TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

           S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 1128/2015

Sucre: 07 de diciembre 2015

Expediente: SC 35 15 - S

Partes: Jackeline Rosario Cruz Frías representada por Wilzon Aparicio Flores.

            c/ Bailón  Rivero  Peña,  Miguel  Ruiz  Rodríguez  y  Félix  Eyzaguirre

            Fernández.

Proceso: Mejor derecho propietario, reivindicación y entrega de inmueble.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 260 a 262, interpuesto por Félix Eyzaguirre Fernández, en contra del Auto de Vista de 23 de diciembre de 2014, de fs. 258 a 258 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho propietario, reivindicación y entrega de inmueble seguido por Jackeline Rosario Cruz Frías representada por Wilzon Aparicio Flores contra Bailón Rivero Peña, Miguel Ruiz Rodríguez y Félix Eyzaguirre Fernández; la respuesta al recurso de fs. 267; el Auto de concesión de fs. 269; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                                   ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Wilzon Aparicio Flores en representación de Jackeline Rosario Cruz Frías, adjunto literales a 19 fs., demanda de fs. 20 a 22 y fs. 26, amparada en los arts. 105, 1453, 1454, 1455 entre otros, del Código Civil; arts. 24 y 56 de la Constitución Política del Estado,  manifestando que es propietaria del bien inmueble ubicado en la zona sur, Cantón Paurito Mzna. 11, Lotes 33 y 35 zona Villa Paraíso Prov. Andrés Ibáñez de 720 m2 e inscrito bajo la matricula 7873 el 23 de enero de 2009, que lo hubo en compraventa de Eugenio Guarigua Segundo, y desde el 29 de octubre de 2008 viene en quieta y pacifica posesión de los lotes 33 y 35 totalmente alambrados pero desde el 25 de noviembre de 2008, está siendo perturbada de su posesión despojándola por Diego Roca a través de Bailón Rivero Peña y su yerno Miguel Ruiz Rodríguez quienes le han pedido $us.1.000 para desocupar el inmueble y al negarse le demandaron interdicto de retener la posesión demanda que se declaró improbada ya que no pudieron demostrar que se encontraban en posesión sino que la habían despojado. Requeridos a desocupar pidieron tiempo y al concedérselos habían procedido a edificar en la zona en conflicto por lo que ya no puede haber arreglo. Señala que se trata de invasores famosos que actúan ocupando predios, negocian entonces desocupan y se dirigen a otras zonas a proceder de la misma forma por lo que urge poner freno a estas conductas que atentan a la seguridad jurídica; le han ocasionado daños y perjuicios incluso a su honra y moral Bailón Rivero Peña y Miguel Ruiz Rodríguez detentadores del lote Nº 35, y Félix Eyzaguirre Fernández el lote Nº 33.

Félix Eyzaguirre Fernández, de fs. 50 a 50 vta., contesta la demanda señalando que demuestra ser propietario de los lotes de terreno Nos. 31 y 33 de 720 m2 los cuales posee desde el 8 de octubre de 2002 e inscrito el 20 de junio de 2003, tiene su vivienda, construcciones, plantas frutales y ornamentales, está alambrado, cuenta con los servicios de agua y luz, impuestos cancelados, es decir, que a tiempo de ser demandado se encontraba en posesión legal del inmueble cinco años después que la demandante de quien el límite de la parte oeste de su plano no coincide con lo que menciona el testimonio y el certificado alodial y es falso que haya sido demandado de interdicto y más aún que se haya declarado improbada la demanda ya que siempre vivió en ese lugar, la demandante ni siquiera le conoce ni él a ella.

Miguel Ruiz Rodríguez, de fs. 71 a 73, contesta y reconviene indicando que posee el lote desde el año 2008 del cual ha sido posesionado habiendo firmado minuta de compraventa a nombre de su esposa Ingrid Rivero Arandia el 21 de septiembre de 2009, cuando ingresaron al lote éste era baldío y junto a su familia desmontaron y realizaron las mejoras como su precaria vivienda, servicios de luz y agua, la demandante nunca puso un ladrillo ni plantó un solo árbol menos objetó cuando se posesionó y esto porque ella compró el lote cuando estaba asentado y posesionado que se corrobora con la minuta de compra de 29 de octubre de 2008, fecha posterior a su asentamiento por eso interpuso interdicto de retener la posesión que está vigente ya que si bien la sentencia le fue adverso pero fue anulada en apelación. Un dato que no menciona la demandante es que ella vive a cuatro cuadras del lote Mzno. 24, lotes 18 y 20, y el terreno que compró se encuentra a 1 km de distancia de su lote, en el ex fundo denominado Pueblo Nuevo como así se señala en la escritura de compra, en cambio, el lote que ocupa se encuentra en Villa Paraíso que adquirió de Benito Segundo Díaz que sin embargo no hizo registrar por falta de recursos. Reconviene por acción negatoria y mejor derecho de propiedad sobre el inmueble pretendido el que ocupa junto a su esposa quien es la titular del mismo y toda vez que su derecho de propiedad deviene de título legítimo de Benito Segundo Díaz cuyo derecho se encuentra registrado en fecha 20 de julio de 1999.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Noveno de Partido en materia Civil-Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia de 20 de agosto de 2014, de fs. 234 a 236 vta., declaró Probada la demanda respecto del demandado Félix Eyzaguirre Fernández. Probada la demanda respecto de los demandados Bailón Rivero y Miguel Ruiz solo en lo que respecta a las pretensiones de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, e improbada respecto de la pretensión de mejor derecho. Improbada la demanda reconvencional interpuesto por Miguel Ruiz Rodríguez. En su mérito declara mejor derecho de la demandante respecto del terreno signado con el Nº 33 y se ordena al demandado Félix Eyzaguirre Fernández entregar el inmueble situado en la Manzana 11, lote 33 (ver plano de fs. 6) de 360 m2, a su propietaria Jackeline Rosario Cruz Frías completamente desocupado a tercero día de la ejecutoria de la presente Sentencia, bajo prevención de lanzamiento. Se consolida la reivindicación extrajudicial obtenida por la demandante respecto del terreno lote Nº 35.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 23 de diciembre de 2014, de fs. 258 a 258 vta., confirmó la Sentencia; resolución contra la cual el co-demandado recurre de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:                                                                                          HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Alega que la presente demanda fue dirigida contra Bailón Rivera Peña y Miguel Ruiz Rodríguez, ampliada contra Félix Fernández, pero que dolosamente con dicha demanda fue citada dolosamente su persona, Félix Eyzaguirre Fernández, pese a que en la ampliación se refirió a Félix Fernández.

Acusa que el Juez dolosamente omitió verificar que si la demanda contiene los requisitos exigidos por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco verificó la falta de personería del apoderado demandante para demandar a Félix Eyzaguirre Fernández, por cuanto el Poder Nº 497/2010 adjunto a la demanda no le faculta al apoderado demandar contra Félix Fernández ni contra Félix Eyzaguirre Fernández, y el Juez incumple lo que manda el art. 3 inc. 1), arts. 58 y 90 de la citada norma. Hecho deliberadamente omitido por el Juez que dictó la Sentencia, incurriendo en el mismo error los Vocales que dictaron el Auto de Vista, en consecuencia, el apoderado que ha demandado sin poder para demandar ha infringido el art. 804 del Código Civil con relación al art. 811-II de la misma norma. Y el Juez violó la garantía del debido proceso haciendo interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 3-1), 58, 90 y 252 del Procedimiento Civil, así como interpretación errónea y aplicación indebida del art. 804 con relación a los arts. 811 y 1545 del Código Civil, aplicando indebidamente el término de la preclusión al haber demandado la falta de personería del apoderado quien actuó sin poder suficiente.

Con dichos antecedentes, pide se dicte auto supremo casando el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:                                                                                   FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Así expuestos los hechos a través del presente recurso de casación, con fines resolutorios se pasa a su análisis y consideraciones:

Al contrario de lo que señala el recurrente, conforme a la exposición de sus reclamos, no se trata de un recurso de casación en el fondo sino en la forma, pues, al cuestionar una posible falta de personería en el apoderado de la demandante y cuestionar así mismo que la demanda no fue dirigida contra su persona sino en contra de otra, se advierte que se tratarían de irregularidades procesales que hacen a la forma pero no al fondo. En reiterados fallos este Tribunal Supremo de Justicia tiene señalado que: “Conforme al art. 250 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación puede ser planteado en el fondo o en la forma o en ambos a la vez. Cuando se interpone en la forma “error in procedendo", o de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del citado cuerpo legal, y está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o la nulidad de obrados; cuando se plantea en el fondo, por errores en la resolución de fondo del litigio "error in judicando", los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 de la misma norma y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio…”. Al respecto, el art. 254 del Código Adjetivo de la materia, señala que procederá el recurso de casación en la forma por haberse violado las formas esenciales del proceso, en la Sentencia o Auto recurrido, cuando, como señala en el num. 7), ha sido dictado faltando a alguna diligencia o trámite declarados esenciales.

En el caso de autos se tiene que mediante el formulario de citaciones y notificaciones de fs. 28, fue notificado el recurrente en estrado judicial en forma personal con la demanda y demás actuaciones procesales, diligencia a cuyo pie se observa la firma y la aclaración de firma del recurrente. A través del memorial de contestación a la demanda de fs. 50-50 vta., el recurrente procedió a aclarar de manera contundente que su nombre correcto es Félix Eyzaguirre Fernández y no Félix Fernández como se ha consignado en la demanda pidiendo al Juez que este hecho sea tomado en cuenta, por lo que el Juez en su providencia de fs. 51, admite la contestación de Félix Eyzaguirre Fernández. En ese sentido, este hecho ha sido totalmente despejado por el propio recurrente en su respuesta.

En cuanto a que el apoderado de la demandante no tendría personería para demandar a Félix Eyzaguirre Fernández ni a Félix Fernández, se debe considerar lo siguiente:

El art. 809 del Código Civil señala que: “El mandato es especial para uno o muchos negocios determinados;…”. Concordante con ello, el art. 835 de la misma norma, señala: “El poder general no confiere facultades para los actos judiciales que por su naturaleza exijan poderes especiales o la presencia personal del interesado”. En ese entendido, el instrumento de Poder Nº 497/2010 de fs. 18-18 vta., es efectivamente un poder especial a través del cual se acredita que la mandante ha otorgado a su mandatario facultades para determinadas obligaciones judiciales, primero, para asumir defensa en la demanda interdicta de retener la posesión seguida a instancia de Miguel Ruiz Rodríguez y Bailón Rivera Peña en su contra, a cuyo efecto le otorga las facultades permitidas por ley y las especiales de asumir defensa, suscribir, contestar, plantear incidentes, excepciones, etc.; segundo, mediante el mencionado testimonio de Poder se acredita que confiere a su mandante: “…Más poder para demandar interdicto de recobrar la posesión, Poder para plantear demanda ordinaria de mejor derecho, desocupación, reivindicación, entrega y otros, apersonándose ante el Juzgado de Partido de Turno en lo Civil de la Capital, contra los Srs. Miguel Ruiz Rodríguez y Bailón Rivera Peña…en suma hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley franquea hasta la conclusión de los procesos, sobre los siguientes bienes inmuebles:…el 2do. en Urbanización El Paraíso, Manzana Nº 11, lotes Nros. 33 y 35…En suma…le faculta al apoderado realice toda actuación legal requerida sin que por falta de cláusula expresa deje de surtir efectos jurídicos sea tachado de insuficiente o alegada su personería…”; tercero, confiere más poder para plantear demanda ordinaria de cumplimiento de contratos, entrega de inmueble, saneamiento y evicción y otros contra Eugenio Guarigua Segundo, y cuarto, más poder para denunciar y querellarse contra Miguel Ruiz Rodríguez y Bailón Rivera Peña por los delitos de despojo, perturbación de posesión, alteración de linderos y otros. De donde se tiene que a través del referido Poder la actora ha otorgado facultades para determinados actos judiciales a ser efectuados por el mandante.

Ahora, si bien es cierto que en la segunda parte de dicho instrumento se señala que se confiere Poder para plantear demanda ordinaria de mejor derecho, reivindicación, desocupación, entrega y otros contra Miguel Ruiz Rodríguez y Bailón Rivero Peña, sobre los inmuebles, entre ellos, los que están ubicados en la Urbanización El Paraíso, Mzno. 11, lotes Nos. 33 y 35, no es menos cierto que ha sido el recurrente quien a tiempo de apersonarse y responder la demanda (fs. 50-50 vta.), ha afirmado que sería el propietario del lote Nº 33 Manzana 11, en ese sentido, lógicamente que las facultades conferidas se entiende no sólo son para plantear demanda ordinaria en contra de las precitadas personas, concretamente, sino también se prolonga en contra de aquéllas que tengan relación con ese derecho propietario cierto o aparente que manifiesta tener la poderdante. Al respecto, el parágrafo I del art. 811 del Código Civil, referido a la extensión del mandato, señala que: “I. El mandato no solo comprende los actos para los cuales ha sido conferido, sino también aquellos que son necesarios para su cumplimiento”. Consiguientemente, en caso de que el apoderado Wilzon Aparicio Flores omitiera interponer demanda en contra de aquel que alega tener derecho propietario sobre el mismo bien inmueble que su poderdante reclama para sí, entonces estaría incumpliendo las obligaciones a las que se ha reatado en el mandato. 

De otro lado, si de todos modos el recurrente creía que el Poder otorgado por la actora a su representante no le facultaba a demandar contra Félix Eyzaguirre Fernández o Félix Fernández, pues debió hacer notar de manera oportuna e inmediata en el transcurso del proceso esa supuesta ausencia de facultades, pero contrariamente, al permitir que prosiga el curso del trámite sin hacer notar aquello ha consentido en el acto, y recién en esta etapa viene en reclamar, cuando aquélla en la que era pertinente observar esa supuesta irregularidad procesal no lo hizo ocasionando la preclusión de ese derecho, como Sentencia el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025.

Por los motivos expuestos, corresponde a este Tribunal de Casación resolver el presente caso aplicando el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Félix Eyzaguirre Fernández, en contra del Auto de Vista de 23 de diciembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho propietario, reivindicación y entrega de inmueble seguido por Jackeline Rosario Cruz Frías representada por Wilzon Aparicio Flores contra Bailón Rivero Peña, Miguel Ruiz Rodríguez y el recurrente. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.