TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                    S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 1155/2015 - L

Sucre: 16 de Diciembre 2015

Expediente: SC 162 11 S

Partes: Sociedad de Responsabilidad Limitada Monroy Electrónica y Control

           S.R.L. “MONELCO S.R.L.” c/ Empresa IME CAMPOVERDE.

Proceso: Cumplimiento de Contrato

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 144 a 145 y vta., interpuesto por Franklin Palacios Cortez en representación de la Empresa IME CAMPOVERDE, impugnando el Auto de Vista 233, de fecha 01 de junio de 2011 de fs. 140 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Cumplimiento de Contrato, seguido por Sociedad de Responsabilidad Limitada Monroy Electrónica y Control S.R.L. “MONELCO S.R.L.” contra Empresa IME CAMPOVERDE, la contestación de fs. 147 y vta., la concesión de fs. 149, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Segundo de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronuncio Sentencia N° 33, de fecha 16 de Abril de 2010, de fs. 121 a 122 y vta., que declara PROBADA en parte la demanda principal saliente a fs. 12 a 13, interpuesta por ARTURO EDWIN MONROY AQUEZOLO en representación de la Empresa MONELCO S.R.L., contra IME CAMPOVERDE S.R.L., en lo que corresponde al Cumplimiento de Obligación, e IMPROBADA en lo que corresponde al pago de daños y perjuicios. En consecuencia y como emergencia de la presente Resolución se dispone lo siguiente: Que la Empresa IME CAMPOVERDE S.R.L., pague la suma de $us. 8.182.34, a la Empresa MONELCO S.R.L., concediéndoseles el término de tres días a contar de la ejecutoria de la presente Resolución, bajo prevenciones de ley. 

Contra la mencionada Resolución Franklin Palacios Cortez en representación de la Empresa IME CAMPOVERDE interpone recurso de apelación de fs. 125 a 126 y vta., que mereció el Auto de Vista 233, de fecha 01 de junio de 2011 de fs. 140 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que CONFIRMA la Sentencia apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación, interpuesto por Franklin Palacios Cortez en representación de la Empresa IME CAMPOVERDE, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la Forma

Refiere el recurrente, que de las irregularidades en la tramitación del proceso de la presente causa obligatoriamente debería de anularse lo obrado hasta el vicio más antiguo, precautelando el derecho a la defensa y al debido proceso, por el que al estar viciado el proceso, también está viciado la Sentencia, así como el Auto de Vista, al contener vicios procedimentales, más aun que la Empresa IME CAMPOVERDE S.R.L., no fue notificado con el Auto de fs. 105 que dispone el embargo de fondos de la Empresa, de esta manera se viola el derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el art. 115 num. II de la Constitución Política del Estado.

En el fondo.

Refiere que, el Auto de Vista contiene errónea interpretación y aplicación indebida de la Ley, señalando además que las pruebas aportadas al proceso, por parte de la Empresa IME CAMPOVERDE S.R.L., en ninguna de sus partes de la Resolución de alzada no mencionan ni toman en cuenta las literales de fs. 32 a 33, fs. 37, fs. 80 a 83 y de fs. 86, así como también no consideraron las documentales de fs. 34, 35, 36, 38, 39, 84, 85 y 88, y las innumerables cartas de cobros de los montos señalados, no analizando las pruebas antes mencionadas, vulnerándose de esta manera el art. 397  num. I y II del Código de Procedimiento Civil.

Por lo que termina peticionando al Tribunal de Casación que en ejercicio emanado de la ley case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la demanda principal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma

Partiendo del primer punto, se debe tener presente que el reclamo en la forma traído a casación ya habría sido absuelto por el Tribunal de Alzada al razonar en el entendido de que: “…el no haber sido notificado con el Auto de fs. 105 que dispone el embargo de fondos en Y.P.F.B., corresponde precisar que ello no constituye vulneración al debido proceso dado que se trate de una medida que puede ser modificada aun de oficio; por otro lado en cumplimiento del principio de especificidad debe tenerse presente que tal omisión no se encuentra expresamente prevista con nulidad”… criterio correctamente adoptado por el Ad quem, toda vez que la Empresa IME CAMPOVERDE S.R.L., al no tener conocimiento de dicha Resolución no obstante ese aspecto no debe influir para pretenderse una nulidad de todo lo obrado, por ser una pretensión accesoria a la demanda principal es decir una -medida precautoria- sin embargo, ese extremo no es un argumento trascendental que afecte al fondo de la Resolución misma, toda vez que si centramos nuestro análisis de todo lo obrado se puede advertir que la parte demandante a través de su escrito de 13 de marzo de 2009 (fs. 99), solicita el Embargo preventivo de los fondos de la Empresa IME CAMPOVERDE S.R.L., y por providencia de 16 de marzo de 2009 (fs. 100), se corre en traslado a la parte contraria, el mismo que a través de memorial de 28 de agosto de 2009 (fs. 104 y vta.), contesta infundada solicitud de Embargo, ahora bien, que por Auto de 31 de agosto de 2009 (fs. 105), el Juez de Primera Instancia dispone el embargo de los fondos que existen a nombre de la Empresa IME CAMPOVERDE S.R.L., sin embargo de ello, tramitada que fue la causa hasta llegar a la etapa de conclusiones, el ahora recurrente no hace uso de sus alegatos menos recurre de impugnación en contra del referido Auto, más aún que por negligencia propia hace un abandono del proceso durante todo ese tiempo y no hace un seguimiento minucioso de la presente demanda, aplicándose de esta manera lo que establece en el art. 16 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial, que determina: “(Constitución del Proceso y Preclusión).- Las y los Magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a Ley. II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”.

De lo anterior es también preciso señalar al recurrente, que la carga procesal no es un simple argumento que utiliza el Tribunal de Alzada para establecer que el derecho del recurrente a precluido, ya que la carga procesal es atingente a las partes que intervienen en el proceso. Así, el art. 50 del Código de Procedimiento Civil, señala que las personas que intervienen en el proceso son esencialmente el demandante, el demandado y el Juez, sin embargo, la facultad de la carga procesal está reservada a la parte demandante y a la demandada quienes potestativamente y a su discreción tienen la facultad de hacer o de no hacer, de cumplir o no cumplir, de proceder de esta o de aquella forma o de no proceder así, siendo que la actuación del Juez no es potestativa sino imperativa. Ante todo, las partes están facultadas a ejercer o no una determinada actuación judicial pero ese ejercicio o su omisión de todos modos derivarán en consecuencias jurídicas.

A propósito, la Sentencia Constitucional 1223/2013 de 4 de octubre, señala que “… La notificación no está dirigida a cumplir con una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (SC 0757/2003-R, de 4 de junio) dado que solo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos…”; deduciéndose de ello, que el demandado hoy no puede alegar indefensión por habérsele privado de la oportunidad de impugnar, ya que una vez que fue citado personalmente con la demanda, adquirió pleno conocimiento de la demanda misma donde el demandado tenía la obligación de acudir al órgano judicial para realizar el seguimiento del presente caso de Autos a partir de la cual quedó a potestad del demandado la carga procesal, en consecuencia su reclamo deviene en infundado.

En el fondo

Respecto a los argumentos confusos de fondo del recurso de casación, se entiende que, el recurrente objeta la errónea interpretación o aplicación indebida de la ley, y la errónea apreciación de las pruebas cursantes en obrados; empero de ello, el recurrente no señala qué ley o leyes contienen violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; es decir no refiere normativa alguna ni especifica cómo el A quo o el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver la Litis incurrieron en infracción de la norma. 

Respecto a la errónea apreciación de las pruebas, el recurrente, no indica cómo los de instancia incurrieron en error de hecho o de derecho en la apreciación de las mismas, menos demuestra objetivamente cuál el error manifiesto en el que hubieran incurrido; no señala de manera clara, concreta y precisa que es lo que acusan, sólo señala de manera general que no se habría valorado las pruebas aparejadas dentro el caso de Autos, es decir las “innumerables cartas de cobros de montos que se enviaron a los de Y.P.F.B., para que se cumpla con la obligación de pago”, literales adjuntas al proceso de fs. 32 a 33, fs. 37, fs. 80 a 83 y de fs. 86, como también de fs. 34, 35, 36, 38, 39, 84, 85 y 88, no especificando como se habría cometido el error de hecho o de derecho, motivo por el cual y al ser la apreciación y valoración de la prueba incensurable en casación, y de competencia de los Tribunales de instancia en especial del Juez A quo, no se considera los supuestos agravios acusados de manera desordenada y confusa por el recurrente, en consecuencia sus reclamos devienen en improcedentes.

Por las razones expuestas, corresponde dar aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 1) y 272 de la norma Adjetiva Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y conforme al art. 271 num. 1) y 272 num. 2) del mismo cuerpo legal declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo ambos de fs. 144 a 145 y vta., interpuesto por Franklin Palacios Cortez en representación de la Empresa IME CAMPOVERDE, impugnando el Auto de Vista 233, de fecha 01 de junio de 2011 de fs. 140 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.