TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 1070/2015 - L

Sucre: 17 de noviembre 2015

Expediente: LP-123-11-S

Partes: Lucila Tapia Rodríguez. c/ Víctor Fernando Rodríguez.

Proceso: Nulidad de Anticipo Legitima.

Distrito: La Paz.

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 161 a 162 vta., de obrados, interpuesto por Víctor Fernando Rodríguez, contra el Auto de Vista Nº S-437/11 de 17 de agosto de 2011, cursante a fs. 158 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de Nulidad de Anticipo Legitima  seguido por Lucila Tapia Rodríguez contra Víctor Fernando Rodríguez, la respuesta de fs. 164 a 165., concesión de fs. 166, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 287/2010 de 14 de abril, cursante de fs. 133 a 134 vta., declaró: PROBADA en todas sus partes la demanda de fs. 11 a 12,  subsanada a fs. 18 y vta., declarando en consecuencia nulo y sin valor la Escritura Publica N° 320/2005 de 22 de abril de 2005, suscrita ante notario de fe pública Tito Gustavo Tejada Bravo de anticipo de legitima otorgada por  Juna Rodríguez Vda. de Tapia A favor de su hijo Víctor Fernando Rodríguez.


En su merito se dispuso la cancelación de la matrícula de folio real Nº 2.01.2.01.0004566; a cuyo efecto se expedirán las ejecutoriales de ley.


Deducida la apelación por el demandado y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº S-437/11, confirmó la resolución apelada.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, el demandado interpuso recurso de casación, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En el Fondo.-


Que el Juez A quo habría incumplido el art. 3 del CPC., ya que se habría admitido la demanda dando curso a un solo demandado y ya que el proceso se denomina nulidad de anticipo de legitima quien suscribe seria su señora madre  siendo el sujeto activo por el cual se debería demandar y el sujeto pasivo su hermano Víctor Fernando Rodríguez quien recibió el anticipo de legitima, por lo que el consorcio de la Litis serian todos los sujetos firmantes.


Que el Juez A quo al disponer la notificación personal mediante orden instruida, y lamentablemente el oficial de diligenticas al haberse apersonado al domicilio y no ser habido la parte ordenaría contradictoria mente la notificación por cedula como se podrá verificar a fs. 42, asimismo entraría en contradicción absoluta ordenando  una vez más la notificación por edictos como consta a fs. 42 vta.


Que existiría incumplimiento al debido proceso y a la defensa al declararle el Juez A quo  a fs. 56 vta., rebelde.


En la Forma.-


Que el Juez A quo habría entrado en incumpliendo de la notificación personal al demandado  con la demanda conforme lo establece el art. 120-I del CPC ya que se habría demostrado a fs. 56 y 60 que su domicilio se encontraba en el departamento de Santa Cruz y en consecuencia se debería proceder a la nulidad de la citación.


Que  el Juez A quo no habría tomado en cuenta la discriminación que habría realizado la señora Lucila Tapia Rodríguez contra su señora madre Juana Rodríguez Vda., de Tapia, como se evidenciaría con el certificado que acredita el vínculo madre hija cursante a fs. 6 al desconocerla como hija como se evidencia en su memorial de fs. 56 como también en su declaratoria de herederos fs. 3 a 4 ya que su señora madre seria de la tercera edad se prohibiría el maltrato a los adultos mayores en la CPE. Como en el art 05 de la Ley 045.


Por lo expuesto solicita que la autoridad superior en grado, disponga la casación y/o nulidad del Auto de Vista recurrido y consecuentemente revocando tanto la resolución Nº 301/09 de fs. 86 a 87, así como la Sentencia N° 287/2010.

CONSIDERANDO III:                                                                                   FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma.-

El recurrente acusa que el Juez A quo habría incumplido la notificación personal al demandado con la demanda conforme lo establece el art. 120-I del CPC., ya que se habría demostrado a fs. 56 y 60 que su domicilio se encontraba en el departamento de Santa Cruz; al respecto se debe señalar que de la revisión de obrados, se tiene que el mismo en diversas ocasiones fue buscado en el domicilio real señalado por la parte demandante para realizar la citación personal, y no habiendo sido habido en dichas ocasiones, el Juez A quo ordena la notificación por cedula, cedula que es devuelta por la madre del demandante Juana Rodríguez Sirpa, mediante memorial de fs. 54 vta., manifestando que su hijo se encontraría en el interior del país por cuestiones de trabajo; sin embargo a fs. 61 a 62 el demandado se apersona purgando la rebeldía interponiendo incidente de nulidad de obrados, que es rechazado mediante a Auto de fs. 86 a 87, auto Interlocutorio que en lo principal señala: “…no se ha infringido norma procesal alguna. Circunstancia a la que debe añadirse el hecho, confesado claramente por el incidentista que el domicilio de este se encuentra ubicado en la localidad de Taypicullo, cantón Mecacapa de la provincia Murillo. Extremo corroborado por las representaciones fs. 29 y 39 efectuadas anteriormente por la autoridad comisionada: constituyendo acto demostrativo de dicho domicilio la permanencia en el mismo de la esposa y la madre del (demandado), quienes recibieron la orden instruida citatoria en dicho domicilio y por consiguiente se presume que debieron comunicarle ese hecho a su esposo e hijo, respectivamente…”, análisis de lo obrado que resulta correcto.

En este entendido, diremos que si bien el recurrente acusa que con esta actuación se le habría generado indefensión; lo señalado por el Juez A quo transcrito supra y  el hecho de que ha momento de su apersonamiento al proceso el demandado ahora recurrente, pudo participar activamente en la sustanciación de la causa, con la posibilidad de tachar la prueba de contrario, exponer conclusiones e incluso proponer y generar prueba en segunda instancia para desvirtuar la pretensión de la actora, resultan argumentos más que suficientes y válidos para determinar que no se ha generado la indefensión que acusa para disponer la nulidad de obrados.

En cuanto a que el Juez A quo no habría tomado en cuenta la discriminación que habría realizado la señora Lucila Tapia Rodríguez contra su señora madre Juana Rodríguez Vda., de Tapia, como se evidenciaría con el certificado que acredita el vínculo madre hija cursante a fs. 6 al desconocerla como hija como se evidencia en su memorial de fs. 56 como también en su declaratoria de herederos de fs. 3 a 4, ya que su señora madre seria de la tercera edad, se prohíbe el maltrato a los adultos mayores prevista en la CPE., como en el art. 5 de la Ley 045; al respecto se debe hacer notar que el agravio acusado en este punto hace referencia a un fundamento de fondo como sería el estado de la relación o vinculo existente entre Lucila Tapia y Juana Rodríguez, que no se entiende cual la pertinencia con la pretensión, pero que sin embargo no puede ser analizado a través del recurso de casación e la forma; razón por la que no amerita mayores consideraciones.

Por todo lo manifestado supra, el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

En el Fondo.-

La SCP 1916/2012 de 12 de octubre, desarrollo los requisitos de admisibilidad del recurso de casación estableciendo que: “La casación es un recurso extraordinario, porque su interposición no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley; no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación, sino que se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos esenciales específicamente determinados por ley. Se encuentra prevista por los arts. 250 y ss. del CPC, donde dispone que se la concederá para invalidar una sentencia o auto definitivo en aquellos casos señalados expresamente en la norma; pudiendo ser en el fondo y en la forma; ambas que pueden ser interpuestas al mismo tiempo”.

En este entendido se debe tener presente que el recurso de casación en el fondo es aquel medio de impugnación contra las resoluciones del inferior que contuvieron violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, cuando contuviera disposiciones contradictorias y cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, art. 253 del Procedimiento Civil.

Mientras que el recurso de casación en la forma, se funda en errores en el procedimiento, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto, por el artículo 254 de la citada norma.

En el caso de autos y el análisis del recurso de casación interpuesto en el fondo por parte del demandado ahora recurrente se debe precisar; primero que el recurrente trae a colación agravios de forma que no fueron reclamados en apelación; por otra parte se tiene que en relación a lo fundamentado supra el recurrente no comprendió a naturaleza del recurso de casación en el fondo, pues incurre en el error de cuestionar en el fondo errores de procedimiento, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, como ser: que el Juez A quo habría incumplido el art. 3 del CPC., ya que se habría admitido la demanda dando curso a un solo demandado y no a la madre del demandado que el consorcio de la Litis serian todos los sujetos firmantes; que el Juez A quo al disponer la notificación personal mediante orden instruida, ordenaría contradictoriamente la notificación por cedula como se podrá verificar a fs. 42; y que existiría incumplimiento al debido proceso y a la defensa al declararle el Juez A quo a fs. 56 vta., rebelde; agravios que van a atacar aspecto de procedimiento y no de fondo; razón por la que este Supremo Tribunal no puede ingresar a considerar dichos agravios en el recurso de casación en el fondo. 

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num. 1) y 2), 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 161 a 162 vta., de obrados, interpuesto por Víctor Fernando Rodríguez, contra el Auto de Vista Nº S-437/11 de 17 de agosto de 2011, cursante da fs. 158 y vta. Con costas.  

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.