TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 1118/2015

Sucre: 04 de diciembre 2015

Expediente:         CH-7-15-S

Partes: Marina Lucia Zarate Carrillo de Mejía. c/ Ubaldino Zarate Carrillo, Juana

            Barrientos Ortuste, Milton Leonardo Zárate Barrientos y Karen Zárate

            Barrientos.

Proceso: Usucapión Decenal.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 247 a 248 y vta., interpuesto por Marina Lucia Zarate Carrillo de Mejía, contra el Auto de Vista S.C.C.FAM II Nº 260/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, cursante de fs. 242 a 244, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal, seguido por la recurrente contra Ubaldino Zarate Carrillo y otros; la concesión de fs. 262; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez de Partido y de Sentencia de las Provincias Yamparáez, Zudáñez y Azurduy con asiento en Tarabuco, emitió la Sentencia de fecha 16 de abril de 2014, cursante de fs. 195 a 201 y vta., mediante el cual falló declarando IMPROBADA la demanda de Usucapión Decenal o Extraordinaria, con costas.

Contra la referida Sentencia, Marina Lucía Zárate Carrillo de Mejía, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 203 a 204 y vta.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº S.C.C.FAM II Nº 260/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, confirmando totalmente la Sentencia recurrida, con costas en ambas instancias.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación interpuesto por Marina Lucía Zarate Carrillo de Mejía, la misma que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere que el Tribunal de Alzada no valoró el material probatorio aportado dentro del término de prueba, las cuales demostrarían que su persona posee hace más de 10 años el inmueble objeto de la litis, por lo que acusa la violación flagrante de los parágrafos I y II del art. 397 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que las pruebas que no fueron valoradas ni tomadas en cuenta por el Tribunal de Alzada son la cursante a fs. 161 que consiste en una Certificación del Administrador de la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado “San Pedro de Tarabuco Ltda.”, el Acta de Audiencia de Confesión de fs. 167, las actas de audiencia testifical de cargo y el acta de la declaración de la testigo de descargo Inés Flores Villarroel, la inspección judicial de fs. 179.

Arguye también que los Jueces de segunda Instancia vulneraron el art. 87 del Código Civil, porque la posesión se la puede ejercer personalmente o mediante terceros, por lo que señala que cuando viajó a España sus hijos permanecieron en posesión del inmueble.

En virtud a dichos antecedentes  solicita se emita Auto Supremo casando el Auto de Vista y se emita nuevo fallo en lo principal del litigio y sea aplicando las leyes conculcadas.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión del memorial de Recurso de Casación, se advierte que la recurrente no refirió si el mismo fue interpuesto en la forma o en el fondo, empero del análisis del petitorio donde solicita que este Tribunal Supremo de Justicia emita Auto Supremo casando el Auto de Vista es que se deduce que el mismo fue interpuesto en el fondo, es decir por las causales inmersas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la finalidad del recurso de casación que es interpuesto en el fondo es justamente que se case la resolución recurrida, finalidad totalmente diferente a la que persigue la interposición del recurso de casación en la forma que es la nulidad de la Resolución recurrida o de obrados, cuyas causales se encuentran plasmadas en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil.

Bajo ese razonamiento, corresponde referirnos a los reclamos  en los cuales la recurrente refiere que el Tribunal de Alzada no se pronunció ni valoró medios probatorios consistentes en Certificación del Administrador de la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado “San Pedro de Tarabuco Ltda.”, el Acta de Audiencia de Confesión de fs. 167, las actas de audiencia testifical de cargo, el acta de la declaración de la testigo de descargo Inés Flores Villarroel y la inspección judicial de fs. 179, pruebas con las cuales hubiese demostrado su acción; sobre este reclamo debemos señalar que la valorización de las pruebas es una tarea privativa de los jueces de instancia, por ende incensurable en casación, salvo que quien recurra en casación denuncie de manera expresa que en la apreciación de la prueba existió errónea o incorrecta valoración de la misma, pudiendo ser el error acusado de hecho o de derecho, sobre este punto en particular debemos precisar que existe error de derecho en la valoración de la prueba cuando el juzgador hubiera consignado un valor diferente al elemento probatorio contrariando así las reglas vinculadas a la eficacia probatoria señalada en  ley, es decir, a la prueba valorada se le concede valor contrario a la tasación que la ley diseñó al efecto; en cambio, se entiende que existe error de hecho cuando el juzgador valora erróneamente los hechos al considerar una prueba que no contiene ciertamente el proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no refleja el elemento probatorio que existe materialmente en obrados, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cortando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente. En ambos casos, no solo basta acusar la existencia de error de hecho o de derecho pues los mismos deben estar debidamente fundamentados, por lo que no se activa a simple afirmación de que existiría error.

De igual forma, al margen de acusar error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, se entiende obviamente que para que este Tribunal pueda valorar las mismas y verificar si evidentemente existió o no el error acusado, el Tribunal de Apelación previamente debe valorar las mismas, pues no resulta lógico acusar errónea valoración de prueba si contrariamente se acusa que las mismas no fueron valoradas o consideradas, extremo en el cual, es decir ante la omisión de valoración de la prueba, se debe efectuar el reclamo en la forma y no en el fondo, pues en los casos de omisión en la valoración de prueba el reclamo está dirigido a una cuestión de forma en la que debe verificarse si es evidente que el Tribunal de Alzada omitió o no la valoración de dichos medios probatorios; en ese entendido al haber sido interpuesto el recurso de casación en el fondo, no corresponde ingresar a considerar cuestiones de forma.

Respecto al hecho de que mientras Viajó a España sus hijos habrían permanecido en posesión del bien inmueble objeto de la litis, continuando con su posesión; sobre este extremo en particular, y toda vez que la recurrente acusó la vulneración del art. 87 del Código Civil, es preciso referirnos a dicha  norma que en su parágrafo I haciendo referencia a la posesión, señala que esta debe ser entendida como el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real; continuando, párrafo II este artículo establece que una persona posee por si misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su calidad de transitorios, no ejercen posesión por sí mismos, como refiere la norma, sino que lo hacen para el propietario o verdadero poseedor.

De lo expuesto, si bien resulta evidente que para que la acción de usucapión sea acogida favorablemente deben concurrir ciertos requisitos indispensables como son el corpus y el animus, entendiéndose a la primera como la aprehensión material de la cosa, y al animus como aquellos actos por los cuales uno actúa como si fuese el verdadero propietario, al margen de que la posesión debe ser pública, pacifica, continuada e ininterrumpida por más de diez años.

En el caso de autos, la recurrente tanto en su recurso de casación como en la confesión judicial de fs. 157, admite que se ausentó a España desde el año 2006 al 2008, interrumpiéndose de esta manera su posesión, tal como lo señalaron los jueces de Instancia, empero si bien es evidente que la posesión, como se señaló supra, también puede ser ejercida por terceros, empero en obrados no existe prueba fehaciente que acredite que los hijos de la recurrente hayan continuado con su posesión, pues los testigos de cargo, sobre este hecho en particular vertieron declaraciones contradictorias, pues si bien Margarita Maita Peña y Demetria Rivera Vda. de Pachacopa, declararon que la recurrente cuando viajó a España fueron sus hijos quienes se quedaron en el inmueble, declaraciones contrapuestas a lo citado por la testigo de cargo Rufina Quispe Durán de Pucho que señaló que la recurrente no viajó a España y el testigo Hilarión Condori Quispe solo refirió que la recurrente viajó a España por dos años; en ese sentido y toda vez que en obrados no cursa prueba determinante que demuestre que la posesión ejercida por Marina Lucía Zárate Carrillo de Mejía haya sido continua como lo exige el art. 138 del Código Civil, es que los jueces de instancia apreciaron las misma con criterio prudente y sana critica, en base a los principios de unidad y comunidad de la prueba, al tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil con relación al art. 470 del Código de Procedimiento Civil, no existiendo por consiguiente vulneración a la norma acusada.

Por lo  manifestado, corresponde emitir resolución conforme prevé los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 247 a 248 vta., interpuesto por Marina Lucia Zarate Carrillo de Mejía, contra el Auto de Vista S.C.C.FAM II Nº 260/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, cursante de fs. 242 a 244, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas.

Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.