TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

             S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 1048/2015 - L

Sucre: 16 de noviembre 2015

Expediente: SC 111 11 - A

Partes: Edwin Loureiro Christie. c/ Banco de Santa Cruz S.A. representado por

            Ronald Gutiérrez López, Gerente Área Territorial Santa Cruz y Tarija.

Proceso: Enriquecimiento ilegitimo, nulidad de proceso ejecutivo y adjudicación

              de la propiedad Rincón del Palmar. Su reivindicación más pago de daños

              y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 256 a 258 vta., interpuesto por Edwin Loureiro Christie en contra del Auto de Vista de 1 de marzo de 2011, cursante de fs. 252 a 254, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso sobre enriquecimiento ilegitimo, nulidad de proceso ejecutivo y adjudicación de la propiedad Rincón del Palmar. Su reivindicación más pago de daños y perjuicios, seguido por Edwin Loureiro Christie contra Banco de Santa Cruz S.A. representado por Ronald Gutiérrez López, Gerente Área Territorial Santa Cruz y Tarija; la respuesta al recurso de fs. 275 al 278 vta.; el Auto de concesión de fs. 280; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Edwin Loureiro Christie, adjunto literales a 71 fs., demanda de fs. 72 a 73 vta., amparado en los arts. 16 de la Constitución Política del Estado, art. 15, 297, 454-II, 473, 482, 485, 489, 490, 925, 927, 928, 961, 984 y 549-3) y 5) y 1453 del Código Civil, señalando que juntamente su esposa Graciela Tablas de Loureiro se constituyeron ante el Banco de Santa Cruz en garantes de Aida Montero de Carrasco y Walter Carrasco Escalante por la suma de $us.20.000 conforme al instrumento Nº 761/90 de 9 de noviembre de 1990 con hipoteca de 10 de diciembre de 1990. Dicho crédito tenía el objeto de pago por la compra del inmueble “Rincón del Palmar” con la garantía hipotecaria del inmueble de los esposos Carrasco-Montero ubicado en la UV 127, manzana 28, Km Carretera Cochabamba con un total de 1.030 m2 a parte del inmueble para el que se destinaba su pago el uso del crédito. A su supuesta mora, se inicia demanda ejecutiva en enero de 1992 ante el juzgado Tercero de Partido en lo Civil por $us.18.000 en contra únicamente a los obligados Carrasco-Montero llegándose a la subasta y adjudicación del inmueble a favor del Banco el 3 de noviembre de 1992.  A tiempo de concederse el crédito el Banco se descontó $us.2.545, y como efecto de una transacción con Miguel Benquique el 20 de noviembre de 1991, el Banco descontó documento cambiario por la suma de $us.25.000, es decir, el crédito se canceló en su totalidad, sin embargo, con fines de enriquecerse ilegítimamente inicia en vía ejecutiva dicha obligación ya cumplida y se apropia del inmueble Rincón del Palmar por la supuesta obligación de $us.20.000 ya cancelado. Aparte de haber deducido arbitrariamente otros $us.20.000 de un desembolso como efecto de una reprogramación. Luego el banco sometió a venta judicial los bienes de los garantes, o sea, sus bienes pese a la prohibición del art. 1471 del Código Civil, ni haberse renunciado al beneficio de excusión conforme el art. 925 de la norma citada, consiguientemente, el Banco debió proceder con la venta judicial previamente los bienes del obligado principal consistente en el inmueble ubicado en la UV 127, manzana 28, Km 6 carretera a Cochabamba y recién los de su persona en caso de no satisfacerse la obligación. El objeto del contrato era la crédito por $us.20.000 y su causa fin el pago por la compra del inmueble Rincón del Palmar resultando que su persona y su esposa como vendedores fueron los que perdieron su inmueble sin haber recibido el pago del precio del mismo pues para ser obligados el Banco debió entregar o acreditar en su cuenta el dinero otorgado en crédito como pago del precio de la venta que se efectuaba con su inmediación y no solamente acreditar una suma parcial de $us.2.545 como lo hizo entregando al albedrío de los acreditados la suma de $us.17.500 dando lugar a colusión en dicha transacción entre el Banco y los Sres. Carrasco-Montero para despojarlo de su inmueble. Habiendo efectuado refinanciamiento posteriormente, mediante instrumento público Nº 634/91 únicamente se recibió la suma de $us.20.000 indicando el Banco que fue a cubrir una obligación que se tenía en ejecución, sin embargo, nunca se supo a qué cuenta fue a cubrir ya que el Banco manejaba sus cuentas arbitrariamente.

El Banco Santa Cruz S.A. por Víctor Salvatierra Linares, de fs. 112 a 114, se apersona y presenta excepciones previas, señalando que mediante documento público 761/90 de 9 noviembre de 1990, el Banco otorgó un préstamo con garantía hipotecaria en favor de los esposos Walter Carrasco Escalante y Aida Montero Lira de Carrasco por $us.20.000 con la garantía hipotecaria de Edwin Loureiro Christie y Ana Graciela Tablas de Loureiro. En enero de 1992, se inicia proceso ejecutivo en contra únicamente de Walter Carrasco Escalante y Aida Montero Lira de Carrasco al encontrarse en mora la obligación  declarándose probada la Sentencia disponiéndose la subasta y el remate de los bienes dados en garantía. Los ejecutados no excepcionaron ni presentaron recurso de apelación ejecutoriándose la Sentencia con autoridad de cosa juzgada. Excepción de impersonería del demandante quien no fue demandado en el proceso ejecutivo toda vez que figura en el contrato de préstamo como garante hipotecaria y no puede iniciar ningún proceso en contra del Banco en relación al proceso ejecutivo. Excepción de obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda ya que se les demanda por enriquecimiento ilegitimo y nulidad de proceso ejecutivo pero el actor no indica en qué forma el Banco se ha enriquecido ni señala la norma en la que funda o causa la nulidad del proceso ejecutivo. Desde la ejecutoria de la Sentencia han transcurrido más de ocho años sin tener presente el plazo de 30 días meses dispuesto en el art. 490 del Adjetivo Civil. Excepción previa de caducidad y prescripción de la acción sobre nulidad del proceso ejecutivo, porque aun teniéndose el plazo de seis meses otorgado por el art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar que modifica el precitado art. 490, no procedería la acción de nulidad del proceso ejecutivo. Excepción previa de prescripción de la acción sobre supuesto enriquecimiento ilegitimo, el supuesto enriquecimiento que señala el actor se origina en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria de noviembre de 1990 y la adjudicación del inmueble el 6 de noviembre de 1992, o sea hace más de ocho años, conforme al art. 492 del Código Civil, los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y de acuerdo al art. 1493 de la misma norma, la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, y el art. 1507 señala que los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción en el plazo de 5 años. Han transcurrido más de 5 años desde que se firmó el contrato de préstamo con garantía hipotecaria y la adjudicación del inmueble, habiendo prescrito cualquier acción que tenga relación con los mismos.   

Mediante Auto de 27 de mayo de 2010, de fs. 207 a 207 vta., el Juez Quinto de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de Santa Cruz, declaró Improbadas las excepciones previas de impersonería en el demandante, y obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda. Declaró Probadas las excepciones perentorias interpuestas como previas de caducidad y prescripción de la acción de nulidad del proceso ejecutivo y prescripción de la acción respecto al enriquecimiento ilegitimo opuestas por el Banco Santa Cruz S.A. En cuanto a la demanda de reivindicación de la propiedad Rincón del Palmar, deberá proseguirse con la substanciación de la acción ordinaria, conforme a derecho.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista de 1 de marzo de 2011, de fs. 252 a 254, confirmó en todas sus partes el Auto apelado de 27 de mayo de 2010; resolución contra la cual la parte demandante recurre de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Señala que el Auto de Vista es ilegal que vulnera el art. 254 num. 4) debido a que resuelve y fundamenta respecto de las pretensiones deducidas sobre caducidad y prescripción, nulidad de fraudulento proceso ejecutivo, más NO se pronuncia en forma fundamentada sobre el enriquecimiento ilegítimo y la nulidad de adjudicación de la propiedad, pretensiones ambas que fueron deducidas oportunamente ante el Tribunal inferior.

En el fondo:

1. Manifiesta que se vulnera el art. 253 num. 1) porque la Sala Civil Primera hubiera confirmado los errores y malas interpretaciones de las leyes, porque: a) el proceso ejecutivo tuvo por partes al Banco Santa Cruz S.A. y Walter Carrasco y esposa, b) no fue notificado con la demanda ni con otra actuación judicial, conociendo el ejecutante su calidad de fiador, colocándole en estado de indefinición puesto que se llevó adelante la subasta y remate de su inmueble sin notificarle con actuación procesal ninguna, c) y al no notificarle no le corrió ningún término procesal ya que éstos corren desde la notificación solamente, d) el error del juzgador consiste en realizar el computo de un plazo siendo que su persona no fue citado ni notificado con actuación procesal alguna, e) por tanto, se revoque el Auto de Vista apelado.

2. La autoridad judicial no consideró que la acción de nulidad es imprescriptible: a) ha demostrado que no se trata de ordinarización de proceso ejecutivo, b) sino de nulidad de proceso de ejecución, c) por tanto no está sometido a los plazos establecidos en el art. 490 del Adjetivo Civil reformado por el art. 28 de la Ley 1760, d) las nulidades tienen un régimen propio y especifico, el art. 552 del Código Civil establece que la acción de nulidad es imprescriptible, y de acuerdo al art. 316 todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se sustanciará y resolverá en proceso ordinario, e) le provoca agravios que la Sala no hubiera aplicado estas disposiciones legales al caso de autos ya que al hacerlo se hubiera revocado el auto de 27 de mayo de 2010, f) por lo que pide que el Tribunal de Casación revoque parcialmente el Auto de 01 de marzo de 2011.

3. La Sala Civil Primera en su Auto de 01 de marzo de 2011, fundamenta que a partir de 2000 recién la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional moduló que era exigible la citación del garante hipotecario, sin embargo no señala qué número de Sentencia Constitucional es.

Principio de especificidad.- Por dicho principio no puede haber actuaciones procesales clandestinas. Principio de congruencia.- Al convalidar dicha actuación se atenta su derecho a la defensa puesto que impidió que su persona ejerza su defensa material dentro del proceso del título, existe perjuicio cierto y evidente en la falta de citación demostrándose el principio de trascendencia puesto que teniendo la calidad de fiador no se le citó con la demanda.        

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Toda vez que fue interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde en principio ingresar a considerar el recurso de forma por un orden lógico y coherente, ya que, de comprobarse los perjuicios que se reclaman por esa vía, ocasionará la nulidad de la resolución recurrida o de obrados, lo que haría innecesario el examen de las causas de fondo del recurso.

Recurso de casación en la forma:

En su agravio acusa que el Tribunal de Alzada no se habría pronunciado fundadamente sobre el enriquecimiento ilegítimo y la nulidad de adjudicación de propiedad, pretensiones deducidas oportunamente.

En el considerando segundo inc. b) de la resolución recurrida, respecto de esos cuestionamientos, el Tribunal de Alzada ha dicho que el Juez no ha incurrido en error al declarar probada las excepciones perentorias (que se interpuso como previas) de caducidad y prescripción de la acción de enriquecimiento ilegitimo, nulidad de proceso ejecutivo y nulidad de adjudicación de propiedad. De la acción de nulidad en general ha argumentado la razón porqué que el juzgador no habría aplicado el art. 552 del Código Civil, toda vez que el mismo establece la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de los contratos y no de la imprescriptibilidad de las acciones de nulidad, máxime si estas tienen un contenido patrimonial, caso en el cual deben regirse por el régimen de las prescripciones dispuestas en el art. 1507 y siguientes del Código Civil. Esta afirmación la vinculó a la excepción de prescripción de la acción de enriquecimiento ilegítimo afirmando que al ser declarada probada por el A quo éste no ha incurrido en error aduciendo que fuera de toda lógica y contexto recién después de ocho años el demandante inicie demanda con el argumento de que después de haber vendido y no haber recibido el pago del precio de su inmueble Rincón del Palmar a los esposos Carrasco-Montero (ejecutados), éstos habrían suscrito con el Banco un contrato de préstamo que fue objeto del proceso ejecutivo concluyendo con la adjudicación del dicho inmueble, argumentando también que de ese monto de crédito el Banco se descontó la suma de $us.2.545, e incluso señalando que en fecha anterior al crédito el Banco ya se habría descontado por una suma de $us.25.000. Concluyeron los de Alzada en este punto, en su Auto de Vista de 01 de marzo de 2011, que es absurdo que quien vende un inmueble sea el garante hipotecario del préstamo de dinero para que se le cancele por la venta del mismo inmueble que constituye hipoteca. 

De ahí que no se acredita, respecto de los puntos reclamados, que el Tribunal Ad quem no se hubiere pronunciado sobre los mismos pues sí lo hizo con los argumentos arriba señalados por lo que su recurso en la forma deviene en infundado.

Recurso de casación en el fondo:

Respecto del primer agravio en el que alega que no fue notificado dentro del proceso ejecutivo seguido por el Banco Santa Cruz S.A. contra los esposos Carrasco-Montero pese a su calidad de fiador habiéndose rematado y subastado su inmueble por tanto no le ha corrido ningún término procesal; se debe señalar que de acuerdo al testimonio Nº 761/90 de 9 de noviembre de 1990 cursante de fs. 18 a 21 vta., se acredita que el Banco de Santa Cruz de la Sierra S.A. y Walter Carrasco Escalante y Aida Montero Lira de Carrasco suscribieron un contrato de préstamo por $us.20.000 estableciendo en el mismo el plazo y forma de pago, la mora, caducidad estableciéndose en la cláusula séptima que el demandante juntamente su esposa Graciela Tablas de Loureiro dan en hipoteca en favor del Banco como garantía de todas las obligaciones de los prestatarios el inmueble de su propiedad denominado Rincón del Palmar ubicado en el cantón El Palmar Prov. Andrés Ibáñez de 43.6445 has, haciéndose notar en la cláusula novena que al haberse concedido el préstamo para la compra del inmueble mencionado, el Banco autoriza la transferencia del mismo por parte de los garantes hipotecarios en favor de los prestatarios. La demanda ejecutiva de fs. 23 a 24 (copia legalizada), se dirigió contra Walter Carrasco Escalante y Aida Montero Lira de Carrasco, declarándose en Sentencia de 17 de marzo de 1992, de fs. 33 a 33 vta., probada la demanda disponiéndose el remate de los bienes embargados, no obstante, mediante auto de 6 de noviembre de 1992, que corre a fs. 63 vta., el Juez Tercero de Partido en lo Civil, dispuso la adjudicación del inmueble en $us.25.028,35 en favor del Banco de Santa Cruz disponiendo se otorgue la escritura pública. Mediante la certificación de 12 de agosto de 1999, de fs. 70 a 71, el Banco de Santa Cruz S.A., informó que el préstamo por $us.20.000 concedido a Walter Carrasco Escalante y Aida Montero Lira de Carrasco, monto del cual $us.2.545 sirvió para cancelar parte del préstamo de Edwin Loureiro y con el saldo de $us.17.441 se compró moneda extranjera en efectivo por parte del titular. Respecto de la transacción con Miguel Benquique, se informa que el Banco el 20 de noviembre de 1991, descontó documentos por $us.25.000 que sirvió para amortizar préstamo amortizable en ejecución del Sr. Loureiro. Informándose también que el Sr. Loureiro tuvo un crédito aprobado por $us.110.000 (saldo de refinanciación de deuda).

Por lo señalado, se tiene que el demandante reclama que no fue notificado con dicho proceso ejecutivo, sin embargo, de la revisión de los antecedentes cursantes que fueron arrimados al presente proceso, no existe evidencia que el recurrente hubiera intervenido en dicho proceso ejecutivo como tercero o tercerista teniendo en cuenta que la tercería es un mecanismo procesal que sirve al tercero para hacer valer sus derechos en esa clase de procesos, ni tampoco se evidencia que el demandante como garante hipotecario, hubiera optado por la acción de repetición buscando el pago de la obligación teniendo en cuenta que desde la dictación de la sentencia del proceso ejecutivo, la adjudicación judicial del inmueble hasta la interposición de la presente demanda han transcurrido ocho años sin que el demandante hubiera procedido a reclamar a sus compradores el pago por concepto de la venta de su inmueble Rincón del Palmar.

En su segundo agravio señala que la acción de nulidad es imprescriptible y que el presente proceso no es una ordinarización de proceso ejecutivo sino de nulidad de proceso ejecutivo. Ciertamente, conforme el art. 552 del Código Civil, la acción de nulidad es imprescriptible en referencia a la nulidad de los contratos, sin embargo, no vemos una limitante de que tenga que tratarse únicamente de imprescriptibilidad de la acción de nulidad de los contratos ya que puede ser extensible a otros actos que no necesariamente se originen en una situación contractual aunque éste es un asunto que no corresponde ser analizado aquí. Empero, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente, la única forma de cuestionar un proceso ejecutivo es a través de la ordinarización del mismo en virtud del art. 490 del Código de Procedimiento Civil, norma sustituida por el art. 28 de la Ley Nº 1760 que dispone que lo resuelto en proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior que podrá promoverse por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la Sentencia, en el plazo de seis meses. El plazo establecido en el precitado art. 490 antes de ser sustituido por la Ley Nº 1760, estaba vigente en caso de que el recurrente hubiera optado para la ordinarización del proceso ejecutivo señalado, plazo perentorio e improrrogable por lo que al no haber promovido dentro del mismo (30 días), se ha producido la caducidad del derecho a ejecutar dicho acto procesal sólo por el transcurso de ese término, y de esa manera la Sentencia de 17 de marzo de 1992, que se ha dictado en el juicio ejecutivo indicado al exordio, ha adquirido autoridad de cosa juzgada que significa su inmutabilidad y coercibilidad. La doctrina nos enseña que la Sentencia que se dicta en el proceso ejecutivo solo tiene autoridad de cosa formal, o sea, puede ser revisada en juicio ordinario, el cual debe promovérselo necesariamente dentro del plazo concedido por la ley, caso contrario pierde definitivamente ese derecho. 

Aparte de ello, si bien es cierto que la norma no señala en qué casos es viable la ordinarización del proceso ejecutivo, es decir, en qué casos procede la revisión del proceso ejecutivo, la doctrina al respecto tiene dos criterios, el primero en base a una interpretación restrictiva señala que la revisión no procede en todos los casos, sino sólo en aquellos en que el ejecutado no pudo hacer valer las defensas con las que contaba o no pudo probar con la necesaria amplitud, por consiguiente, si la cuestión se ha debatido con amplia prueba en el proceso ejecutivo, la Sentencia dictada en esas condiciones no amerita ser revisada en juicio ordinario. La interpretación en sentido amplio parte de la crítica de que en el proceso ejecutivo sólo se admiten excepciones posteriores al título sin que sea admitido discutir la existencia de la obligación, la Sentencia ejecutiva tiene un efecto puramente procesal (ejecutar o no ejecutar), que no resuelve la relación jurídica substancial. En sentido amplio, el ejecutado puede incluso no haber opuesto ninguna excepción en el proceso ejecutivo para hacerlas valer en proceso posterior, u opuestas, no ha logrado probarlas o no han sido admitidas, pues, el proceso ordinario sirve para que el ejecutado pruebe la inexistencia de la obligación que resulte del título que sirvió de base a la ejecución, o de lo contrario, para que el actor demuestre la inexistencia del hecho alegado por el ejecutado. Es decir, en sentido amplio, no solo lo que ha sido objeto de defensa en el proceso ejecutivo puede dar lugar a la revisión sino la posibilidad de asumir una defensa amplia para controvertir el resultado del proceso ejecutivo.

En su tercer agravio señala que el Ad quem no señala el Nº de Sentencia Constitucional que moduló la obligación de notificación del garante hipotecario. En la resolución recurrida se señaló expresamente que desde el año 2.000 el Tribunal Constitucional moduló que si era exigible la notificación del garante hipotecario que antes no lo era, lo que demuestra que el proceso ejecutivo mencionado se tramitó en base a las reglas procesales que estaban vigentes.

La Sentencia Constitucional Nº 0494/2007 de 13 de junio de 2007, citando a la vez la Sentencia Constitucional Nº 1426/2005-R de 8 de noviembre, que señala que: “…el principio de irretroactividad no es aplicable al ámbito de la jurisprudencia por lo que es posible aplicar un nuevo entendimiento jurisprudencial a casos pasados, siempre y cuando la disposición interpretada exista al momento de producirse los hechos. Sin embargo, la excepción a dicha regla está dada en la cosa juzgada en la medida de que las sentencias constitucionales no pueden afectar los asuntos ya resueltos o que se encuentran firmes e inimpugnables...”. De manera similar a razonado la Sentencia Constitucional 0076/2005. En ese sentido, la referida Sentencia Nº 0494/2007 ha concluido que: “…los razonamientos de las sentencias constitucionales pueden ser aplicados en los procesos que están en curso, es decir, en aquellos que no tienen calidad de cosa juzgada sin importar que los hechos a los que ha de aplicarse el entendimiento jurisprudencial hubieren acaecido con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en los procesos que tengan resoluciones con calidad de cosa juzgada, por haberse agotado las instancias o por no haberse interpuesto los recursos dentro del término previsto por la ley o por haber desistido de los mismos, no es posible aplicar el nuevo entendimiento contenidos en los fallos constitucionales…”.  ,

De acuerdo a lo arriba señalado, si bien no existe una norma expresa en el Código de Procedimiento Civil ni en la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar que obligue a la notificación o al conocimiento de los deudores hipotecarios por no ser parte en el proceso, vacío legal que fue considerado y llenado por el Tribunal Constitucional en sus diferentes fallos, aunque en el caso presente, la Sentencia de 17 de marzo de 1992, dictada en el proceso ejecutivo fue ejecutoriada conforme se desprende del certificado de ejecutoria solicitado que cursa a fs. 35, y de la providencia de 10 de abril de 1992 de su anverso, que da curso a la solicitud, respecto del cual no es posible aplicar el entendimiento de la retroactividad de los fallos constitucionales a la que nos hemos referido.

Por los motivos precedentemente señalados corresponde a este Tribunal de Casación emitir resolución en aplicación del art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación de lo previsto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 256 a 258 vta., interpuesto por Edwin Loureiro Christie en contra del Auto de Vista de 1 de marzo de 2011, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso sobre enriquecimiento ilegitimo, nulidad de proceso ejecutivo y adjudicación de la propiedad Rincón del Palmar. Su reivindicación más pago de daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra el Banco de Santa Cruz S.A. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs.1.000 (Un Mil Bolivianos). 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.