TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 105/2015

Sucre: 12 de febrero 2015

Expediente: SC 168 14 S

Partes: Leni Sofia Dzierzynski Ortiz. c/ Empresa Agropecuaria BENAZAL S.A.

            representada por Carlos Hugo Melgar Saucedo.

Proceso: Cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 1547 a 1559 y vta., interpuesto por Leni Sofia Dzierzynsky Ortiz en contra del Auto de Vista Nº 212 de 09 de octubre de 2014 que cursa de fs. 1543 a 1545 vta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso doble seguido por la recurrente en contra de Empresa Agropecuaria BENAZAL S.A., la concesión de fs. 1588, los antecedentes del proceso, y;


C0NSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Séptimo de Partido en lo Civil, pronunció la Sentencia de Nº 55 de 18 de julio de 2014 que cursa de fs. 1470 a 1476 vta., por la que declara probada la demanda y reconvención de cumplimiento de contrato más resarcimiento de daños y perjuicios, asimismo se declara probada la excepción de cosa juzgada e improbada la excepción perentoria de prescripción y caducidad presentadas por la empresa agropecuarias BENAZAL S.A.; declaró improbadas la demanda, reconvención y excepción es perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de legitimación activa, caducidad, falta de acción y derecho presentadas por Leni Sofia Dzierzynski Ortiz, como consecuencia de la Resolución se dispuso que ésta suscriba el contrato de transferencia definitiva de la propiedad agrícola “LA CONQUISTA”, inscrita bajo la matricula computarizada Nº 70610000603, Nº 7061010000604 y Nº 706101000617 en favor de Empresa Agropecuaria BENAZAL S.A., en el plazo de diez días, bajo prevención de que en caso omiso el Juez sea quien emita la minuta de transferencia correspondiente, y una vez suscrito en mismo y entregada la posesión del fundo rustico en el plazo de diez días procédase al endose y desglose del depósito judicial Nº 103617 por la suma de $us.471.716,56.- haciendo constar de que en caso de incumplimiento en cuanto a la entrega del predio se librara mandamiento de desapoderamiento correspondiente.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por Leni Sofia Dzierzynski Ortiz, y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 1543 a 1545 vta.,  que confirma la sentencia apelada, fallo que a su vez es recurrida de casación objeto de análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Luego de señalar los antecedentes del proceso y el contenido del recurso de apelación, señala las acusaciones siguientes:

En la forma.-

1.- Acusa la violación al debido proceso por motivación arbitraria, en cuanto al derecho a la congruencia y el derecho de defensa, e identifica vicio de  nulidad hasta fs. 852, aduciendo que ya en su recurso de apelación hubiera acusado que la cusa fue tramitada con omisión de las pretensiones deducidas por la recurrente en la demanda del primero proceso ordinario que sale a fs. 133, pues en el Auto de relación procesal no se incluye las pretensiones de la demanda y contestación del primer proceso ordinario a partir de ahí se genera el vicio de procedimiento; asimismo señala que a fs. 852 corresponde al segundo proceso y no incluyen en el mismo las pretensiones del primer proceso, siendo que en el Auto de relación procesal no se ha emitido las pretensiones del primer proceso.

2.- Acusa violación al debido proceso, por ausencia de motivación y de falta de pronunciamiento de las pretensiones deducidas por la recurrente, cita la Sentencia Constitucional Nº 0638/2013 y refiere que la jurisprudencia constitucional exige la fundamentación de las decisiones para los tribunales de apelación, asimismo refiere que la Sentencia Constitucional Nº 0477/2012 ha definido los alcances de la motivación judicial, y acusa que el Ad quem no expone con claridad las razones y fundamentos legales que sustenta la resolución del A quo, señalando que en el considerando III ha referido un argumento sesgado solo respecto a la valoración de una sola prueba y un fundamento arbitrario de la prueba E.P. Nº 3512/2006, para concluir que el Auto de Vista no reúne las  exigencias de la motivación y fundamentación, pues el Auto de Vista no describe las pretensiones a las que se refiere.

3.- Acusa violación del debido proceso por falta de motivación y fundamentación respecto a la totalidad de agravios  expuestos en el memorial de apelación conforme al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues el Ad quem no consideró distintas infracciones que las enumera  en los incisos a) a la m), para señalar que el Ad quem ha incurrido en infracción al debido proceso, al derecho a la petición y atentado al derecho de motivación al no haberse pronunciado en relación a todos y cada uno de los puntos referidos en la expresión de agravios.

En el fondo.-

1.- Acusa violación de la ley, señalando que el contrato contenido en la E.P. N° 3512/2006 que cursa en fs. 498, en su clausula primera ha señalado que tiene domicilio en la Localidad de Montero, y en la cláusula octava se concedió en favor del arrendatario la opción de compra que debió ser comunicada mediante carta notariada, refiere que el Ad quem debió aplicar los arts. 24, 455, 519, 1287 y 1289 del Código Civil, pues las cláusulas primera y octava del documento, tienen la fuerza de ley; refieren que conforme a lo expuesto no es válida la notificación notarial de 29 de diciembre de 2008 saliente a fs. 512 que fue entregada a otra persona en un domicilio ubicado en le tercer anillo; asimismo acusa infracción del art. 455 del Código Civil para referir que no se hubiera formado el contrato de compra venta por no haber ejercido la opción en forma y plazo convenidos, pues describe que no tuvo conocimiento de la notificación notarial.

2.- Acusa violación al debido proceso, por error de hecho y de derecho en la valoración procesal, refiriendo que el Ad quem incurrió en error de hecho basando su criterio en que los jueces tiene la obligación de fundar sus fallos en las pruebas esenciales y decisivas, el A quo no individualizó las pruebas criterio que es contrario al Auto Supremo N° 136 de 16 de abril de 2002, que señala que la valoración de la prueba debe ser en su conjunto, no se calificó la prueba considerara “esencial” y la prueba “no esencial”.

Refiere que el Ad quem también incurrió en error de derecho al aplicar el art. 397 del Código de Procedimiento Civil por encima de la Constitución, pues la jurisprudencia constitucional hace referencia a una valoración integral y cita la Sentencia Constitucional N° 0290/2014 de 12 de febrero.

Refiere ausencia valorativa o error de hecho por omisión valorativa en cuanto a la prueba documental que hubiera aportado con el memorial de fs. 574 que sale a fs. 563 a 573, ratificada en memorial de fs. 1248, dentro de esos elementos está la cédula de identidad de fs. 394 en registro de padrón biométrico de fs., 395 y la cláusula primera de la E.P. N° 3512 que señalan su domicilio en la Localidad de Montero y no en la ciudad de Santa Cruz.

Por lo expuesto solicita que en atención al recurso de casación en la forma se anule obrados hasta fs. 852 o en su defecto de case el Auto de Vista y se declare probada la demanda y reconvención interpuesta por la recurrente improbada la demanda principal y reconvención formulada por BENASAL S.A., improbadas las excepciones perentorias opuestas por BENASAL S.A. en contra de la pretensión de la actora y probadas las excepciones perentorias interpuestas por la recurrente en contra de la pretensión de BENASAL S.A.


CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


El art. 106 del Código Procesal Civil, permite declarar la nulidad de oficio cuando se identifique vicio de procedimiento establecido en la ley, bajo esa consideración este Tribunal, advierte que la presente causa se ha tramitado en la jurisdicción ordinaria, cuando debió de haberse tramitado ante la jurisdicción agraria, quien de acuerdo a su juzgado agrario tiene la competencia para el conocimiento de la presente contienda, al efecto deberá de considerarse los puntos siguientes:

1.- De la jurisdicción agraria.-

La jurisdicción conforme al art. 4 de la Ley N° 025, se tiene que la  función jurisdicción se la ejerce de la siguiente manera: “(EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL). I. La función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de: 1. La Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados; 2. La Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales; 3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley; y 4. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por sus propias autoridades, según sus normas y procedimientos propios…”, bajo esa identificación se dirá que la jurisdicción es la potestad que emanada del pueblo boliviano para administrar justicia, mediante sus órganos judiciales; en cambio la competencia es la facultad que tiene una autoridad judicial, para administrar justicia en un determinado asunto.

La norma descrita precedentemente tiene vinculación directa con el art. 179 de la Constitución Política del Estado que señala lo siguiente: “I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”, también corresponde citar el art. 30 de la Ley N° 1715, modificado por el art. 17 de la Ley N° 3545 de Reconducción Agraria, que señala: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y, otros que le señala la ley”, al efecto se dirá al momento de haberse formulado las pretensiones de ambas partes, se lo hizo en vigencia de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificado por la ley Nº 3545 de Reconducción Agraria, norma que ingreso modificaciones en las atribuciones de la judicatura agraria (jurisdicción agraria), siendo así que dicho ente de administración de justicia se encuentra conformado por el Tribunal Agrario Nacional y por los Juzgados Agrarios, estos últimos operadores judiciales tienen competencia para el conocimiento y resolución de distintos supuestos que consigna el art. 39 de la mencionada ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, que señala: “(Competencia). Los jueces agrarios tienen competencia para… 8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias…”

Ahora como el numeral 8) del art. 39 de la mencionada Ley hizo alusión distintos tipos de acciones que derivan de la propiedad agraria, para ello se dirá que las acciones personales, son los que autorizan a exigir de persona determinada el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, o en su defecto cuestionar si la prestación efectuada ha sido cumplida en la medida que ha sido señalada por los contratantes bajo los principios que rigen los contratos, en cambio las acciones reales son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales de la propiedad, u otro derecho real.

Consiguientemente se dirá que tanto la jurisdicción agraria (hoy agroambiental) así como la jurisdicción ordinaria, tienen la facultad de administrar justicia, cuya delimitación o deferencia en la atribución de sus competencias se encuentre señalada por ley, en ese sentido la anterior Ley de organización judicial, al describir la competencia para los jueces ordinarios en materia civil, facultaba conocer las acciones reales, personales y mixtas emergentes de las relaciones del derecho privado y sobre la propiedad privada; atribución que es diferente de la que tiene la judicatura agraria -por medio de sus juzgados agrarios- la que tiene competencia para el conocimiento de acciones reales, personales, y mixtas emergentes de la propiedad o actividad agraria, que difiere de la jurisdicción ordinaria, que atiende litigios relativos a la propiedad privada.

2.- De los actos conocidos por la judicatura ordinaria y el vicio de nulidad.-

Estando diferenciada las facultades para la resolución de conflictos ante la  jurisdicción agraria y la jurisdicción ordinaria y los factores de la competencia de los operadores judiciales de ambas jurisdicciones, corresponde describir los contenidos de las pretensiones que han dado lugar a la sustanciación de los procesos en la jurisdicción ordinaria ante el juzgado de partido sexto en lo civil y el juzgado de partido séptimo en lo civil:

La demanda de fs. 133 a 140 vta., subsanada en fs. 143 y vta., presentada por Leni Sofia Dzierzynsky Ortiz ante el Juzgado de Partido Sexto en lo Civil, en lo relevante para este fallo señala: que es propietaria y poseedora de un “fundo rústico la conquista del Sauce de San Diego” ubicado en la jurisdicción de Portachuelo con una superficie de 590 Has. a 9 kilómetros del pueblo, señalando los registros de su propiedad e indica que mediante contrato otorgó en calidad de arrendamiento la superficie de 300 has., habiendo pactado la opción de compra del inmueble en favor del arrendatario, que debió ser ejercida mediante carta y notificación notariada hasta el 31 de diciembre de 2008, sin embargo el arrendatario Empresa Agropecuaria BENASAL S.A. incumplió con el canon de arrendamiento y que posteriormente a inicios de marzo de 2010 tomó conocimiento de la existencia de un proceso de oferta de pago y consignación sustanciado en el juzgado de partido noveno en lo civil y revisado el mismo se dicha empresa hizo alusión a la opción de compra que la hubiera ejercido mediante carta de fecha 29 de diciembre de 2008, sobre la cual solicitó el proceso de oferta de pago y consignación. Por lo que en base a ese antecedente señala que la notificación notariada no le hubiera sido entregada, pues la notificación fue efectuada en el domicilio ubicado en “el tercer anillo externo esquina Av. Alemana” y no tuvo conocimiento de la misma, pues de acuerdo al contrato contenido en la E.P. Nº 3512/2006 su domicilio se encuentra ubicado en la localidad de Montero, señalando que como la carta de 29 de diciembre de 2008 no le hubiera sido entregada ni notificada la misma es ineficaz respecto a la actora por lo que se hubiera operado la caducidad de la opción de compra en favor del arrendatario; asimismo señala que en el proceso voluntario de ofertad pago y consignación la diligencias hubiera sido efectuadas en un inmueble que si bien es de su propiedad, empero no constituye su domicilio real ni residencia permanente. De acuerdo a esos argumentos solicita: que la carta de 29 de diciembre de 2008, no constituye aceptación ni ejercicio del derecho de compra u opción de compra, válido y eficaz respecto a la actora, que dicha carta no demuestra que empresa Agropecuaria BENASAL S.A., que al finalizar el 31 de diciembre se operó la caducidad del derecho a ejercer la opción de compra en favor de dicha empresa, que no se llegó a formar el acuerdo de voluntades para la venta de la propiedad por derivación de la opción de compra por falta de notificación, asimismo solicita se declare inválida la oferta de pago y consignación solicitada por Empresa Agropecuaria BENASAL S.A. ante el juzgado de partido noveno en lo civil y por último la cancelación de los gravámenes registrados en las partidas de propiedad de la actora, más el pago de costas judiciales, pretensión de la actora que fue admitida mediante decreto de 04 de junio de 2011 que cursa en fs. 144.

Por otra parte se tiene la demanda de Empresa Agropecuaria BENASAL S.A., que cursa en fs. 471 a 476 vta. (fs. 176 a 181 vta. de la foliación del expediente antes de la acumulación) presentada ante el Juzgado de Partido Séptimo en lo Civil, de la cual en lo relevante para esta Resolución, dicha entidad señaló: que en fecha 21 de noviembre de 2006, suscribió un contrato de arrendamiento de propiedad agrícola de Leni Sofia Dzierzynski Ortiz, denominada “La Conquista”, que cuenta con una superficie de 600.0081 Has. según mensura (588 Has. según títulos), plasmado en la E.P. Nº 3512/2006 en cuya cláusula octava se pactó el derecho de compra en favor de dicha empresa por el precio de $us.800.- por hectárea hasta el 31 de diciembre 2008, derecho de opción que fue ejercido por BENASAL S.A. en fecha 29 de diciembre de 2009 comunicando a la propietaria mediante carta notariada y que se apersone ante la notaria de Fe Pública Nº 59 con el objeto de que firme la minuta de transferencia; empero, como la propietaria no acudió a firmar nueva se remitió una segunda carta notariada de 31 de marzo de 2009 haciendo conocer que el dinero y la minuta de transferencia han permanecido en la Notaria; por ello ante la imposibilidad de efectuar el pago directamente a la propietaria, se ha tenido que activar el proceso de oferta de pago y consignación ante el Juzgado de Partido Noveno en lo Civil, en la que se efectuó el depósito por la suma de $us.471.0716,65.- empero la propietaria hasta esa fecha aun no habría suscrito la minuta de transferencia. En base a ese antecedente demanda el cumplimiento del contrato, solicitando que se ordene a Leni Sofia Dzierzynski Ortiz a que firme la minuta de transferencia de la propiedad denominada “la Conquista” y el pago de los daños y perjuicios; dicha demanda fue admitida mediante decreto de fs. 22 de junio de 2011 que cursa en fs. 478 (fs. 183 proceso individual antes de su acumulación). Posteriormente ambos procesos fueron acumulados, a conocimiento de este último operador judicial.

De la revisión de las demanda interpuesta por Leni Sofia Dzierzynski Ortiz, en lo fundamental cuestiona si la obligación que tenía Empresa Agropecuaria BENASAL S.A., hubiera sido cumplido, cuestiona la forma de proceder de dicha empresa, respecto a la notificación efectuada en la ciudad de Santa Cruz donde no esta su domicilio, cuando debió efectuarse la notificación en Montero y a raíz del mismo solicita la se declare caducidad del derecho de opción de venta de terrenos agrícolas que fue establecida en favor de Empresa Agropecuaria BENASAL S.A., esto quiere decir que la demandante cuestiona la prestación efectuada por BENASAL S.A. y con ello pretende la caducidad del derecho de opción que tendría dicha empresa agropecuaria sobre la venta de terrenos agrícolas, asimismo pretende la modificación del proceso de oferta de pago y consignación, deduciendo que la pretensión formulada por la actora es una acción personal, pues cuestiona si la forma de proceder de BENASAL S.A. fue o no la correcta, acción personal que tiene su origen en base al derecho de propiedad de un inmueble agrario como ha sido descrito por la propia actora en el contenido de su demanda y el contrato establecido en la Escritura Pública Nº 3512/2006.

De la revisión de la demanda interpuesta por Empresa Agropecuaria BENASAL S.A., se tiene que el mismo señala que con la demanda Leni Sofia Dzierzynski Ortiz, hubiera suscrito un contrato de arrendamiento sobre 300 Has., en la que se hubiera pactado la opción de compra de terrenos en favor del arrendatario (BENASAL S.A.), derecho de opción que dicha empresa señala haberse ejercido mediante carta notificada notarialmente a la propietaria, habiendo efectuado el pago del precio de la venta mediante proceso judicial de oferta de pago y consignación, y en la pretensión principal señala que la vendedora cumpla con su obligación de firmar la minuta de transferencia y el pago de daños y perjuicios, pretensión principal que se traduce en una acción personal, pues busca el cumplimiento de la obligación para la transferencia de una propiedad inmueble agraria.

Consiguientemente, se concluye que ambas partes litigaban acciones personales, que tiene  su origen y derivan de una propiedad inmueble agraria, pues las pretensiones de ambas partes, tiene su origen en el contrato de opción de venta sobre propiedad inmueble agraria que fue descrito en la cláusula octava de la Escritura Pública Nº 3512/2006; por lo que se deduce que la jurisdicción ordinaria -pese a su atribución de administrar justicia- no tiene esa potestad de tomar conocimiento y resolver litigios en los que se encuentran comprendidas derechos y obligaciones que nacen de la propiedad y actividad agrarias, pues las acciones personales, reales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria son de conocimiento de los juzgados agrarios, que resultan ser componentes de la jurisdicción agraria, como señala el art. 39 num. 8) de la ley Nº 1715 modificado por la Ley Nº 3545, así se dirá que la jurisdicción agraria, en función de la administración de justicia, tiene principios especiales diferentes a los de la administración de justicia ordinaria, como es la “función económico social”, principio que resulta ser ajeno  a la administración de justicia ordinaria, consiguientemente se concluye que los jueces de partido sexto en lo civil y séptimo en lo civil, al haber admitido las pretensiones descritas han actuado fuera de su competencia, pues como se dijo anteriormente la controversia debe ser dilucidada ante el juzgado agrario que resulta ser componente de la jurisdicción agraria (hoy agroambiental), por lo que corresponde sanear dicho error de procedimiento, debiendo las partes acudir ante los órganos de la jurisdicción agraria.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en base al art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 y arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil: ANULA todo lo obrado en la presente causa, sin reposición, anulación de comprende desde el decreto de admisión de la demanda de fs. 144 sobre la pretensión de Leni Sofia Dzierzynski Ortiz y el decreto de admisión de la demanda de fs. 478 (fs. 183 del proceso inicial antes de la acumulación) sobre la pretensión de Empresa Agropecuaria BENASAL S.A. y todos los actos procesales generados en base a dichas demandas debiendo las partes acudir ante los juzgados agrarios, componentes de la jurisdicción agraria, para la resolución de sus pretensiones.

Sin responsabilidad para el Ad quem, por ser excusable el error incurrido.

De conformidad a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo