TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 1129/2015 - L

Sucre: 07 de Diciembre 2015

Expediente: CH-48-11-S

Partes: Julio Ríos Condori y Antonia Pomacusi Rentería c/ Luis Tirado Vargas y Herederos de María del Carmen Rúa de Tirado

Proceso: Nulidad de Escrituras Públicas

Distrito: Chuquisaca

                                                                                                                      

VISTOS: El recurso de casación de fs. 617 a 625, interpuesto por Antonia Pomacusi Rentería, contra el Auto de Vista Nº SCII 371, de 09 de noviembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, (Hoy Tribunal Departamental) cursante de fs. 607 a 610, en el proceso ordinario de Nulidad de Escrituras Públicas de compra venta, seguido por Julio Ríos Condori y Antonia Pomacusi Rentería contra Luis Tirado Vargas y Herederos de María del Carmen Rúa de Tirado, el Auto de concesión de fs. 628, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Sustanciado el proceso, el Juez de Partido Séptimo en lo Civil de la ciudad de Sucre en el  Departamento de Chuquisaca, dicta Sentencia Nº 16, de 28 de mayo de 2011, cursante de fs. 565 a 567 y vta., declarando: IMPROBADA la demanda ordinaria de nulidad de contratos de compra venta de fs. 66 72 ratificada por memorial de fs. 83 y PROBADA la excepción perentoria de falta a de acción y derecho de los demandantes opuesta a fs. 111-114, 168-171, 174-176 y 180-182 por los demandados Luis Tirado Vargas, María del Carmen Tirado Rúa de Barrón, María Daniela Tirado Rúa de Pereyra, Juana Luisa Tirado Rúa de LLorenti, Luis Felipe Tirado Rúa y Raquel Aurora Tirado Rúa de Wunder, con Costas.

Resolución que es apelada por Antonia Pomacusi Rentería, mediante escrito de fs. 570 a 578, que merece Auto de Vista Nº SCII 371, de 09 de noviembre de 2011, cursante en fs. 607 a 610, que CONFIRMA totalmente la Sentencia apelada con costas. Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Del contenido del recurso de Casación en el Fondo, se establecen los siguientes puntos:

1.- Acusa mala interpretación y aplicación del art. 1299 del Código Civil en relación al art. 549 inc. 5) del mismo cuerpo legal, respecto a dos minutas de transferencia de inmuebles (50 mts2 y 30 mts2), puesto  que las mismas debían contener las huellas digitales de ambos transferentes por ser ellos analfabetos, además de un testigo a ruego y dos instrumentales por cada uno para asegurar que éstos se encontraban de acuerdo y  que conocían del contenido de dichas escrituras, requisitos sin los cuales, los documentos antes referidos serían nulos, habiendo violado de esta manera la garantía al debido proceso en su elemento al derecho de una debida fundamentación, consagrados en los arts. 115-II) y 180-I) de la Constitución Política del Estado.

2.- Expresa que se habría realizado una mala valoración de la prueba, con errónea interpretación de los arts. 192-2), 397-I) del Código de Procedimiento Civil y art. 1286 del Código Civil, respecto a que el A quo no habría realizado la valoración correcta de las pruebas presentadas de prueba del analfabetismo corroboradas también por las testificales.

3.-  Refiere mala valoración de la prueba y vulneración del art. 342 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a la excepción de falta de acción y derecho.

En esos antecedentes concluye en su PETITORIO, que interpone RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO, contra el Auto de Vista Nº SII-371/2011 de fecha 09 de noviembre de 2011 de fs. 607 a 610, a objeto de que el Tribunal Supremo de Justicia CASE el Auto de Vista referido y deliberando en el fondo declare: PROBADA LA DEMANDA PRINCIPAL DE NULIDAD DE ESCRITURAS E IMPROBADA LA EXCEPCIÖN PERENTORIA DE FALTA DE ACCIÓN, condenando en responsabilidad de multa al Tribunal de Apelación conforme lo establecen los arts. 271-4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.


CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓ N:


1.- Acusa mala interpretación y aplicación del art. 1299 del Código Civil en relación al art. 549 num. 5) del mismo cuerpo legal, respecto a dos minutas de transferencia de inmuebles (50 mts2 y 30 mts2), puesto  que las mismas debían contener las huellas digitales de ambos transferentes por ser ellos analfabetos, además de un testigo a ruego y dos instrumentales, requisitos sin los cuales, los documentos antes referidos serían nulos, habiendo violado por ende la garantía al debido proceso en su elemento al derecho de una debida fundamentación.

Al respecto, se advierte que la normativa en la cual la parte actora funda su pretensión de nulidad de Escritura Pública, hace referencia a la causas de nulidad que son aplicables específicamente a los contratos  y no así a las Escrituras Públicas, puesto que ambas figuras son totalmente diferentes, bajo esa lógica corresponde precisar que el contrato, tal como establece el art. 450 del Código Civil, es aquel acuerdo de dos o más voluntades para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, siendo esta la fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes suscribientes, la cual, dependiendo de la variedad de contratos que existen en el ámbito civil, puede tomar una determinada forma para su perfeccionamiento por exigencia de la ley; es así que tratándose de una compra-venta estamos frente a un contrato consensual por excelencia que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes sin necesidad de otra formalidad; siguiendo con esa lógica corresponde ahora referirnos a lo que es la Minuta, Escritura Pública, Protocolo y Testimonio: Para el autor Argentino I. Neri, en su obra “Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial”. … La Minuta , no es más que la constancia escrita entre las partes contratantes que se expresa en documento específico que da cuenta de la existencia del contrato ya realizado, en ella se plasma o consigna de manera literal el acuerdo de voluntades; tiene por objeto constituir prueba de que el contrato en realidad existe generando derechos y obligaciones para las partes; se constituye en la base fundamental de la Escritura Pública. En cambio la Escritura Pública, es el documento autorizado con las solemnidades legales por notario competente, a requerimiento de parte e incluidos en el protocolo, y que contiene, revelan o exteriorizan un hecho, acto o negocio jurídico, para su prueba, eficacia y constitución”.

Asimismo de la vasta jurisprudencia al respecto, citamos el Auto Supremo Nº  286/2013 pronunciado por esta Sala Civil: “..En otras palabras se puede decir que es el documento autorizado con las solemnidades legales por Notario competente, a requerimiento de las partes e incluido en el protocolo, que contiene el acto o negocio jurídico para su plena eficacia o constitución; su elaboración es atribuible exclusivamente al notario. En tanto que el Protocolo es el conjunto o colección de documentos matrices u originales debidamente ordenados y encuadernados con los cuales en caso necesario ha de practicarse el cotejo para probar la autenticidad de los documentos que expide el notario; constituye el cuerpo matriz o lugar donde se conservan los documentos originales de las relaciones jurídicas como sinónimo de garantía de perdurabilidad y autenticidad, cuya fe y custodia se encuentra bajo exclusiva responsabilidad del notario. Finalmente, diremos que el Testimonio, no es más que una copia fiel que extiende el notario de la Escritura Pública.

Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala el Tratadista Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia”, en este entendido si bien es evidente que la jurisprudencia ha establecido que la minuta es un borrador que se pasa al Notario de Fe Pública a fin de que éste, sobre la base de aquella, extienda la correspondiente Escritura Pública, no es menos evidente que esa consideración reviste importancia únicamente respecto de aquellos contratos que deben celebrase mediante documento público tal cual dispone el art. 491 del Código Civil, por otra parte el contrato de compra venta al ser un contrato consensual que le da la característica de no requerir de formalidades para su perfeccionamiento, es decir que no reviste mayor trascendencia si éste se materializó en una minuta o no, debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una Escritura Pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice “ Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrarse incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato”, por lo que la parte recurrente si bien busca la nulidad del documento, esta no ataca como tal al contrato de compra venta consensuado entre partes, ya que tampoco se habría probado la falsedad del documento demandado.

De lo señalado y toda vez que el contrato y la Escritura Pública (documentos de quien la parte actora pretende la nulidad) son dos institutos totalmente diferentes, estos, como ya se señaló, también merecen diferente tratamiento para justificar su invalidez, razón por la cual la nulidad de los testimonios y de las Escrituras Públicas, no pueden basarse en causales de nulidad establecidas en el art. 549 del Código Civil que son propias del contrato, como es la causa y motivo ilícito, pues estas son causales que atacan el nacimiento del contrato en sí y no así de la Escritura Pública como tal, más aun si el tratamiento de esta última se encuentra regulada por la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858 vigente en ese entonces, ley que en sus artículos 16 al 42 determinaba la manera de proceder en la elaboración de escrituras públicas, minutas y testimonios, empero esta norma no establecía que la infracción a dichos artículos sean sancionadas con la nulidad del documento público, ya que, tratándose de documentos públicos, la ausencia de firmas de los testigos instrumentales y/o de ruego en el caso de que una de las partes no sepa o no pueda firmar, así como el hecho de la falta de mención de dicha circunstancia en la parte final de la escritura, no conlleva como sanción la nulidad de dicho documento (art. 1295 del Código Civil).

Respecto a los agravios 2 y 3 acusa y cuestiona argumentos y fundamentos de la Sentencia como ser que el  A quo no habría realizado la valoración correcta de las pruebas presentadas de prueba del analfabetismo corroboradas también por las testificales así como tampoco se habría valorado correctamente la misma en lo concerniente a la excepción de falta de acción y derecho.

De igual forma como se tiene manifestado precedentemente implícitamente ya se dio respuesta in extenso a estos puntos, así se concluye que dichos reclamos ya fueron respondidos extensamente en el considerando II puntos 2 y 3 del Auto de Vista recurrido, mismos que recibieron una respuesta amplia y fundamentada en la Resolución de alzada.

Por los motivos expuestos precedentemente, este Tribunal de Casación no encuentra sustento legal en el recurso de fondo, por lo que es aplicable el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fondo de fs. 617 a 625, interpuesto por Antonia Pomacusi Rentería, impugnando el Auto de Vista Nº SCII 371, de 09 de noviembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, (Hoy Tribunal Departamental) cursante de fs. 607 a 610. Sin costas por no existir respuesta al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran