TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L





Auto Supremo: 1062/2015 - L

Sucre: 17 de noviembre 2015

Expediente: CB 129 11

Partes: Guillermo Villarroel Borda. c/ Wilfredo Revollo Fuentes e Hilda Iriarte de

            Revollo.

Proceso: Nulidad de documento de compraventa y su registro.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de nulidad o casación de fs. 672 a 674 vta., interpuesto por Hilda Iriarte de Revollo contra el Auto de Vista de 1 de junio de 2011, de fs. 665 a 668 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario de nulidad de documento de compraventa y su registro seguido por Guillermo Villarroel Borda contra Wilfredo Revollo Fuentes e Hilda Iriarte de Revollo; el memorial de respuesta de fs. 682 a 687; el Auto de concesión de fs. 688; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Guillermo Villarroel Borda, adjunto literales a 46 fs., demanda de fs. 47 a 50 vta., amparado en los arts. 549-1), 2), 3), 4) y 5) con relación a los arts. 485, 489, 490, 546, 547, 584, 592, 984, 1299 y 1544 del Código Civil, refiriendo que por sentencia ejecutoriada de 10 de julio de 1973, Auto de Vista de 19 de marzo de 1974 y  Auto Supremo de 23 de septiembre de 1974, se consolidó a favor de su madre Primitiva Borda Vda. de Villarroel y sus hijos Guillermo, Alberto y Asunta unos terrenos ubicados al laso sud de la vía troncal de la carretera Cochabamba-Sacaba de 4 arrobadas y media aproximadamente. No obstante, Melchora, Antonia, Sofía y Luis López Revollo, supuestamente hubiesen vendido el 15 de agosto de 1978 esos terrenos a los demandados mediante documento falsificado consignando testigos y firmantes a ruego y su reconocimiento con mucha posterioridad a su facción falsificando firmas de los vendedores insertando un registro y hechos de existencia en el futuro por lo que dicho documento es ilegal, falto de objeto, causa y motivos lícitos y fraude máxime si la compradora era apoderada de los demandados por lo que estaba prohibida comprar esos terrenos. La línea décimo tercera y parte de la décimo segunda ha sido incluida después de la elaboración del documento puesto que siendo de 1978 contiene un registro en 1981 habiendo sido adulterado, de ahí la ilicitud de la causa, del motivo y del objeto del documento que se elaboró en 1978 y para efecto de algún trámite les hizo firmar la transferencia que no se produjo porque no se pagó ningún precio pues el consignado es irrisorio y falso. Se ha falsificado la firma del vendedor Luis López comprobado en examen pericial grafológico. En el documento existen dos personas que ignoran firmar por lo que debieron existir dos testigos fuera de las que firman a ruego, se nota que estos testigos fueron incluidos posteriormente pero en número de tres (familiares de los supuestos compradores), o sea éstos fueron añadidos en 1981, tres años posteriores a la elaboración. En el reconocimiento únicamente se hizo figurar por Antonia Revollo a su hermano como firmante a ruego obviando a la otra persona que ignorar firmar, como no alcanzó espacio no citaron los nombres de los supuestos vendedores ni de testigos resultando el documento en una burda falsificación. Cuando se siguió a los supuestos compradores proceso por usurpación y despojo, la compradora, Hilda Iriarte de Revollo, en 1990 reconoció que era apoderada de los supuestos vendedores y que ella jamás había poseído esos terrenos demostrándose que jamás hubo compra pero luego trató de utilizar un documento falso de 1978 para urdir un despojo. El otro supuesto comprador, Wilfredo Revollo en ese mismo año confesó que el terreno era supuestamente de un anciano refiriéndose a Luis López demostrando que ese año no era propietario pero luego trató de despojarle presentando el documento de 1978. El 6 de abril de 1988 Luis y Melchora López Revollo confirieron poder a la supuesta compradora para tramites inherentes al terreno no obstante el mismo era de su familia. Entonces la codemandada en ese año no podía ser propietaria del terreno, de ahí que se demuestra la falsedad de la venta y consecuente inexistencia jurídica. Falta el objeto porque la finalidad de la venta no era otra cosa que despojarles de su terreno sin que exista una venta; Falta de forma por la inexistencia de testigos presenciales y firmantes a ruego así como por haberlos incluido posteriormente en el reconocimiento con otro tipo de máquina; El objeto del contrato ilícito porque contiene falta de requisitos para su validez como ser el precio y la inexistencia de venta; Ilicitud de causa y motivo para la venta puesto que se ha falsificado constituyendo delito; Existe error esencial en el objeto y en la naturaleza del contrato porque el contrato de compraventa es falso. La supuesta compradora era apoderada de los supuestos vendedores en una fecha posterior a la venta fraudulenta no pudiendo ser compradora, no existe en el contrato ni en el reconocimiento testigos presenciales ni a ruego como exige la ley. Su registro en Derechos Reales es nulo siendo el contrato nulo. Los hechos de los supuestos compradores son ilícitos que le ocasionan daños y perjuicios que deben ser reparados. Por lo que demanda la nulidad del documento de 15 de agosto de 1978 y su reconocimiento así como la cancelación de su registro.

Wilfredo Revollo Fuentes, de fs. 84 a 84 vta., contesta y reconviene señalando que su derecho propietario como de su esposa es válido y legal, vale decir, la minuta de 15 de agosto de 1978 su reconocimiento y registro pidiendo se declare legal y válidos los mismos de conformidad a los arts. 1296, 1538 y 1545 del Código Civil y art. 399 del CPC, probada su acción reconvencional más daños y perjuicios.

Hilda Iriarte de Revollo, de fs. 103 a 104 niega el contenido de la demanda señalando que el documento es absolutamente válido y efectuado con todas las formalidades de la ley en presencia de todos los compradores y vendedores y que el actor tiene un afán desmedido de quedarse con los terrenos y ha iniciado juicios de toda clase como el penal, directo de nulidad ante la Corte Suprema pretendiendo anular títulos ejecutoriales que figuran a nombre de los hermanos López Revollo y diciendo que como apoderada de ellos no podía comprar pero no compró haciendo uso del poder sino que la venta ha sido directa de los propietarios a los compradores. Opone excepciones de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, prescripción inclusive. Reconviene porque en Sentencia se declare válido, firme y subsistente el documento de 15 de agosto de 1978 su reconocimiento del 17 del mismo mes y año, y su registro en Derechos Reales el 10 de enero de 1989, por el que han adquirido el lote en cuestión donde todas las firmas son auténticas; las pruebas del actor no tienen validez toda vez que reclama fracciones pequeñas ubicadas en diferentes lugares de las que casi todas fueran vendidas por el actor y su madre, en cambio, el lote que adquirieron de los hermanos López Revollo es uno solo ubicado en la zona de Huayllani y los vendedores adquirieron mediante consolidación conforme título ejecutorial contra el cual el actor planteó recurso directo de nulidad.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Décimo en lo Civil, mediante Sentencia de 15 de noviembre de 2007, de fs. 558 a 563, declaró probada la demanda principal instaurada por Guillermo Villarroel Borda e improbadas las excepciones y las demandas reconvencionales planteadas por Wilfredo Revollo Fuentes e Hilda Iriarte de Revollo. En consecuencia, nulo y sin valor legal el documento de compraventa de 15 de agosto de 1978 con reconocimiento de 17 de agosto de 1978, ordenándose la cancelación de su inscripción de 10 de enero de 1989 con condenación de daños y perjuicios a los reconvinientes por la sanción de nulidad declarada por causa de ellos, averiguados y determinados en ejecución de sentencia.

En grado de apelación, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante el Auto de Vista de 01 de junio de 2011 de fs. 665 a 668 vta., confirmó los autos interlocutorios de 15 y 24 de octubre de 2003; confirmó la Sentencia de 15 de noviembre de 2007; contra dicha resolución la co-demandada recurre de nulidad o casación.

CONSIDERANDO II:                                                                                                 HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Por una parte, acusa que la Vocal, Dra. Gonzáles, ya ha manifestado su opinión en un proceso similar a éste que se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia, en calidad de Vocal relatora. Las partes en aquel proceso fueron los mismos y el objeto (o inmueble) es el mismo, por tanto, debe excusarse por haber perdido competencia como lo hicieron los Vocales de la Sala Civil Primera. La Vocal relatora sabía que estaba impedida de conocer esta causa por haber manifestado su opinión en la anterior causa y el no hacerlo demuestra el interés para favorecer al actor. Afirma que debido a ese antecedente debe anularse todo lo obrado hasta que se excuse dicha autoridad así como las demás autoridades que conocieron la causa.

De otra parte, alega: a) Errónea interpretación y mala aplicación del art. 552 del Código Civil.- Indica que el Auto de Vista se funda en dicha disposición que señala que la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo, pero no derecho legítimo. El actor no tiene ningún derecho jurídico sobre el inmueble lo que se demuestra con el título ejecutorial de fs. 224 que antes era de los hermanos López Revollo y contra el cual demandó la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la Resolución Suprema que se declaró improbada.

b) Los informes periciales de fs. 152, 154, 155, 157, 279-278 dicen que las firmas de Luis López Revollo es auténtica En cuanto a las impresiones digitales de las vendedoras algunos peritos extrañan originales para su comparación, empero, el interesado debió proporcionar el material necesario al perito incumpliendo el art. 1283 del Código Civil ya que no se impugna las impresiones del documento objeto de la nulidad.

c) Alega que ni el Juez ni los Vocales consideraron las literales de fs. 159, 162, 165, 224 y 229 sobre el recurso directo de nulidad interpuesto por el actor y retirado por el mismo aceptándose su retiro, lo que conforme al art. 303 del CPC el actor reconoció la validez del título ejecutorial que fue la base para la transferencia a su favor, si en caso que se dispondría la nulidad del documento, el derecho propietario retornará a los hermanos López Revollo pero no al actor por eso podrá tener interés legítimo pero no legítimo derecho ni siquiera derecho espectaticio sobre el lote en cuestión.

d) Señala que tampoco han considerado la prueba testifical de cargo de fs. 435-436 vta., que refiere que ese año compraron el terreno señalando que estuvo presente y vio que colocaron las impresiones digitales, lo mismo asevera el otro testigo. No han aplicado los arts. 1330 del Código Civil y 476 de su procedimiento.

e) Asegura que el art. 1299 también fue violado ya que los documentos otorgados por analfabetos debe llevar la firma de dos testigos y uno que firme a ruego pero en ningún caso dice que deben ser dos testigos por cada otorgante. En el documento ello se ha cumplido porque han concurrido dos testigos  y otro por el otorgante.

f) Indica que la complementación en el documento respecto de la tradición del título ejecutorial de la que acusan que se hubiere adulterado dicho documento ya que fue exigencia del Registrador de esa época porque sin esa inclusión en el interlineado no se procedía a registrar. Es más ese entrelineado coincide con los antecedentes del título ejecutorial sin haberse alterado para nada la sustancia del documento de venta manteniéndose su autenticidad como el nombre de los vendedores, compradores, la superficie, el precio y los límites.

g) Refiere que su excepción de cosa juzgada se ha probado porque el juicio penal instaurado por el actor declaró sobreseimiento provisional lo que importa que no habiendo otro juicio penal el sobreseimiento representa sentencia definitiva. Por eso no se ha hecho una correcta aplicación del art. 39 del CPP ya que no existiendo prueba en su contra no existe participación en la comisión del delito por el que se les juzgó en concordancia con el art. 1319 del Código Civil. 

En base a dichos antecedentes, pide se case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO III:                                                                                   FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Así expuesto el recurso de casación con fines resolutorios corresponde realizar el siguiente análisis y fundamentaciones:

En su denominado “recurso de nulidad o casación” la codemandada omite especificar si el mismo es de forma, de fondo o ambos a la vez, empero, en principio pide la nulidad de obrados alegando que la Vocal relatora del fallo recurrido habría perdido competencia al haber manifestado opinión en proceso similar al presente, también en calidad de Vocal relatora y que el mismo se encontraría ante el Tribunal Supremo de Justicia; solicitud que corresponde su resolución por el recurso de forma. A continuación pide la casación de la causa esgrimiendo, de los incs. a) al g), aparentes agravios por lo que los mismos corresponden ser tratados por el recurso de fondo, todo ello en consideración al principio establecido en el art. 180-II de la Constitución Política del Estado, y en el num. 14) del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, pese a la deficiente técnica del recurso.

I. En cuanto al agravio considerado en la forma:

En su único agravio de forma acusa a la Vocal relatora de la Sala Penal Primera, Dra. Nuria Gonzales Romero, de haber emitido criterio en otro proceso similar por lo que debiera excusarse. A tiempo de formular esta acusación la recurrente no señala en qué otro proceso, cuál es la resolución en que emitió criterio anticipado, saliente a qué fojas y de qué manera hubiera emitido ese criterio que hubiera afectado el presente proceso y que de esa forma hubiera supuestamente perdido competencia tal como era su obligación de acuerdo al num. 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el recurso de casación debe ser presentado en términos claros, precisos y concretos, por tanto la recurrente queda obligada a sostener su acusación a través de su demostración; sin embargo, toda vez que a fs. 664 vta., consta el sorteo y la designación de Vocal relator recayendo en la mencionada autoridad, debía objetar esa designación con esos mismos argumentos con los que hoy recurre, oportunamente, teniendo en cuenta que el sorteo se verificó en fecha 3 de mayo de 2011 y el Auto de Vista recurrido se emitió un mes después, resolución con la que fue notificada la recurrente recién el 22 de julio de ese año, por lo que tuvo el tiempo suficiente para pedir la supuesta recusación de la autoridad, y no obstante no haberlo hecho, debió optar por la explicación, complementación y enmienda conforme le faculta el art. 239 del procedimiento civil, situaciones que sin embargo no han ocurrido y más bien ha mostrado su conformidad con ello y de esa manera precluido su derecho a ese reclamo por lo que en esta instancia deviene en improcedente.

II. En cuanto a los agravios que se consideran de fondo:

En su primer agravio que viene a ser de fondo acusa de errónea interpretación y mala aplicación del art. 551 del Código Civil cuestionando que el actor no tiene interés legítimo porque no tiene derecho jurídico sobre el inmueble objeto de litis, ya que el mismo anteriormente era de los hermanos López-Revollo conforme el título ejecutorial de fs. 224 y que ahora es de su propiedad, señala que sobre el indicado título la justicia ordinaria no tiene competencia. El art. 551 del Código Civil previene: “La acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo”; al respecto el Auto Supremo Nº 664 de 6 de noviembre de 2014, ha dicho que el interés legítimo es “…el presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad…Convengamos entonces que la norma permite accionar la nulidad cuando el interesado ostenta un derecho subjetivo no hipotético que dependa actual e inmediatamente de la invalidez del acto jurídico, siendo ese el interés legítimo que debe demostrar para acreditar la legitimación activa…cuya validez y eficacia dependa inmediatamente de la invalidez del acto jurídico que se pretende anular…”.

En el caso presente, el actor demanda la nulidad del contrato de 15 de agosto de 1978 del que no es parte, sin embargo, reclama para sí la titularidad del inmueble (derecho subjetivo) de cuya compraventa trata el documento contractual. No obstante la existencia del título ejecutorial de 31 de octubre de 1980, de fs. 224, a nombre de Sofía López Revollo y Otros, expedido en base a la Resolución Suprema de 6 de julio de 1978 por consolidación del ex fundo Huayllani de 1.0773 has, registrado en fecha 4 de abril de 1981, se acredita la certificación de Derechos Reales (fs. 7 a 7 vta.), que refiere: “…el 2 de mayo de 1975 fue presente Alberto Villarroel requiriendo inscripción de la sentencia, Auto de Vista y Resolución Suprema en juicio ordinario seguido por Primitiva Borda Vda. de Villarroel por sí y en representación de sus hijos Alberto, Guillermo y Asunción Villarroel contra Melchora, Antonia, Sofía y Luis López, sobre mejor derecho propietario sobre un terreno en Huayllani Chico y consiguiente reconvención. El Juez de Partido de la Prov. Chapare, por sentencia de 10 de julio de 1973 falla declarando probada la demanda e improbada la reconvención, en consecuencia se establece el mejor derecho de los actores en los terrenos que tienen comprendida de acuerdo a su titulación. Por Auto de Vista de 19 de marzo de 1974, en grado de apelación confirma la sentencia. Por Auto Supremo de 23 de septiembre de 1974, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara infundado el recurso…”. Pero además, la certificación de 26 de marzo de 1992, del Subregistrador de Derechos Reales de fs. 3, acreditando que: “…Primitiva Borda requirió la inscripción del acta de entrega de terrenos a mérito del testimonio conferido cuyo tenor acredita que dentro del juicio ordinario seguido por Primitiva Borda Vda. de Villarroel e hijos contra Melchora López Revollo y hermanos en ejecución de sentencia y auto de vista se fijó el día 6 de marzo de 1975 para la entrega de dichos terrenos…”. De ahí el interés legítimo del actor en la presente demanda de nulidad del contrato de compraventa suscrito entre los hoy demandados y sus vendedores (hnos. López Revollo), en el que el actor no es parte, y de ahí también ese interés sustancial (legitimación sustancial) para pretender la nulidad.

En su segundo agravio señala que los informes periciales de fs. 152, 154, 155, 157, 279-278 en cuanto a las impresiones digitales de las vendedoras algunos peritos dicen que las impresiones no son legibles y otros que no se encontraron originales para su  comparación, el interesado debió proporcionar el material necesario al perito incumpliendo el art. 1283 del Código Civil ya que el documento objeto de la nulidad es correcto. Sin embargo, estas observaciones que hubieran hecho los peritos acerca del documento de compraventa de 15 de agosto de 1978, cuya nulidad se pretende por las causales establecidas en el art. 549 del Código Civil, entre ellas las que hace referencia la recurrente quien no obstante ha reconvenido la demanda por la validez y legalidad de dicho documento, entonces, le correspondía desvirtuar la pretensión del actor como está obligada por el num. 2) del art. 1283 al que hace referencia más aun cuando el perito dirimidor en su informe grafotécnico de fs. 259-315, extraña que las impresiones digitales de Sofía López Revollo no fueron cotejadas por falta de material de comparación debido a que esta persona no se encuentra filiada en la Dirección Departamental de Identificación Personal, o que las de Melchora López Revollo no fueron encontradas en el documento, no obstante en dicho documento contractual se señala que ambas hermanas han suscrito el mismo. 

En relación al tercer agravio, ése ya fue respondido en el primer agravio de fondo a cuyo análisis nos remitimos.

En su cuarto agravio alega que tampoco han considerado la prueba testifical de fs. 435 vta.-436 vta., en la que ambos testigos uniformemente refieren que aquel año compraron el terreno, Melchora junto a sus otros hermanos, que vieron que pusieron sus impresiones digitales, empero, no habrían aplicado los arts. 1330 del Código Civil y 476 de su procedimiento. Los de Alzada en realidad tomaron en cuenta en el análisis este aspecto pero fue descartado debido a que todos los informes grafotécnicos han informado que Melchora López Revollo no ha otorgado el documento de transferencia cuya nulidad se demanda, pese a que en el mismo se señala que es una de las transferentes y suscribientes, por ese motivo las declaraciones de los testigos (hijos de Melchora) que se nombran no tiene contundencia que, como señala el Ad quem, por el natural interés que tienen en el litigio por la transferencia que también hubiera realizado su madre.

En el quinto reclamo arguyen que fue violado el art. 1299 ya que los documentos otorgados por analfabetos deben llevar la firma de dos testigos y uno que firme a ruego pero en ningún caso dice que deben ser dos testigos por cada otorgante y que en el documento ello se ha cumplido porque han concurrido dos testigos  y otro por el otorgante. Del entendimiento del art. 1299 del Código Civil, se debe asumir que cuando un analfabeto suscribe un documento colocando su impresión digital, debe llevar la firma de dos testigos presenciales y otra del testigo a ruego, lo que significa que por cada analfabeto que otorgue un documento debe haber tres testigos que con sus firmas acrediten ese hecho. Mediante su demanda el actor ha acusado la falsificación de la firma de Luis López, y que las líneas 12 y 13 han sido incluidas posterior a la elaboración del documento acusando de adulteración y falsificación señalando que los testigos que suscribieron por las dos personas que ignoran firmar fueron también posteriormente incluidos indicando que así se nota del tipo de máquina diferente que utilizaron. Pero más allá de que estos hechos denunciados no han sido desvirtuados por los demandados reconvinientes, a simple vista del documento de compraventa que lleva fecha 15 de agosto de 1978, se aprecia que de los contratantes que ignoran firmar, los testigos presenciales y a ruego de cada una de ellas, no cumplen con el número requerido en el art. 1299 precitado.

En su agravio seis indica que la complementación en el documento fue exigido por el Registrador y que ese entrelineado coincide con los antecedentes del título ejecutorial sin haberse alterado para nada la sustancia del documento de venta manteniéndose su autenticidad. El Juez A quo en su fallo, ha hecho mención a la certificación de fs. 174, del Subregistrador de Derechos Reales de Sacaba, que señala que para que un documento privado reconocido de transferencia sea inscrito debe contener la tradición del derecho propietario, la que de haberse omitido puede salvarse al final del documento, que en el caso de autos al haberse utilizado otro tipo de maquina es evidente que no fue subsanada la omisión por lo que el documento fue adulterado, concluyendo el Juez que al no haberse salvado el interlineado se produjo alteración al documento.

En su último agravio reclama porque su excepción de cosa juzgada se ha probado porque el juicio penal instaurado por el actor declaró sobreseimiento provisional lo que importa que no habiendo otro juicio penal el sobreseimiento representa Sentencia definitiva. Por eso no se ha hecho una correcta aplicación del art. 39 del CPP.

En el Auto que data de 18 de marzo de 1998 que fue confirmado por el Auto de Vista de 21 de mayo de 1998 (fs. 72 a 73 y 74), se ha dispuesto el sobreseimiento provisional por no existir contra los imputados Wilfredo Revollo Fuentes e Hilda Iriarte de Revollo, suficientes indicios de culpabilidad en la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad de documento privado y uso de instrumento falsificado (a instancia del actor y Primitiva Borda Vda. de Villarroel). Al respecto, el art. 39 del Código de Procedimiento Penal dispone que el sobreseimiento ejecutoriado producirá efecto de cosa juzgada en el proceso civil cuando se declare la inexistencia del hecho o cuando se determine que no participó en la comisión del hecho, en concordancia con lo que disponía la parte final del art. 180 del anterior Código de Procedimiento Penal, vigente en la tramitación del referido proceso penal, sin que la norma haya previsto el caso de no encontrarse suficiente indicios de culpabilidad, de ahí que se ha dado correcta aplicación del art. 39 precitado. Sin embargo, se debe tener presente lo dicho por el Tribunal Ad quem que la excepción de cosa juzgada, conforme el art. 336-7) del procedimiento civil, se presenta en caso de nueva demanda con las mismas personas o partes, el mismo objeto y causa en concordancia con el art. 1319 del Código Civil. Por la presente demanda se persigue la nulidad del documento de 15 de agosto de 1978 por las causales previstas en el art. 549 de la norma última citada, además de la supuesta adulteración o falsificación, de donde se tiene que el objeto y la causa son diferentes en relación al proceso penal referido.

En consecuencia, no se han sustentado los agravios de fondo deviniendo éstos en infundados.

Por las razones expuestas, corresponde a este Tribunal de Casación emitir resolución en la manera dispuesta en el art. 271 numerales 1) y 2) en relación a los arts. 272 num. 2) y 273 del Código Adjetivo de la materia.      

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 1) y 2), 272 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso considerado de forma, e INFUNDADO el recurso de casación considerado de fondo, interpuesto por Hilda Iriarte de Revollo contra el Auto de Vista de 1 de junio de 2011, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario de nulidad de documento de compraventa y su registro seguido por Guillermo Villarroel Borda contra Wilfredo Revollo Fuentes y la recurrente. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs.1.000 (Un Mil Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.