TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 1086/2015 - L                                                                

Sucre: 18 de noviembre 2015

Expediente: CB 147 11 S                                                   

Partes: Martha  Ontiveros Solís.  c/  Juan  Guillen  Peredo,  Epifanio  Orellana y 

             Otros.                        

Proceso: Nulidad de Escrituras Públicas.                                        

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 750 a 751, interpuesto por Betty Luz Orellana Rodríguez por una parte y por la otra Álvaro Gonzalo Palacios Netousek de fs. 755 a 756 vta., contra el Auto de Vista de fecha 14 de marzo de 2011, cursante de fs. 745 a 746 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de nulidad de escrituras públicas, seguido por Martha Ontiveros Solís contra Juan Guillen Peredo, Epifanio Orellana y Otros; las respuestas al recurso de fs. 764 y vta., y de fs. 777 a 780; el Auto de concesión de fs. 790; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Martha Ontiveros Solís, por memorial de fs. 72 a 76, adjuntado las literales de fs. 1 a 71, interpone demanda de Nulidad de Escrituras Públicas, contra                             Juan Guillen Peredo, Epifanio Orellana, Gloria Suarez de Melgarejo y Otros, alegando que ella junto a 81 personas adquirieron mediante documento de compra-venta de fecha 03 de noviembre de 1988 un lote de terreno, cuya extensión superficial era de 57.316,32 m2, ubicado en la unidad vecinal “Linde-Chiquicollo” de la jurisdicción del Cercado, registrado en Derechos Reales a fs. 2067, Ptda. 2093 del Libro 1º “B” de Propiedad del Cercado, de fecha 30 de septiembre de 1.991, en cuya cláusula quinta se estableció que los lotes signados con los números romanos I, II, III, IV; V y VI, que comprenden una extensión superficial de 3.845,20 m2, correspondían en lo pro indiviso a Juan Guillen Peredo, Epifanio Orellana y su persona; constituyéndose en propietaria de la tercera parte de la totalidad de los lotes de terreno indicados; sin embargo los copropietarios Juan Guillen Peredo y Epifanio Orellana sin intervención suya y sin su consentimiento habían procedido a dividir  y adjudicarse los lotes de terreno en beneficio exclusivo de los dos, mediante Escritura Pública Nº 857 de fecha 07 de septiembre de 1.990, registrado en Derechos Reales a fs. 327, Ptda. 327 del Libro 1º “B” de Propiedad del Cercado en fecha 09 de febrero de 1.993, dejando en su favor el lote singando con el número romano VI, haciendo constar que ella no intervino en esta división y partición, posteriormente señala que aparece otro documento en el que su persona figura como propietaria del lote signado con el número romano IV, creando una terrible confusión para finalmente dejar sin efecto algunas cláusulas adicionales del mencionado documento.

Continua relatando que se cometió además otra aberración jurídica, bajo el denominativo “negocio jurídico”,  documento de recompra de 12 lotes de terreno, entre ellos,  el lote de terreno signado con el número romano VI (supuestamente de su propiedad), que conforme lo expresado anteriormente le fue adjudicado, todo supuestamente por decisión de las bases, documento protocolizado por un Notario de Quillacollo en fecha 19 de junio de 1.991, por el cual readquieren el lote de su propiedad los señores Juan Guillen Peredo, Epifanio Orellana y Gloria Suarez de Melgarejo, directivos de la urbanización, instrumentos públicos que fueron registrados en Derechos Reales antes que la escritura primigenia de compra realizada a la familia Aranibar, por tanto nulas de pleno derecho, alega además que hubieran intervenido otros copropietarios que nada tenían que ver con su derecho propietario en la disposición de sus bienes instados por los ahora demandados.

Finalmente manifiesta que fue iniciada una acción ejecutiva en contra de los ahora demandados Juan Guillen Peredo, Epifanio Orellana y Gloria Suarez de Melgarejo por su abogado Dr. José Saavedra B.; con quien habrían suscrito una iguala profesional por el patrocino de diferentes procesos penales y civiles; y ante el incumplimiento en el pago de sus honorarios profesionales, éste procedió a iniciar la acción ejecutiva para el cobro correspondiente de sus honorarios profesionales, llegando a embargar los lotes señalados supra; entre ellos el lote signado con el número romano VI, habiéndose adjudicado en subasta pública de remate Betty Luz Orellana Rodríguez por la suma de Bs. 6.669, transferencia que fue realizada por el Juez de la causa, habiendo la adjudicataria registrado su derecho de propiedad a fs. 1445, Ptda. Nº 1445 del Libro 1º ”B” de la propiedad del Cercado en fecha 24 de mayo de 1993, pidiendo ser posesionada como corresponde.

Con tales antecedentes y al amparo del art. 105,  549 Inc. 3) y 4), 551 y 552  del Código Civil interpone acción ordinaria de nulidad de las siguientes escrituras públicas: a) nulidad de la escritura de división y partición Nº 857 de 07 de septiembre de 1.990, registrada en Derechos Reales a fs. 945, Ptda. Nº 945 del Libro 1º “B” del Cercado, en fecha 03 de mayo de 1.991, misma que se encuentra registrada por segunda vez en Derechos Reales a Fs. 327, Ptda. Nº 327 del Libro 1º “B” del Cercado, en fecha 09 de febrero de 1993, b) nulidad de la escritura de compra Nº 176, registrada en Derecho Reales a fs. 1850, Ptda. 1850 del Libro 1º “B” del Cercado, en fecha 30 de agosto de 1.991, c) nulidad de la escritura de venta judicial efectuada por el Juez Segundo de Instrucción en lo Civil de Quillacollo en favor de Betty Luz Orellana, registrada en Derechos Reales a fs. 1445, Ptda. Nº 1445 del Libro 1º “B” del Cercado, en fecha 24 de mayo de 1.993. Pidiendo el reconocimiento de su derecho propietario. 

Citados los demandados, unos de forma personal y otros mediante edictos de prensa, se tiene en obrados el apersonamiento de Juan Guillen Peredo, por memorial de fs. 81 y vta., quien responde y opone excepciones perentorias de imprecisión en la demanda e impersonería en el demandado incursas en el art. 336 inc. 4) y 2) del Código de Procedimiento Civil, alegando que la demanda no habría especificado en que consiste la ilicitud de la causa y cuál el error de los contratos, cuestionando además no haber sido demandada la adjudicataria de los terrenos Betty Luz Orellana Rodríguez, pidiendo se declare improbada la demanda con  costas.

A fs. 83 a 84, los co demandados Gloria Suarez de Melgarejo y Epifanio Orellana responden a la demanda y oponen excepciones previas de impersonería en la demandante, litis pendencia, oscuridad, contradicción, imprecisión en la demanda, pidiendo declarar improbada la demanda principal y probada las excepciones.

A fs. 100 a 101 vta., se apersona Betty Luz Orellana Rodríguez y opone excepciones previas de impersonseria en la demandante, litis pendencia, cosa juzgada, previstas en el art. 336 y 337 del Código de Procedimiento Civil, asimismo por memorial de fs. 123 a 126 responde demanda y reconviene por mejor derecho de propiedad y usucapión quinquenal, pidiendo se declare improbada la demanda principal y probas las excepciones y demanda reconvencional.

A fs. 128 y vta., se apersona Aida Luz Villarroel de Guillen, quien responde negando la demanda y opone excepciones perentorias de impersoneria en la demandada, prescripción y contradicción e imprecisión en la demanda, pidiendo se declare improbada la demanda principal y probadas sus excepciones.

A fs. 135 a 136, se apersona Carmen Rosa Delgadillo Sanabria, Cristina Villarroel Zurita, la primera de las nombras representada por Epifanio Orellana, respondiendo a la demanda y adhiriéndose a las excepciones opuestas por Betty Luz Orellana Rodríguez.

A fs. 147 se apersonan, Paulina Álvarez de Villarroel y Julia Soto de Céspedes, oponiendo excepción previa de impersonería en la demandante, posteriormente mediante memorial de fs. 150 a 151 responden negando la demanda.

A fs. 156 a 157, Quintín Cazano Herrera, responde negando la demanda en todas sus partes, además de negar haber firmado  minuta alguna, menos una de disposición.

Sustanciado el proceso en primera instancia la Juez de Partido Noveno en lo Civil  de Cochabamba, mediante Sentencia de 30 de marzo de 2005, cursante de fs. 642 a 652, declaró improbada la demanda reconvencional y las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho opuestas a la demanda principal por la demandada Betty Luz Orellana Rodríguez, improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta a la demanda principal por la demandada Aida Luz Villarroel de Guillen y probada la demanda principal y las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho en la reconviniente, opuesta por la actora Martha Ontiveros Solís a la demanda reconvencional, sin costas. En consecuencia se declara la nulidad de los contratos “1) de fecha 18 de diciembre de 1.988 reconocido en 11 de junio de 1.990 ante Juez de Mínima Cuantía Dr. Francisco Villarroel, protocolizado por orden judicial en fecha 07 de septiembre de 1.990 por de Notario Epifanio Prado Rojas con el Nº 857/90, relativo a “distracto y consiguiente cancelación o anulación de documento de fecha 06 de diciembre de 1.988, registrada  en Derechos Reales inicialmente en fecha 03 de  mayo de 1.991 a fs. 945 ptda. 945 del Libro 1º de Propiedad del Cercado Rural y posteriormente en fecha 09 de febrero de 1.993ª fs. y ptda.327 del mismo libro. 2) de fecha 25 de abril de 1.991 reconocido en la misma fecha ante Juez de Mínima Cuantía Nº 08 de Quillacollo José Villamontes Mercad, protocolizado por orden judicial en fecha 19 de junio de 1.991 por el Notario de Quillacollo Ángel Jiménez Muriel con el Nº 176, relativo a la readquisición inmobiliaria, registrado en Derechos Reales en fecha 30 de agosto de 1.991 a fs. y ptda. 1850 del Libro 1º “B” de propiedad del Cercado Rural, 3) de venta judicial de fecha 15 de abril de 1.993 según escritura pública Nº 242 otorgada ante el Notario de segunda clase de Quillacollo Ángel Jiménez Muriel, registrada en Derechos Reales en fecha 24 de mayo a fs. y ptda. 1445 del Libro 1º “B” de Propiedad del Cercado Rural, debiendo en ejecución de sentencia procederse a la cancelación de dichos registros…” Asimismo se ordena que Betty Luz Orellana Rodríguez restituya los lotes con los numerales romanos de la extensión superficial total de 3.845,20, ubicados en el ex fundo Linde Chiquicollo, motivo de la venta judicial, debiendo estos últimos restituir la suma de Bs. 19.000 a favor de Betty Luz Orellana Rodríguez en el mismo plazo. Finalmente se ordena que restituidos que sean los terrenos a favor de Juan Guillen Peredo, Epifanio Orellana y Gloria Suarez de Melgarejo, estos entreguen a la actora Martha Ontiveros Solís la extensión de 700 m2 de dicho terrenos.

Contra esa resolución de primera instancia, la demandada Betty Luz Orellana Rodríguez interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por Auto de Vista de fecha 14 de marzo de 2011, cursante de fs. 745 a 746, confirma la Sentencia apelada de fecha 30 de marzo de 2005; en contra de esta última resolución de segunda instancia recurren de casación en el fondo la demandada Betty Luz Orellana Rodríguez cursante a fs. 750 a 751, así como el Defensor de Oficio Álvaro Gonzalo Palacios Netousek en el fondo y la forma, cursante a fs. 755 a 756 vta.,  mismos que se pasan a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                                          HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del Recurso de Casación en el fondo de Betty Luz Orellana Rodríguez, se tiene lo siguiente:

1.- Acusa que el Tribunal de segundo grado con criterio ligero habría confirmado la Sentencia impugnada, sin una reflexión profunda, lesionando los arts. 194, 1.286, 1.287 del Código Civil y art. 397 del Procedimiento, relativo a una interpretación errónea y aplicación indebida de ley, incursa en el art. 253 num. 1) del Procedimiento.

2.- Observa el art. 192 del Código de Procedimiento Civil inc. 2) y 3), señalando que los jueces a tiempo de pronunciar una Sentencia deben guardar correlación y armonía entre sus conclusiones expuestas en la parte considerativa y decisoria, caso contrario daría lugar a la nulidad de obrados. En el presente caso, acusa contradicción de  fundamentos de la parte considerativa y resolutiva  de la Sentencia.

3.- Alega que según el documento municipal de fs. 610, se establece que en la Urbanización Villa Asunción Luis Aranibar no figuran los lotes marcados con los números romanos IV, V y VI por afectación de la apertura de la Avenida Circunvalación, mismas que estaría consolidada y librada al dominio público, determinaciones técnicas que fueron consideradas por la Juez de primera instancia en el punto G) de la resolución y sin embargo ordena que su persona entregue esos lotes de terreno, por lo que considera que cualquier reclamo de su derecho propietario debió dirigirla contra la Alcaldía de Cochabamba y no así contra su persona.

4.- Finalmente señala que con relación al remate efectuado dentro del proceso ejecutivo y posterior juicio ordinario, donde se solicitó la nulidad de dicho proceso ejecutivo y la adjudicación, a cuyo efecto se dictó Sentencia que declaro improbada la demanda y  confirmada por el Tribunal Superior en grado, considerando que la misma tiene la calidad de cosa juzgada material por tanto inamovible en sus efectos en observancia del art. 515 num. 1) del Compilado Civil; quiere decir que dicha Sentencia se halla oleada y sacramentada, no pudiendo ser revisada.

Por lo expuesto solicita a la Corte Suprema de Justicia, case el Auto de Vista recurrido y la Sentencia, a efecto de que se pronuncie nueva Sentencia sobre lo principal del litigio, declarando improbada la demanda de fs. 72.

Del Recurso de Casación en el fondo y la forma de Álvaro Gonzalo Palacios Netousek (defensor de oficio), se tiene lo siguiente:

En el fondo:

1.- Acusa que el Auto de Vista Nº 36/2011 de fecha 14 de marzo de 2011, habría lesionado el derecho al debido proceso que tiene todo ciudadano, además de haber infringido los arts. 3 incs. 1), 2) y 3), 4 inc. 4), 50, 87 Y 90 todos del Código de Procedimiento Civil, señalando que el Juzgador de oficio debió corregir error o vicio hasta antes de dictar Sentencia en la vía de saneamiento procesal, incurriendo en las causales 1), 2) y 3) del art. 253 del CPC.

2.- Acusa violación del art. 327 incs. 5), 6), 7), 8) y 9) del Código de Procedimiento Civil, respecto de la forma de la demanda, aduciendo que la misma no sería clara ni precisa, ya que no se habría individualizado el lote demandado, incurriendo en la causal del 1) del art. 235 del CPC.

3.- Acusa violación de los arts. 333 del CPC., por tratarse de una demanda defectuosa y que el Juez de oficio debió ordenar sean subsanados estos errores, incumpliendo y violando además el art. 397 del mismo cuerpo de leyes.

4.- Acusa, vulneración de los arts. 190, 191, modificado por la Ley 1760, 192 inc. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, bajo el argumento de que la Sentencia dictada debió recaer sobre las cosas litigadas en la manera que fueron demandadas, incurriendo en las causales 1) y 3) del art. 253 del CPC. 

5.-Denuncia que la demandante habría participado en la división y partición de terrenos sin haber sido declarada legamente propietaria, lo que constituye transgresión del at. 1.538 del Código Civil, referido a que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público, reiterando la vulneración de los arts. 190 y 191 y 192 y 327 del Código de Procedimiento Civil.

6.- Acusa violación de los arts. 124 y 128 del Código de Procedimiento Civil, señalando que la demanda debió ser dirigida además contra otros presuntos interesados.

7.- Aduce que la co demandada Betty Luz Orellana Rodríguez, a tiempo de contestar la demanda reconvino por usucapión quinquenal, mejor derecho propietario y validez de la escritura de venta judicial; sin embargo el juzgador no habría tramitado esta contrademanda.

En la forma:

1.- Señala que pudo evitarse incurrir en error de derecho y de hecho, en la apreciación de la prueba, al efecto hace alusión a la certificación de la Alcaldía Municipal de fecha 23 de noviembre de 1.993 y el informe de la misma entidad municipal de fecha 19 de noviembre de 1.994, hecho que considera constituir un permanente perjuicio para las pates intervinientes dentro del presente proceso, incidiendo la anomalía prevista por el inc. 4) y 7) del art. 254 del CPC.

2.- Acusa que el Auto de Vista impugnado no se hubiera pronunciado sobre el punto VI de su recurso de apelación planteado por memorial de fecha 21 de noviembre de 2005, cursante de fs. 676 a 677 vta., cuando señaló que la juzgadora erróneamente señalo en la Sentencia dictada como simple fotocopia la literal de fs. 404 a 405, cuando en el expediente cursaba el original, incurriendo en lo previsto por el inc. 4) y 7) del art. 254 del CPC.

Por lo que solicita su remisión a la Corte Suprema de Justicia, para que este Tribunal en aplicación del art. 271 del CPC. Inc. 4) case el Auto de Vista Nº 36/2011 de fecha 14 de marzo de 2011, o anule obrados en observancia del inc. 3) de la misma norma procesal.

CONSIDERANDO III:                                                                                       FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis de los agravios denunciados por la recurrente Betty Luz Orellana Rodríguez, bajo la suma de recurso de casación en el fondo, se pasa a absolver los mismos en el orden que fueron presentados:

Respecto del agravio 1, la recurrente acusa que el Tribunal de segundo grado con criterio ligero habría confirmado la Sentencia de primera instancia, lesionando los arts. 194, 1.286, 1.287 del Código Civil y art. 397 del Procedimiento, relativo a una interpretación errónea y aplicación indebida de ley.

Del análisis del agravio denunciado, se tiene que el mismo cuestiona disposiciones legales relativas a la apreciación de las pruebas, previstos en los art. 1.286, 1.287 del Código Civil y 397 del Procedimiento; si bien el agravio es limitado en su entendimiento, de la revisión de la Sentencia de primera instancia cursante de fs. 642 a 652, específicamente  en el Considerando de fs. 648 vta., numeral I.- se hace referencia a todos los elementos probatorios producidos durante la sustanciación del proceso, detallando todos y cada uno los documentos adjuntos al expediente, inspección judicial a los archivos del ex Juez de Mínima Cuantía Nº 8 de Quillacollo, llegando los de instancia a la conclusión de que la actora si habría cumplido con la carga probatoria impuesta por el art. 1.283 del Código Civil y 375 de su Procedimiento, respecto de las pretensiones deducidas en la demanda principal, no habiendo hecho lo propio la demandada Betty Luz Orellana Rodríguez con respecto a la demanda reconvencional (ver punto VI de dicho Considerando), no siendo evidente el agravio denunciado.

Al agravio 2 del recurso, la recurrente observa el art. 192 del Código de Procedimiento Civil inc. 2) y 3), señalando que los jueces a tiempo de pronunciar una Sentencia deben guardar correlación y armonía entre la parte considerativa y resolutiva.

El presente agravio, cuestiona un aspecto de forma y siendo que el recurso es planteado en el fondo, no corresponde su consideración.

Al agravio 3 del recuro de casación, alega que según el documento municipal de fs. 610, habría establecido que los lotes marcados con los números romanos IV, V y VI ya no existirían por afectación (apertura de venida); sin embargo la judicial de primera instancia habría ordena a su persona entregue esos lotes de terreno, considerando que la acción debió dirigirla contra la Alcaldía de Cochabamba y no contra su persona  

El presente agravio, al igual que el precedente cuestiona un aspecto de forma, como es la supuesta incongruencia existente entre la parte considerativa y resolutiva de la resolución judicial, aspecto de forma erradamente interpuesto en un recurso de casación en el fondo, por lo que imposibilita su consideración, deviniendo en infundado el agravio denunciado en este punto.

Al agravio 4 de recurso, señala la recurrente que el remate efectuado dentro del juicio ejecutivo, también fue objeto de juicio ordinario, donde se solicitó la nulidad del proceso ejecutivo y consiguiente adjudicación, cuyo resultado fue la emisión de una sentencia que declaró improbada la demanda, habiendo sido la misma confirmada por el Tribunal Superior, considerando que dicha resolución habría adquirido la calidad de cosa juzgada material por tanto inamovible en sus efectos en observancia del art. 515 num. 1) del Compilado Civil.

El respecto diremos que; para ser procedente la excepción de cosa juzgada, deben concurrir necesariamente tres elementos, sin los cuales no se estaría frente a esta institución, estos elementos son:

1.- Identidad del objeto, es decir que la cosa demandada debe ser la misma a la que ya se demandó en otro proceso, debiendo existir de esta manera identidad absoluta de la cosa en ambos juicios.

2.- Identidad de la causa, entendiéndose a esta, a aquel motivo o fundamento jurídico en el que reposa el derecho que se reclama en juicio, debiendo ser de igual modo el mismo en ambos juicios.

3.- Identidad de las partes, significa que las partes procesales deben ser las mismas en ambos procesos, ya sean estas personas naturales o jurídicas.
Adicionalmente a estos tres elementos que son necesarios para que concurra la autoridad de cosa juzgada, debe también existir un proceso anterior culminado que haya sido sustanciado entre las mismas partes y por la misma causa y objeto, proceso que debe tener calidad de resolución firme, ya sea porque se agotaron todos los recursos o por no haberse interpuesto recurso en el momento oportuno.

En el caso de Autos y ante el fundamento del recurso de casación interpuesto en este punto por Betty Luz Orellana Rodríguez, corresponde realizar un análisis respecto a la concurrencia de los elementos descritos supra que hacen a la cosa juzgada, de ahí que Martha Ontiveros Solís, mediante memorial de fs. 72 a 76, interpuso demanda de nulidad de escrituras públicas, entre ellas la nulidad de escritura de venta judicial, efectuada dentro del proceso ejecutivo seguido por José Saavedra B. contra Juan Guillen Peredo, Epifanio Orellana y Gloria Suarez de Melgarejo (ejecución de la iguala profesional), cuya consecuencia fue el remate de los bienes de los ejecutados, entre ellos el lote de terreno de la parte actora Martha Ontiveros Solís; quien no fue parte del proceso ejecutivo. Ordinarizado  que fue el proceso ejecutivo según datos manifiestos por la recurrente, señala que  la resolución de primera instancia declaro improbada la demanda, confirmada  por el Tribunal superior, siendo este el argumento del recurso para pretender opere la excepción de cosa juzgada. Sin embargo cabe señalar que las pretensiones de las demandas aludidas son totalmente diferentes; es así que la pretensión de los ejecutados fue la revisión de dicho proceso a través de un proceso de conocimiento, en tanto que en el presente caso la pretensión es la nulidad de escrituras públicas; además de no haber identidad en los sujetos procesales, en el entendido de que la ahora demandante no fue parte del proceso ejecutivo, motivos legales por los que no opera la excepción de cosa juzgada. No siendo evidente el agravio denunciado.

Del Recurso de Casación en el fondo y la forma de Álvaro Gonzalo Palacios Netousek se tiene lo siguiente:

Habiendo sido planteado el recurso de casación tanto en el fondo como en la forma, se ingresara primero al análisis de forma, de evidenciar los agravios denunciados y si el caso ameritara la nulidad del Auto de Vista o del proceso hasta el vicio más antiguo denunciado, será innecesario ingresar al análisis de fondo.

En la forma:

Al agravios 1 del recurso, se tiene que el abogado defensor de oficio señala que pudo evitarse incurrir en error de derecho y de hecho, en la apreciación de la prueba, haciendo alusión a la certificación de la Alcaldía Municipal de fecha 23 de noviembre de 1.993 y el informe de la misma entidad municipal de fecha 19 de noviembre de 1.994, pruba que a su criterio no habrían sido considerados.

De la revisión de obrados se evidencia que las pruebas aludidas en fotocopias  simples cursantes a fs. 337-a y 337-b de obrados, presentadas por Quintín Cazano Herrera mediante memorial de fs. 338; consistente el primero en el informe de “modificación de trazado viario”, emitido por Manuel Prado S. Jefe Área de Planificación al entonces Alcalde Municipal Oscar A. Flores Quiroga, respecto de la Av. Circunvalación y el segundo consistente en la Certificación emitida por Elizabeth P. de  De La Zerda al entonces Alcalde Municipal Manfred Reyes Villa, señalando que los lotes 16, 18, 19, IV, V y VI se encuentran emplazados en el camino antiguo a Chapisirca, solicitando el impetrante que la Honorable Alcaldía Municipal del Departamento de Cochabamba proceda con la legalización de las fotocopias adjuntas, sin señalar cual la finalidad de su presentación, por consiguiente resulta irrelevante el cuestionamiento de esta documentación en este punto del recurso.

Con relación al agravio 2, referido a que el Auto de Vista no se hubiera  pronunciamiento sobre el punto VI de su recurso de apelación interpuesto por memorial de fecha 21 de noviembre de 2005, cursante de fs. 676 a 677 vta., respecto a que la juzgadora erróneamente hubiera señalado en la Sentencia dictada como simple fotocopia la literal de fs. 404- 405, cuando en el expediente cursaba el original, incurriendo en lo previsto por el inc. 4) y 7) del art. 254 del C.P.C.

Del análisis y contrastación del recurso de apelación interpuesto por el Defensor de Oficio con el Auto de Vista hoy impugnado, se advierte que el Tribunal de Alzada, dio una respuesta global al recurso (ver fs. 746), señalando de manera expresa “Los fundamentos expuesto en este punto, de una lectura detenida de la sentencia apelada, particularmente del primer considerando punto I del inciso A al G ha sido detallado y explicado respecto a cada uno de los documentos que han sido presentados en calidad de prueba por la actora y la demandante Betty Orellana, entonces lo expuesto en el recurso de apelación que motiva esta resolución no son evidentes dichos extremos; en cuanto reflejan en los fundamentos II, II, IV y VI cabe hacer hincapié en que el supuesto documento en el que aparecen suscribiendo los demandados individualizados por el abogado defensor al momento de impugnar la sentencia, se pone de manifiesto que el documento privado de re adjudicación de lotes de terreno a favor de todos los nombrado y miembros de la directiva por los hechos que se hicieron constar en el acta de inspección (477-477 vta.) al Juzgado de mínima Cuantía Nº 3 de la Provincia Quillacollo a cargo de José Villamontes Mercado y tratarse de simple fotocopias sin valor legal….” De haber sido insuficiente la respuesta para el recurrente, este tenía expedita la vía para activar el art. 239 del Código de Procedimiento concordante con el art. 196-2) del mismo cuerpo de leyes y al no haberlo hecho de manera oportuna ha precluido su derecho de impugnar este aspecto, por lo que no es evidencia el agravio denunciado.

En el fondo:

A los agravios 1, 2, 3, 6 y 7, del recurso de casación en el fondo, mismos que acusan que el Auto de Vista Nº 36/2011 de fecha 14 de marzo de 2011, habría lesionado el derecho al debido proceso que tiene todo ciudadano, infracción de los arts. 327 y 333 del Código de Procedimiento Civil, así como la  vulneración de los arts. 124 y 128 del mismo cuerpo de leyes, en el entendido de que la demanda debió estar dirigida además a presuntos interesados y finalmente el recurrente aduce que la co demandada Betty Luz Orellana Rodríguez, a tiempo de contestar la demanda reconvino por usucapión quinquenal, mejor derecho propietario y validez de la escritura de venta judicial; sin embargo el juzgador no habría tramitado la misma.

Siendo que estos agravios son de forma y el recurso es interpuesto en el fondo, no corresponde su consideración por no dar cumplimiento a lo establecido en el art. 253 del Código Adjetivo de la materia.

Al agravio 4 del recurso, señala que los codemandados a tiempo de responder a la demanda negaron haber comparecido ante el Juez de Mínima Cuantía a reconocer sus firmas y rubricas, además de denunciar que sus cédulas de identidad no serían suyas, sin embargo dicho documento de fecha 25 de abril de 1991 fue presentado por la demandante en calidad de prueba, en franca transgresión del art. 1297 del Código Civil en lo concerniente a la eficacia del documento, a esto corresponde puntualizar que:

El art. 1.297 del Código Sustantivo señala (Eficacia del Documento Privado Reconocido) “El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por ley como reconocido entre los otorgantes y sus herederos y causa-habientes, la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones.

De la citada norma se interpreta que los documentos privados son equiparados a los documentos públicos, cuando estos cumplen con las formalidades establecidas por ley, situación que no se dio en el presente caso, pues del análisis de obrados se tiene evidenciado que la demandante adjunta a su demanda el documento cuestionado con el fin de demostrar la falsedad del mismo y en el que no tuvo participación alguna, aspecto que da a entender que en el documento fueron insertados datos falsos y que las firmas estampadas en el mismo han sido suplantadas, extremo que es corroborado con la  Inspección judicial realizada por el Juez de la causa a los archivos del ex Juez de Mínima Cuantía Nº 8 de la localidad de Quillacollo, donde se habría realizado el reconocimiento de firmas, llegando a constatarse de que el documento descrito supra y su reconocimiento de firmas que cursa en dichos archivos en simple fotocopia (acta de fs. 477) y no originales, acto procesal que confirmó la irregularidad del documento, prueba que favoreció a la pretensión de la demandante.

Al agravio 5, el recurrente cuestiona cómo la demandante pudo haber participado de la división y partición de terrenos sin antes haber sido declarada legalmente propietaria; acto que constituiría transgresión del art. 1.538 del Código Civil, referido a que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público, reiterando la vulneración de los arts. 190 y 191 y 192 y 327 del Código de Procedimiento Civil.

El art. 1538 (Publicidad de los Derechos Reales: Regla General) establece que “I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista en este Código….

Es evidente que la presente disposición legal establece que los derechos reales surten efectos frente a terceros desde el momento de su publicación en el registro de Derechos Reales, siendo precisamente uno de los argumentos de la demanda que cuestionó las fechas de los registros, pues sin antes estar registrado su derecho propietario (escritura primigenia de compra de la familia Aranibar haya sido registrada en Derechos Reales), ya se encontraba registrada la escritura de división y partición de uno de los documentos en los que no tuvo participación alguna la demandante, cuyo petitorio es la nulidad del mismo entre otros, siendo impertinente el agravio denunciado.

Por todo lo señalado precedentemente, corresponde a éste Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley  025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los  arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO los recursos de casación de  fs. 750 a 751, interpuesto por Betty Luz Orellana Rodríguez y el de fs. 755 a 756 vta., interpuesto Álvaro Gonzalo Palacios Netousek contra el Auto de Vista de 14 de marzo de 2011, cursante de fs. 745 a 746 de obrados pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba. Con  costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.