TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

            S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 1120/2015

Sucre: 04 de diciembre 2015

Expediente: CB 52 15 - S

Partes: Marcelo Marcelino Quilla López. c/ María Modesta Claros, Julia Ruth

            Guevara Claros y presuntos ocupantes o cuidadores.

Proceso: Reivindicación, acción negatoria y mejor derecho propietario.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación o nulidad en la forma de fs. 1016 a 1019 y el recurso de casación o nulidad en el fondo y la forma de fs. 1024 a 1028, interpuestos por Julia Ruth Guevara Claros y María Modesta Claros, respectivamente, en contra del Auto de Vista de 29 de octubre de 2014, de fs. 1010 a 1013, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario sobre reivindicación, acción negatoria y mejor derecho seguido por Marcelo Marcelino Quilla López contra María Modesta Claros, Julia Ruth Guevara Claros y presuntos interesados; la respuesta a los recursos de fs. 1035 a 1040; el Auto de concesión de fs. 1049; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                                     ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Marcelo Marcelino Quilla López, adjunto literales a 20 fs., demanda de fs. 21 a 22 vta., amparado en los arts. 1453-I, 1454, 1455, 1538 del Código Civil, manifestando que fue declarado heredero ab in testato a la muerte de su hermano Román Quilla López por lo que en esa calidad adquirió el inmueble de 1.180,75 m2 ubicado en la zona de Villa Busch Av. Circunvalación Beijing Distrito Nº 4 Mzna. 188 (225) entre calles Jorge Stephenson y Carlos Diez de Medina. El 13 de junio de 2006 inició demanda interdicta de adquirir la posesión sobre el referido inmueble suscitando oposición María Modesta Claros. En sentencia se declaró probada su demanda e improbada dicha oposición, sentencia confirmada en apelación ministrándole posesión real, corporal y judicial sobre el referido inmueble debidamente registrado. No obstante dichas resoluciones judiciales,  las demandadas, que ocupan y detentan ilegalmente el inmueble, se niegan a entregarle pese a haberles solicitado reiteradamente habiendo sido agredido. Por lo que demanda en virtud a su derecho propietario el cual surte efectos contra terceros debido a que está siendo perjudicado en sus intereses.

María Modesta Claros, de fs. 48 a 51, responde, opone excepciones y reconviene rechazando los términos de la demanda señalando que no es evidente que estuviera ocupando ilegalmente el referido inmueble del cual es propietaria desde 1981 cuyo saneamiento viene tramitando. El actor no señala quiénes fueran los presuntos interesados incurriendo en obscuridad e ilegalidad de la acción. Durante ese tiempo el actor no reclamó ningún derecho por lo que se ha operado la prescripción del derecho para hoy pretender reclamar. No acredita ser propietario por lo que se debe entender que se refiere a supuestas acciones y derechos pero no dentro de su propiedad de la que es poseedora de forma libre, continuada y pacífica, inmueble en el cual vivió con su recordado esposo Román Quilla López desde 1981 ya que conforme al art. 63.II de la Constitución Política del Estado, se reconoce la unión conyugal, libre o de hecho el cual tiene los mismos efectos que el matrimonio consiguientemente es única y legitima propietaria. Opone las excepciones perentorias de falsedad, obscuridad, ilegalidad, prescripción del derecho del demandante para demandar, impersonería del demandante, confesión, cosa juzgada y otros que pudieran sobrevenir. Interpone acción reconvencional demandando la usucapión decenal o extraordinaria sobre su inmueble de 569,77 m2 ubicado en la Av. Circunvalación Beijing entre calle Diez de Medina y Stephenson, parcela a Nº 5 zona de Villa Busch Distrito 4, Mzna. 138 (225) argumentando que desde 1981 se encuentra en posesión habiendo introducido mejoras sin que a lo largo de ese tiempo haya sido perturbada operándose la prescripción adquisitiva a su favor, y porque el demandante no hizo uso de ningún derecho sobre el inmueble durante ese tiempo.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Duodécimo en lo Civil-Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de 27 de abril de 2012, de fs. 938 a 947, declaró Probada en parte la demanda solo en cuanto a la reivindicación; Improbadas las excepciones perentorias de falsedad, prescripción del derecho del demandante para demandar, falta de acción y derecho para demandar, confesión y cosa juzgada, opuestas por María Modesta Claros. Improbada la acción reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria y cancelación del registro de declaratoria de herederos planteada por María Modesta Claros. Probadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia  opuestas por Marcelino Quilla López. Dispone la reivindicación del inmueble por parte de los demandados María Modesta Claros, Julia Ruth Guevara Claros y presuntos ocupantes o cuidadores el mismo que deberá ser entregado a Marcelo Marcelino Quilla López de manera directa en tercero día de ejecutoriada la presente resolución bajo conminatoria de lanzamiento. Dispone la cancelación de las anotaciones preventivas inscritas que recaen sobre el bien inmueble inscrito en Derechos Reales. Se rechaza la nulidad de citación formulada por Julia Ruth Guevara Claros por los fundamentos expuestos.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 29 de octubre de 2014, de fs. 1010 a 1013, confirmó totalmente la Sentencia apelada; resolución contra la cual la parte demandada recurre de casación o nulidad en la forma y en el fondo, respectivamente.

CONSIDERANDO II:                                                                                           HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de casación o nulidad en la forma de Julia Ruth Guevara Claros:

1. Señala que la apelación radicó en la Sala Civil Primera que se encuentra conformada por tres Vocales. A fs. 999 consta el sorteo designando como relator a Javier Celiz Ortuño quien, el 25 de julio de 2014 informó de la disidencia de su proyecto por parte de los Vocales Gualberto Terrazas Ibáñez y Lineth Marcela Borja Vargas, disponiéndose como nuevo Vocal relator a Gualberto Terrazas Ibáñez (fs. 1000). Estas disidencias se repitieron en fechas 19 de agosto de 2014, 3 de septiembre de 2014, 22 de septiembre de 2014, hasta que la Dra. Borja el 30 de septiembre de 2014, informa sobre la disidencia por parte de los Vocales Mejía y Siles, disponiendo dicha Vocal el sorteo entre los Vocales disidentes (fs. 1008), finalmente el sorteo (fs. 1009) designando como Vocal relator (fs. 1001). De ahí que con el Auto de Vista recurrido se consumó la violación a actos procesales esenciales como el decreto de Autos y sorteo del proceso, la distribución de causas y la realización de sorteo (arts. 265 y 267 del Código de Procedimiento Civil) cuyas formalidades fueron vulneradas por los indicados Vocales que omitieron emitir el decreto de autos que posibilita el sorteo para que el Vocal designado presente proyecto de resolución, sin embargo, no obraron de esa manera.

2. Indica que pese a que la Sala Civil Primera cuenta con tres vocales, los Vocales Terrazas y Borja excluyeron del proyecto de resolución al Vocal Celiz a pesar de ser competente para conocer y dar su voto sobre dicho proyecto dando su conformidad o disintiendo; con esa privación nuevamente incurrieron en violación procesal esencial.

3. Acusa que el edicto de fs. 972 no cumple con el art. 126 del Código de Procedimiento Civil, y menos con el Auto de 27 de junio de 2012, que determina que debe ser igual que con la citación con la demanda y no solamente la parte resolutiva de la misma; omisión que importa violación a los actos procesales esenciales.

4. Refiere que en su apelación fundamentó la falta de resolución oportuna de la nulidad de citación con la demanda pese a los plazos perentorios establecidos por el art. 152 del procedimiento civil, y lo dispuesto en el art. 3-2) de la señalada norma, cuyo incumplimiento le dejó en indefensión.

5. En la demanda se señaló su domicilio real pero curiosamente le citan por edicto violando los arts. 120, 121 y 128 de la señalada normativa.

6. Acusa que la Sentencia como el Auto de Vista violan el art. 24 de la Constitución por cuanto no se resolvió la nulidad de citación de manera pronta y oportuna ni atendida en alzada.

7. Manifiesta que al disponerse en Sentencia la entrega de su inmueble al demandado y la cancelación de anotaciones preventivas de su propiedad constituye grave perjuicio a sus derechos ya que se rechaza la nulidad de citación después de un año y 10 meses ya que si la nulidad de citación fue admitida no merecía su rechazo violándose el art. 90 del procedimiento civil.

8. De otro lado, refiere, conforme el art. 203 de la precitada norma, dicha resolución debió dictarse dentro de cinco a ocho días y que al no haber pronunciado dentro de ese plazo, el A quo ha perdido competencia para seguir conociendo el proceso correspondiendo remitir el proceso a la autoridad llamada por ley, al no haber sido resuelta oportunamente la nulidad planteada se violaron los arts. 115-II y 117-I de la Norma Fundamental, agravio que no fue atendido en Alzada.

9. Alega que el Auto de Vista recurrido admite que planteó nulidad de citación admitido el 10 de julio de 2010, corriéndose en traslado pero el juzgador sin resolver determina la producción de prueba. Al no resolverse oportunamente se violó el debido proceso pese a ello, el Auto de Vista no se pronunció al respecto, al contrario, se da por bien hecho interpretando erróneamente los art. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, el incidente de nulidad fue reclamado oportunamente.

10. Acusa de que el Auto de Vista, considerando II segunda parte num. 3), con referencia a la Sentencia pretende subsanar con el art. 196 del Adjetivo Civil referido a la complementación empero ésta tiende a corregir errores materiales, algún concepto oscuro pero no le corresponde resolver excepciones perentorias que pudieren alterar la sustancia de la decisión.

11. Refiere que el Auto de Vista, al no haberse resuelto las excepciones opuestas por la Defensora de Oficio, omisión que fue apelada pero no fue resuelta, vulnerando el art. 192-3) de la referida norma, al negarse resolver tal infracción incurre en infracción procesal.

Nulidad de Oficio:

1. Señala que en el presente trámite se demanda a presuntos interesados a quienes se designó defensor de oficio quien aceptando el cargo respondió a la demanda oponiendo excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia (fs. 90) las cuales no fueron resueltas en Sentencia incurriendo en causal de nulidad provocando la apelación en cuyo grado el Tribunal de Apelación tampoco resolvió las mismas.

2. Menciona que en el considerando II del Auto de Vista admiten que la defensora de oficio respondió oponiendo excepciones sin que el A quo se pronuncie sobre las mismas, el Auto de Vista se limita a referir que no existe petición de complementación alguna de las apelantes pero por ello correspondía de oficio anular obrados hasta el vicio más antiguo, la falta de resolución de dichas excepciones dan lugar a declarar improbada la demanda principal.

Con base en esos antecedentes, pide la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo hasta que el Juez resuelva el incidente de nulidad de citación.

Recurso de casación en el fondo:

1. Señala que el actor es apenas un heredero colateral y como tal solamente tiene acciones y derechos y no es propietario de todo el inmueble. Conforme el art. 1083 del Código Civil, en su calidad de conviviente supérstite goza de mejor derecho que el actor sobre el inmueble. En el Auto de Vista se admite que el inmueble no se halla en poder del actor por lo que se viola el art. 1453 de la citada norma, porque requiere que el demandante sea propietario y que hubiere perdido la posesión, de la prueba se demuestra que el actor como heredero colateral no es propietario de todo el inmueble solo de derechos y acciones, en el peor de  los casos, por tanto no ha perdido la posesión.

2. Indica que el Auto de Vista reconoce que está tramitando un proceso judicial de reconocimiento de unión libre o de hecho con Román Quilla López prueba que no fue valorada en Sentencia ni en el Auto de Vista violando el art. 1083 del Código Civil, como conviviente supérstite goza el mejor derecho sobre el inmueble y el actor es un simple heredero colateral por determinación del art. 1086 de la indicada norma, disposiciones que han sido violadas.     

3. Refiere que el Auto de Vista reconoce que el actor no se encuentra en posesión del inmueble por lo que viola el art. 1453 del Código Civil, porque no se ha demostrado que el propietario hubiera sido desposeído del inmueble violándose el art. 375 del Código Adjetivo Civil.

4. Indica que se ha incurrido en infracción del art. 1108 del Código Civil, porque no se reconoce su unión conyugal libre o de hecho, el bien demandado está en situación de proindiviso por eso puede demandar sobre derechos y acciones y no sobre todo el inmueble porque eso no ha sido acreditado.

5. Refiere que el actor confesó que ella se encuentra en posesión del inmueble pero no ha sido valorado en ambas instancias y contrariamente se exige otros medios de prueba violando el art. 401 y 410 del Código de Procedimiento Civil.

6. El Auto de Vista viola el art. 138 de la norma sustantiva civil, porque ha acreditado que se encuentra en posesión del inmueble desde 1981 y así es reconocida por la sociedad civil operándose a su favor la usucapión decenal e incluso treintañal.

Recurso de casación en la forma:

1.  Con similar tenor del primer agravio formulado por la co-recurrente Julia Ruth Guevara Claros, en este agravio se reclama por la manera en que los Vocales de la Sala Civil Primera procedieron en  el sorteo de la causa y la designación de vocal relator, trámite que no habría dado cumplimiento a los arts. 265 y 267 del Código de Procedimiento Civil, violándose los mismos.

2. Con similar argumento del segundo agravio formulado por la co-recurrente, en éste reclama que se desconoció la competencia del Vocal Dr. Celiz para conocer y dar su voto sobre dicho proyecto dando su conformidad o disintiendo.

3. Al igual que en el tercer agravio de la co-recurrente, aquí se señala que los presuntos interesados no fueron notificados con la sentencia por edicto, el edicto de fs. 972 no cumple con el art. 126 del Código de Procedimiento Civil, y menos con el Auto de 27 de junio de 2012, que determina que debe ser igual que con la citación con la demanda y no solamente la parte resolutiva de la misma; omisión que importa violación a los actos procesales esenciales.

4. En este agravio, al igual que en el cuarto agravio del otro memorial de recurso, refiere que en su apelación fundamentó la falta de resolución oportuna de la nulidad de citación con la demanda pese a los plazos perentorios establecidos por el art. 152 del procedimiento civil, y lo dispuesto en el art. 3-2) de la señalada norma, cuyo incumplimiento le dejó en indefensión.

5. Como se señala en el noveno considerando de la otra recurrente, en éste se hace referencia a que en el considerando II num. 7 y 8 del Auto de Vista se admite que Julia Ruth Guevara Claros planteó nulidad de citación cual fue admitido el 10 de julio de 2010, corriéndose en traslado pero el juzgador sin resolver determina la producción de prueba. Al no resolverse oportunamente se violó el debido proceso pese a ello, el Auto de Vista no se pronunció al respecto, al contrario, se da por bien hecho interpretando erróneamente los art. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, el incidente de nulidad fue reclamado oportunamente.

6. Como ocurre en el décimo agravio de la co-recurrente, en éste se acusa de que el Auto de Vista, considerando II segunda parte num. 3), con referencia a la Sentencia pretende subsanar con el art. 196 del Adjetivo Civil referido a la complementación empero ésta tiende a corregir errores materiales, algún concepto oscuro pero no le corresponde resolver excepciones perentorias que pudieren alterar la sustancia de la decisión, no es evidente que una infracción procesal esencial se resuelva vía complementación. 

7. Al igual que el agravio décimo primero del otro recurso, en éste se hace referencia a que el Auto de Vista, al no haberse resuelto las excepciones opuestas por la Defensora de Oficio, omisión que fue apelada pero no fue resuelta, vulnerando el art. 192-3) de la referida norma, al negarse resolver tal infracción incurre en infracción procesal.

Nulidad de Oficio:

1. Como sucede en este punto en el otro memorial de recurso, aquí también se hace notar que en el presente trámite se demanda a presuntos interesados a quienes se designó defensor de oficio quien aceptando el cargo respondió a la demanda oponiendo excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia (fs. 90) las cuales no fueron resueltas en Sentencia incurriendo en causal de nulidad provocando la apelación en cuyo grado el Tribunal de Apelación tampoco resolvió las mismas.

2. Igualmente, se menciona que en el considerando II del Auto de Vista admiten que la defensora de oficio respondió oponiendo excepciones sin que el A quo se pronuncie sobre las mismas, el Auto de Vista se limita a referir que no existe petición de complementación alguna de las apelantes pero por ello correspondía de oficio anular obrados hasta el vicio más antiguo, la falta de resolución de dichas excepciones dan lugar a declarar improbada la demanda principal.

Con esos antecedentes pide declarar probada la demanda reconvencional y excepciones opuestas, e improbada la acción principal con sus excepciones, y en su caso, disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo esto es hasta que el juzgado de origen resuelva el incidente de citación.

CONSIDERANDO III:                                                                                       FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Con la facultad conferida por el parágrafo I del art. 106 del Código Procesal Civil, Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, cuya vigencia anticipada está establecida en la Disposición Transitoria Segunda num. 4) del mencionado compilado, se tiene:

El Auto Supremo Nº 99 de 22 de noviembre de 2004, emitido por la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejó establecido: “La pluralidad de partes en el proceso o litis consorcio implica la existencia de un proceso con varios sujetos en la misma posición de parte, sea como actores o demandantes (litis consorcio activo), así como demandados (litis consorcio pasivo), o también cuando conjuntamente sean demandantes y demandados (litis consorcio mixto); a veces es la ley la que exige que sean varias personas las que, conjuntamente, deduzcan la pretensión frente a las cuales la pretensión ha de decirse (litis consorcio necesario), otras veces se produce por libre decisión de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sin que ello impida a que sea la autoridad judicial la que disponga de oficio un litis consorcio, por dos razones: a) la primera relativa a su rol de director del proceso, debiendo cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, como establecen los arts. 3 inc. 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y b) la segunda referida al derecho de defensa en el proceso, de todas las partes o eventuales comparecientes respecto a los cuales se amplía la cosa juzgada, característica de la sentencia que se dicta en el fondo del proceso, cuyas disposiciones y alcance sólo comprenden a las partes y a las que derivaren sus derechos de aquellas, conforme establece el art. 194 del indicado Código adjetivo de la materia”.

En consecuencia, a los efectos de las previsiones de los arts. 3 inc 1), 87 y 194 del Código de Procedimiento Civil se establece la necesidad de la integración a la litis de todos aquellos que deban ser sometidos al proceso, en función de la naturaleza de la relación o del objeto de la controversia, tarea que no sólo puede ser de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sino de la autoridad judicial de instancia que en su calidad de director del proceso debe cuidar que se desarrolle sin vicios de nulidad, para lo que podrá disponer un litis consorcio de oficio; siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.

En el caso presente, se establecen los siguientes hechos:

Con base en el mencionado título ejecutorial, la resolución que declaró heredero al actor a la muerte de su hermano Román Quilla López (testimonio de fs. 2-3), el órgano judicial ha salvado los derechos de terceros que pudieran tener igual o mejor derecho, y bajo esa determinación se ha procedido a registrar el derecho del actor en la oficina de Derechos Reales, salvando esos eventuales derechos que pudieran alegar terceros.

En consecuencia, el antecedente dominial al que hacen referencia los jueces de instancia se concreta en el título ejecutorial de fs. 7 efectivamente expedido a nombre de Román Quilla López como efecto de la Resolución Suprema de 4 de octubre de 1982, pero en la casilla (del título ejecutorial) Número de Beneficiaros en el Plano se consigna el número 5, de donde se advierte que si bien es cierto que dicho documento fue expedido a nombre de Román Quilla López, no es menos cierto que también se favorecieron con el mismo otros cinco beneficiarios deduciéndose que se trataría de los hermanos Quilla López, es decir, Fructuosa, Ana Luz, Julieta, Félix y en favor del actor Marcelo Marcelino Quilla López, y que en total hubieran sido favorecidos los seis hermanos prenombrados, como así se establece en el referido documento-título ejecutorial.

Este extremo está corroborado con lo afirmado por el propio actor quien en su memorial de demanda señala que en ejecución de sentencia del proceso interdicto se ministró posesión en su favor en lo proindiviso sobre el inmueble, extremo que se constata en el testimonio de fs. 8 a 19 así como en el acta de posesión judicial adjunta en copia legalizada en fs. 392, lo que significa que existen copropietarios y que la propiedad se encuentra en indivisión.   

Ahora bien, en el plano de regularización y división corriente a fs. 43, se establece existencia de los lotes C1 y C2, el primero de Román Quilla López y el segundo de Mario Silva Q., colindantes por el lado sur y ubicados en la zona de Villa Busch, Distrito 4, Mz. 138 (225), entre las calles Av. Beijing, Carlos Diez De Medina y Stiphenson (según plano de ubicación). Se indica en el lote C1 a Román Quilla López consignándose una superficie útil de 899,77 m2, indicándose en el lote C2 a Mario Silva Q. consignando una superficie útil de 246,54 m2. En la relación de superficies (al pie de dicho plano), se consigna: SUP. S/ESCRITURA 2643,oo m2, S/PL. APROB. C. 1.180,75 m2, SUP. S/MENSURA TOTAL 1.146,31 m2, SUP. AFECTADA 34,44 m2, SUP. LOTE C1 899,77 m2. Lo que significa que la superficie total del lote del de cujus es de 899,77 m2; esta superficie se encuentra acreditada en los formularios de pago de impuestos a la propiedad de las gestiones 2007 a 2001 (fs. 36 a 42), en cuyos datos de identificación del contribuyente se consigna a Quilla López Román y en el dato de Valuación del Inmueble se establece la Valuación del Terreno en la Superficie de 899,77 m2, de lo que se infiere que, en base a los datos referidos con la extensión pretendida en reivindicación por el actor no guardan un mínimo de relación superficial denotándose indefinición ya que aquellos datos contrarían la cantidad de m2 demandada.

Sin embargo, erróneamente el Tribunal Ad quem señala que el Juez de la causa ante el petitorio de reivindicación, no tenía obligación sino de verificar la existencia del derecho propietario del que habría sido arrebatado debiendo los copropietarios hacer valer sus derechos en otra vía no siendo su labor hacer averiguaciones de ese tipo. Empero, conforme a la relación antes efectuada se advierte que no se ha demostrado objetivamente el terreno que se quiere reivindicar, ni siquiera en los certificados alodiales esta situación ha sido aclarada pues si bien se hace referencia a un Resto de terreno de 1.180,75 m2, refiriéndose en el asiento 2 de titularidad sobre el dominio, a una subinscripción de terreno, en el asiento 3 a la inscripción de la declaratoria de herederos referida, y en el asiento 4, la inscripción de la Sentencia y Auto de Vista del proceso interdicto de adquirir la posesión, sin embargo, de la superficie aquí consignada (1.180,75 m2) como resto de terreno luego el actor no aclara de qué superficie mayor resultaría esa cantidad que pretende, siendo contradictoria incluso con la superficie que se establece en el plano de fs. 43 antes referido, de 899,77 m2 con los que contaría en realidad el predio.  

Dichos datos y antecedentes que resultaron del proceso no fueron tomados en cuenta por los tribunales de instancia apartándose de lo dispuesto por el art. 3 inc. 1) y 87 que disponen, el primero, cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, y por el segundo se le atribuye la dirección del proceso, desconociendo los mismos así como a los beneficiarios establecidos en el mencionado título, ya que si bien el Ad quem admite la existencia de otros co propietarios, empero, de ellos no se acredita en el proceso renuncia a sus derechos o que de otro modo hubiesen dado por bien hecho el trámite de la causa. Así tramitada la causa, se tiene que se ha violado su derecho a la defensa de los otros beneficiarios establecidos en el título ejecutorial del cual deviene el derecho propietario aquí controvertido.

Al haber constatado de que el de cujus no es el único beneficiario del título ejecutorial, correspondía al Juez de primera instancia, en calidad de director del proceso, integrar de oficio a los demás beneficiarios al proceso, conforme establece el art. 67 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez”. De su parte, el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025, dispone que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio, disposición que debe ser interpretada en función a la primera parte del art. 16 de la misma norma, que señala que cuando exista irregularidad procesal que viole el derecho a la defensa se podrán retrotraer etapas procesales.

Por lo antes expuesto, corresponde a este Tribunal de Casación emitir resolución en la manera en que determina el art. 271 num. 3) en relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 42.I num. 1) y 17.I de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y art. 106.I del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fs. 152, inclusive esto es, hasta el Auto de relación procesal, y se dispone que con carácter previo aclare la superficie real sobre la que se demanda reivindicación conforme a lo razonamiento expresado en la presente resolución, y en ese sentido, se integre a los demás beneficiarios del título ejecutorial agrario con la única finalidad de que acrediten o desvirtúen derecho propietario sobre el bien inmueble que se pretende en reivindicación.

Sin responsabilidad de los de instancia por ser excusable el error incurrido.

Se dispone la remisión de una copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura conforme lo dispone el art. 17.IV de la Ley Nº 025.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.