TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 1059/2015

Sucre: 17 de Noviembre 2015

Expediente: SC 81 15 S

Partes: Sindicato de Transportistas “Santa Cruz” c/ Cooperativa Multiactiva de

            Servicios al Transporte de Colectivos y Micros “Santa Cruz”.

Proceso: Nulidad de contrato y otros.

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 2206 a 2213 interpuesto por Vitalio Quiroga Dorado en representación de Cooperativa Multiactiva de Servicios al Transporte de Colectivos y Micros Santa Cruz, en contra del Auto de Vista Nº 55, de 16 de marzo de 2015 que cursa de fs. 2189 a 2195, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de nulidad de contrato y otros seguido Sindicato de Transportistas “Santa Cruz” en contra de la entidad recurrente, la concesión de fs. 2217, los antecedentes del proceso, y;

C0NSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

En cumplimiento del Auto Supremo Nº 262, de 12 de octubre de 2012, el Juez de Partido Segundo en lo Civil, pronunció la Sentencia Nº 100 de 12 de diciembre de 2012 que cursa de fs. 1942 a 1956 y vta., por la que declara improbada la demanda de fs. 153 a 163, improbada la demanda reconvencional de fs. 287 a 293 y vta.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por la entidad actora y resuelta mediante Auto de Vista que cursa en fs. 1997 a 2003 y vta., que revoca parcialmente la Sentencia y declara improbada la demanda principal, probada la demanda reconvencional, fallo que fue recurrido de casación y resuelto mediante Auto Supremo Nº 45/2014 que anula el Auto de Vista disponiendo se dicte nueva Resolución; posteriormente se dicta el Auto de Vista de fs. 2110 a 2114, que revoca totalmente la Sentencia  y declara probada la demanda principal y probada la demanda reconvencional declarando el derecho de propiedad del inmueble litigado a las dos entidades actoras; luego de ello el fallo es recurrido de casación y resuelto mediante Auto Supremo Nº 23, de 14 de enero  2015, que anula el Auto de Vista de fs. 2110 a 2114; por lo que en cumplimiento del mencionado fallo supremo se emite el Auto de Vista de fs. 2189 a 2195, que revoca parcialmente la Sentencia y declara probada en todas sus partes la demanda de fs. 153 a 163, manteniendo el resto de la decisión incólume, asimismo dispuso la cancelación del derecho de propiedad registrado en la oficina de Derechos Reales a nombre de la entidad demandada; fallo último que es recurrido de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere que los Vocales que suscriben incurren en contradicción al señalar que en el Auto de Vista de fs. 2194 que se declara probada la demanda en todas sus partes y en el Auto de Vista de fs. 2012, señalan que no ha lugar a la nulidad pretendida;

Refiere que el Auto de Vista cita la prueba de fs. 202 relativo al derecho de propiedad de la Cooperativa, asimismo señala que el fallo se funda en Las pruebas de balances económicos de 1988 a 1990 asambleas de 1986 a 1991, acta de constitución de la Cooperativa de 1981, asamblea de 3 de julio de 1987, proyecto de arquitectura, confesión espontánea de los escritos de fs. 302 a 308 y de fs. 1843 a 1847.

Asimismo acusa error de derecho, manifestando que el Auto de Vista se apoya en los balances de 1988 a 1990, cuando estas pruebas no tienen razonamiento judicial, solo se las menciona no se las valora, ya que la entidad actora les resta valor conforme a fs. 1846 vta., manifestando haberse elegido en una evidencia psicológica, desechando actos auténticos como el testimonio Nº 2014 emitido por derechos reales a fs. 199 a 200 y el documento de 23 de agosto de 1988, donde consta que Gueltile Corre Giles transfiere el inmueble con una superficie de 6.037 mts2., que fue registrado en la oficina de Derechos Reales.

Acusa error de hecho, refiriendo que el Auto de Vista se apoya en las actas de las gestiones de 1986 a 1991, sin mencionar la relevancia de estos documentos, empieza a colar con el documento de fs. 31 cuando este no tiene dato ni fecha, ni refiere adquisición del inmueble, alegando que no existen en las actas de fs. 31 ni de los años 1986 a 1991, ninguna letra relativa a ala adquisición del inmueble.

Acusa disposición contradictoria conforme al num. 2) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, manifestando que en el acta de fs. 7 a 8 de 30 de enero de 1987, demuestra un hecho notorio cuando el Ad quem lo refiere a la construcción de un inmueble, cuando el registro de la Cooperativa data de 1998.

Refiere error de hecho arguyendo que el Auto de Vista mencionaría al acta de fs. 7 a 8, se encontraría el texto de la “compra de un bien” y “dineros propios”, cuando en dicho documento no existe.

Deduce haberse incurrido en error de hecho, manifestando que el Ad quem, toma como argumento el acta de fs. 31, sin embargo por el hecho de que una persona sea dirigente no puede ser posible que defina derechos de un ente autónomo; lo que define es el órgano, su asamblea y sus actas por medio de una deliberación; manifiesta que si no hay la voluntad del ente, siendo este una persona que se expresa mediante actas, no hay voluntad del órgano para  comprar el inmueble en el acta de fs. 7 a 8 ni en el acta de fs. 31.

Asimismo respecto a la prueba de fs. 175 el Ad quem, señala que los miembros del Sindicato eran miembros de la Cooperativa, empero no indica qué personas, cuya data es de 1981 cuando la compra realizada por la Cooperativa es de 1988; y cuestiona si se pueden fusionar  patrimonios de dos entes distintos a raíz de la decisión unilateral y personal de una persona natural de pertenecer a mas de un solo ente.

Acusa errónea aplicación de la ley, arguyendo que de “fs. 302 a 208” del expediente, el Tribunal de Alzada menciona que de fs. 2192 vta., alude a una confesión judicial espontánea, en el que deduce que el Sindicato de Transportes se encuentra en posesión parcial del inmueble; esto significaría que el hecho de existir el memorial de fs. 302 a 308 existiría confesión espontánea, cuando esta es una afirmación hecha por la contraparte, empero dicho memorial está firmado por Mario Guerrero en representación del Sindicato, y se lo tiene como confesión provocada; concluye señalando que el Auto de Vista desafía la legalidad sustantiva resuelve creando un mecanismo paralelo al régimen del numeral II del art. 404 del Código de Procedimiento Civil y describe su titulo de propiedad se encuentra contenido en el Testimonio Nº 2014 (fs. 199 a 200) documento de fecha 23 de agosto de 1988 con reconocimiento de firmas y rúbricas ante el Juez Nº 147 y registrado en Derechos Reales a fs. 681 Libro Primero de Registro de Propiedad de 10 de mayo de 1989 con matricula Nº 7011990049306.

Por lo que solicita se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal y probada la reconvencional.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- Respecto a la acusación de que los Vocales hubiera incurrido en contradicción por la emisión de un primer Auto de Vista respecto de otro emitido en forma posterior.

Se debe señalar que este Tribunal evalúa las resoluciones emitidas en grado de apelación, así puede analizar si la Resolución impugnada por sí sola resulta o no ser contradictoria, entendiendo por tal que la contradicción interna de un fallo es conocida como una motivación incoherente, en la que puede analizarse que la parte considerativa no es coherente con la parte dispositiva; aspecto que no sucede en el caso de Autos, pues el recurrente acusa contradicción porque el Tribunal de Alzada hubiera cambiado el razonamiento expuesto en un anterior Auto de Vista, ello no resulta ser correcto pues el Ad quem advertido de la omisión incurrida o del error generado, al realizar un nuevo análisis podía cambiar su decisión, esto saneando la omisión incurrida o corrigiendo el error que anteriormente fuera cometido, por lo que no se advierte infracción ni contradicción alguna.

2.- Respecto al error de derecho, de la prueba de fs. 1 a 24 en sentido de que el Ad quem no otorgó valor probatorio a la prueba de los balances económicos de 1988 a 1990.

Corresponde señalar que la ausencia de valoración de un medio de prueba, es una acusación pertinente a la forma, conforme al art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, que señala: “(Forma de la sentencia).- La sentencia se dará por fallo y contendrá… 2) La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda…”, esto quiere decir que la acusación es una relativa a la forma, la cual correspondía ser saneada mediante la petición de complementación y explicación contenida en el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, pues al ser una omisión del Ad quem, la omisión debía ser reclamada en forma oportuna y de acuerdo al mecanismo de protección que el ordenamiento legal otorga a las partes, como exige el art. 16 parágrafo I de la Ley Nº 025, cuyo texto es el siguiente: “I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley”, norma que exige que el reclamo sobre las omisiones o irregularidades debe ser reclamo en forma oportuna y la oportunidad conforme al ordenamiento procesal se encuentra contenida en el art. 239 del adjetivo de la materia, aspecto no cumplido por la entidad recurrente.

Respecto a la acusación de que el sindicato hubiera restado el valor a los mencionados documentos, alegando el escrito de fs. 1846 vta; corresponde señalar que el referido escrito, en el apartado 4 num. 2), el sindicato refiere que la Cooperativa no presentó balances de las gestiones de 1981 a 1989, no menoscaba las documentales de fs. 1 a 24, como señala el ahora recurrente.

3.- En cuanto a la acusación del error de hecho en el Auto de Vista al considerar “las diferentes actas realizadas por el sindicato de la gestión 1986 a 1991”, sin mencionar la relevancia de estos documentos, en sentido de que no se los razona ni se sustrae nada.

Corresponde señalar que el Ad quem al alegar las mencionadas actas, en forma conjunta a las literales de fs. 1 a 124 dedujo que Ulises Casanova Becerra fungía como Secretario General del Sindicato de Trasportistas Santa Cruz y como presidente del directorio de la cooperativa de Servicios al Trasporte de colectivos y Micros “Santa Cruz”, esa fue la deducción efectuada por el Ad quem (fs.  2191 vta., renglón 19 y ss.), ahora si en criterio del recurrente consideraba insuficiente la deducción efectuada o consideraba que debía efectuarse una deducción de cada acta, podía haber solicitado una petición de complementación y explicación en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, mecanismo de protección inmediato para sanear las posibles observaciones que se genere en criterio del recurrente y requisito necesario para una posterior acusación de haberse infringido el num. 2) del art. 192 del Código de Procedimiento Civil, como señala el art. 16 parágrafo I de la ley Nº 025, que señala que toda irregularidad procesal debe ser reclamada en forma oportuna, no habiéndose cumplido con dicha exigencia (al igual que en el punto anterior), pues luego de emitirse el Auto de Vista de fs. 2189 a 2195, la Cooperativa dentro del plazo de ley solicitó la aclaración conforme al escrito de fs. 2197 a 2198 empero de ello solicitó aclaraciones diferentes a la complementación de la descripción de los medios de prueba que ahora erróneamente los acusa en grado de casación en el fondo.

Por otra parte en cuanto a la prueba de fs. 31, en sentido de que el mencionado documento no hace referencia a la adquisición de bien inmueble; corresponde señalar que el Ad quem en aplicación del principio de la unidad de la prueba, valorando las pruebas en su conjunto; al aludir la documental de fs. 31, y las literales de fs. 1 a 124 actas de Directorio y Balance General de la gestión de 1988 a 1990, y cotejándolas con el acta de fs. 175, arribó a la conclusión de que Ulises Casanova Becerra fungió como Secretario General del sindicato demandante y como Presidente del Directorio de la Cooperativa de Servicios al Transporte de Colectivos y Micros “Santa Cruz”, no arribó a la conclusión que con el mencionado medio de prueba se hubiera acreditado la compra del bien, sino que con la misma dedujo que la Dirección tanto del Sindicato como de la Cooperativa se centraban en una sola persona (fs. 2191 vta., renglón 19 y ss.), por lo que el error acusado resulta ser infundado.

4.- Sobre la acusación relativa a la disposición contradictoria conforme al num. 2) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, respecto al acta de fs. 7 a 8 de la gestión de 1987, relativa a la construcción de una sede que se la pretende vincular con la propiedad de la Cooperativa adquirida en la gestión de 1998, cuyo razonamiento es atemporal.

Se debe señalar que la acusación sobre una disposición contradictoria, como fue acusado la supuesta infracción, corresponde señalar que la causal contenida en el num. 2) del art. 253 del adjetivo de la materia señala lo siguiente: “(Recurso de casación en el fondo).- Procederá el recurso de casación en el fondo… 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias”, de acuerdo a dicha norma el entendimiento que se da para esta causal de casación, debe comprender que la disposición (decisión) contradictoria, debe estar inmersa en la parte resolutiva del fallo y no respecto a los argumentos de motivación o fundamentación que se hayan desarrollado en la parte considerativa. Al margen de ello en cuanto a un razonamiento atemporal, corresponde señalar que el recurrente considera la “gestión de 1998” como año de adquisición del inmueble cuando el Ad que señaló que el acta de fs. 7 a 8 labrada el 30 de enero de 1987, señaló la necesidad de construir la sede social con dinero propio del Sindicato depositados en la Cooperativa efectuado por la E. P. Nº 23 de agosto de 1988 y registrado en Derechos Reales el 10 de mayo de 1989; periodos en orden cronológico que no superan los tres años, y no como señala el recurrente que su derecho de propiedad hubiera nacido en la gestión 1998, por lo que en este punto tampoco se advierte infracción alguna.

5.- Respecto a la acusación de error de hecho en la apreciación de la prueba de fs. 7 a 8, en la que señala que en el folio 2193 renglón 14 se hubiera generado error de hecho respecto al contenido de dicho medio de prueba; sin embargo de ello, como el recurrente arguye de precisión en su recurso, se dirá que revisado el folio de 2193 se hace referencia al argumento de contracautela, diferente el acusado por la Cooperativa recurrente, en cuya foja no se hace mención a la documental de fs. 7 a 8, por lo que la acusación del error de hecho sobre los términos de “dineros propios” y “compra de inmueble” no resultan ser consideradas.

6.- Sobre la denuncia de error de hecho respecto al acta de fs. 31, en el que se acusa que un dirigente no puede definir nada sobre un ente autónomo, siendo que esta se define mediante su asamblea.

Se debe precisar que el error de hecho sobre la valoración de la prueba, se activa para considerar y analizar el elemento probatorio sobre los hechos probados y los hechos no probados (verificando los argumentos -que sobre materia probatoria- hayan asumido los de instancia) para de esta manera identificar si ha existido error en cuanto a la existencia o no de hechos demostrados o si los de instancia hubieran confundido o tergiversado el contenido del medio probatorio para asumir sobre un hecho probado o no probado; confundiendo el recurrente la fase de que una persona individual por su calidad de dirigencia podía o no definir derechos de una entidad, caso para el cual, no se trata de una situación de “error de hecho” en la apreciación de la literal de fs. 31, sino que la forma correcta de impugnar debió efectuárselo en consideración a los estatutos tanto del sindicato y de la cooperativa, vigentes ese momento, para verificar las facultades del representante legal y las facultades de la Asamblea, conforme a jerarquía normativa.

Por otra parte en cuanto a la acusación respecto al razonamiento sobre la literal de fs. 175, en sentido de que los miembros de la Cooperativa fueran miembros del Sindicato, sin expresar a cual de los socios,  siendo reiterativo el mismo la acusación en contra de la literal de fs. 175, la misma resulta ser un acta de  constitución de la Cooperativa en la misma figura el nombre de Ulises Casanova Becerra como Presidente del Consejo de Administración, que resulta ser coherente con las actas del Libro de fs. 375 y siguientes de la mencionada Cooperativa, así como el acta de sesiones del Sindicato de fs. 620 en el que la misma persona Ulises Casanova Becerra, manifestó en sesión pública de dicho ente (Sindicato) que se hubiera adquirido el inmueble ofertado en una superficie de 6.037 mts2., por el monto de $us. 90.550.- registrando el mismo a nombre de la Cooperativa de Servicios al Transporte de Colectivos y Micros San Cruz; asimismo la relación de los miembros del Sindicato y su integración en la cooperativa tiene que ver con el propio estatuto de la Cooperativa que fue cambiada en su razón social por una de carácter Multiactiva de Servicios al Transporte de Colectivos y Micros que cursa en fs. 178 a 194 en cuyo art. 5 se señala como requisito para ser socio de la cooperativa, ser afiliado al Sindicato de Colectivos y Micros “Santa Cruz”, consiguientemente en base a la lógica, como directriz del sistema de valoración de la sana critica, establecida en el art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, el Ad quem concluyó, que el inmueble fue adquirido por el sindicato empero figuró el nombre de la Cooperativa, ahora Multiactiva de Servicios al Transporte de colectivos y Micros “Santa Cruz”,  al margen de la prueba relativa a los gastos efectuados para la construcción e introducción de estructuras en el inmueble objeto de litis; a ello se suma la regla de “la razón suficiente” (por la cual cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente), pues la Cooperativa al ser instada mediante una demanda en su contra, no llegó a desvirtuar la falta de fondos para adquirir el predio, ni la situación de que los miembros del sindicato fueron los que conformaron la cooperativa, menos el por qué se permitió al Sindicato a erogar gastos sobre el predio que la Cooperativa alega como propio; estos antecedentes dan cuenta que inequívocamente fue el sindicato que adquirió el predio litigado haciendo figurar como su testaferro a la Cooperativa ahora recurrente.

7.- Respecto a la acusación de la errónea aplicación de la ley, observando que el Ad quem hubiera manifestado que conforme a los folios de 302 a 308, se hubiera generado una confesión espontánea, cuando dicho escrito es propio del Sindicato.

Se debe manifestar que la infracción de la ley en los términos que acusa el recurrente, en la generalidad de los casos debe estar orientada a la aplicación del derecho sustantivo y no así a la observación del valor probatorio caso para el cual se habilita el error de derecho conforme a la casual 3) del at. 253 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo de ello el recurrente cuestiona, el criterio del Ad quem en sentido que para acreditar el hecho de la posesión del inmueble por parte del Sindicato, hizo valer el escrito de fs. 302 a 308 relativo al memorial de contestación, cuando por sentido común un escrito de una parte no puede fundar confesión espontánea para sí mismo, sino para acreditar un hecho en base a confesión espontánea fundada en un memorial debe considerase siempre el escrito de la contraparte, por lo que el escrito relativo al memorial de fs. 287 a 293 y vta., en cuyo texto de la demanda reconvencional de reivindicación formulada por la cooperativa, en la que a fs. 291, se hace referencia a la posesión del Sindicato en el inmueble objeto de litis.

En lo demás, en la parte final tan solo hace una descripción de la adquisición de la propiedad por parte de la Cooperativa, sin exponer norma sustantiva, sobre la misma corresponde remitirnos al contenido del punto anterior, en cuanto a la actuación de la Cooperativa en el contrato de compraventa, en su calidad de testaferro del Sindicato, debiendo además constar que no se alegó infracción de norma sustantiva sobre los institutos en los cuales arribó el Ad quem.

Por lo que al no advertir infracción alguna, conforme a los argumentos esgrimidos en el recurso corresponde emitir fallo conforme a lo previsto en el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 y arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación de fs. 2206 a 2213 interpuesto por Vitalio Quiroga Dorado en representación de Cooperativa Multiactiva de Servicios al Transporte de Colectivos y Micros Santa Cruz, formulado en contra del Auto de Vista Nº 55, de 16 de marzo de 2015 que cursa de fs. 2189 a 2195. Con costas.

Se regula honorario del abogado de la entidad demandante en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.