TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 1092/2015 - L                                                                 Sucre: 23 de noviembre  2015                                                         Expediente: SC 145 11 A                                                                 Partes: Celia Aldana Vda. de Zárate. c/ Percy Fernández Añez en representación

            de la H.A.M Santa Cruz.

Proceso: Usucapión.                        

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 46 a 47, interpuesto por Celia Aldana Vda. de Zárate, contra el Auto de Vista de 19 de abril de 2011 de fs. 43 y  vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Usucapión, seguido por Celia Aldana Vda. de Zárate contra Percy Fernández Añez en su calidad de  representante de la H.A.M de Santa Cruz; el Auto de concesión de fs.61; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Interpuesta la demanda de fs. 4 y vta., y ampliación de fs. 8, así como las certificaciones de fs. 10, 17 e inspección previa de fs. 24, el Juez de partido Noveno en materia Civil y Comercial de la Capital, por Auto Interlocutorio Definitivo de 18 de noviembre de 2010 cursante de fs. 26 declara no haber lugar a la admisión de la demanda interpuesta, disponiéndose la devolución de documentos y archivo de obrados.

Contra ese Auto, la parte demandante de fs. 29 a 30, interpone recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 19 de abril de 2011, cursante de fs. 43 y vta., Confirma el Auto apelado, con costas; resolución recurrida en casación en el fondo por la parte demandante cursante de fs. 46 a 47, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:        

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación en el fondo se tiene lo siguiente:

1.- Acusa que el auto de Vista recurrido habría realizado una incorrecta aplicación del art. 128 de la Ley 2028, puesto que alrededor del lote reclamado existirían otros lotes construidos recientemente, sin que la Alcaldía Municipal los hubiera intervenido, dejando a otros construir lujosas viviendas.

2.- A  su criterio el Auto de Vista importaría una resolución arbitraria e incongruente ya que además de apartarse de una solución normativa adolecería de omisiones, errores y desaciertos que la tornarían inhábil como acto judicial e injusta en el campo del derecho.

3.- Refiere que el Auto de Vista se traduciría en violatorio al art. 19 de la Constitución Política del Estado toda vez que en la actualidad existe una gran demanda de vivienda y que su función original sería la de proporcionar protección seguridad y privacidad así como una ubicación dentro de un entorno saludable y próximo al puesto de trabajo, a zonas comerciales y a centros educativos.

4.- así mismo refiere que es preciso disponer de tipos de  vivienda adaptadas a las necesidades de las personas discapacitadas, de la tercera edad ya que a decir de la ONU, son muchos los pobladores urbanos que tendrían problemas relacionados con la vivienda siendo el culpable la globalización corporativa y sus efectos en la vida de los pobres.

5.- Acusa que no se habría tomado en cuenta el Art. 17 de la Declaración de los Derechos Humanos donde se establece que toda persona tendría derecho a la propiedad individual y colectivamente, así como tampoco se habría valorado otras leyes de protección privilegiada a las personas de la tercera edad.

Bajo esos argumentos precedentemente expuestos solicita Casar el Auto de Vista disponiendo la continuación de la demanda principal.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis del recurso de casación en el fondo se observa que el agravio Nº 2 es de forma respecto a que la Resolución sería arbitraria e incongruente apartada de la solución normativa, adolecería de omisiones, errores y desaciertos que la tornarían inhábil como acto judicial e injusta en el campo del derecho. Al respecto no fundamenta de forma clara respecto a la arbitrariedad y la incongruencia, empero también corresponde puntualizar que habiéndose interpuesto un Recurso de fondo, no corresponde su consideración.

1.- Respecto a que el ad quem al confirmar la resolución, habría realizado una incorrecta aplicación del art. 128 de la Ley 2028, puesto que alrededor del lote en cuestión, existirían otros predios con construcciones lujosas recientes a los que la Alcaldía permitió sin inmutarse en intervenirlos.

De manera introductoria es preciso referirse que la Usucapión decenal o extraordinaria es una forma de adquirir la propiedad, para lo cual es preciso establecer que de acuerdo al art. 138 del Código Civil, la misma procede por el sólo uso y posesión continuada por el lapso de 10 años, así mismo debe ser invocada contra bienes particulares o  susceptibles de ser usucapidos, es decir los cuales se encuentran dentro del comercio humano. La usucapión se constituye en una de las formas de adquirir la propiedad, en virtud de la posesión, ejercida por el tiempo dispuesto en el art. 138 del Código Civil, además de que la misma sea en cumplimiento de las condiciones específicamente dispuestas para su procedencia, que una vez declarada, surte efecto adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido.

En suma, cuando ha de demandarse la usucapión, resulta imperativo también, el cumplimiento de otros requisitos que tiene que ver precisamente con el inmueble que se pretende usucapir esto es que 1.- que el bien sea susceptible de usucapión; 2.- que para demandar necesariamente se debe tener la calidad de poseedor; 3.- que la posesión sea útil y 4.- El tiempo transcurrido para la prescripción, aspectos que los jueces y Tribunales toman en cuenta para la procedencia o no de esta acción.

Que en relación al primer requisito es indispensable que el bien sea susceptible de usucapión, vale decir que se refiere a todos aquellos bienes que estén en el comercio humano y no así los bienes que pertenecen al dominio público, en ese entendido es la propia Constitución Política del Estado que prescribe en el parágrafo II  del art. 339, que los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo Boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no estando sujetos los mismos a ningún tipo de interés ni pretensión privada de ninguna persona particular, por su parte el art. 85 del Código Civil a la letra dispone: “Los bienes del Estado, de los Municipios, de las Universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que les conciernen”.  Los bienes del Estado siendo de dominio público, no son susceptibles de adquisición vía prescripción adquisitiva o usucapión y están fuera del comercio humano de conformidad al art. 91 del Código Civil que indica: “La posesión de cosas fuera del comercio no produce ningún efecto. Se salva lo dispuesto respecto a las acciones posesorias en el libro V del Código presente”. Asimismo la Ley de Municipalidades en su art. 131 señala: “En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad. No procederá la usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado.”

Así se tiene que las áreas verdes son superficies de terreno destinadas preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios, entendiéndose que al ser Bienes Públicos de los Municipios constituyen también espacios públicos que no son otra cosa que “Patrimonio Público Estatal”.

A ese efecto corresponde analizar el derecho invocado por la recurrente, teniéndose que los antecedentes de la propiedad del inmueble consistente en un lote de terreno con una superficie de 660 mts2, ubicado en la zona oeste, U.V. -54 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que de acuerdo al contenido de la demanda cursante de fs. 4 y 8   de obrados, proviene de la posesión ininterrumpida y continuada por más de 20 años como un modo de adquirir la propiedad mediante la posesión, siendo que dicho terreno corresponde ser un bien Municipal destinado a área verde.

Al efecto el art. 128 de la Ley 2028 establece: “Los terrenos que, como consecuencia de la aprobación de proyectos de urbanización, sean áreas verdes, deportivas, parques, plazas y áreas de equipamiento, o se encuentren destinados por dicho proyecto a uso común, se destinarán al uso exclusivo señalado en el proyecto, siendo nula cualquier alteración o decisión contraria, bajo responsabilidad para los contraventores”.

De la lectura de la citada norma, se tiene que claramente que dentro de cada proyecto urbanístico se establecerán áreas verdes para uso común, en el caso de autos cursa en fs. 10, oficio del Director de Gestión Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, donde expresa que realizada la inspección  al inmueble ubicado en la UV. Nº 54 pudo verificarse: “..que el inmueble está ubicado en sector de Propiedad Municipal destinado para ÁREA VERDE por consiguiente estos terrenos no pueden ser sujetos a Usucapión…”. Asimismo cursa a fs. 17, Certificación dirigida al Juez de la pretendida causa, en la que la Jefa de sección Uso de Suelo de la Dirección de Regulación Urbana del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, expresa: “… Que revisados los antecedentes que cursan en nuestros archivos se verificó que el inmueble objeto de la presente solicitud se encuentra ubicado en la zona Oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Unidad Vecinal Nº 54, en un sector de propiedad Municipal destinado para AREA VERDE de acuerdo a la Reestructuración Urbana del Sector...”.

En ese contexto se concluye que el A quo respecto a la pretendida acción en fs. 26, realizó una correcta aplicación tanto de la normativa antes mencionada así como  de toda la normativa que regula la misma, habiendo concluido  que dicho predio es área verde y por consiguiente Bien Municipal inalienable e imprescriptible que no admite ser usucapido, mediante Auto Interlocutorio Definitivo, mismo que fue correctamente confirmado mediante el Auto de vista de fs. 43 y vta., donde claramente establece que de acuerdo a normativa: Toda área verde Municipal por ser de uso público es intransferible y se superpone al interés particular no pudiendo ser motivo de usucapión. Por lo anteriormente señalado, al no existir duda sobre la ubicación del lote de terreno objeto de la presente causa  y que se trata de una propiedad de dominio  público, de lo que claramente se colige que no resulta evidente este reclamo.

3.- En lo referente a los agravios 3,4 y 5, referidos a que la resolución recurrida violaría el art. 19 de la Constitución Política del Estado, y que tampoco se habría tomado en cuenta el art. 17 de la Declaración de los Derechos Humanos donde de manera clara se establece que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual  y colectivamente, así como tampoco habrían considerado otras leyes de protección a las personas de la tercera edad.

Cabe señalar que si bien es cierto que tanto la Declaración Universal de los Derechos humanos así como los tratados internacionales reconocen el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de políticas Estatales, cuyos Estados signatarios se comprometen, es por ello que la Constitución Política del Estado Boliviano también establece que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, lo cual no debe confundirse con la usucapión como instituto del derecho civil, que tiene una finalidad adquisitiva y extintiva para las partes, asimismo se debe tener en cuenta que ninguna normativa promueve la usucapión contra bienes del Estado. En ese sentido son claras las disposiciones y la autoridad jurisdiccional, no admitió la demanda porque la misma está dirigida contra el Gobierno Municipal y la  afectación de un bien Municipal relativo a área verde, tal como lo establece el art. 85 de la Ley 2028 (Normativa vigente al momento de la interposición de la demanda).

En ese antecedente  y por las certificaciones emitidas por el ente Municipal que acreditan que el inmueble pretendido no está consignado como propiedad privada, resultando por ende una demanda improponible por ser el objeto de la Litis un bien de dominio público, consecuentemente no existe fundamento alguno que sostenga los supuestos agravios acusados por la parte recurrente. De lo anterior se colige que no concurrieron los elementos que harían viable la procedencia de la demanda conforme razonó el A quo.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme a la previsión contenida en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación a lo previsto por el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo interpuesto por Celia Aldana Vda. de Zárate contra el Auto de Vista de19 de abril de 2011 de fs. 43 y vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.