TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 1142/2015 - L                                                                 Sucre: 08 de diciembre 2015                                                         Expediente O 38 11 A                                                                 Partes: Cristina Chambi Zepita. c/ Posibles Propietarios y H.A.M de Oruro.

Proceso: Usucapión.                        

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 162 a 165, interpuesto por Cristina Chambi Zepita, contra el Auto de Vista Nº 163/2011 de 19 de octubre de 2011 de fs. 155  a 159 vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior de Justicia de Oruro (Hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario de Usucapión, seguido por Cristina Chambi Zepita contra Posibles Propietarios y H.A.M. de Oruro; el Auto de concesión de fs.169; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Interpuesta la demanda de fs. 10 a 11, y ampliación de fs. 14, el Juez de partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, por Auto Interlocutorio Definitivo de 03 de agosto de 2011 cursante en fs. 133 y vta., anula obrados hasta fs. 10 inclusive, debiendo la actora Cristina Chambi Zepita acudir al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro para concluir su trámite de adjudicación y consolidación del lote de terreno ubicado en calle La Plata y zanja de Coronación final calle Jaen, zona Sud Oeste de Alto Oruro, Manzano Nº 35 con una superficie total de 279.38 mts2.

Contra ese Auto, la parte demandante de fs. 137 a 139, interpone recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior de Justicia de Oruro (Hoy Tribunal Departamental de Justicia) por Auto de Vista Nº 163/2011 de fecha 19 de octubre de 2011, cursante de fs. 155  a 159 vta., Confirma el Auto apelado, con costas; resolución recurrida en Recurso de Casación en el fondo por la parte demandante cursante de fs. 162 a 165, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:        

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación en el fondo se tienen varios puntos que no son agravios propiamente dichos, de los que se extracta lo siguiente:

1.- Acusa que el Tribunal habría infringido la norma contenida en el art. 138 del Código Civil, puesto que la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años.

2.- Expresa también que el Tribunal de Alzada debió revocar el Auto de 03 de agosto de 2011, puesto que el art. 138 del Código Civil se encontraría vigente y que él mismo  no indicaría absolutamente nada sobre el registro tradicional catastral, registro propietario o que se realice una investigación de la relación registral, que debieron dejar de lado simples circulares o Autos Supremos emitidos bajo la fundamentación de la anterior Constitución Política del Estado, en ese entendido se habría infringido la norma mencionada.

3.- Refiere que el Auto de Vista recurrido, habría infringido el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, puesto que no se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación o fundamentación, ya que no habría resuelto tampoco se habría pronunciado sobre la publicidad que se adquiriría con la inscripción del título  que originaría el derecho en el Registro de Derechos Reales, aspecto que habría sido recurrido, observado y fundamentado en su recurso de apelación.

4.- que el Auto de Vista en fs. 158 yvta., habría realizado una relación de hechos que no se relacionarían con el caso presente, que pareciera que fueran de otra resolución y no del examen minucioso del cuaderno procesal.

5.- Refiere que el Tribunal de Alzada habría mencionado Auto Supremos del año 2005, los cuales fundamentan sus decisiones a disposiciones derogadas como el art. 16 de la Constitución Política del Estado que ya no se encuentra vigente, teniendo en cuenta que primero debió cumplirse la Ley y sólo en casos de vacío de la misma correspondería aplicarse  la Jurisprudencia.

6.- Que el Tribunal de alzada no habría realizado una fundamentación legal, pues habría fundamentado con una normativa inexistente, cual es el art. 569 II) del Código Civil, que no existiría el mismo dentro de la normativa antes señalada.

7.- Refiere que el Auto de Vista habría infringido el art. 19 de la Constitución Política del Estado, ya que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifiquen  la vida familiar y comunitaria.

Bajo esos argumentos precedentemente expuestos solicita Casar el Auto de Vista y anular  el Auto de fecha 03 de agosto de 2011 dictado por la Juez de Primera Instancia, quién deberá continuar y dictar Sentencia.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis del recurso de casación en el fondo se tiene:

1.- Respecto a que el ad quem al confirmar la resolución, habría infringido la norma contenida en el art. 138 del Código Civil, puesto que la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años.

De manera introductoria es preciso referirse que la Usucapión decenal o extraordinaria es una forma de adquirir la propiedad, así lo establece el art. 138 del Código Civil: “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años” además de que la misma sea en cumplimiento de las condiciones específicamente dispuestas para su procedencia, que una vez declarada, surte efecto adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el propietario.

Resulta imperativo también, el cumplimiento de otros requisitos que tiene que ver precisamente con el inmueble que se pretende usucapir esto es que 1.- que el bien sea susceptible de usucapión; 2.- que para demandar necesariamente se debe tener la calidad de poseedor; 3.- que la posesión sea útil y 4.- El tiempo transcurrido para la prescripción, aspectos que los jueces y Tribunales toman en cuenta para la procedencia o no de esta acción.

Que en relación al primer requisito es indispensable que el bien sea susceptible de usucapión, vale decir que se refiere a todos aquellos bienes que estén en el comercio humano y no así los bienes que pertenecen al dominio público, en ese entendido es la propia Constitución Política del Estado que prescribe en el parágrafo II  del art. 339, que los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo Boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no estando sujetos los mismos a ningún tipo de interés ni pretensión privada de ninguna persona particular, por su parte el art. 85 del Código Civil a la letra dispone: “Los bienes del Estado, de los Municipios, de las Universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que les conciernen”.  Los bienes del Estado siendo de dominio público, no son susceptibles de adquisición vía prescripción adquisitiva o usucapión y están fuera del comercio humano de conformidad al art. 91 del Código Civil que indica: “La posesión de cosas fuera del comercio no produce ningún efecto. Se salva lo dispuesto respecto a las acciones posesorias en el libro V del Código presente”. Asimismo la Ley de Municipalidades en su art. 131 señalaba: “En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad. No procederá la usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado.”

Sin embargo de acuerdo al contenido de la demanda cursante de fs. 10 y 11  de obrados, teniéndose que los antecedentes de la propiedad del inmueble consistente en un lote de terreno con una superficie de 279.38 mts2, ubicado en la zona Sud Oeste de Alto Oruro, Manzano Nº 35 de la ciudad de Oruro, el cual estaría siendo poseído ininterrumpida y continuadamente por más de 20 años como un modo de adquirir la propiedad mediante la posesión, A ese efecto corresponde analizar el derecho invocado por la recurrente, cuyo antecedente refiere ser desde el año de 1985, así se tiene que la demandante a fs. 36 presentó prueba correspondiente al Departamento Legal del Municipio de fecha 25 de noviembre de 1985, suscrita por el Asesor Legal de entonces que certifica que el lote en cuestión,  en dicho año de 1985 fue un lote baldío de dominio Municipal, de lo que se infiere que la demandante conocía este antecedente y sabía  que dicho terreno correspondía a un Bien Municipal, lo cual significa también  “Patrimonio Estatal”.

En ese contexto se concluye que el A quo respecto a la pretendida acción en fs. 10, realizó una correcta aplicación tanto de la normativa antes mencionada así como  de toda la legislación que regula la misma, habiendo concluido  que la demandante acuda al Gobierno autónomo de Oruro para concluir su trámite de adjudicación y consolidación del lote pretendido, Auto Interlocutorio Definitivo, que fue correctamente confirmado mediante el Auto de Vista de fs. 133 vta., donde claramente establece que de acuerdo a normativa: Todo patrimonio Municipal por ser de uso público es intransferible y se superpone al interés particular no pudiendo ser motivo de usucapión. Por lo anteriormente señalado, al no existir duda sobre la ubicación del lote de terreno objeto de la presente causa  y que se trata de una propiedad de dominio  público, de lo que claramente se colige que no resulta evidente este reclamo.

2.- Expresa también que el Tribunal de Alzada debió revocar el Auto de 03 de agosto de 2011, puesto que el art. 138 del Código Civil se encontraría vigente y que él mismo  no indicaría absolutamente nada sobre el registro tradicional catastral, registro propietario o que se realice una investigación de la relación registral, que debieron dejar de lado simples circulares o Autos Supremos emitidos bajo la fundamentación de la anterior Constitución Política del Estado, en ese entendido se habría infringido la norma mencionada.

Al respecto cabe establecer de forma clara que: si bien no existe registro, pero de las pruebas se ha colegido que es un bien de dominio público por lo que no procede ser usucapido, asimismo le correspondía al demandante probar que es un bien de dominio privado, aspecto que no sucedió en el presente caso.

3.- este reclamo está referido a que la Resolución no se habría circunscrito a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación o fundamentación, ya que tampoco se habría pronunciado sobre la publicidad que se adquiriría con la inscripción del título  que originaría el derecho en el Registro de Derechos Reales, Al respecto debió de fundamentar el mismo en un Recurso de forma, empero también corresponde puntualizar que habiéndose interpuesto un Recurso de fondo, no corresponde su consideración.

4.- En lo referente a los agravios 4,5 y 6, Al respecto corresponde referir que el Tribunal ha tomado un razonamiento producto de varios Autos Supremos, los cuales no deben ser tomados en su totalidad, ya que son citados como base jurisprudencial, así como de respaldo en su decisión, todo ello en lo que corresponda, concluyendo que los bienes del Estado no son susceptibles de usucapión, por lo cual estos reclamos no tienen asidero alguno.

7.- Refiere que el Auto de Vista habría infringido el art. 19 de la Constitución Política del Estado, ya que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifiquen  la vida familiar y comunitaria.

Cabe señalar que si bien es cierto que las disposiciones Constitucionales reconocen el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de políticas Estatales, estableciendo que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, lo cual no debe confundirse con la usucapión como instituto del derecho civil, que tiene una finalidad adquisitiva y extintiva para las partes, asimismo se debe tener en cuenta que ninguna normativa promueve la usucapión contra bienes del Estado. En ese sentido son claras las disposiciones y la autoridad jurisdiccional, no admitió la demanda porque la misma tiene como antecedente haber intentado adjudicarse dicho bien Municipal.

En ese antecedente  y por las certificaciones emitidas por el ente Municipal que acreditan que el inmueble pretendido no está consignado como propiedad privada, resultando por ende una demanda improponible por ser el objeto de la Litis un bien de dominio público, consecuentemente no existe fundamento alguno que sostenga los supuestos agravios acusados por la parte recurrente. De lo anterior se colige que no concurrieron los elementos que harían viable la procedencia de la demanda conforme razonó el A quo.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme a la previsión contenida en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto Cristina Chambi Zepita contra el Auto de Vista Nº 163/2011 de 19 de octubre de 2011 de fs. 155  a 159 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior de Justicia de Oruro (Hoy Tribunal Departamental de Justicia). Sin costas por no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran.