TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 1064/2015 - L                                                                 Sucre: 17 de noviembre 2015                                                                 Expediente: SC- 123 -11 S                                                                 Partes: Dino D´ Addario Carrea y otros. c/ Mario Manuel Landívar Soria Galvarro y Otros.

Proceso: Resolución de Contratos.                                                                                            Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 964 a 965, interpuesto por Mario Manuel Landívar Soria Galvarro contra el Auto de Vista 171/2011, de 12 de julio de 2011 de fs. 954 a 956, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso Resolución de Contratos seguido por Dino D´ Addario Carrea y Otros contra Mario Manuel Landívar Soria Galvarro, María Lourdes Soria Galvarro, Carlos Alberto Landívar Soria Galvarro, Cecilia García de Landívar y el Banco Unión S.A., la contestación de fs. 986 vta., el Auto de concesión de fs. 987, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Tercer de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció Sentencia Nº 83/2005 de 09 de julio de 2005 de fs. 864 a 868, por la que declara: I. PROBADA en parte la demanda interpuesta por DINO D´ ADDARIO CARREA, DINA TERESA DEL VALLE  Y MARIA  JULIA D´ ADDARIO NUÑEZ saliente de fs. 93 a 97 y su ampliación de fs. 100 a 101 y fs. 102 en relación a Mario Manuel Landívar Soria Galvarro sobre resolución de los contratos salientes de fs. 1 a 2 de fecha 29 de septiembre de 1993; el de fs. 7 a 8 de 09 de agosto de 1994 relativo a la   compraventa de los puestos comerciales N°103; N°104, N°105 y N°201, como así mismo la resolución parcial del contrato de compraventa de fs. 26 a 27 de fecha 23 de marzo  de 1993, en lo relativo a la compraventa de los locales comerciales  N° 3 y 4, no así en cuanto al local N° 5, ordenándose en consecuencia la devolución de la suma de dinero recibidas por Mario Manuel Landívar Soria Galvarro, más el pago de daños y perjuicios a calificarse  en ejecución de Sentencia, declarando PROBADA la demanda principal en cuanto al cumplimiento del contrato de fs. 26 a 27 de fecha 23 de marzo de 1993 en cuanto al local N° 5, ordenando en consecuencia al demandado Mario Manuel Landívar Soria Galvarro extender la minuta de transferencia de dicho local comercial en el plazo de quince días, con la intervención de Cecilia García de Landívar en su condición de esposa del demandado, bajo prevenciones de declararse la resolución total del referido contrato en caso de incumplimiento, con la obligación de la devolución  o restitución  del monto recibido por dicho local comercial, más el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia. Se declara PROBADA las excepciones planteadas  por los Sres. Carlos Landívar Soria Galvarro y Lourdes Soria Galvarro de Landívar para ser demandados e IMPROBADA la demanda principal en todas sus demás partes con relación a los demás demandados Cecilia García de Landívar, Carlos Landívar Soria Galvarro, Lourdes Soria Galvarro de Landívar y el Banco Unión S.A., como IMPROBADA la excepción de prescripción de la acción planteada por Mario Manuel Landívar Soria Galvarro.     

Resolución que es apelada por María Antonieta Pizza de D´ Addario en representación de Dino D´ Addario Carrea e hijas de fs. 871 a 873 vta., del mismo modo interpone recurso de apelación Adolfo Gutiérrez Rivero en representación de Mario Manuel Landívar Soria Galvarro de fs. 878 a 879, mismos que mereció el Auto de Vista de 31 de enero de 2006, de fs. 891 y vta., y la complementación de fs. 902 vta., que CONFIRMA la Sentencia apelada; Resolución de Alzada que es recurrida de casación por Adolfo Gutiérrez Rivero en representación de Mario Manuel Landívar Soria Galvarro de fs. 904 a 909, que mereció el Auto Supremo Nº 125/2011 de fecha 08 de abril de 2011 de 943 a 945, que ANULA el Auto de Vista recurrido y disponiendo dicte nueva Resolución que resuelva las apelaciones deducidas contra la Sentencia en base al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, cumpliendo lo dispuesto por Auto Supremo, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emite nuevo Auto de Vista N° 171/2011 de fecha 12 de julio de 2011, mismo que CONFIRMA la Sentencia apelada, Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo interpuesto por Mario Manuel Landívar Soria Galvarro de fs. 964 a 965, el mismo que merece el presente análisis. 

CONSIDERANDO II:                                                                            DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone el recurrente:

1.- Impugna el Auto de Vista, sosteniendo que no habría analizado cuidadosamente el proceso, incurriendo de esta manera en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba e interpretación de la ley, vulnerando flagrantemente el art. 1283 del Código Civil, toda vez que declara probada la demanda sin considerar que la carga de la prueba corresponde al demandante, más aun de no haber probado ninguna de sus pretensiones, tampoco haberse considerado la prescripción de la acción liberatoria o extintiva, no obstante de estar probado que los documentos base de la demanda fueron suscritos en fecha 29 de septiembre de 1993, de 22 de octubre de 1993 y 09 de agosto de 1994, mismos que no fueron valorados en su verdadera dimensión.

2.- Refiere como especie de agravio que DINO D´ADDARIO CARREA, (demandante) confiesa voluntariamente en su demanda de “Usucapión Quinquenal” de fs. 30 del proceso que; “hace más de cinco años (5) que los inmuebles se encuentran en mi poder; sin haber sido perturbado de hecho ni de derecho en su posesión”, esta confesión fue efectuada en fecha 14 de agosto de 2001, que fue voluntariamente expuesto por el demandante, el mismo que no ha sido considerada por los de instancia, toda vez que la prescripción ya habría operado sobre el supuesto daño causado, vulnerándose de esta manera el art. 1508 del Código Civil, al haber condenado en el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia al ahora recurrente.

Por todo lo expuesto solicita al Tribunal Supremo de Justicia case en parte el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo disponga la liberación del recurrente de cualquier responsabilidad con el Demandante. 

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- En cuanto al primer tópico, es imprescindible realizar las siguientes precisiones y consideraciones en torno al tratamiento de la prueba en el recurso de casación por las contradicciones conceptuales sobre las cuales se basa el recurso de análisis.

Es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.

En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando ellas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él es quien valora en razón de principios de la lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho.

En ese contexto, de los hechos probados o no probados a los que arribaron los de instancia pueden ser analizados en base a la infracción del error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, toda vez que, cada uno tiene un entendimiento diferente que se pasa a explicar.

Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.

Por lo manifestado anteriormente se concluye que la valoración de la prueba es una facultad privativa de los Jueces de grado, y ésta es incensurable en casación, salvo que se acredite violación de una regla de criterio legal, acusando error de hecho o de derecho, conforme establece el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, para que el Tribunal de Casación considere y realice el examen sobre el error denunciado, sobre los documentos descritos en fechas 29 de septiembre de 1993, de 22 de octubre de 1993 y 09 de agosto de 1994; la denuncia realizada sobre los mismos no puede servir de excusa para pretender una nueva valoración, sino, debe ir enfocada a la existencia o no del error atribuido; en tal sentido, el recurrente no concluye sobre el error que hubiese existido en la valoración de la citada prueba, más bien de forma general acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, más aún que los de instancia dieron eficacia probatoria que le asiste el art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, otorgando a su contenido conclusivo la aplicación objetiva que merece, en consecuencia no siendo evidentes los fundamentos de su reclamo.

2.- En cuanto al segundo tópico, refiere como especie de agravio que DINO D´ADDARIO CARREA, (demandante) confiesa voluntariamente en su demanda de “Usucapión Quinquenal” de fs. 30 del proceso que; “hace más de cinco años (5) que los inmuebles se encuentran en mi poder; sin haber sido perturbado de hecho ni de derecho en su posesión”, esta confesión fue efectuada en fecha 14 de agosto de 2001, que fue voluntariamente expuesto por el demandante, el mismo que no ha sido considerada por los de instancia, toda vez que la prescripción ya habría operado sobre el supuesto daño causado, vulnerándose de esta manera el art. 1508 del Código Civil, al haber condenado en el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia.

En el sub lite, partiendo del análisis del A quo en Sentencia de fs. 867 párrafo segundo interlineado sexto, señalando que: “…según los contratos de fs. 1 a 8 y de fs. 26 a 27 MARIO LANDIVAR SORIA GALVARRO se comprometió suscribir la escritura pública definitiva de compra venta una vez finalizada la construcción del Edificio y su posterior inscripción Derechos Reales como propiedad horizontal, la que según punto 7.2 de la cláusula séptima de la escritura pública No. 903/97 de fs. 564 a 584, se inscribe (la propiedad horizontal) en fecha 07 de octubre de 1995, por lo que la fecha de los contratos de compra venta de los locales comerciales del 29 de septiembre de 1993, de 22 de octubre de 1993 y 09 de agosto de 1994 no es la fecha de inicio del cómputo para la prescripción, sino desde la fecha que la condición fue cumplida el 07 de octubre de 1995 al tenor del art. 1502 Inc: 2) del Código Civil, plazo de prescripción que se interrumpe en fecha 27 de abril de 1999 con la citación de la medida preparatoria de demanda a MARIO M. LANDIVAR SORIA GALVARRO a fs. 45…”. Por su parte el Tribunal de alzada al razonar en el entendido de que: “…Mario Landívar Soria Galvarro, no ha sido demostrado, teniéndose que los contratos atacados de resolución salientes a fs. 01 a 02 de fecha 29 de Septiembre de 1.993; el de fs. 04 a 05 de fecha 22 de Octubre de 1.993; el de fs. 07 a 08 de 09 de Agosto de 1.994, relativo a la compraventa de los puestos comerciales No.- 103, 104, 105 y 201, y de fs. 26 a 27, se tiene que en dichos contratos el codemandado antes indicado, se comprometió a suscribir la escritura pública definitiva de compra venta, una vez finalizada la construcción del edificio y su posterior inscripción en D.D.R.R., y del análisis del expediente se tiene que dicha propiedad fue inscrita en las Oficinas de D.D.R.R., en fecha 07 de Octubre del año 1.995, según el certificado alodial de fs. 199 a 200, concluyéndose que el plazo a partir del cual se debe computar el mismo a los efectos de la prescripción corre desde dicha fecha…”.

Criterios adoptados por parte de los de instancia, que sin embargo, de los argumentos vertidos es preciso señalar lo establecido en el art. 1502 inc.2) del Código Civil que nos señala: “…Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo, hasta que la condición se cumpla o el día llegue.”, ese aspecto no puede soslayarse al momento de pretender una prescripción toda vez que el cómputo para efectos de inicio de la prescripción no pueden ser tomados en cuenta desde el momento de la suscripción de los documentos de compraventa de los puestos comerciales que datan de fechas 29 de septiembre de 1993, de 22 de octubre de 1993 y 09 de agosto de 1994, que no son las  fechas para el inicio del cómputo para la prescripción, sino desde fecha 07 de octubre de 1995, en que fue inscrito los títulos del vendedor en Registros de Derechos Reales conforme al certificado alodial expedido por el Sub Registrador de Derechos Reales, con el formulario N° 319106 SERIE-D-DR-M-PJ-96 (ver fs. 199 a 200), sin embargo el 29 de enero de 1999, fue accionado una demanda preparatoria de reconocimiento de firmas y rubricas en contra del hoy recurrente, lo cual implica que no puede pretenderse una prescripción sobre el daño ocasionado y aludir lo prescrito por el art. 1507 del Código Civil, que refiere: “Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de cinco años, a menos que la ley disponga otra cosa”, no siendo en consecuencia aplicable al presente caso de autos el art. 1508 del Código Civil, argumentos que fueron considerados por los de instancia, toda vez, que la calificación de los daños y perjuicios que recayó sobre el ahora recurrente fueron establecidos en base a la Resolución de los contratos, conforme lo establece el art. 568 del Código Civil parágrafo I que establece: “En los contratos con prestaciones reciprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir solo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijara el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro ese plazo quedara resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño”, y en el caso en cuestión, el contrato fue resuelto parcialmente disponiéndose la devolución de la suma de dinero recibidas por Mario Manuel Landívar Soria Galvarro, más el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia en favor de los demandantes, en consecuencia la prescripción no podía ser aplicable dentro el caso presente, toda vez que los daños y perjuicios son accesorias a la acción principal de Resolución de contrato y que la prescripción no puede atacar a lo accesorio, cuando esta es emergente de la pretensión principal.     

Que, sin embargo a ello, como se ha manifestado supra, la Resolución emergió del análisis de todo el conjunto probatorio que decantó como decisivo otros elementos probatorios, que otorgaron la convicción a los de instancia al momento de emitir sus fallos, más aún que fueron demostrados los medios probatorios idóneos.

De lo explicado se colige que el recurso de casación, en estricta observancia de los puntos planteados, no tiene el suficiente fundamento para revertir la decisión asumida por el Ad quem, por lo que sus reclamos devienen en infundados.

Por todas las consideraciones realizadas, se concluye que el Ad quem ha realizado un adecuado análisis de los hechos dentro del marco legal y razonable, no advirtiéndose vulneración de las normas legales denunciadas por el recurrente, correspondiendo por ello emitir resolución en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 964 a 965, interpuesto por Mario Manuel Landívar Soria Galvarro contra el Auto de Vista 171/2011, de 12 de julio de 2011 de fs. 954 a 956, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000. (Un Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.