TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 1105/2015

Sucre: 04 de Diciembre 2015.

Expediente: LP 43 15 - S.

Partes: Felipe Cruz Mendoza y Julia Laurel de Cruz c/ Luis Ajno Flores y

           Justino Cruz Uría

Proceso: Anulabilidad de escritura pública-Poder, cancelación de partida en

              Derechos Reales, acción reivindicatoria y negatoria más el pago de

               daños y perjuicios

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 421 a 422, interpuesto por Luis Ajno Flores en contra del Auto de Vista Nº 242, de 19 de agosto de 2014, de fs. 415 a 416 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Anulabilidad de Escritura Pública-Poder, cancelación de partida en Derechos Reales, acción reivindicatoria y negatoria más el pago de daños y perjuicios seguido por Felipe Cruz Mendoza y Julia Laurel de Cruz contra Luis Ajno Flores y Justino Cruz Uría; la respuesta al recurso de fs. 424 a 425; el Auto de concesión de fs. 430; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Felipe Cruz Mendoza y Julia Laurel de Cruz, anexando documentos en 54 fojas, demandan de fs. 55 a 57 y vta., y de fs. 84 a 87 y vta., amparados en los arts. 554-1), 450-1), 452 a 454, 1287 y 1544; 1453, 1454 del Código Civil, manifestando que por la Escritura Pública Nº 269 de 14 de noviembre de 1988, juntamente Justino Cruz Uría, son legítimos propietarios del lote de terreno de 150 m2., ubicado en el Mzno. 359 de la Urbanización Villa Dolores de El Alto (calle 7 Nº 1110) cuyo derecho dominial se encuentra registrado en el que existe construcciones de habitaciones precarias en las que viven junto a sus familias contando con servicios de luz y agua y cumplen con las obligaciones tributarias. Empero, se enteraron que sus derechos y acciones sobre el referido terreno habrían sido transferidos a título oneroso a Luis Ajno Flores mediante Escritura Pública Nº 1345/2003 protocolizado y registrado. La transferencia habría sido realizada a través de supuesto Poder Nº 281/2003 de 10 de noviembre de 2003, sin que sus personas hubieran conferido el mismo. Del estudio grafotécnico realizado del protocolo del supuesto poder resultó que no corresponde a sus firmas e impresiones las estampadas en dicho protocolo del poder, de ahí que el mismo es fraguado e ilegal ya que nunca otorgaron poder al co propietario Justino Cruz Uría. La minuta de transferencia de la Escritura Pública se ha suscrito el 7 de junio de 2003 y el supuesto poder, el 10 de noviembre de 2003, o sea la transferencia habría sido realizada antes que el supuesto poder sin que exista su pleno consentimiento en el otorgamiento del poder ni de la transferencia. Del certificado decenal del inmueble adjunto se advierte que la transferencia fue registrada en Derechos Reales bajo la Escritura Pública Nº 1345/2003 lo cual lesiona su derecho propietario toda vez que el instrumento que originó dicha inscripción es ilegal y fraguado que no cumple con requisitos esenciales ya que esta transferencia fue realizada por el copropietario Justino Cruz Uría sin su consentimiento. Nunca transfirieron el inmueble ni recibieron precio alguno por lo que carece de consentimiento. El supuesto comprador, Luis Ajno Flores, en principio habitaba el inmueble como inquilino de Justino Cruz Uría anciano de 72 años a quien ha manipulado para fraguar el poder y luego la transferencia y actualmente ocupa dos habitaciones detentando de forma abusiva y arbitraria sin contar con legítimo derecho de posesión. Refieren que en principio demandaron la nulidad de la Escritura Pública Nº 1345/2003 declarándose improbada con el argumento que la falta de consentimiento es una causal de anulabilidad y no de nulidad.

Justino Cruz Uría, de fs. 72 y vta., responde señalando que junto a su hijo y nuera son propietarios del referido inmueble, que Luis Ajno Flores ingresó a la habitación que le corresponde en calidad de inquilino quien le pidió que se elabore el contrato de alquiler señalándole que le dé un poder por cuanto le había comentado que mantenía un problema con una tercera persona, luego le hizo firmar un papel en blanco y posteriormente se enteran que ya no son propietarios del inmueble porque supuestamente él habría transferido mediante la Escritura Pública Nº 1345/2003 a través de un supuesto poder Nº 281/2003 extremo que es falso ya que ni los actores le confirieron poder ni conoce la Notaría Pública, ocurriendo que se aprovechó de su condición de persona de tercer edad causándole conflictos con su familia, después de tramado todo esto recién con disimulo le propuso que le venda la propiedad y que le podría estar dando un adelanto.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Tercero de Partido en lo Civil-Comercial de El Alto, mediante Sentencia Nº 13, de 10 de enero de 2013, de fs. 374 a 379, declaró probada en parte la demanda en lo concerniente a la anulabilidad de la Escritura Pública 1345/2003 e improbada la cancelación del asiento A-2 del folio real 6833, la reivindicación, posesión restitutoria y pago de daños y perjuicios. Improbada la tercería de dominio excluyente formulada a fs. 270-271 con la condenación de costas a los demandados y terceristas en favor de la parte actora. En consecuencia, declara la anulabilidad del: 1. Poder especial Nº 281/2003 de 10 de noviembre de 2003. 2. De la escritura pública Nº 1345/2003 de 11 de diciembre de 2003, consiguientemente, sin valor legal ambos instrumentos.

En grado de apelación, al Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 242, de 19 de agosto de 2014, de fs. 415 a 416 y vta., confirmó en parte la Sentencia revocando en parte, disponiendo que el registro de Derechos Reales de El Alto cancele el Asiento A-2 de la matrícula 6833, en el que se registra el lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa Dolores, lote C Mzno. 359 de 150 m2., asimismo se declara probada la acción reivindicatoria disponiéndose que en ejecución de fallos el demandado haga entrega del inmueble bajo alternativa de desapoderamiento, y probado el pago de daños y perjuicios cuantificándose los mismos en ejecución de Sentencia, se salvan los derechos de terceros a la vía correspondiente; Resolución contra la cual la parte co-demandada recurre de casación en la forma.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Manifiesta que durante la tramitación se han omitido diligencias que están penadas con nulidad:

- El co-demandado Justino Cruz Uría fue declarado rebelde como consta en fs. 91 y notificado con la misma en su domicilio real como consta a fs. 92, pero el art. 70 del C.P.C. señala que la Sentencia se hará saber al rebelde en la misma forma que la citación con la demanda; el art. 72 siguiente, señala que compareciendo el rebelde cesará la declaratoria de rebeldía, sin embargo, a fs. 403 consta notificación a Justino Cruz Uría sin que haya purgado rebeldía; debió notificársele en su domicilio real o en su defecto purgar rebeldía y asumir su defensa, lo que no ha ocurrido violándose ambas disposiciones legales.

- Se fijó inspección ocular a Derechos Reales en fs. 366 acto procesal con el que no fue notificado Justino Cruz Uría. Luego de la suspensión de dicho acto se fijó nueva inspección con el que volvió a omitirse la notificación al co-demandado y a la tercerista Elisa Limachi Machaca.

- Con las omisiones mencionadas se vulneró el derecho a la defensa y debido proceso de dichos codemandados por lo que dichas normas procesales corresponde que sean cumplidas al ser de orden público, por lo que pide se anule obrados sea hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Así expuesto el presente recurso de casación, con fines resolutorios corresponde efectuar el análisis y consideraciones del caso:

Para absolver el primer reclamo debemos revisar el cuaderno procesal donde encontramos que el co-demandado Justino Cruz Uría en principio se apersonó al proceso a través de su memorial de fs. 72 y vta., a responder la demanda, apersonamiento que el Juez de la causa observo el plazo establecido en el art. 345 del procedimiento civil, y de ahí en adelante se advierte la inactividad de esta parte procesal. Mediante Auto de 29 de abril de 2009 de fs. 91, efectivamente Justino Cruz Uría fue declarado rebelde en aplicación del art. 68 de la citada norma disponiéndose que dicha Resolución sea notificada por cédula en su domicilio, y las posteriores a cumplirse en Secretaría del Juzgado A través del formulario de citaciones y notificaciones de fs. 403, se observa que habiéndose apersonado en Secretaría del Juzgado, se le notificó con la Sentencia y demás actuados posteriores, observándose al pie de dicha diligencia, su firma y aclaración de ésta. Sin embargo, este apersonamiento voluntario del codemandado al Juzgado donde se tramita la causa, oportunidad en que se le notificó con la Sentencia y otros, no supone que haya tomado su defensa como refiere el art. 72 del Código de Procedimiento Civil, caso en el cual hubiese sido conminado a purgar su rebeldía como fue declarado en fs. 91. En obrados no consta que dicho co-demandado haya comparecido a asumir su defensa y que por ello, se hubiera ordenado el pago de una multa. Además, su apersonamiento voluntario en el Juzgado hizo innecesaria la notificación con la Sentencia en la misma forma que se le citó con la demanda, conforme señala el art. 70 de la precitada norma.

En cuanto al segundo supuesto reclamo, este hecho no le corresponde reclamar al recurrente por dos razones: primero, no le ha causado un perjuicio directo en su persona o haya ido en menoscabo propio, pues, si fuere así, que le haya perjudicado procesalmente esa aparente omisión, está conminado a demostrar cuál fue el perjuicio cierto e irreparable que ha sufrido personalmente el recurrente con el hecho de que la inspección ocular no hubiera sido notificada al co-demandado y a la co-tercerista; segundo, aun habiendo ocurrido ese hecho, pese a que uno de aquellos por los que hoy reclama el recurrente, se encontraba declarado en rebeldía (aspecto que no toma en cuenta), le correspondía observar oportunamente en el trámite de la causa de manera inmediata, al no haberlo hecho ha consentido dejando precluir su derecho al reclamo, de acuerdo a lo que señala el art. 16.I de la Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025.

Por lo precedentemente manifestado, se concluye que los motivos que dieron lugar al presente recurso de casación en la forma no tiene sustento legal por lo que a este Tribunal de Casación le corresponde emitir Resolución en la forma en que determinan el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Luis Ajno Flores en contra del Auto de Vista Nº 242, de 19 de agosto de 2014, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Anulabilidad de Escritura Pública-Poder, cancelación de partida en Derechos Reales, acción reivindicatoria y negatoria más el pago de daños y perjuicios seguido por Felipe Cruz Mendoza y Julia Laurel de Cruz contra Justino Cruz Uría y el recurrente. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.