TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L 


Auto Supremo: 1171/2015

Sucre: 21 de Diciembre 2015

Expediente: LP-41-15-S

Partes: Irma Ralde Vda de Montaño y Otros. c/ Willma Rosario Urquizo Blasquez y

            Otra. 

Proceso: Nulidad de Filiación y Declaratoria de Herederos

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Irma Ralde Vda. de Montaño por sí y en representación de Irma Fabiola, Luis Ernesto, Sara Vanesa y Diego Rodrigo Montaño cursante de fs. 558 a 569 contra el Auto de Vista N° 315, de 20 de septiembre de 2014, de fs. 548 a 550 y vta., emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Nulidad de Filiación y Declaratoria de Herederos interpuesto por Irma Ralde Vda de Montaño e Irma Fabiola, Luis Ernesto, Sara Vanesa y Diego Rodrigo Montaño contra Willma Rosario Urquizo Blasquez y Otra., respuesta de fs. 573 y vta., concesión de fs. 609, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, el Juez Sexto de Partido de Familia de la Capital La Paz, mediante Sentencia Nº 080, de 02 de marzo de 2012, cursante en fs. 443 a 447, declaró IMPROBADA la demanda de fs.  48 52, interpuesta por Irma Ralde Vda. de Montaño, Irma Fabiola, Luis Ernesto, Sara Vanesa y Diego Rodrigo Montaño Ralde, con costas. Asimismo, en aplicación del art. 382 parágrafo III del C.P.C., declaro IMPROBADA la objeción de fs. 417, con los recaudos de ley.


Deducida la apelación por los demandantes y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista N° Vista N° 315/2014 confirmo la Sentencia Nº 80, de fecha 2 de marzo de 2012 e improcedentes los recursos de apelación de fs. 305 contra el proveído de fs. 283 y la apelación de fs. 367 contra el proveído de fs. 336 de conformidad al art. 226 del C.P.C.

 

Ante la determinación adoptada por el Ad quem, los demandantes interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme consta de fs. 558 a 569, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la Forma.-


Acusa violación del art. 236 del C.P.C., ya que el Auto de Vista recurrido no se habría pronunciado sobre la apelación respecto de los errores in procesdendo  que habrían sido debidamente fundamentados en los folios 455 s 462 del recurso, limitándose a resolver el fondo, pues no se habrían pronunciado sobre su demanda de nulidad de declaratoria de heredera que habría obtenido ilegalmente Willma Rosario Urquizo Blasquez, omisión que conllevaría ha la nulidad del fallo de segunda instancia, pues el Ad quem no se habría pronunciado sobre los puntos a), b), c) y d) del recurso de apelación.


Que se habría lesionado el art. 190 del C.P.C., ya que no existiría congruencia entre la parte considerativa y la parte resolutiva de la Sentencia y que según el Ad quem no habrían probado su demanda de los folios 48 a 52, puesto que tal como refiere en el segundo considerando  del folio 444 reverso de la Sentencia  en forma irregular establecerían  como probados los 11 numerales de los hechos fijados a probar según el Auto  de fs. 81-82; también habría establecido  que en la inscripción de la Partida de nacimiento de la menor CVMU, existiría algunas irregularidades, omitiendo lo fundamental de que cuando dicha inscripción se efectuó en la ciudad de Potosí su causante Ernesto Luis Montaño el 13 de agosto de 2002 ya estaba muerto, sin embargo en la parte resolutiva e habría declarado improbada  la demanda que fue confirmada por el Auto de Vista recurrido lo que sería una contrariedad y contradicción.


Que en el inc. 4) del art. 373 del C.F., dispone que el Juez de Partido de Familia tiene facultad de intervenir en otros actos y procedimientos que les correspondan, entendiendo uno de esos actos, precisamente a la competencia que le otorgaría el art. 380 segunda parte del C.F., para resolver cuestiones civiles de nulidad de las declaratorias de herederas  y al no aplicar este precepto y aplicar mal el 373-4) del C.F., haría nulo el fallo; y el Auto de Vista dictado por un Juez o Tribunal de instancia no puede considerarse vinculante ya que jamás podría estar encima de una ley.


Que si bien el Juez tiene la facultad de producir prueba de oficio que considere necesaria y pertinente de acuerdo al art. 378 del C.P.C., esta facultad debe estar enmarcada  dentro la relación procesal de los hechos demandados y argüidos por las partes, más de ninguna manera significaría poder introducir hechos nuevos.


En el Fondo.-


Acusa violación, interpretación errática y aplicación indebida que consistiría en que el Ad quem habría incurrido en falsedad al sostener que no habrían probado su demanda, cuando habría omitido revisar  la argumentación a la que llego el Juez A quo en el segundo considerando de la Sentencia, hechos que habrían sido debidamente probado por la abundante prueba documental y testimonial, pese al error de hecho que se habría cometido al no valorar la confesión provocada no absuelta y la inspección judicial al registro Civil, que establecerían que la filiación de la menor  Camile Vanessa no se habría efectuado de acuerdo a los art. 32, 34, 35, 40 de la ley del Registro Civil, pues en dicha partida no existiría la firma de ninguno de los padres y menos la orden judicial respectiva sino solo la firma del oficial de registro Civil, ahí radicaría la ilicitud y fraudulencia de la inscripción.


Que la presunción de filiación que regula el art. 65 de la C.P.E., vigente no sería aplicable al caso puesto que el conflicto trataría de la falsa filiación que se habría efectuado el 13 de agosto de 2002 cuando no había ni idea de la reforma de la constitución, y por el principio de irretroactividad de la Ley, previsto en el art. 123 de la C.P.E., la ley solo se aplica para lo venidero por o que constituiría un acto de fuerza arbitraria por lo que a título del interés superior del niño se pretenda validar una ilícita filiación de la niña.


Que la facultad de producir prueba de oficio seria propia del Juez y no una respuesta a una petición de parte como constaría en el memorial de fs. 282, es decir la prueba pericial de ADN habría sido demandada, prueba que además resultaría impertinente ya que dicha prueba serviría para establecer el parentesco biológico con quien se indicaría progenitor, en la especie no se trataría de acción legal de establecer la filiación ni de desconocimiento, sino la acción seria clara la anulación de la forma ilegal  en que la niña apareció como hija de su causante.


Que conforme al art. 179 del C.F., la niña no gozaría de la presunción de haber sido concebida dentro del matrimonio anulado porque este se habría celebrado el 30 de marzo de 2002 y la menor habría nacido el 5 de junio, a los dos meses y 5 días de haberse celebrado el matrimonio lo que corroboraría la forma ilegal en que se consiguió la filiación.


Que toda vez que se habría establecido que la filiación hecha a favor de la menor  sería ilegal y fraudulenta, ipso facto, tampoco habría podido ser instituida heredera de Ernesto Luis Montaño puesto que este no la habría reconocido expresa ni tácitamente, por lo que las declaratorias de herederas de las demandadas habrían sido obtenidas en base a causa ilícita, vulnerando el art. 489 del C.C., cayendo en nulidad absoluta.


Que el Auto de relación procesal de fs. 81-82 no habría fijado como punto de hecho a probar, el determinar el vínculo consanguíneo entre la menor y el supuesto padre Ernesto Luis Montaño, por lo que la producción de la prueba pericial de ADN resulto impertinente, lesionando el art. 353 del C.P.C., puesto que se habría alterado la relación procesal inmodificable que habría quedado consolidado con el Auto de calificación del proceso.


Finalmente, solicita que Tribunal Supremo de Justicia si no anula el Auto de Vista recurrido, alternativamente case en la forma impetrada.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión del recurso de casación, es preciso señalar que el mismo resulta repetitivo en la exposición de sus reclamos, sin embargo dichos reclamos se centran en acusar los siguientes puntos tanto en la forma como en el fondo, por lo que es necesario realizar las siguientes consideraciones:

En la Forma.-

El recurrente acusa violación del art. 236 del C.P.C., ya que el Auto de Vista recurrido no se habría pronunciado sobre los puntos a), b), c) y d) del recurso de apelación, tampoco se habrían pronunciado sobre su demanda de nulidad de declaratoria de heredera; al respecto se debe señalar que de la revisión del recurso de apelación y los puntos sobre los que no se habría pronunciado el Tribunal Ad quem en contrastación con el del Auto de Vista recurrido, se tiene que los recurrentes en los puntos  a), b), c) y d) de su recurso de apelación, acusan; la vulneración al art. 192 num. 2) del C.P.C., en sentido de que la Sentencia solo harían una relación de los hechos probados sin exposición, ni análisis y evaluación fundamentada de las pruebas; que se habría lesionado el art. 190 del C.P.C., ya que la Sentencia no tendría congruencia en su parte considerativa y resolutiva; que se habrían declarado incompetentes de manera ilegal lesionando el art. 1-I-II y el art. 193 del C.P.C., porque no se habría considerado su demanda de nulidad de declaratoria de herederas; y que la Sentencia se habría fundamentado en base a prueba impertinente al caso como sería el informe Pericial de fs. 407 a 409 (ADN).

Reclamos que del análisis de la Resolución recurrida, se tiene que fueron considerados por el Tribunal de Alzada en el segundo Considerando del Auto de Vista de fs. 548 a 550 y vta., señalando en relación al inciso a) que la Sentencia Nº 080/2012: “…ha sido dictada por el juez A quo de acuerdo a los datos del proceso, a las normas legales que rigen la materia  y teniendo en cuenta que las partes demandantes no han probado la demanda de fs. 48-52…”, es decir que el Ad quem confirma el razonamiento del A quo respecto a que las pruebas aportadas por los demandantes no serían suficientes para acreditar su pretensión en perjuicio de la menor demandada; en cuanto al inciso b) respecto a la supuesta incongruencia identificada por los recurrentes en el sentido de que se establecería los errores en la inscripción de la partida de nacimiento de la menor para luego declarar improbada la demanda, es un reclamo que resultó intrascendente, por cuanto dichos errores en criterio de los de Alzada no pueden afectar el derecho a la identidad desarrollado en el punto 1 del considerando segundo de la Resolución recurrida en casación.

Por otra parte, en cuanto al inc. c) del recurso de apelación, el Tribunal de Alzada en el punto 3 (segundo considerando) del Auto de Vista recurrido señalo: “…corresponde tener en cuenta que la declaratoria de herederos de la menor… se la hizo en base al certificado de nacimiento de fs. 3 de la cual mientras no fuera declarado nulo tienen toda la vigencia legal correspondiente, de lo que se tiene que la declaratoria de heredera inscrita y presentada ante COSSMIL se encuentra subsistente.”; y en cuanto al inciso d) del recurso de apelación respecto a la impertinencia de la prueba pericial de ADN; dicho agravio fue considerado en el último párrafo del punto 1 y en el punto 2, del Segundo Considerando del Auto de Vista recurrido; no siendo evidente que el Tribunal de Alzada no se haya pronunciado respecto a los puntos de apelación señalados supra.

En cuanto a los agravios donde el recurrente señala que se habría lesionado el art. 190 del C.P.C., ya que no existiría congruencia entre la parte considerativa y la parte resolutiva de la Sentencia y que según el Ad quem no habrían probado su demanda de los folios 48 a 52, puesto que tal como refiere en el segundo considerando del folio 444 reverso de la Sentencia en forma irregular establecerían como probados los 11 numerales de los hechos fijados a probar según el Auto  de fs. 81 a 82; y que en el inc. 4) del art. 373 del C.F., dispone que el Juez de Partido de Familia tiene facultad de intervenir en otros actos y procedimientos que les correspondan, entendiendo uno de esos actos, precisamente a la competencia que le otorgaría el art. 380 segunda parte del C.F., para resolver cuestiones civiles de nulidad de las declaratorias de herederas; al respecto corresponde precisar que dichos reclamos atacan a la Sentencia de primera instancia cursante de fs. 443 a 447, y no así al Auto de Vista recurrido en casación, reclamos que por lo expuesto en el punto anterior ya fueron absueltos por el Tribunal de Alzada, pues si los recurrentes consideraban que existía errores de forma contra el Auto de Vista recurrido, como los expuestos en estos puntos contra la Sentencia de primera instancia, tenían que haber formulado dichos reclamos contra la estructura formal de la Resolución recurrida en casación, razón por la que no amerita mayores consideraciones.

Por otra parte en relación al reclamo sobre que el Auto de Vista dictado por un Juez o Tribunal de instancia no puede considerarse vinculante ya que jamás podría estar por encima de una ley; se debe tener presente que las resoluciones dictadas por los Tribunales ordinarios, solo son orientativas y por el principio de independencia del juzgador estos están en la posibilidad de acoger o no el criterio orientativo de determinada Resolución, y en el caso de Autos, los Jueces de instancia acogieron el criterio interpretativo del Auto de Vista al que hacen referencia los recurrentes, sin que esto signifique que dicho Auto estaría por encima de la ley; pues la disidencia de criterio entre la parte recurrente y los jueces de instancia en cuanto a la interpretación de la ley, no significa que se esté yendo por encima de la misma.

Respecto a que la facultad del Juez de producir prueba de oficio que considere necesaria y pertinente de acuerdo al art. 378 del C.P.C., estaría enmarcada  dentro la relación procesal de los hechos demandados y argüidos por las partes, más de ninguna manera significaría poder introducir hechos nuevos; se debe señalar que en criterio de los recurrentes con la producción de la prueba pericial de oficio se habría introducido un hecho ajeno a la relación procesal, aspecto que fue aclarado y fundamentado por el Juez A quo en la Sentencia de primera instancia en los puntos 13 y 14 del Segundo considerando donde señalo: “…en cuanto a la objeción de fs. 417, se debe tener en cuenta dos hechos, uno que los demandantes señalan en este tipo de procesos no tienen ninguna relación los informes genéticos y que los mismos serian impertinentes y esta afirmación es totalmente inaudita, puesto que la prueba madre para establecer la filiación de padres a hijos es justamente la prueba científica de ADN, más se puede establecer que los demandantes a momento de presentar su acción fs. 48, cuestionan la filiación de la niña CVMU…”.

De dicho razonamiento confirmado por el Ad quem, se infiere que el Juez A quo determino la producción de dicha prueba a efectos de generar mayores elementos de convicción en relación a la filiación de la menor y su padre Ernesto Luis Montaño (+), toda vez que lo que se pretende es la nulidad de dicha filiación, que afectarían los derechos de la menor CVMU, en especial su derecho a la identidad; en consecuencia no resulta evidente que con la producción de la prueba pericial de ADN se haya introducido hechos nuevos al proceso. Deviniendo en infundado el recurso de casación en la forma.

En el Fondo.-

El recurrente acusa que el Ad quem habría omitido revisar la argumentación a la que llegó el Juez A quo en el segundo considerando de la Sentencia, hechos que habrían sido debidamente probados por la abundante prueba documental y testimonial, pese al error de hecho que se habría cometido al no valorar la confesión provocada no absuelta y la inspección judicial al Registro Civil, que establecerían que la filiación de la menor CVMU no se habría efectuado de acuerdo a los arts. 32, 34, 35, 40 de la Ley del Registro Civil; al respecto corresponde señalar que:

Si bien, los recurrentes cuestionan una supuesta omisión en la valoración de la prueba por parte de los de instancia, en el sentido de que existiría error de hecho porque no se habría valorado la confesión provocada no absuelta y la inspección judicial al Registro Civil, que acreditaría que la filiación de la menor seria ilícita y fraudulenta, confunde el error de hecho con la omisión de valoración de prueba, debiendo tomar en cuenta que el error de hecho se da cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando el contenido objetivo de la prueba existente; por otra parte la omisión de medios probatorios en la valoración de la prueba ataca la estructura formal de la resolución y no así el fondo de la misma que procede cuando se acusa y fundamenta error de hecho antes expuesto y el error de derecho en la valoración de la prueba; en este antecedente, se tiene que el recurrente  reclama la supuesta no valoración de la confesión provocada no absuelta y la inspección judicial al Registro Civil que acreditaría su pretensión, cuestión que hace a la forma de la Resolución recurrida y siendo el presente recurso de casación planteado en el fondo, por la naturaleza del mismo, no corresponde realizar un análisis propio de aspectos formales que deben ser analizados en el recurso de casación en la forma; razón por la que no amerita mayores consideraciones.

En cuanto a que la presunción de filiación que regula el art. 65 de la C.P.E., vigente no sería aplicable al caso puesto que el conflicto trataría de la falsa filiación que se habría efectuado el 13 de agosto de 2002 cuando no había ni idea de la reforma de la constitución; al respecto se debe señalar que si bien el art. 33 de la C.P.E., abrogada y el art. 123 de la C.P.E., vigente, establecen que la ley solo tiene efecto para lo venidero y no de manera retroactiva, con excepciones en materia laboral y penal, esta irretroactividad de la ley significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo, sus efectos solo pueden producirse después de la fecha de su promulgación, en este entendido se debe resaltar que si bien la presunción de filiación establecida por el art. 65 de la C.P.E., a la que hacen referencia los demandantes no sería aplicable a la filiación de la menor CVMU realizada el año 2002, se debe tener en cuenta que la abstracción de dicho razonamiento efectuado por los de instancia en relación a la aplicación del art 65 de la C.P.E., no cambia la decisión de fondo, toda vez que en el caso de Autos los jueces de instancia tomaron en cuenta el estudio pericial de ADN, cursante a fs. 406 a 409, por el cual se determina que la menor es hija biológica de Ernesto Luis Montaño, prueba pericial que resultó determinante en la decisión asumida por los Jueces de instancia, quienes correctamente priorizaron el interés superior del niño en relación al derecho a la identidad de la menor, razón por la que la aplicación o no del art. 65 de la C.P.E., al caso de Autos no resulta determinante  en la decisión de fondo.

En relación a que la facultad de producir prueba de oficio seria propia del Juez y no una respuesta a una petición de parte como constaría en el memorial de fs. 282, prueba que además resultaría impertinente, ya que dicha prueba serviría para establecer el parentesco biológico con quien se indicaría progenitor, y en la especie no se trataría de acción legal de establecer la filiación ni de desconocimiento, sino la acción seria clara la anulación de la forma ilegal en que la niña apareció como hija de su causante; al respecto se debe señalar que:

La SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de Derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

En esta misma lógica la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, razonó lo siguiente: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”; de lo que se entiende que en este nuevo Estado, la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.

Ahora bien, en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al  Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que los Jueces de instancia tienen la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso.

En conclusión, el Juez o Tribunal tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales, pues la prueba de oficio debe estar dirigida a buscar la verdad real de los hechos, que pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio constitucional de verdad material que obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, propias del caso, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; y el principio procesal de eficacia que constituye la practicidad de una decisión judicial, en cuyo caso el resultado de un proceso (respetando el debido proceso) tenga el efecto de haberse impartido justicia; principios establecidos en los arts. 180.I y 178.I de a C.P.E.

En este antecedente, se debe señalar que en el caso de Autos si bien existe el memorial de fs. 282 por el cual la parte demandada solicita prueba pericial de ADN, no es menos evidente que por la providencia de fs. 283 el Juez A quo fundamenta la importancia de producir la prueba pericial de ADN, en sujeción a los art. 4 inc. 4) y 378 del C.P.C., adquiriendo dicha prueba la calidad de prueba pericial de oficio cuya finalidad es como señala el Juez A quo en el proveído antes citado “de lograr el mayor esclarecimiento del proceso”, prueba que a criterio de los Jueces de instancia y a criterio de este Tribunal resulta pertinente; pues si bien los recurrentes señalan que dicha prueba solo se aplicaría a una acción legal de establecer la filiación o de desconocimiento, se debe considerar que en el presente proceso se pretende la nulidad de la filiación de la niña CVMU, y siendo que en el caso se cuestiona la filiación de la misma la prueba pericial resulta pertinente, prueba que junto al certificado de matrimonio de fs. 24, genera la presunción de que la niña nació en vigencia del matrimonio entre Ernesto Luis Montaño y Willma Rosario Urquizo, pues si bien posteriormente dicho matrimonio fue anulado, se generó la presunción de que el causante de los demandantes tenía conocimiento del nacimiento de su hija, constituyéndose en pruebas eficaces para esclarecer la verdad real de los hechos, es decir que por dicha prueba se determina que la niña CVMU es hija del causante de los demandantes, por tanto tiene derecho a la identidad que deviene de su fallecido padre, y siendo que actualmente goza de dicha filiación, no se puede pretender afectar el derecho a la identidad quitándole la filiación que actualmente goza, por errores formales en la inscripción de la partida de nacimiento de la misma; razón por la que la pruebas señaladas fueron tomadas en cuenta por los Jueces de instancia de manera correcta en aplicación del principio de verdad material antes desarrollado.

En cuanto a los reclamos referentes a que conforme al art. 179 del C.F., la niña no gozaría de la presunción de haber sido concebida dentro del matrimonio anulado porque este se habría cebrado el 30 de marzo de 2002 y la menor habría nacido el 5 de junio, a los dos meses y 5 días de haberse celebrado; y que se habría establecido que la filiación hecha a favor de la menor sería ilegal y fraudulenta, ipso facto, tampoco habría podido ser instituida heredera de Ernesto Luis Montaño puesto que éste no la habría reconocido expresa ni tácitamente, por lo que las declaratorias de herederas de las demandadas habrían sido obtenidas en base a causa ilícita, vulnerando el art. 489 del C.C., cayendo en nulidad absoluta; al respecto se tiene que toda vez que el fundamento principal de los Jueces de instancia para sustentar su Resolución es el principio del interés superior del niño, se debe señalar que:

El Interés Superior del Niño es un principio rector del ordenamiento jurídico Boliviano reconocido en el art. 60 de la Constitución Política del Estado; principio que gradualmente se fue incorporando en las resoluciones judiciales donde se resuelven la vulneración de derechos de un menor, por lo que se constituye un principio que tiende a garantizar las condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños, niñas y adolescentes alcanzar un desarrollo integral y una vida digna, a través de acciones y razonamientos que procuren este fin por parte de los servidores judiciales.

Así también, la Convención Sobre Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 suscrita por Bolivia el 8 de marzo de 1990 en su art. 3 dice: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas…”, de lo que se entiende que cuando en el proceso se tratan cuestiones relativas a derechos del menor se debe tomar en cuenta que para tomar medidas judiciales concernientes a una niña, un niño o adolescente debe primar siempre el interés superior del niño y la primacía de sus derechos.

Ahora bien, en el caso de Autos, se tiene que en virtud a la prueba pericial de fs. 406 a 409 se determinó que la menor CVMU, es hija del causante de los demandantes Ernesto Luis Montaño, y que si bien el matrimonio del mismo con la madre de la menor fue anulado, no es menos evidente que la menor nació en vigencia de dicho matrimonio, de lo que se presume que Ernesto Luis Montaño tenía conocimiento del nacimiento de su hija; ahora bien al margen de esta presunción en virtud de la verdad real de los hechos que se establece por el estudio pericial de fs. 406 a 409, la menor CVMU es hija de Ernesto Luis Montaño, causante de los demandantes y por tanto tiene todos los derechos emergentes de dicha filiación, razón por la que los jueces de instancia en aplicación del principio del interés superior del niño, dejaron de lado errores formales en la inscripción de la partida de nacimiento de la menor, es decir que siendo evidente que la menor es hija de Ernesto Luis Montaño, y su filiación con el apellido de su padre tomando en cuenta su derecho fundamental a la identidad resulta valida, dejando en segundo plano los errores formales en la tramitación de la inscripción en la oficialía de registro civil, trámite que en todo caso cumplió su finalidad, es decir de asignar la identidad familiar de la menor CVMU en relación a su padre.

En cuanto a que las declaratorias de herederas de las demandadas habrían sido obtenidas en base a causa ilícita, vulnerando el art. 489 del C.C., cayendo en nulidad absoluta, se debe precisar que no habiéndose acogido la pretensión de nulidad de filiación, no corresponde realizar mayor análisis en relación a dicha pretensión, por cuanto el certificado de nacimiento del cual emerge dicha declaración de heredera es válida.

Respecto a que el Auto de relación procesal de fs. 81 a 82 no habría fijado como punto de hecho a probar, el determinar el vínculo consanguíneo entre la menor y el supuesto padre Ernesto Luis Montaño, por lo que la producción de la prueba pericial de ADN resultaría impertinente, lesionando el art. 353 del C.P.C., se debe señalar que dicho reclamo hace a una cuestión propia del procedimiento, atinente al recurso de casación en la forma; y siendo  que el recurso en análisis es en el fondo no corresponde su consideración.

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 271 num. 2)  y el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Irma Ralde Vda de Montaño por sí y en representación de Irma Fabiola, Luis Ernesto, Sara Vanesa y Diego Rodrigo Montaño cursante de fs. 558 a 569 contra el Auto de Vista N° 315, de 20 de septiembre de 2014, de fs. 548 a 550 y vta. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran