y que no median las causas específicas de nulidad de remate previstas por el art. 544 precitado, y tomaron como base causas de nulidad ajenas a esta clase de ventas como las previstas en el art. 549 del Código Civil, mismas que no concurren en el caso presente. Los Tribunales de instancia a tiempo de declarar la nulidad de la venta judicial se sustentaron en causas ordinarias de nulidad y anulabilidad afectando y revisando oficiosamente resoluciones con sello de cosa juzgada violando las señaladas disposiciones que establecen el plazo para impugnar resoluciones dictadas en proceso de ejecución (art. 490), y causas de nulidad de venta judicial (art. 544) debiendo aplicarse estos elementos para resolver la litis, no siendo aplicable al caso las causas de nulidad alegadas por el actor y las que constituyen base de las ilegales resoluciones.

El Ad quem en cuanto al art. 490 precitado, ha dicho que el plazo de interposición del proceso de conocimiento para la revisión de lo determinado en proceso ejecutivo no corre para el ahora actor quien no fue parte en aquel juicio, menos puede supeditarse cualquier acción de nulidad a ese plazo procesal toda vez que la acción de nulidad, por disposición del art. 552 del Código Civil, es imprescriptible lo cual hace inviable oponer a ella término de caducidad alguno. Respecto al art. 544 del procedimiento civil, en relación al art. 44 de la Ley Nº 1760, en el primer punto de análisis habíamos señalado que la nulidad de la subasta tiene causales específicas de procedencia que están señaladas en la misma disposición, sin embargo, en el caso de autos, el verdadero y propio efecto que ha provocado la nulidad declarada judicialmente de la mencionada escritura publica es que no se ha formado el contrato volviendo en consecuencia las cosas al estado que tenían al celebrarse el contrato, es decir, la constitución de hipoteca a la que reató el inmueble Primitivo Moya Villan, y consiguiente remate y subasta se retrotraen al estado en que se encontrarían si el contrato no hubiera sido celebrado, de donde resulta que tampoco es cierta su acusación.

El cuarto reclamo hace referencia a la violación e inobservancia del art. 549 del Código Civil, ya que el Tribunal de Apelación admite tácitamente las causas de nulidad previstas en la citada disposición para declarar la nulidad de la venta judicial sin considerar que a la nulidad de venta judicial no son aplicables las causas ordinarias de nulidad previstas por la precitada disposición ya que la escritura pública de venta judicial Nº 348/2003 de 13 de marzo no es un contrato común de venta y que la misma tiene sus propias peculiaridades y causas de nulidad, venta judicial que se considera una venta perfecta fuera de los alcances de las causas de nulidad previstas por el art. 549 indicado. La Sentencia de 13 de julio de 2000, pronunciada por el Juez Quinto de Partido en lo Civil, declaró nula y sin valor legal la escritura pública Nº 819 de 27 de diciembre de 1996, de compra con el argumento de que el reconocimiento de firmas ha sido fraguado señalando que la protocolización no responde a los requisitos de legalidad y licitud y que ingresa dentro de las previsiones de las nulidades virtuales. Entonces, al no ser Primitivo Moya Villan titular de derecho propietario alguno sobre el lote de terreno en cuestión, el cual sin embargo lo otorgó en hipoteca, este acto de disposición no es válido de ninguna forma y no produce eficacia alguna.  

En el quinto agravio se acusa violación, errónea e indebida aplicación del art. 194 del Código de Procedimiento Civil, y del art. 547 del Código Civil, que el Auto de Vista refiere que la Sentencia de nulidad de la escritura pública de propiedad de Primitivo Moya pronunciada por el Juez Quinto de Partido en lo Civil, es extensible a la venta judicial realizada a favor de su mandante, pero no es así: a) La Sentencia del Juez Quinto de Partido en lo Civil, solo tiene efectos contra quienes intervinieron en dicho proceso y no puede afectar a los actos procesales realizados en el proceso ejecutivo seguido por Norma Orellana contra Primitivo Moya menos a la venta judicial realizada a favor de su mandante quien concurrió de buena fe a la subasta y se adjudicó el bien a título oneroso; b) Según el art. 547 señalado, la nulidad tiene efectos retroactivos pero esos efectos son aplicables a las partes integrantes de la relación jurídica sustancial declarada nula, efectos que no pueden hacerse extensibles a actos jurídicos emergentes de un proceso judicial como el de la venta judicial que solo puede ser afectada como emergencia de la nulidad que pueda declararse al interior del proceso o etapa de ejecución del cual proviene esa venta. Efectivamente, los efectos de la Sentencia alcanzan a las partes y a aquellos cuyos derechos derivan de esas partes, empero, la garantía otorgada por Primitivo Moya Villan sobre el bien inmueble cuya titularidad de propiedad fue declarada nula de pleno derecho, al no tener base en un derecho propietario no surte ninguna eficacia respecto al remate y subasta y consiguiente adjudicación judicial a favor de la recurrente, ni respecto al derecho de preferencia y persecución a favor de la acreedora. De otro lado, el art. 547 del Código Civil, dispone la retroactividad de la nulidad y la anulabilidad que debe entenderse que los efectos de éstas se retrotraen al nacimiento del contrato y lo hacen desaparecer, en el caso de autos, la nulidad declarada por el Juez Quinto de Partido en lo Civil, cuyos efectos se retrotraen a la escritura pública Nº 819 de 27 de diciembre de 1996, de compra de Primitivo Moya Villan del lote de terreno adquirido de Fortunata Chileno Vda. de Hinojosa, haciendo de aquélla un contrato inexistente, por tanto, inválidos e ineficaces los demás actos celebrados, motivo por el que la Sentencia apelada no ha hecho más que declarar la nulidad de la venta judicial inserta en el testimonio Nº 348/2003.

En el sexto agravio denuncia error en la apreciación de la prueba que conlleva violación de los arts. 1286, 1287, 1296 y 1311 del Código Civil, señalando que: a) La escritura pública de venta judicial no fue valorado en cuanto a su eficacia probatoria respecto a la existencia de un acto de buena fe a título oneroso de su mandante. b) Folios reales correspondientes a la matrícula 3184 en cuya casilla de titularidad del predio no aparece el nombre de Guido Anthony Terceros, este documento tiene la eficacia del art. 1296 del Código Civil, en cuanto a la inexistencia del derecho de propiedad. c) La certificación de fs. 286 no fue valorada ya que no existe antecedentes del supuesto derecho propietario de Guido Anthony Terceros, menos datos que denoten la existencia del proceso ordinario intentado por el prenombrado contra Primitivo Moya que puedan advertir a los posibles adjudicatarios en venta judicial que el bien no era de Primitivo Moya. d) El error en la apreciación de la prueba consistente en la escritura pública de venta judicial Nº 348/2003 de 13 de marzo, cursante de fs. 43-53, inscripción catastral, formularios de pago de impuestos y plano aprobado de fs. 290 a 295, certificación de derechos reales que cursa a fs. 286 y las fotocopias del proceso ejecutivo que motivó la venta judicial, demuestra que: 1) Beatriz Paulina Paye Maita ha concurrido al acto de remate de buena fe; 2) Con carácter previo al remate, el Juez de la causa exigió certificaciones que acreditan derecho propietario de Primitivo Moya y del estado hipotecario del inmueble, fueron acreditados; 3) En la certificación del estado hipotecario y matrícula computarizada 3184 cursa el nombre de Primitivo Moya como propietario aspecto que legitimaba al juzgador para proceder a la venta judicial. 4) A momento de la venta judicial el inmueble se encontraba registrado a nombre de Primitivo Moya Villan lo que facultó al Juez la subasta pública del inmueble. 5) La venta judicial se realizó a título oneroso habiendo cancelado el valor obtenido en la subasta. 6) Su mandante ha concurrido de buena fe al acto de subasta en la creencia de que los actos realizados por la autoridad jurisdiccional estaban revestidos de legalidad. 7) Que esos actos eran inimpugnables que garantizaban la legalidad de la venta y la seguridad jurídica a favor de su mandante. En el análisis efectuado en el primer punto de agravios ya fueron considerados  los puntos que aquí se reclaman al cual debemos remitimos, no sin antes reiterar lo expresado por el Ad quem que el registro de los actos jurídicos en las oficinas de Derechos Reales generan actos jurídicos haciéndoles oponibles a terceros, sin embargo, su inscripción no otorga validez a los actos nulos o anulables según el art. 1544 del Código Civil, por tanto, un acto jurídico nulo no puede generar efecto jurídico alguno, aun teniendo inscripción registral. 

El séptimo agravio refiere la violación y errónea interpretación de los arts. 1465, 1470 y 1478 del Código Civil, porque dentro del proceso ejecutivo se procedió a la venta judicial del inmueble que fuera de propiedad de Primitivo Moya, es decir, que la venta judicial se origina en el incumplimiento de las escrituras públicas de préstamo Nos. 765/99 y 136/98 de 3 de agosto y 13 de febrero, respectivamente, suscritas con Norma Orellana Jiménez en el proceso de ejecución tramitado en el Juzgado Sexto de Partido en lo Civil, ordenado en ejecución de sentencia la venta judicial del inmueble de Primitivo Moya Villan cuyo derecho propietario se acreditó con las certificaciones indicadas. Conforme a la prueba acompañada se acreditó la existencia de una obligación, la constitución de hipoteca y el cumplimiento de las formalidades procesales exigidas por ley, que denotan la legalidad de la venta judicial, que al haberse desconocido la subasta y remate ordenado por el juez previa verificación de titularidad del bien. El reclamo que se hace presente ya fue abordado en los puntos 1º y 3º del análisis, a cuyos fundamentos nos sujetamos.

Por último, acusa la violación de los arts. 1, 3 y 14 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y arts. 24 y 26 del Decreto Reglamentario Nº 27957: *Por la prueba se ha demostrado la titularidad del bien inmueble de Primitivo Moya sobre cuya base el Juez Sexto de Partido en lo Civil, se encontraba legitimado para transferir el bien inmueble, situación que no fue considerada por el Tribunal de segunda instancia. La Sentencia en el proceso de nulidad de documentos (Juzgado Quinto de Partido), al no estar dotada de publicidad no surte efectos contra su mandante que no fue demandada en ese proceso, en tal mérito, hacer extensivo los efectos de la sentencia del Juez Quinto de Partido a la venta judicial y declarar la nulidad de la escritura pública Nº 348 de 13 de marzo de 2003, está vulnerando y desconociendo los alcances del art. 1 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales porque no es admisible que los Vocales hubieren dado validez a una sentencia cuando ésta no goza de publicidad. *La venta judicial fue inscrita en Derechos Reales cumpliendo los requisitos previstos por el art. 3 de la Ley de Derechos Reales que en ese momento estaba registrado a nombre de Primitivo Moya de lo cual tenían conocimiento el Juez y su mandante, inscripción que no hubiera sido posible si Guido Terceros hubiera estado figurando en los registros públicos, además, la misma fue inscrita adquiriendo publicidad, y en esa instancia no se observó la venta judicial porque en la escritura pública Nº 348 sobre la transferencia judicial se refiere al titular registral como es Primitivo Moya. *Pero también se violaron los arts. 24 y 26 del Decreto Supremo Nº 27957 en cuanto al tracto sucesivo para la inscripción de un derecho ya que las sucesivas transferencias de un predio deben estar encadenadas unas con otras sin que pueda procederse al registro de ningún documento si en los registros públicos no aparece como titular la persona que está transmitiendo el derecho, en el caso presente, a tiempo de procederse a la venta judicial e inscribirla se encontraba registrado a nombre de Primitivo Moya y no así de Guido Terceros.

Sobre la falta de publicidad de la Sentencia en el proceso de nulidad de documentos, se debe señalar que de acuerdo al art. 1538 del Código Civil, la inscripción de los actos jurídicos hace oponibles a terceras personas, si bien la Sentencia que ha declarado la nulidad de la aludida escritura pública no fue registrada, ello no justifica que un acto jurídico declarado nulo pueda generar posteriormente el efecto jurídico que pretende la recurrente, pues la nulidad es inconfirmable, es decir, no puede subsanarse por defectos ni por ello puede convalidarse el negocio jurídico. Con relación al tracto sucesivo, éste supone que las inscripción se efectúa dentro de una secuencia o concatenación entre adquisiciones y transmisiones sin que haya ruptura de continuidad, situación que ocurriría si se mantendría el registro de Primitivo Moya Villan cuando su derecho propietario ha sido anulado, por ello, el efecto de la nulidad también se retrotrae a este punto tornándolo ineficaz dicho registro.  En el auto definitivo de fs. 12 a 16, el Juez Sexto de Partido en lo Civil, señaló que hasta la fecha de inscripción del derecho propietario de Beatriz Paulina Paye Maita, no aparece como propietario del inmueble rematado Guido Anthony Terceros sino en forma posterior acreditando testimonio del proceso ordinario de nulidad de documento en contra de Primitivo Moya Villan, en los folios reales extendidos el 14 de febrero de 2005, en el asiento Nº 0 aparece como propietaria  Hinojosa Chileno Fortunata Vda. de, y en el asiento 1 Primitivo Moya Villan con fecha de inscripción de 5 de febrero de 1997 bajo la partida y fs. 473, y en esta foja recién aparece una anterior partida Nº 1362 correspondiente a Guido Anthony Terceros por compra efectuada a Fortunata Chileno Vda. de Hinojosa, partida y fs. que no apareció en los otros folios reales recabados para el cumplimiento de las medidas previas al remate.

Recurso en el fondo de Norma Orellana Jiménez:

En el primer agravio acusa la violación y errónea interpretación del art. 1538 del Código Civil, señalando que se dispuso la cancelación de las hipotecas cursantes en los asientos B-1, B-2, B-3 y B-4 de la matricula computarizada 03184, pero las escrituras públicas de préstamo suscritas con Primitivo Moya Villan fueron debidamente inscritas y registradas y que a tiempo de constituir los gravámenes el titular registral era Primitivo Moya V. De acuerdo al art. 1544 del Código Civil, la inscripción no otorga validez a los contratos nulos o anulables, en consecuencia, el deudor de la recurrente Primitivo Moya Villan mal podía dar en hipoteca un inmueble sobre el cual no contaba con título de propiedad y si bien la hipoteca fue inscrita pero no se efectuó en un acto legítimo que surta la eficacia requerida que era la de garantizar el cumplimiento de la obligación.

Los agravios 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º fueron objeto de reclamo por parte de Beatriz Paulina Paye Maita, con similares argumentos, el análisis y fundamentación que se efectuó de aquéllos sirve para absolver los agravios aquí expuestos.

En el último agravio acusa la violación e incorrecta interpretación del art. 1360 del Código Civil, porque las hipotecas a su favor fueron registradas e inscritas debidamente, apareciendo como titular registral del bien inmueble Primitivo Moya Villan, la prueba de fs. 238-239 acredita la existencia de hipotecas voluntarias constituidas en escritura pública por el titular registral no apareciendo Guido Terceros como supuesto propietario. Si bien la hipoteca constituida otorga al acreedor hipotecario el derecho de preferencia y persecución a fin de embargar la cosa así como tiene la prioridad en el pago frente a otros acreedores, pero como señalamos a lo largo del presente análisis, el deudor de la recurrente mal pudo constituir hipoteca sobre un bien inmueble del cual no era propietario al declararse nulo el título que constituía ese derecho propietario, debido a ello, carecen de eficacia las hipotecas constituidas sobre el mencionado inmueble. 

Por los motivos precedentemente expuestos, al no comprobarse violación, inobservancia o errónea interpretación de los arts. 547, 549, 559, 1286, 1287, 1296, 1311, 1360, 1465, 1470, 1478 y 1538 del Código Civil; arts. 194, 490, 536 y 544 del Código de Procedimiento Civil; y arts. 1, 3 y 14 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, y arts. 24 y 26 del Decreto Reglamentario Nº 27957, corresponde a este Tribunal de Casación emitir resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO tanto los recursos de nulidad interpuesto por Richard Miguel Torrico Escobar, defensor de oficio de Primitivo Moya Villan y otros; y los de casación en el fondo interpuestos por Ricardo Jaime Avilés Cárdenas en representación de Beatriz Paulina Paye Maita, y por Norma Orellana Jiménez, contra el Auto de Vista de 02 de junio de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario seguido por Guido Anthony Terceros contra Primitivo Moya Villán y Dionicia Chambi López, Beatriz Paulina Paye Maita, Miriam Edith Mérida Uribe, Norma Orellana Jiménez, Banco Solidario S.A. y Banco SOL S.A., y María Natividad Vera. Con costas con exclusión del memorial de respuesta al recurso de nulidad del defensor de oficio.

Se regula el honorario profesional en Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo