TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                         S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 1167/2015 - L                                                             Sucre: 21 de Diciembre 2015                                                         Expediente: LP-137-11-S                                                                        Partes: Celia Ramos Flores c/ Banco Mercantil Santa Cruz, Nilda Ramos de

             López, Margarita Juana Coya Quispe y Freddy Huanca Apaza          Proceso: Nulidad de Escritura Pública, Reivindicación y Restitución de        Nuda

               Propiedad                                                                    Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 594 a 601 y vta., formulado por Celia Ramos Flores, contra el Auto de Vista Nº S-304, de 8 de junio de 2011, cursante de fs. 590 a 591, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Nulidad de Escritura Pública, Reivindicación y Restitución de Nuda Propiedad., seguido por Celia Ramos Flores, contra Banco Mercantil Santa Cruz, Nilda Ramos de López, Margarita Juana Coya Quispe y Freddy Huanca Apaza; respuestas de fs. 603 a 605 (Margarita Coya Quispe y Freddy Huanca Apaza), de fs. 608 a 610 (Banco Mercantil Santa Cruz S.A.) concesión de fs. 611, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz, dictó Sentencia No. 235, 12 de octubre de 2009, cursante de fs. 538 a 544 y vta., por el que se declara: IMPROBADA la demanda de fs. 2-3, aclarada y ampliada a fs. 74-75, fs. 85, 86 y 87 interpuesta por Celia Ramos Flores, con Auto complementario de fs. 548, de 22 de enero de 2010.

Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación por Celia Ramos Flores mediante memorial de fs. 553 a 555 y vta.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 590 a 591, por el que CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia Nº 235/2009, de fs. 538-544 así como el Auto Complementario.

Resolución que dio lugar al recurso de casación formulado por parte de Celia Ramos Flores, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Bajo el subtítulo de Casación en el fondo, refiere en su primer punto a manera de referencia, lo razonado en la Sentencia de primer grado, desglosando ese examen en once puntos. Luego ingresa a describir lo que el Auto de Vista hubiera fundamentado, para finalmente en al apartado III señalar “Errores in iudicando”, señalando que antes de cumplir con lo previsto por el art. 258-2) del C.P.C., partirán de la premisa; “El Banco Mercantil Santa Cruz S.A no hubiera otorgado el préstamo con garantía hipotecaria  de $us. 175.000 a favor de Nilda Ramos de López si el poder no se hubiera alterado sustituyendo la expresión “Banco Boliviano Americano” por la expresión “cualquier banco del país”. Respecto de lo anterior refiere la recurrente que;

1.- La Sentencia confirmada por Auto de Vista incurre en aplicación indebida del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, porque no cumpliría el principio de congruencia, no tendría como fundamento de hecho afirmado por su parte al sostener que no hubieran demostrado de su parte el origen de la adulteración del poder y la persona que lo hubiera hecho y si lo hubiera hecho con o sin su consentimiento, encontrando en ello que la Sentencia no recaería  sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieran sido demandadas, sino sobre hechos introducidos ilegalmente por el Juez cuando estuviera prohibido esa situación, que en ningún momento habrían afirmado que se requería establecer cual el origen de la adulteración o quien lo hubiera hecho, por lo que  la manifestación hecha por el Juez la consideran injusta, que entre las facultades otorgadas en el poder estuviera patente la adulteración de la afirmación Banco Boliviano Americano por el de cualquier entidad bancaria de ese país.

Considera muestra de aplicación indebida de la ley, porque de manera dolosa se habría introducido hechos jamás sustentados en la demanda, preguntándose cómo se podría refrendar algo que es notorio evidente y manifiesto. Peor dice cuando el mismo Juez manifestaría sobre la evidencia de falsedad ideológica, y si se necesitaba una prueba adicional para demostrar lo notorio.

2.- Afirma que existe errónea apreciación de la prueba, que haría viable el recurso de casación al tenor de lo establecido por el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil, en razón a que se trataría de un “error de derecho” sostener que no era suficiente los documentos de fs. 5 y 6 donde se ve manifiestamente la falsificación, señalando las pruebas que a su criterio fueran evidentes, que fuera obvio que no fue con su consentimiento la referida adulteración del contenido del poder, y los documentos que señala están insertos de fs. 5 y 6 así como de fs. 451 harían plena fe al tratarse de documentos públicos. Señala que existe error de derecho toda vez que  en la valoración de la prueba se le habría negado la calidad de plena prueba que no necesitaría corroboración de otro medio de prueba, conforme al art. 1289 y 1334 del Código Civil, y haber formado convicción directa y personal de la adulteración en la inspección judicial. Además dice que existe una apreciación errónea del hecho al existir razonamiento sobre la adulteración al indagar sobre el autor de la misma. Redunda sobre el tema y cuestiona sobre el error de hecho que fuera manifiesto, que se complementaría por error de derecho al negarle valor probatorio, y que regiría la prueba tasada, que el razonamiento del Juez fuera errado en su conclusión, pues el fraude se habría comprobado.

3.- que la parte final de la Sentencia se analizaría cada una de las causales invocadas en la demanda, y hace énfasis en lo previsto por el art. 489 en relación al 549-3) del Código Civil, porque estaría acreditada la causa ilícita existiendo con consecuencia errónea interpretación de ambas normas, considerando que la causa fuera ilícita cuando en el presente caso, el orden público y las buenas costumbres consideran delito la falsedad ideológica refiriendo al Código Penal.

Se habría interpretación errónea del art. 489 en su última parte, acude a lo previsto por el art. 809 del Código Civil en su contenido y que exigiría un mandato especial y expreso, y a falta de esto habría  causa ilícita porque la adulteración  se habría hecho para eludir dos normas de carácter imperativo, se habría probado entonces la causal prevista por el art. 549-3) del Código Civil. Es más dice, habría errónea interpretación del art. 811 del Código Civil cuando señalara el Auto de Vista que  el mandato no solo comprende los actos para los cuales se han conferido sino también aquellos que son necesarios para su cumplimiento. Que referiría a actos no señalados pero que tuvieran que ver con el contenido del mandato, que el mandatario no podría hacer nada más allá de lo que se le prescribió en la demanda, no podría excederse del contenido del mandato, en el caso habría mandato expreso de acudir al Banco boliviano Americano y no cualquier entidad bancaria, de manera que Nilda Ramos de López al cometer un hecho ilícito habría ido más allá del contenido expreso del mandato, que  fuera causa de nulidad.     

Concluye solicitando conceder el recurso, a fin de dictar Resolución casando el Auto de Vista  y se declare la nulidad que detalla a continuación.

De la respuesta al recurso de casación por Margarita Coya Quispe y Freddy Huanca Apaza:

Refieren que de manera clara y acertada la Sentencia habría dado respuesta a la demanda declarando improbada, que lo denunciado por la recurrente no tendría sustento, que la Sentencia de manera sistemática respaldaría su derecho propietario, y que entre los hechos probados no estuvieran los señalados en la calificación del proceso incumpliendo la carga de la prueba, es por ello y otros razonamientos que se habría declarado improbada la demanda; que el Auto de Vista adecuándose a los datos del proceso es concreto y determina que la actora habría demostrado su consentimiento que no se podría alegar perjuicio propio, pues pretendería olvidar que se benefició con el otorgamiento del poder y la obtención del crédito. Que luego de 23 años recordaría que tenía un inmueble, pero que nunca negaría el contenido y objetivo del poder. Por lo que pide se declare infundado el recurso de casación.  

De la respuesta al recurso de casación por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.:

Que el Auto de Vista con sobrado sentido de equidad y juicio habría concretado dando respuesta a los fundamentos de la demandante, que los fallos de instancia tendría idéntico criterio respecto a la verdad material. Que bajo el argumento de alteración o sobre-posición de términos en la redacción del poder notariado acusaría el acto como viciado al verse afectada la causa y otros aspectos relacionando a que habría aprovechado para beneficiarse de un crédito de $us. 175.000 previa constitución de hipoteca en el bien inmueble que fuera de propiedad de la actora, que el recurso fuera incumpliría con la fundamentación, al contener expresiones ausentes de contenido y verdad.

Refiere en dos acápites su análisis sobre los presuntos fundamentos del recurso y el reclamo expuesto de la presunta concurrencia de causa ilícita, que en los hechos habría expresa intención de las propietarias al extender el poder para celebrar un negocio, es decir, la contratación de un crédito con garantía hipotecaria del inmueble indicado, aspecto que desecharía el argumento de la recurrente, además otros aspectos referidos a la contradicción que encuentra entre lo demandado y lo recurrido en casación en cuanto se refiere a la utilización de argumentos, por los argumentos que expuso solicita se declare por la improcedencia del recurso.

CONSIDERANDO III:                                                          FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En función a lo expresado en el recurso de casación, se ingresa a analizar los reclamos efectuados, en el mismo  orden propuesto:

1.- Bajo el concepto de que al no haberse fallado conforme a lo demandado y haber razonado otros aspectos que considera extraño al tema, supone la existencia de aplicación indebida del art. 190 del Código de Procedimiento Civil. Si esto fuera evidente, no habría necesidad de proceso alguno, etapa de prueba o la controversia que se suscita en los procesos ordinarios, pues de hecho la sola afirmación de la parte actora fuera verdad irrebatible, razonamiento errado cuando en la realidad de los procesos se hace necesario la producción de prueba a fin de establecer la realidad de los hechos, en los que puede encontrarse los verdaderos elementos para dar lugar a la demanda o desvirtuarla, por lo que pretender indebida aplicación de la norma citada de principio, ante la consideración de que no se hubiera fallado conforme a su petición resulta razonamiento unilateral sin sustento. Habrá que recordar que en el caso de Autos, la propia actora no se puso de acuerdo con sus argumentos, pues de principio en memorial de fs. 2 a 3 y vta., sostuvo de manera terminante que “… el Poder  163/87 especial y bastante jamás fue consentido y otorgado por mi persona en favor de Nilda Ramos de López” para luego por memorial de fs. 74 a 75, subsanar, aclarar y ampliar, dando entendimiento diferente, admitiendo que si otorgó el Poder referido pero que éste hubiera sido adulterado de la mención realizada para un determinado Banco por cualquier entidad financiera aspecto que considera esencial para la procedencia de su pretensión, de manera que sostener aun de lo evidenciado, que la Sentencia no recaería sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieran sido demandadas resulta apreciación alejada de los propios hechos expuestos por la actora; recordar además que el principio de congruencia refiere a la coherencia que debe existir entre la parte considerativa y dispositiva de un fallo y de la lectura del Auto de Vista se evidencia aquella correlación necesaria que le hace congruente.

Por otro lado, desde su perspectiva la aplicación indebida de la ley, tuviera sustento en el hecho de que se hubieran introducido hechos jamás sustentados en la demanda, este aspecto no condice con la realidad de lo expuesto en su demanda, modificación y ampliación así como lo probado en el curso del proceso, los razonamientos expuestos por el Juzgador están en torno a todo el contexto de la pretensión así como los argumentos que recabó de la prueba producida en obrados, en base a los principios procesales que deben necesariamente concurrir en la tramitación del proceso y el pronunciamiento de la Resolución, aspecto no considerado por la recurrente que pretende que su afirmación sea tomada como única verdad, situación que no condice con la realidad de los hechos demostrados, consecuentemente no existe indebida aplicación de la norma, desestimando la postura de la recurrente.

2.- Sobre la presunta existencia de error de derecho en cuanto a la apreciación realizada respecto a la prueba cursante de fs. 5 y 6, donde se viera manifiestamente la falsificación, basa su argumento en señalar que fuera “obvio” su falta de consentimiento, y por el solo hecho de que fueran documentos públicos hicieran “plena fe”, si esto fuera evidente no habría necesidad de indagar nada mas según la recurrente y se tendría por demostrado la falta de consentimiento, olvidando sin embargo la contradictoria exposición que hizo en la demanda así como su ampliación y modificación; los jueces de instancia expusieron el razonamiento de que se evidencia la adulteración, sin embargo de ello, también la inserción del nombre de la actora en aquel protocolo de poder, por lo que no resulta tan obvio sostener que su sola afirmación fuera sustento para acoger su pretensión, cuando de manera razonable los de instancia sostuvieron que no se habría demostrado ese aspecto de que no hubiera concurrido su consentimiento en la modificación de la instrucción dada, de acudir a cualquier entidad bancaria para proceder a hipotecar su bien inmueble a fin de obtener un crédito, aspecto que no cuestiona de modo alguno, y es finalmente lo que sucedió en los hechos, con la aclaración de que ella no era única propietaria del bien inmueble sino en copropiedad precisamente con la que utilizó el poder, sin reclamo de tipo alguno, que resulta siendo además hermana de la actora, no se cuestiona asimismo la esencia misma del contenido del Poder sino el cambio de una entidad bancaria identificada por uno genérico, este aspecto necesariamente debió ser dilucidado durante la tramitación del proceso, de lo contrario, se entendería incluso que según versión de la demandante hoy recurrente, debiera calificarse el proceso como de puro derecho, sino había necesidad de controvertir aspecto alguno y que la prueba señalada tuviera sustento como plena prueba.

Bajo esa consideración se hace preciso referirse a la apreciación de la prueba cuando se ha incurrido en error de hecho y error de derecho, a efectos de que el recurso de casación se habilite, señalando que para fundar el primer error, se debe señalar que el Juez hubiera confundido el contenido del medio de prueba, sea literal, testifical, confesiones, inspecciones o hasta pericial, en la que haya confundido el contenido del texto de los documentos, de las declaraciones (testigos o confesiones), de los antecedentes y conclusiones de la pericia y hasta el contenido de las actas de inspección de visu, de esa forma efectuando el contraste de lo expuesto por los operadores de instancia y el contenido real de los medios de prueba, se puede considerar uno o varios de los errores de hecho; por otro lado, se tiene el error de derecho, por el que se puede objetar el valor probatorio que el operador judicial se ha asignado al medio de prueba (calificación legal del medio de prueba), sea el caso de la prueba tasada o en el caso de la prueba que deba ser valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, esta última debe ser contrastada de acuerdo a las directrices que orientan el sistema de valoración probatoria, como es de lógica, experiencia y ciencia sobre lo que se analiza, a ese entendimiento se arriba, por la redacción que contiene el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, de señalar el error que hayan cometido los operadores judiciales de instancia.

En el caso de Autos, si bien es cierto que se evidenció la inserción de un segmento del contenido del poder, la sola afirmación de la recurrente no respalda que tuvieran calidad de plena prueba conforme a los arts. 1289 y 1334 del Código Civil como pretende la actora, en este caso se está frente a la cuestionante de quien hizo o autorizó aquella inserción, y si en verdad no concurrió la voluntad expresada en su consentimiento por la actora, ese aspecto necesariamente debió dilucidarse como se analizó por los de instancia, resultando sin sustento la posición adoptada por la recurrente, que refiere negársele el valor probatorio correspondiente, pues si bien como se dijo existe la evidencia del cambio en una expresión, no es menos evidente que no se demostró que en ello no hubiera participado la actora o quien fuera el responsable de aquella realidad, bajo esa perspectiva, lo analizado y expresado por los jueces de instancia tienen coherencia y se hacen sustentables en relación a los hechos denunciados, no siendo evidente lo manifestado por la recurrente.

3.- En cuanto a las causales establecidas en el art. 489 con relación al art. 549 num. 3), del Código Civil, la postura asumida por la recurrente es que se habría acreditado la causa ilícita, y por consiguiente la errónea interpretación de las normas aludidas, tratando de vincular con el orden público y las buenas costumbres, este aspecto resulta una visión no respaldada, pues no se explica de que forma la presunta adulteración afectaría al orden público y las buenas costumbres, pues más allá de que en verdad pudiera existir esa adulteración, habrá que entender dentro del marco integral de todo el documento acusado con aquella anomalía, es perfectamente comprensible que los juzgadores de instancia hayan arribado a la conclusión de que no hay demostración objetiva de que debiera descartarse la participación de la propia otorgante en la inserción del cambio de una entidad bancaria a uno indeterminado, pues de ser evidente la posición que adopta ahora la demandante, hubiera cuestionado el documento mismo referido al poder notarial, y el haber alcanzado los fines para los que se instruyó, es decir la hipoteca del bien inmueble también en el porcentaje que le correspondía, aspecto pasado por alto tanto por la misma recurrente así como por la codemandada que se vio favorecida con el Poder otorgado a su favor.

Existe confusión en la recurrente cuando pretende la existencia de falta de consentimiento en la otorgación del poder y la concurrencia de causa ilícita, al respecto se debe tener presente que la “causa” no es otra cosa que la finalidad perseguida por los contratantes, el hecho que en el documento acusado de nulidad se hubiera insertado una expresión diferente al que presuntamente se hubiera instruido, y sin  embargo hubiera cumplido con el propósito de obtener crédito con la hipoteca del bien inmueble de su propiedad en las acciones que le correspondían, porque ése fue el motivo principal para la otorgación del poder y no otro, este aspecto no fue cuestionado de ningún modo, habiendo para ello incluso detallado la ubicación del bien inmueble, así como su registro ante la oficina de derechos reales; consecuentemente el pretender adecuar a “causa ilícita”, refiriendo un aspecto no esencial del mandato resulta absolutamente forzado.

Despejado aquel aspecto, el que se diga que según el art. 809 del Código Civil en sentido de que exigiría un mandato especial, no existe mayor controversia al respecto, el objeto para el que se otorgó el poder es para entre otras cosas “hipotecar el referido  inmueble”, aspecto que se cumplió, de manera que confundir el objeto para el que se otorgó con el hecho de que hubiera modificación en cuanto a la entidad bancaria identificada respecto al que se acudió resulta irrelevante, pues se cumplió con la finalidad misma del poder otorgado, bajo ese contexto resulta sin sustento lo alegado por la recurrente, por consiguiente no existe la concurrencia de la causal 3) del art. 549 del Código Civil, pues el mandato se cumplió conforme al objeto encargado y como se dijo en definitiva era la de “hipotecar” el bien inmueble, no existiendo exceso como entiende la actora, y el hecho de que haya inserción consentida o no por parte de la poderdante respecto a la entidad bancaria a la que debiera acudir, no fue el objeto mismo del mandato, es decir no se actuó con ese poder a realizar otras operaciones que pudieran afectar la esencia misma de lo instruido.

4.- Finalmente la respuesta dada por los codemandados en relación al recurso de casación, pasan por el mismo análisis que se efectúa desde la perspectiva del Tribunal Supremo aunque con diferente expresión, que en todo caso no ameritan mayor consideración por la coincidencia de argumentos, por lo que debe tenerse presente que en su análisis no es pertinente disgregar por separado sino de manera consustancial al fallo a emitir.

Bajo esas consideraciones corresponde dar aplicación a lo previsto por el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Celia Ramos Flores, por memorial de fs. 594 a 601 y vta., contra el Auto de Vista Nº S-304, de 8 de junio de 2011 que cursa de fojas 590 a 591. Con costas.

Se regulan los honorarios del Abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                      Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.